Sentencia CA-99-13 — Registro 18028
Resumen
En primer instancia dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la Recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el Censor en la forma que expone su único motivo en la demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica del recurso ya que: a) no es claro ni preciso en el concepto de la infracción de la norma señalada como violada; b) omite señalar el precepto autorizante en el cual considera comprendido su cargo; c) la norma que señala como infringida contiene varias situaciones jurídicas que era necesaria particularizar para los efectos de prosperidad de este recurso; y, d) realiza alegatos de instancia e insta la revisión del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal. Por consiguiente no resulta admisible dicho motivo..2
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, NUmeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece días del mes de mayo de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designada la primera ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, representado en juicio por el abogado ALBERTO GARCIA FORTIN; y, Recurrido: el señor CARLOS HERNAN GARCIA, representado en juicio por el abogado MARVIN GEOVANY GARCIA MARTINEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medida para su restablecimiento como ser el reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, ajuste salarial previamente reclamado; promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, del Departamento de Francisco Morazán, por el señor CARLOS HERNAN GARCIA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que comenzó a laborar mediante acuerdo el 15 de mayo de 1997, en el puesto de Analista Ambiental I, siendo ascendido y terminando como Director General de Biodiversidad, puesto excluido en base a los artículos 183 al 189 del reglamento del Servicio Civil, desde enero del 2009 se concedió un aumento salarial o nivelación a los distintos Directores, Sub Gerentes y Jefes de Unidades de la Secretaria, excluyéndolo de dicho beneficio, por lo que procedió a realizar la solicitud basándose en el principio constitucional que establece que a igual trabajo igual salario, no concretizándose tal nivelación; en fecha 18 de noviembre del 2010, se le canceló de su puesto aun estando él fuera del país y teniendo conocimiento las autoridades del ente, siendo efectiva la cancelación por cesantía a partir del 19 de noviembre del 2010.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, contestó la demanda expresando que acepta la relación de trabajo que existía, alegando que no se establece el porque al emitir el acuerdo de cancelación no se siguió con el procedimiento de ley, si se consultó al Consejo del Servicio Civil sobre la procedencia o no de la cancelación habiendo emitido oficio numero 194-CSC-10 de fecha 18 de noviembre del 2010, concediendo la autorización para realizar la cesantía siempre que se cuente con el financiamiento respectivo, cumpliendo con lo establecido en el ordenamiento jurídico.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de junio del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en consecuencia se anuló reconociendo la situación jurídica individualizada y para el pleno restablecimiento resolvió adoptar el reintegro al demandante, condenando al pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que correspondan, anulando el acto administrativo por el cual se haya nombrado sustituto en su puesto; bajo el criterio que se infringió el ordenamiento jurídico y que no basta con que se consulte al Consejo del Servicio Civil sobre la procedencia de la cesantía, no siguiendo el procedimiento completo establecido en la ley, puesto que nunca se buscó el ahorro presupuestario o la reducción forzosa de personal.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cuatro de octubre del dos mil doce, dictó sentencia definitiva confirmando la sentencia del A quo; bajo el criterio que la autoridad nominadora obvió todo el procedimiento establecido en la ley para emitir el dictamen de cancelación por lo que el acto es ilegal violentándole los derechos al trabajador.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, en fecha treinta de octubre del año dos mil doce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha cuatro de octubre del dos mil doce por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 251-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 698-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha catorce de noviembre del año dos mil doce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la demandante, abogado MARVIN GEOVANNY GARCIA MARTINEZ, en fecha once de diciembre del dos mil doce, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha trece de diciembre del dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fechas ocho y veinticuatro de enero del año dos mil trece, los abogados MARVIN GEOVANNY GARCIA MARTINEZ y ALBERTO GARCIA FORTIN, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados MARVIN GEOVANNY GARCIA MARTINEZ y ALBERTO GARCIA FORTIN, presentaron escritos en fechas diez y veinticinco de enero del año dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente respectivamente, dentro del término de ley.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículo 53 de la ley de Servicio Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugno totalmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada en cuanto debió declarar en el primer pronunciamiento con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia Definitiva de fecha diecinueve (19) de Junio del año dos mil doce (2012) y en el segundo pronunciamiento revocar la sentencia recurrida, declarando improcedente la acción por encontrarse dictado conforme a derecho el acto administrativo impugnado, condenando en costos o la parte contraria. CONCEPTO DE LA INFRACCION: En el presente caso, el Artículo 53 de la Ley de Servicio Civil establece que: “No obstante lo dispuesto en el Artículo 48 de esta Ley, la autoridad nominadora podrá además cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General siempre que el Consejo del Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede la cesantía por encontrarse comprendido en algunas de las excepciones calificadas, que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que a continuación se indican: a) Reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario; y, b) Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa.” El Código CMI en el Artículo 1 establece que “La ley es una declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”. Pues bien, en este caso de acuerdo con las normas jurídicas citadas, al demandante no se le han violentado derechos en lo relacionado a la emisión del Acuerdo de Cancelación número 1703-2010 de fecha dieciocho (18) de Noviembre del año dos mil diez (2010) por el Presidente Constitucional de la República. Por tanto, mi representado emitió el acto impugnado en el presente caso de conformidad a derecho ya que se dio estricto cumplimiento a lo establecido en el precitado Artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, procediendo mi patrocinado previamente a adoptar el acuerdo cuya nulidad se debatió en el presente juicio a consultar al Consejo del Servicio Civil sobre la procedencia o no de la Cancelación por cesantía del ciudadano CARLOS HERNAN GARCIA, habiendo el Consejo de Servicio Civil, mediante Oficio número 194-CSC-10 de fecha dieciocho (18) de Noviembre del año dos mil diez (2010), concedido la autorización para llevar a cabo la cancelación del autor de la demanda, siempre que se cuente para ello con el financiamiento respectivo, oficio que fue propuesto y evacuado como prueba documental en el presente juicio. El hecho que al momento de emitirse la sentencia de mérito ya existan las necesidad por las cuales se emitió el acuerdo de cancelación por cesantía no implica que en el momento de emitirse el mismo no existían, por lo tanto si se cumplieron todos los supuestos establecidos en el Artículo 532 de la Ley de Servicio Civil y por tanto el acto impugnado se encuentra conforme a derecho.”.- II. Que el Censor en la forma que expone su único motivo en la demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica del recurso ya que: a) no es claro ni preciso en el concepto de la infracción de la norma señalada como violada; b) omite señalar el precepto autorizante en el cual considera comprendido su cargo; c) la norma que señala como infringida contiene varias situaciones jurídicas que era necesaria particularizar para los efectos de prosperidad de este recurso; y, d) realiza alegatos de instancia e insta la revisión del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal. Por consiguiente no resulta admisible dicho motivo.- III. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo 2° de nuestra Constitución Política. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la Recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, profiere el presente AUTO y DECLARA: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiún días del mes de mayo del dos mil catorce; certificación del auto de fecha trece de mayo del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 99-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL