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Sentencia CA-912-12 — Registro 18048

Resumen

En primer instancia se declara procedente la acción promovida, por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo Impugnado, se confirma en segunda instancia bajo el criterio que los profesionales del derecho demandantes reúnen los requisitos que ordena el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho para que se les aplique lo prescrito en el mismo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..Que en relación al motivo de casación invocado por el abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, se puede observar que el mismos no constituye una proposición jurídica completa y por ello resulta inadmisible, puesto que contiene defectos en su formulación como ser: a) alega dos formas distintas de violar la ley al indicar por una parte que fue mal aplicada y por la otra la falta de aplicación; b) hace referencia al material probatorio, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario ya que por medio de éste no se podrá la revisión de los hechos ni la revisión y valoración de las pruebas; y, c) formula extensos alegatos propios de instancia...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de mayo de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado el segundo ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), representado en juicio por el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA y los Recurridos: EDWIN ALONSO CASTRO IRAHETA, NORMA PATRICIA SANTOS ANDINO Y OTROS, representados en juicio por el Abogado ERNESTO URREA PEÑA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda la nulidad o en su defecto la anulación de un acto administrativo contenido en una resolución emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, se demanda el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, se demanda el pago de reajuste salarial y reajuste en el pago de prestaciones laborales de conformidad con el arancel del profesional del derecho, pago de intereses comerciales sobre el monto del reajuste salarial al día en que se ejecute en su totalidad la sentencia, costas, promovida por los señores EDWIN ALONSO CASTRO IRAHETA, NORMA PATRICIA SANTOS ANDINO, CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS, JUANA ARACELY PAVON ALCERRO, JUNIOR ABRAHAN OVIEDO DOMINGUEZ, IBRAN MIGUEL BUESO PARANKI, LEXS OSBERTO MEJIA MURILLO, SANTOS MANUEL ZALDIVAR BARAHONA, DORIS LETICIA GUERRA ZALDIVAR, DIANY ESTRELLA ALVARADO RODRIGUEZ, MARIA BERSABE STEVENSON CENTENO, FATIMA AUTORA RIVERA MATUTE, XOCHILT YADIRA CARDONA QUAN, todos mayores de edad, solteros y de este domicilio, representado en juicio por el Abogado ERNESTO URREA PEÑA, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Francisco Morazán, en fecha veinte de julio del año dos mil seis, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), representado en juicio por el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción e que el acto impugnado como ilegal contenido en la Resolución número DEI-0279-D-2006, de fecha 28 de abril de 2006, emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, niega el derecho al reajuste salarial y al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, como Profesionales del Derecho en base al Arancel del Profesional del Derecho en forma retroactiva desde que entró en vigencia dicho arancel, cuya aplicación se ha venido postergando por parte de la Autoridad Administrativa, en vista de dicha resolución, en fecha 22 de mayo de 2006, se interpuso recurso de apelación ante propio órgano que dictó el acto administrativo, para que fuera trasladado a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, a efecto de que resolviera dicho recurso, el cual fue resuelto mediante Resolución A.L.172/2006 de fecha 21 de junio de 2006, confirmando la resolución emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, la resolución cuya invalidez se demanda adolece de vicios de nulidad en cuanto a que en la misma no se establece si el acto no pone fin a la vía administrativa, tampoco menciona el recurso que contra la misma procede, el órgano competente para resolver y el plazo que establece la ley para interponer el recurso correspondiente. Los actores desempeñaban labores relacionadas con la Profesión del Derecho desde antes que entrara en vigencia el Arancel del Profesional del Derecho, asumiendo algún grado de responsabilidad por sus funciones. Solicita la nulidad o en su defecto de la anulación de la resolución número DEI-0279-D-2006 de fecha 26 de abril de 2006 emitido por la DEI, reconocimiento de una situación jurídica individualizada en virtud de habérseles negado el derecho al reajuste salarial, la adopción de medidas necesarias para pleno restablecimiento de esa situación, pago de intereses comerciales sobre el monto del reajuste, pago de costas del juicio.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, mediante la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS por actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, contestó dicha demanda señalando que la Administración Pública está sujeta a las normativas emitidas por el Congreso Nacional y Leyes vigentes y no a disposiciones particulares de una institución meramente gremial, es pertinente aclarar que el Arancel del Profesional del Derecho no es ninguna Ley de la República y la pretensión de los demandantes, en cuanto a la aplicación coercitiva del mismo, es totalmente improcedente, pues dicho instrumento no constituye Ley. Los demandantes no pueden obtener por parte de la Administración Pública una resolución favorable a su petición, pues los aspectos que imponen a la Administración, no son compatibles con los aspectos del artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, los aspectos que los demandantes declaran que vician el Acto Administrativo impugnado, no constituyen algo que vicie el acto emitido por la Administración Pública, tampoco vuelve favorable la negativa que mediante el silencio ha hecho manifiesto la Administración, si la Administración Pública hubiera violentado normas de orden público, cuya inobservancia acarrea nulidad absoluta, ya existen otras leyes que regulan tales actividades.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha 26 de Febrero de 2008, dictó sentencia definitiva declarando: procedente la acción promovida, por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo Impugnado consistente en la resolución DEI-0279-D-2006 de fecha 28 de abril de 2006, reconocer al situación jurídica de los y las demandantes para su pleno restablecimiento condena al Estado de Honduras a: 1) reconocerle a los demandantes el pago del salario mensual de acuerdo a lo establecido en el Artículo 89 del Arancel de Profesionales del Derecho, y por ello nivelarles el salario que devengan en la actualidad; 2) pago en forma retroactiva de la cantidad que resulte de ajustar los salarios que devengaban los demandantes en cada año laborado, con el establecido en el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, desde la fecha que entró en vigencia dicho arancel, o en su defecto desde la fecha en que algunos demandantes empezaron a laborar para dicha Secretaría, si su comienzo es posterior a la entrada en vigencia de dicho Arancel, y hasta la fecha en que se efectúe debidamente la nivelación de salario ordenada, pagarle a la demandante XOCHILT CARDONA QUAN el complemento de sus prestaciones laborales las cuales debieron haber sido calculadas conforma a la Aplicación del Arancel del Profesional del Derecho desde la fecha en que éste entró en vigencia, sin costas. Criterio: si bien es cierto que el Arancel de Profesionales del Derecho no le aplica el denominador de Ley Propiamente Dicha, pues no ha surgido de la Cámara Legislativa para que ostente tal calificativo, tal como lo ha acreditado la parte demandada con sus medios de prueba; sin embargo, si constituye un Acto General emitido por una Entidad de Derecho Publico, al tenor de la Potestad Reglamentaria concedida por el Congreso Nacional al Colegio de Abogados de Honduras, mediante Decreto Legislativo N° 82-96 de fecha 30 de mayo de 1996, por lo que el Arancel de Profesionales del Derecho es un instrumento legal que forma parte del conjunto de normas Jurídicas vigentes de nuestro país, y por ende de obligatorio e inmediato cumplimiento en todas las actividades en las cuales los particulares o el engranaje estatal en general, contraten o se beneficien de los servicios de tales Profesionales de las Ciencias Jurídicas, en el caso de autos están probadas esos dos requisitos es procedente dicho reclamo. Y siendo que la demandante XOCHIL CARDONA QUAN, demanda nuevamente por dichos conceptos en otra demanda, y el resultado fue favorable, no es menos cierto, que la pretensión fijada en esa demanda era solamente por REAJUSTE DE SALARIO y la presente demanda por REAJUSTE AL PAGO DE SUS PRESTACIONES LABORALES, pues ha sido cancelada en fecha posterior.- 4.- La Corte de Apelaciones de de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil doce, dictó sentencia declarando sin lugar el recurso de apelación, confirmando la sentencia del veintiséis de febrero del año dos mil ocho. Criterio: que los profesionales del derecho demandantes reúnen los requisitos que ordena el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho para que se les aplique lo prescrito en el mismo.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, en fecha diecinueve de junio del año dos mil doce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada, en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.069-2008, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 349-2006 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha veintiuno de junio del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandante, señores EDWIN ALONSO CASTRO IRAHETA, NORMA PATRICIA SANTOS ANDINO, CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS, JUANA ARACELY PAVON ALCERRO, JUNIOR ABRAHAN OVIEDO DOMINGUEZ, IBRAN MIGUEL BUESO PARANKI, LEXS OSBERTO MEJIA MURILLO, SANTOS MANUEL ZALDIVAR BARAHONA, DORIS LETICIA GUERRA ZALDIVAR, DIANY ESTRELLA ALVARADO RODRIGUEZ, MARIA BERSABE STEVENSON CENTENO, FATIMA AUTORA RIVERA MATUTE, XOCHILT YADIRA CARDONA QUAN, representados en juicio por el Abogado EDWIN ALONSO CASTRO IRAHETA, presentó, en fecha veintitrés de agosto del año dos mil doce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificada personalmente de dicha resolución en fecha dieciocho de octubre del año mil doce, el Abogado EDWIN ALONSO CASTRO IRAHETA y en fecha diecinueve de octubre del año dos mil doce el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, presentó escrito en fecha tres de agosto del año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrente.- 9.- Que mediante auto de fecha diecinueve de noviembre del año dos mil doce se tuvo por precluído el término dejado de utilizar para personarse en el presente juicio, por parte del Abogado EDWIN ALONSO CASTRO IRAHETA como parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la recurrente fundamenta su motivo, manifestando lo siguiente: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del Artículo 719 CAUSALES DEL RECURSO, del Código Procesal Civil, que a la letra dice: “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de FONDO del litigio.” NORMA DE DERECHO IMPUGNADA MAL APLICADA Y EXPLICACION DE LA INFRACCIÓN: Hay violación a la Ley por parte del Fallo del Juez Ad-Quem, exactamente por falta de aplicación a los artículos 3 párrafo tercero, 14, 15 de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, relacionado con el artículo 31 numeral uno literal f) de la Ley de Equidad Tributaria, lo anterior en virtud de que el Ad-Quem con su Fallo declara con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por parte de mi Representada, y reforma parcialmente la sentencia definitiva del Juez A-Quo (sentencia de Primera Instancia a folio 293 al 296) en sus numerales segundo y tercero, pasando por alto y por ende obviando el Ordenamiento jurídico arriba relacionado, ya que conforme a derecho el Ad-Quem debió REVOCAR EN CADA UNA DE SUS PARTES ES DECIR TOTALMENTE A FAVOR DE MI REPRESENTADO LA SENTENCIA DICTADA POR EL A-QUO, POR NO ESTAR APEGADA A DERECHO LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.- Fallo que es no conforme a derecho, ya que es totalmente evidente que el Acto Administrativo impugnado, contenido en Resoluciones N° DEI-0279-D-2006, emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos en fecha 28 de abril del año 2006 (corre agregada de folio 143 al folio 157 de la primera pieza de autos), y Resolución N° Al. 17212006, emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas en fecha 21 de junio del año 2006 (que corre agregada de folio 166 al 167 de la primera pieza de autos), mismas que corren agregadas en expediente administrativo respectivamente, fueron emitidas apegadas y conforme a Derecho en virtud de que las mismas expresan claramente los fundamentos legales aplicables al caso que nos ocupa, mismos que contienen el sustento legal que justifica la existencia de cada Resolución.- Así mismo la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, contenida en el Decreto Legislativo número 220-2003, preceptúa claramente en su artículo 3 párrafo tercero que “Las Secretarías del Estado y demás Instituciones reguladas por esta Ley no podrán modificar, ni negociar o aprobar cambios en el sistema retributivo que afecte la asignación presupuestaria mencionada en el párrafo primero del presente artículo o que comprometa Recursos del Estado para el pago de salarios sin la previa autorización por escrito de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, la que otorgará en base a un dictamen de la Dirección General de Presupuesto, sin que en todo caso exceda el techo presupuestario mencionado en el párrafo anterior”.- Además en el artículo 14 de la misma Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, terminantemente dispone que: El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley por parte de los funcionarios encargados de su aplicación acarreará responsabilidad administrativa, civil y penal.- E) Tribunal Superior de Cuentas deberá vigilar su aplicación.- “Y finalmente el artículo 15 del mismo Ordenamiento legal contiene una derogatoria expresa de todas las disposiciones legales que en materia retributiva se oponga en su contenido: de lo cual resulta que las normas salariales que invade el arancel del profesional del derecho fueron expresamente derogadas, a partir de la vigencia de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central.- Por ende es evidente que el Ad-Quem en su Fallo obvia dichas Resoluciones administrativas, y viola la Ley, a lo establecido en el Artículo 3 párrafo tercero de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, infringiéndose así dicho Ordenamiento Jurídico, por la no aplicación del mismo en su fallo, que para ilustración establece Articulo 3 párrafo tercero de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central.: “ El gasto total por concepto de salario integral mas otras compensaciones del Gobierno Central e Instituciones Desconcentradas, no podrán exceder las relaciones porcentuales del producto interno bruto (PIB) de cada año, que se indican a continuación: Diez punto cuatro por ciento (10.4%) en el año 2003; diez punto cero por ciento (10.0%) en el año 2005; nueve punto seis por ciento (9.6%) en el año 2006”.- Con base en lo anterior, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, dictará las políticas que en materia de retribuciones, deberán seguir las Instituciones del Gobierno Central e Instituciones Desconcentradas para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de cada ejercicio fiscal, que será sometido a la aprobación del Congreso Nacional.- Dicha Secretaría fijará además los techos presupuestarios para la totalidad de las remuneraciones que deberán pagarse a los servidores públicos, que laboren para el Gobierno Central y las Instituciones Desconcentradas del Estado.- Aunado a lo anterior simplemente como ilustración Honorables Magistrados relacionamos el contenido de la Ley violada, la Constitución de la República (Carta Magna), misma que es la base fundamental de nuestro Ordenamiento Jurídico Nacional, establece claramente en sus artículos 213 al 221, particularmente en su artículo 213, que establece quienes tienen exclusivamente iniciativa de Ley, y para ilustración, literalmente dice: ARTICULO 213 (constitucional): “Tienen exclusivamente la iniciativa de Ley los Diputados al Congreso Nacional, el Presidente de la República, por medio de los Secretarios de Estado, así como la Corte Suprema de Justicia, y el Tribunal Nacional de Elecciones, en asuntos de su competencia”.- La Constitución de la República que es el primordial estamento Legal de nuestro País, el cual priva a cualquier otra Ley de la Nación, en ningún momento inviste al Colegio de Abogados de Honduras, de Iniciativa de Ley, ya que esta facultad es EXCLUSIVA de las ya mencionadas en el artículo 213 anteriormente citado, y es el caso que el Juez A-quo en su Considerando (3), manifiesta en conclusión que el Colegio de Abogados de Honduras emite el Arancel en referencia, en virtud de que el Congreso Nacional le ha otorgado dicha facultad.- Así mismo el Juez A-quo hace una transcripción del artículo 89 de dicho Arancel del Profesional del derecho, aprovechando Honorables Magistrados hacer notar específicamente la frase “que se desempeñen como tal” de dicho artículo, a lo cual el mismo tiene el objetivo de dar a entender a aquellos Profesionales del derecho que efectivamente ejecuten una labor ligada directamente con su Profesión.- Está claro en La Constitución de la República que el Colegio de Abogados de Honduras NO tiene iniciativa de ley, por no estar incluido en el precepto constitucional artículo 213, por ende dicho Arancel del Profesional del derecho no tiene fuerza imperativa en su aplicación, por ser una Ley de la República de Honduras.- Por ende es ilógico y casi irracional lo manifestado por el Juez A-quo, en el sentido de basar su sentencia en lo establecido en la Ley de Equidad Tributaria y otras Leyes a las cuales hace mención, como si las mismas estuvieren por encima o sobre la Carta Magna Constitución de la República; por otro lado el A-quo da al Arancel del Profesional del Derecho la categoría de Ley, categoría que perfectamente sabemos que no la ostenta, ya que simple y sencillamente no reúne los requisitos que la Ley establece para ostentar esa calidad, y aduce que por esas razones, ha fallado de la manera en que lo hizo, declarando el Ad-Quem con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto, obviando así la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, en virtud de que las mismas uniforman y regulan la política de sueldos en el Sector Gubernamental, al ordenar el régimen Salarial del Gobierno Central, y de las Instituciones Desconcentradas del Estado; y no así el Arancel del Profesional del Derecho, que no debe ni puede tomarse como una Ley, ya que si bien es cierto en el decreto 82-96, el Congreso Nacional le permitió al Colegio de Abogados de Honduras, para emitir su Reglamento y su propio Arancel, pero no es menos cierto que todo el Proyecto de Ley debe ser introducido a la Cámara Legislativa por los Poderes del estado que tienen iniciativa de Ley, así mismo observar los procedimientos establecidos, y ser publicado en el Diario oficial la Gaceta a solicitud del Congreso Nacional en la Sección de Leyes y Decretos, para que se convierta en Ley de la República con vigencia a nivel Nacional. Así mismo el Juez Ad-Quem en su Fallo obvia dichas Resoluciones y lo establecido en el Artículo 3 párrafo tercero de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, infringiéndose así dicho Ordenamiento Jurídico y por ende cometiendo el Ad-Quem violación a dicho precepto jurídico por la no aplicación del mismo en su fallo, que para ilustración establece Articulo 3 párrafo tercero de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central,: El gasto total por concepto de salario integral mas otras compensaciones del Gobierno Central e Instituciones Desconcentradas, no podrán exceder las relaciones porcentuales del producto interno bruto (PIB) de cada año, que se indican a continuación: Diez punto cuatro por ciento (10.4%) en el año 2003; diez punto cero por ciento (10.0%) en el año 2005; nueve punto seis por ciento (9.6%) en el año 2006”.- Con base en lo anterior, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, dictará las políticas que en materia de retribuciones, deberán seguir las Instituciones del Gobierno Central e Instituciones Desconcentradas para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de cada ejercicio fiscal, que será sometido a la aprobación del Congreso Nacional.- Dicha Secretaría fijará además los techos presupuestarios para la totalidad de las remuneraciones que deberán pagarse a los servidores públicos, que laboren para el Gobierno Central y las Instituciones Desconcentradas del Estado.- En consecuencia Honorables Magistrados la Sentencia del Ad-Quem viola específicamente la disposición sustantiva del artículo 3 párrafo tercero de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, ya que esa Corte Sentenciadora debió revocar la sentencia del A-quo, pues con dicha Resolución se perjudica las Finanzas del Estado; consideramos que estos elementos de juicio son suficientes para que esa Honorable Corte Suprema de Justicia admita el presente motivo y CASE la sentencia DEL AD-QUEM, en vista Honorables Magistrados, que no es legalmente posible reconocer a los demandantes el salario mensual de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del arancel del profesional del derecho.”.- II.- Que en relación al motivo de casación invocado por el abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, se puede observar que el mismos no constituye una proposición jurídica completa y por ello resulta inadmisible, puesto que contiene defectos en su formulación como ser: a) alega dos formas distintas de violar la ley al indicar por una parte que fue mal aplicada y por la otra la falta de aplicación; b) hace referencia al material probatorio, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario ya que por medio de éste no se podrá la revisión de los hechos ni la revisión y valoración de las pruebas; y, c) formula extensos alegatos propios de instancia.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- V.- Que para efectos jurisprudenciales con respecto a la aplicación del Artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, conviene recordar que este Tribunal ha establecido su criterio en cuanto a que si bien es cierto que el Arancel de Profesionales del Derecho no ostenta la categoría de ley propiamente dicha, pues no ha seguido el procedimiento establecido para que ostente tal calificativo, también no es menos cierto que constituye un acto general emitido por una entidad de Derecho público al tenor de la potestad reglamentaria concedida por el Congreso Nacional al Colegio de Abogados de Honduras, mediante Decreto Legislativo N° 82-96 de fecha 30 de mayo de 1996, por lo que el Arancel de Profesionales del Derecho es un instrumento legal que forma parte del conjunto de normas jurídicas vigentes de nuestro país, y por ende de obligatorio cumplimiento. Asimismo, se ha dejado establecido como criterio que el derecho de los demandantes a gozar del salario estipulado en dicha norma (artículo 89 del Arancel) se genera a razón de sus contratos y a partir de la vigencia del Arancel del Profesional del Derecho, no siendo el fallo judicial el que confiere ese derecho sino el que reconoce dicha situación jurídica. En adición, los efectos del fallo emitido por esta Sala (Expediente 207-2011), mediante el cual se declara la inaplicabilidad futura del artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, no pueden considerarse ex num, de conformidad a lo previsto en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por ende no pueden afectar los derechos que se reclamasen con anterioridad a dicho fallo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, en su condición de apoderado de la parte demandada, en su único motivo de casación. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar.- 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días del mes de mayo del dos mil catorce; certificación del auto de fecha seis de mayo del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 912-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL