Sentencia CA-905-12 — Registro 3428
Resumen
En primera instancia se declara sin lugar las causas de inadmisibilidad de la acción alegadas por la parte demandada y el incidente de nulidad; en segunda instancia se revoca la sentencia bajo el criterio que al no haber seguido la parte actora el procedimiento para que opere LA AFIRMATIVA FICTA, dentro del plazo señalado por el ordenamiento jurídico y siguiendo el procedimiento que ordena la ley, ésta no tiene ninguna aplicación ni vigencia, en vista que para que sea válida y vigente el interesado debió sujetarse a dichos plazos y procedimientos, y consta en autos que el demandante no lo hizo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“ Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer y único motivo manifestando lo siguiente: “Que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, no atendió la sentencia emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Laboral Contencioso Administrativo, en el sentido de no pronunciarse sobre la forma o trámite realizado en el Juzgado A-quo, sino que se abrogó el derecho de pronunciarse sobre: a) Las causas de inadmisibilidad, b) Al declarar con lugar el recurso de apelación, c) Al declarar improcedente la acción de nuestro representado, acciones que “son potestad o facultad exclusiva de resolverlas del Juzgado de Primera Instancia, en los momentos procesales oportunos a que hacen referencia las disposiciones procesales contenidas en los artículos 51 a), 63 a) y 80 a) de la Leyde la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que si se revocaba lo resuelto sobre esa cuestión, debió hacer el pronunciamiento correspondiente en tal sentido modificando lo resuelto en dicha sentencia dictada el 5 de mayo de 2008, donde aparte de que son varias las causas de inadmisibilidad alegadas por la parte demandada las que declara sin lugar, también se incluye un incidente de nulidad y por otro lado, se declara con lugar la demanda de mérito, cuando el término correcto conforme a la Ley referida, era se declara la procedencia de la acción” tal y como lo declara la Honorable Corte Suprema de Justicia, en su considerando 2, de la sentencia emitida el 17 de diciembre de 2010. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 719 del Código Procesal Civil el cual literalmente dice: “Artículo 719.- Causales del Recurso. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) La jurisdicción, competencia, genérica, objetiva, funcional y la adecuación de procedimiento. b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. c) La forma y contenido de la sentencia. 2. Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO ASI. La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo NO ATENDIÓ lo preceptuado por la Honorable Corte Suprema de Justicia al declarar con lugar el recurso de apelación alegando defectos procesales, cuando olvida que es el Juzgado de Primera Instancia el que debió en su momento procesal oportuno declarar la procedencia o improcedencia de las causas de inadmisibilidad alegadas. Además, la parte demandada también debió alegar en su momento procesal oportuno dichas causas de inadmisibilidad, para que procediera una hipotética nulidad de actuaciones, de lo contrario la parte demandada consintió la admisión de la demanda, razón por la cual el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, emitió el fallo correspondiente. En base a ello esta Corte de Apelaciones debió pronunciarse sobre el fondo del litigio y no desconocer lo manifestado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su fallo, el cual claramente en su forma y contenido ordena que se pronuncie sobre le fondo del litigio y no sobre defectos procesales los cuales tienen, según nuestra legislación, momentos procesales oportunos para ser invocados y/o aplicados.”.- “ Que en relación al primer y único motivo de casación invocado por el abogado MARCIO FRANCISCO MOYA BANEGAS, se puede observar que el mismo no constituye una proposición jurídica completa y por ello resulta inadmisible, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un argumento de casación debidamente estructurado. Además, no señala que norma considera fue infringida, faltándole claridad y precisión ya que se limita a expresar su punto de vista sobre lo que debió resolverse en el fallo impugnado.-“ De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo 2° de nuestra Constitución Política. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- “ El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la Recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 inciso a (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“ Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer y único motivo manifestando lo siguiente: “Que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, no atendió la sentencia emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Laboral Contencioso Administrativo, en el sentido de no pronunciarse sobre la forma o trámite realizado en el Juzgado A-quo, sino que se abrogó el derecho de pronunciarse sobre: a) Las causas de inadmisibilidad, b) Al declarar con lugar el recurso de apelación, c) Al declarar improcedente la acción de nuestro representado, acciones que “son potestad o facultad exclusiva de resolverlas del Juzgado de Primera Instancia, en los momentos procesales oportunos a que hacen referencia las disposiciones procesales contenidas en los artículos 51 a), 63 a) y 80 a) de la Leyde la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que si se revocaba lo resuelto sobre esa cuestión, debió hacer el pronunciamiento correspondiente en tal sentido modificando lo resuelto en dicha sentencia dictada el 5 de mayo de 2008, donde aparte de que son varias las causas de inadmisibilidad alegadas por la parte demandada las que declara sin lugar, también se incluye un incidente de nulidad y por otro lado, se declara con lugar la demanda de mérito, cuando el término correcto conforme a la Ley referida, era se declara la procedencia de la acción” tal y como lo declara la Honorable Corte Suprema de Justicia, en su considerando 2, de la sentencia emitida el 17 de diciembre de 2010. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 719 del Código Procesal Civil el cual literalmente dice: “Artículo 719.- Causales del Recurso. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) La jurisdicción, competencia, genérica, objetiva, funcional y la adecuación de procedimiento. b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. c) La forma y contenido de la sentencia. 2. Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO ASI. La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo NO ATENDIÓ lo preceptuado por la Honorable Corte Suprema de Justicia al declarar con lugar el recurso de apelación alegando defectos procesales, cuando olvida que es el Juzgado de Primera Instancia el que debió en su momento procesal oportuno declarar la procedencia o improcedencia de las causas de inadmisibilidad alegadas. Además, la parte demandada también debió alegar en su momento procesal oportuno dichas causas de inadmisibilidad, para que procediera una hipotética nulidad de actuaciones, de lo contrario la parte demandada consintió la admisión de la demanda, razón por la cual el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, emitió el fallo correspondiente. En base a ello esta Corte de Apelaciones debió pronunciarse sobre el fondo del litigio y no desconocer lo manifestado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su fallo, el cual claramente en su forma y contenido ordena que se pronuncie sobre le fondo del litigio y no sobre defectos procesales los cuales tienen, según nuestra legislación, momentos procesales oportunos para ser invocados y/o aplicados.”.- “Que en relación al primer y único motivo de casación invocado por el abogado MARCIO FRANCISCO MOYA BANEGAS, se puede observar que el mismo no constituye una proposición jurídica completa y por ello resulta inadmisible, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un argumento de casación debidamente estructurado. Además, no señala que norma considera fue infringida, faltándole claridad y precisión ya que se limita a expresar su punto de vista sobre lo que debió resolverse en el fallo impugnado.-“ De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo 2° de nuestra Constitución Política. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- “ El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la Recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- “
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de mayo de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designada la primera ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: la empresa KEYTRAL MARTED, S.A. de C.V., representada en juicio por el abogado MARCIO FRANCISCO MOYA BANEGAS; y, Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, representado en juicio por la abogada NORMA ISABEL ALMENDAREZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de unos actos administrativos emitidos por la Secretaría de Finanzas, por no ser conforme a derecho, por quebrantamiento del procedimiento administrativo y las costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, por el abogado FÉLIX VELÁSQUEZ REYES, apoderado de la sociedad KEYTRAL MARTED, S.A. (KEYMART, S.A.), contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, por medio de la Procuraduría General de la República.ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que la Dirección Ejecutiva de Ingresos, emitió las resoluciones No. A.L.010/2004 de fecha 23 de enero de 2004, 011/2004 de fecha 15 de enero de 2004, 012/2004 de fecha 16 de enero de 2004, 014/2004 de fecha 20 de enero de 2004, 015/2004, 016/2004 de fechas 21 de enero de 2004, 023/2004, 024/2004 de fecha 28 de enero de 2004, 025/2004 de fecha 30 de enero de 2004, mediante la cual resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra las resoluciones CR-DEI-SEFIN-3679-E-2003 del 14 de mayo de 2003, CR-DEI-SEFIN-14094-K-2002 del 25 de noviembre de 2002, CR-DEI-SEFIN-4074-E-2003 del 28 de mayo de 2003 y otros, confirmando las mismas en todas y cada una de sus partes, no dando lugar al recurso de apelación que interpusiera la demandante ante esa autoridad actuando contra la ley no reconociendo la solicitud de aplicación del Silencio Administrativo, negándole así a la demandante el derecho constitucional a la Defensa con lo que le causa el perjuicio de Indefensión; que en fecha 25 de noviembre de 2002 y 1 de octubre de 2003, se pidió al Director Ejecutivo de Ingresos la aplicación del Silencio Administrativo Positivo a favor de la empresa demandante, fundamentándose la solicitud en los artículos 80 de la Constitución de la República; 43, 83 y 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 4, 5, 6 y 74 del Código Tributario; que a pesar de ello la Secretaría General en el Despacho de Finanzas emitió las resoluciones 15 meses posteriores a la solicitud de aplicación del Silencio Administrativo Positivo a favor de la demandante; siendo que el Código Tributario Decreto No.152-1987 que contiene la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 78 dispone que cuando no se hubiere establecido un plazo especial para una actuación administrativa, éste será de 10 días y el artículo 74 del Código Tributario vigente preceptúa que las peticiones y recursos que no se resuelvan dentro de los términos establecidos por este Código o las Leyes Tributarias especiales o por la Ley de Procedimientos Administrativos se entenderán falladas a favor del peticionario.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que lo expresado por la parte demandante en el escrito de su improcedente demanda, se rechaza en cuanto a que las resoluciones “A.L.010/2004 de fecha 23 de enero de 2004, 011/2004 de fecha 15 de enero de 2004, 012/2004 de fecha 16 de enero de 2004”, fueron emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, lo cual no es cierto, sino que fueron emitidas por la Secretaría de Finanzas, mediante las cuales se resuelve declarar sin lugar los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones “CR-DEI-SEFIN-3679-E-2003 del 14 de mayo de 2003, CR-DEI-SEFIN-14094-K-2002 del 25 de noviembre de 2002, CR-DEI-SEFIN-4074-E-2003 del 28 de mayo de 2003…”, y que las primeramente citadas son las que resuelven el recurso de apelación, confirmando a las que anteceden en todas y cada una de sus partes y que no fueron impugnadas por la parte demandante; que no consta en todos los expedientes administrativos que se hubiere solicitado a lo que se refiere la parte demandante en cuando al silencio administrativo positivo, ni mucho menos consta en dichos expedientes ninguna otra figura contenida en el ordenamiento jurídico de la cual se haya valido la parte demandante como procedimiento previo para aplicar el principio de celeridad y así hacer uso del recurso o recursos que procedieran; en lo referente al hecho de que las resoluciones no fueron emitidas dentro del plazo que determina la ley, el mismo es un defecto de forma y en el Derecho Administrativo sólo se determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados (Artículo 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo) y en el caso que nos ocupa las resoluciones emitidas no las hace inválidas ni anulables, ya que éste defecto de forma no está causando indefensión al contribuyente ni menoscabando otros derechos del mismo; que frente a una petición del administrado, si la administración toma una actitud de inacción, se tendrá por resuelta la petición a favor del administrado, esto sucedería si existiera tal petición y que la misma se hubiere hecho llenando todos los requisitos para su aplicación conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico, asimismo, se puede determinar que todas la resoluciones emitidas por la administración no deben ser revocadas en virtud de que las mismas se emitieron conforme a derecho y que en ningún momento ha operado el silencio administrativo positivo a favor del recurrente y en el remoto caso de que existiere, el que procedería seria el silencio administrativo negativo al peticionario de acuerdo al artículo 85 de la Ley de Procedimiento Administrativo.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha cinco de mayo de dos mil ocho, dictó sentencia declarando: Primero: sin lugar las causas de inadmisibilidad de la acción alegadas por la parte demandada y el incidente de nulidad; Segundo: con lugar la demanda promovida por KEYTRAL MARTED, S.A. (KEY MART S.A.), contra el Estado de Honduras donde solicita se declare la anulación de los actos administrativos emitidos por la Secretaria de Finanzas y consecuencialmente este Juzgado declara la anulación de las Resoluciones A.L.010/2004 de fecha 23 de enero del año 2004, 011/2004 de fecha 15 de enero del 2004, 012/2004 de fecha 16 de enero del 2004, 014/2004 de fecha 20 de enero del 2004, 015/2004, 016/2004 de fecha 21 de enero del 2004, 023/2004, 024/2004, de fecha 28 de enero del 2004, 025/2004, de fecha 30 de enero del 2004, mediante la cual resuelve declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución No. CR-DEI-SEFIN-3679-E-2003 de fecha 14 de mayo del 2003, CR-DEI-SEFIN 14094-K-2002 de fecha 25 de noviembre del 2002, CR.DEI-4074-E-2003, del 28 de mayo del 2003, CR-DEI-SEFIN-14093-K-2002, del 25 de noviembre del 2002, CR-DEI-SEFIN-4072-E-2003, del 22 de mayo del 2003, CR-DEI-SEFIN-5139-G-2003, del 28 de julio del 2003, CR-DEI-SEFIN-2632-C-2003, del 28 de marzo del 2003, CR-DEI-SEFIN-4046-E-2003, del 14 de mayo del 2003, CR-DEI-SEFIN-5142-G-2003, del 29 de julio del 2003, por la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, con costas; bajo el criterio que la parte demandante acreditó que las resoluciones impugnadas en este proceso no fueron dictadas de acuerdo a la Ley ni dentro de los plazos que la misma establece, pues conforme al artículo 78 de la Ley de Procedimiento Administrativo prescribe que cuando no se hubiere establecido un plazo especial para una actuación administrativa, esta será de diez días, siguiendo ese mismo orden de ideas el artículo 74 del Código Tributario establece que las peticiones y recursos que no se resuelvan dentro de los términos establecidos por dicho Código, Leyes Tributarias Especiales o la Ley de Procedimiento Administrativo se considerara falladas a favor del peticionario, situaciones éstas que no se dieron en el caso de autos; que la parte demandada alegó una causa de inadmisibilidad de la acción pretextando que las resoluciones no son impugnables por el motivo que no se resolvió su petición en cuanto a la aplicación del silencio administrativo positivo y que por tal razón debe aplicarse la inadmisibilidad de la acción y que el escrito adolece de efectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, asimismo la parte demandada presentó incidente de nulidad de actuaciones invocando el artículo 147 de la Ley de Procedimiento Administrativo ya que la demanda debe sustentarse en los mismos hechos y derechos del reclamo administrativo y que por lo tanto vician de nulidad absoluta de actuaciones desde la admisión de la demanda; que los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo se regirán con lo dispuesto al Titulo Segundo Capitulo Segundo Sección Primera, de la Ley de Procedimiento Administrativo, y los mismos serán dictados respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico y deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirven de causa y en el derecho aplicable, y en el caso de autos el escrito solicitando el silencio administrativo no fue resuelto dentro del plazo legal, en consecuencia serán nulos lo actos que se emitan infringiendo las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad, siendo anulables también por infracción del ordenamiento jurídico incluso el exceso y la desviación de poder, siendo evidente que las actuaciones administrativas realizadas fuera del tiempo establecido solo implicarán la anulación del acto por lo cual la causa de inadmisibilidad alegada por la parte demandada carece de sustentación legal.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha quince de noviembre de dos mil once, dictó sentencia revocando la de primera instancia, en el sentido de declarar improcedente la acción incoada por el abogado Félix Velásquez Reyes, apoderado de la sociedad mercantil KEYTRAL MARTED, S.A., por estar ajustados a derechos los actos administrativos impugnados, sin costas en ambas instancia; bajo el criterio que la Ley de Simplificación Administrativa señala los presupuestos que se tienen que dar para que opere LA AFIRMATIVA FICTA, o silencio positivo, presupuestos que están plasmados en el artículo 29, 29a y 29b, de la Ley de Procedimiento Administrativo, procedimiento prescrito en el ordenamiento jurídico que consta en autos no realizó el demandante previo a la vía judicial; que al no haber seguido la parte actora el procedimiento para que opere LA AFIRMATIVA FICTA, dentro del plazo señalado por el ordenamiento jurídico y siguiendo el procedimiento que ordena la ley, ésta no tiene ninguna aplicación ni vigencia, en vista que para que sea válida y vigente el interesado debió sujetarse a dichos plazos y procedimientos, y consta en autos que el demandante no lo hizo; que del análisis y estudio en su conjunto del expediente administrativo, de las pruebas aportadas por las partes y de los fundamentos de derecho en que ambas apoyan sus pretensiones, esa Corte de Apelaciones concluyó que la parte demandante alega que ha operado a su favor el silencio positivo, lo cual no es cierto, al constar en autos que no siguió el procedimiento que señala la ley, por cuanto el demandante utilizó el procedimiento ordinario, al agotar el recurso administrativo correspondiente.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, abogado MARCIO FRANCISCO MOYA BANEGAS, presentó en fecha doce de marzo de dos mil doce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha quince de noviembre de dos mil once, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 163-2008, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 010-2004 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha catorce de marzo de dos mil doce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la demandada, abogada NORMA ISABEL ALMENDAREZ, presentó en fecha veinte de agosto de dos mil doce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintidós de agosto de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha uno y dos de octubre de dos mil doce, los abogados NORMA ISABEL ALMENDAREZ y MARCIO FRANCISCO MOYA BANEGAS, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados NORMA ISABEL ALMENDAREZ y MARCIO FRANCISCO MOYA BANEGAS, presentaron escritos en fechas cinco y ocho de octubre del año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer y único motivo manifestando lo siguiente: “Que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, no atendió la sentencia emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Laboral Contencioso Administrativo, en el sentido de no pronunciarse sobre la forma o trámite realizado en el Juzgado A-quo, sino que se abrogó el derecho de pronunciarse sobre: a) Las causas de inadmisibilidad, b) Al declarar con lugar el recurso de apelación, c) Al declarar improcedente la acción de nuestro representado, acciones que “son potestad o facultad exclusiva de resolverlas del Juzgado de Primera Instancia, en los momentos procesales oportunos a que hacen referencia las disposiciones procesales contenidas en los artículos 51 a), 63 a) y 80 a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que si se revocaba lo resuelto sobre esa cuestión, debió hacer el pronunciamiento correspondiente en tal sentido modificando lo resuelto en dicha sentencia dictada el 5 de mayo de 2008, donde aparte de que son varias las causas de inadmisibilidad alegadas por la parte demandada las que declara sin lugar, también se incluye un incidente de nulidad y por otro lado, se declara con lugar la demanda de mérito, cuando el término correcto conforme a la Ley referida, era se declara la procedencia de la acción” tal y como lo declara la Honorable Corte Suprema de Justicia, en su considerando 2, de la sentencia emitida el 17 de diciembre de 2010. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 719 del Código Procesal Civil el cual literalmente dice: “Artículo 719.- Causales del Recurso. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) La jurisdicción, competencia, genérica, objetiva, funcional y la adecuación de procedimiento. b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. c) La forma y contenido de la sentencia. 2. Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO ASI. La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo NO ATENDIÓ lo preceptuado por la Honorable Corte Suprema de Justicia al declarar con lugar el recurso de apelación alegando defectos procesales, cuando olvida que es el Juzgado de Primera Instancia el que debió en su momento procesal oportuno declarar la procedencia o improcedencia de las causas de inadmisibilidad alegadas. Además, la parte demandada también debió alegar en su momento procesal oportuno dichas causas de inadmisibilidad, para que procediera una hipotética nulidad de actuaciones, de lo contrario la parte demandada consintió la admisión de la demanda, razón por la cual el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, emitió el fallo correspondiente. En base a ello esta Corte de Apelaciones debió pronunciarse sobre el fondo del litigio y no desconocer lo manifestado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su fallo, el cual claramente en su forma y contenido ordena que se pronuncie sobre le fondo del litigio y no sobre defectos procesales los cuales tienen, según nuestra legislación, momentos procesales oportunos para ser invocados y/o aplicados.”.- II. Que en relación al primer y único motivo de casación invocado por el abogado MARCIO FRANCISCO MOYA BANEGAS, se puede observar que el mismo no constituye una proposición jurídica completa y por ello resulta inadmisible, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un argumento de casación debidamente estructurado. Además, no señala que norma considera fue infringida, faltándole claridad y precisión ya que se limita a expresar su punto de vista sobre lo que debió resolverse en el fallo impugnado.- III. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo 2° de nuestra Constitución Política. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la Recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN formalizado por el abogado MARCIO FRANCISCO MOYA BANEGAS, en su condición de apoderado de la parte demandante, en su primer y único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de mayo del dos mil catorce; certificación del auto de fecha siete de mayo del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 905-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL