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Sentencia CA-804-12 — Registro 4081

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción incoada, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que el puesto que desempeñaba el demandante era de confianza y no estaba sujeto a ninguna causa o procedimiento de cancelación, lo que hace que su petición de reintegro sea improcedente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que el anterior motivo resulta inadmisible, porque el Impetrante insta la revisión de los hechos y del material probatorio, lo cual resulta vedado para este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; además, en su explicación expone una serie de situaciones que hacen que el mismo no tenga la claridad y precisión necesaria para constituir una proposición jurídica completa, como ser: a) ataca el fallo recurrido alegando que es incongruente y controversial; b) señalando en su formulación, la aplicación indebida de ciertas normas, aduciendo que las mismas fueron interpretadas en forma indebida, lo cual es otra forma de violar la ley que debió haber sido expuesta en forma separada e independiente; y, c) realiza extensos alegatos propios de instancia.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la Recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión de los recursos de casación que nos ocupan y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiuno días del mes de mayo de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA,, designada la primera ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrentes-Recurridos: TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, representado en juicio por el abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, y el señor CESAR AUGUSTO PAZ MUÑOZ, representado en juicio por el abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, medidas para su restablecimiento, declaración de la ilegalidad de un acto por quebrantamiento de formalidades esenciales en el proceso administrativo, reintegro, pago de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales, indemnización equivalente a seis meses de salario por violación de fuero sindical, intereses y costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, por el señor CESAR AUGUSTO PAZ MUÑOZ, contra el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que en fecha 11 de septiembre del 2007 presentó demanda ordinaria laboral ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán a lo que el Tribunal Supremo Electoral opuso excepción de incompetencia de Tribunal, argumentando que el competente era el Juzgado de lo Contencioso Administrativo amparado en el reglamento del régimen de la carrera de los empleados del Tribunal Supremo Electoral a lo cual el Juzgado Laboral mediante sentencia interlocutoria de fecha 7 de octubre del 2008, declaró con lugar dicha excepción dilatoria de incompetencia de Tribunal por razón de la materia, interponiendo recurso de reposición y subsidiaramente apelación, por lo cual la Corte de Apelaciones del Trabajo en fecha 21 de noviembre del 2008, confirmó la sentencia del Aquo, acudiendo a la Corte Suprema de Justicia en fecha 14 de enero del 2009, interponiendo recurso de amparo, por violación de garantía constitucional emitiendo sentencia en fecha 20 de octubre del 2009 denegando dicho recurso. El demandante establece que a partir del 5 de junio del 2003, inició su relación laboral en el cargo de Analista en el Departamento de Informática, según constancia extendida por la oficina de recursos humanos del Tribunal Supremo Electoral; mediante nota de fecha 25 de julio del 2007, firmada por la Jefe de Recursos Humanos en que se le canceló de su cargo por reducción forzosa del personal, sin responsabilidad para el Tribunal, ya que se le imputan varias faltas como: 1) haber faltado 4 días completo y 4 días 1/2 días a un diplomado de auditoria de sistemas; 2) por no haberse presentado en horas de la mañana a sus labores el día 29 de junio del 2007, sino que lo hizo en horas de la tarde; 3) no cumplir con el horario establecido en la institución el 29 de junio del 2009; 4) haber participado en la formación de un sindicato; 5) desacatar las instrucciones que se ordenó mediante punto III numeral 1 del acta 143-2007-2008-A; 6) por haberse constado el día 16 de julio que no se había reintegrado a sus labores el 13 de julio del 2007, siendo ilegal ya que se despidió el 23 de julio del 2007, fecha que se encontraba gozando de las vacaciones correspondientes a su cuarto periodo de vacaciones, de igual manera no se realizaron los descargos correspondientes a la faltas imputadas, de igual manera se le imputa la participación en la creación de un sindicato lo cual no es prohibido por la ley, de todo lo anterior no se le hizo la legal notificación de su cancelación.- 2.- La parte demandada, el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, contestó la demanda expresando que la determinación tomada se hizo en base al régimen especial de la carrera electoral, por lo tanto es una ley que tiene la condición de obligatoria en su aplicación, el demandante fue nombrado en un puesto de confianza al tenor del artículo 17 del reglamento del régimen de la carrera de los empleados del Tribunal Supremo Electoral, en fecha 25 de julio del 2007, se le notificó de la resolución tomada por el demandado sobre la cancelación del contrato de trabajo y relación laboral, en virtud de reducción forzosa del personal ya que ha cometido faltas graves a él notificadas, se le suspendió el goce de sus vacaciones a lo que el demandante hizo caso omiso en base al artículo 52 del reglamento de los empleados del Tribunal Supremo Electoral.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de febrero del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción incoada, sin costas; bajo el criterio que se demostró que el demandante nombrado el 1 de julio del 2005, en el cargo de Analista en el Departamento de Informática, según acuerdo No. DP-TSE-2005 y en el año 2006 según resolución tomada en el punto I numeral único, del acta número VEINTE-A-2006, el pleno del Tribunal Supremo Electoral, aprueba distribución funcional de personal en donde se le nombra como Coordinador de la Comisión de Informática, comprendiéndose como empleado de confianza según lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento del régimen de la carrera de empleados del Tribunal Supremo Electoral, por lo cual no hubo infracción del ordenamiento jurídico ya que se establece en dicho reglamento que no gozaba de estabilidad laboral, teniendo sus derechos adquiridos.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha siete de junio del dos mi doce, dictó sentencia definitiva confirmando la sentencia del A quo; bajo el criterio que el puesto que desempeñaba el demandante era de confianza y no estaba sujeto a ninguna causa o procedimiento de cancelación, lo que hace que su petición de reintegro sea improcedente, ya que no tenia estabilidad laboral, teniendo derecho de gozar los derechos que tienen los demás empleados permanentes.- 5.- El representante procesal de la parte demandada, abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, y el representante procesal de la parte demandante, abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, presentaron en fechas treinta y uno de julio y dos de agosto del año dos mil doce, respectivamente, escritos de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha siete de junio de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 137-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número Exp. 404-09 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencias de fecha siete de agosto del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuestos y formalizados en tiempo y forma los presentes recursos de casación y acordó dar copia de los mismos a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciaran sobre el contenido de los mismos.- 7.- La representación procesal de la parte demandada, abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, presentó en fecha seis de septiembre de dos mil doce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación formalizado por el abogado Pedro Ortega, el cual fue resuelto por el ad-quem mediante providencia de fecha once de septiembre del año dos mil doce.- 8.- La representación procesal de la parte demandante, abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA, presentó en fecha dieciocho de septiembre del dos mil doce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación formalizado por el abogado Oscar Doñas, el cual fue resuelto por el ad-quem mediante providencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil doce, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal; apareciendo notificados personalmente de dicha resolución, los abogados OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en fecha 28 de septiembre del 2012 y el abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA, en fecha 03 de octubre del 2012.- 9.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados OSCAR DOÑAS CHAVEZ y PEDRO ANTONIO ORTEGA, presentaron escritos en fecha cinco y ocho de octubre del dos mil doce respectivamente, personándose ambos en concepto de parte recurrente-recurrido.FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se han tenido por interpuestos los recursos de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el recurrente, abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en su carácter de representante procesal del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, expone su primer motivo de casación en la forma siguiente: “Se acusa a la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el día siete de junio del año mil doce, violatoria de ley sustantiva nacional, por aplicación indebida del articulo 34 literal k) del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral, relacionada con el articulo 9 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, que fué reformado por Decreto 151—2007 en cuanto a que los empleados y funcionarios estarán sujetos al Régimen de la Carrera Electoral y articulo 25 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cuanto a la representación y defensa de las Entidades Estatales se regirán por lo que dispongan las Leyes Especiales a sus respectivas Leyes Orgánicas.- Esta causal se encuentra comprendida en el articulo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil que dice: Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra bajo el marco jurídico del articulo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION: La doctrina establece que hay aplicación indebida CUANDO EL HECHO CUESTIONADO SE HAYA DEDIDAMENTE DEMOSTRADO EN EL PROCESO, PERO NO CORRESPONDE APLICAR LA NORMA LEGAL VIOLADA A ESE HECHO, POR CUANTO LA OUE DEBE APLICARSE ES UNA NORMA LEGAL DIFERENTE QUE ES LA REGULADORA DE ESE HECHO O CASO.- Esta cita pertenece a la obra del señor Miguel Gerardo Salazar.(Pagina 406). PRIMERO: El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en su fallo dictado el diecisiete de febrero del año dos mil doce, bajo el marco jurídico del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral, ley de dicha institución, en primer lugar por lo que dispone el Articulo 25 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en segundo lugar por la dispuesto en el Articulo 17 de dicho Reglamento, el señor CESAR AUGUSTO PAZ MUÑOZ, tal como manifiesta el Apoderado Legal en su demanda, el puesto desempeñado por el seor CESAR AUGUSTO PAZ MUÑOZ fue de Técnico Analista en el Departamento de Informática, lo cual lo convierte en empleado de confianza. según el articulo antes citado y éstos no gozan de estabilidad laboral, pero si de sus derechos laborales cuando no exista causas o motivos que dieron lugar a darle de baja de la Carrera al demandante, pero en este caso Honorables Magistrados, el mismo apoderado legal del demandante expresa en su demanda que el Tribunal Supremo Electoral le dio de baja a su representado según el hecho quinto de la demanda, por las causas siguientes: 1) Haber faltado cuatro días completos y cuatro medios días a un Diplomado de Auditoria de Sistemas. 2) Por no haberse presentado en horas de la mañana a sus labores el día 29 de junio del 2007, sinó que lo hizo en horas de la tarde; 3) No cumplir con el horario establecido en la institución el 29 de junio del 2007 4) Haber participado en la formación de un sindicato.— 5) Desacatar las instrucciones que se le ordenaron mediante Punto III numeral 1) del Acta No.143—2007—2008—A.— 6) Por haberse constatado el día 16 de julio que no se reintegro a sus labores desde el 13 de julio del año 2007. En este caso la norma a aplicar es el articulo 33 del Reglamento y no el 34 literal k) que señaló la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que por tal motivo el Tribunal de Primera Instancia declaró IMPROCEDENTE la acción promovida por el señor PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, quien actúa en su condición de apoderado legal del seor CESAR AUGUSTO PAZ MUÑOZ, ya que el acto impugnado se encuentra conforme a derecho, y por lo tanto no le generó a mi representado ninguna obligación económica. SEGUNDO: El seor CESAR AUGUSTO PAZ MUÑOZ, no se le puede ni debe aplicar el articulo 34 literal k) del Reglamento del Régimen de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral, en virtud de que está plenamente demostrado que participó en la organización de un sindicato a sabiendas que está prohibido según el articulo 33 letra X), formar parte o promover la formación de un sindicato en la institución, porque así lo dispone el articulo 9 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas que dicha institución Honorables Magistrados, fue declarada y asegurada como Institución de Seguridad Nacional.— En igual forma el Código del Trabajo prohíbe la formación sindical en las instituciones militares porque éstas son de seguridad nacional según articulo 534 parte introductiva, que señala que el derecho de asociación en Sindicatos se extiende a los trabajadores de todo el servicio oficial, CON EXCEPCION DE LOS MIEMBROS DEL EJERCITO NACIONAL Y DE LOS CUERPOS O FUERZAS DE POLICIA DE CUALQUIER ORDEN; en igual forma, el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL por disposición de ley y de acuerdo que es un ente de seguridad nacional en virtud que en él descansan todo el mecanismo y el marco legal de la democracia, no pueden existir sindicatos además la Lev Electoral establece como delito la toma de los edificios donde funciona físicamente, con reclusión de hasta cuatro años, y que con la documentación de los periódicos se encuentra demostrado que sin tener Personería Jurídica, la organización sindical formada por el señor CESAR AUGUSTO PAZ MUÑOZ. se tomó el Edificio Principal con el fin único de que no hubiesen elecciones generales. TERCERO: La sentencia de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, es incongruente y controversial en su parte dispositiva pues en su fallo primero expresa: Que declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación que interpuso el Abogado Pedro Antonio Ortega Andino apoderado legal del seor CESAR AUGUSTO PAZ MUÑOZ. si analizamos que el objetivo del Recurso de Apelación según el articulo 705 del Código Procesal Civil numeral 1) es enmendar la aplicación e interpretación de las normas legales, y en su numeral 2) la revisión de los hechos probados. la sentencia de Segundas Instancia se vuelve imprecisa al no decidirse si declaró con lugar el Recurso de Apelación ó sin lugar, hace que se mantenga en la obscuridad al declarar sin lugar el Recurso de Apelación,, la sentencia de Primera Instancia tiene fuerza legal que es IMPROCEDENTE la acción del demandante, y ésta Corte declara SIN LUGAR el Recursos pero condena al pago de los derechos laborales establecidos en el articulo 34 letra k) del Reglamento del Régimen de la Carrera: ambas casas tienen un sentido de controversia. Máxime que en el segundo dispositivo de la sentencia de la Corte de lo Contencioso expresa que CONFIRMA la sentencia dictada el diecisiete de febrero del año dos mil doce por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y éste declaró la acción improcedente, por lo que, éste motivo es procedente y deber declararse CON LUGAR en virtud que el fallo de segunda instancia hizo interpretación de las normas legales en forma indebida.”

II. Que el anterior motivo resulta inadmisible, porque el Impetrante insta la revisión de los hechos y del material probatorio, lo cual resulta vedado para este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; además, en su explicación expone una serie de situaciones que hacen que el mismo no tenga la claridad y precisión necesaria para constituir una proposición jurídica completa, como ser: a) ataca el fallo recurrido alegando que es incongruente y controversial; b) señalando en su formulación, la aplicación indebida de ciertas normas, aduciendo que las mismas fueron interpretadas en forma indebida, lo cual es otra forma de violar la ley que debió haber sido expuesta en forma separada e independiente; y, c) realiza extensos alegatos propios de instancia.- III. Que el abogado DOÑAS CHAVEZ, en su condición indicada, como segundo motivo de casación sostiene: “Se acusa la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el día siete de junio del año dos mil doce, violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional, por infracción directa según el articulo 25 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cuanto a las instituciones estatales se regirán por lo que dispongan las leyes especiales ó sus respectivas leyes orgánicas, tomando en consideración que el Tribunal Supremo Electoral no es una dependencia del Poder Ejecutivo, sino que es creada par la Constitución de la República según el articulo 51 que la institución que represento tiene su propia autonomía e independencia con Personalidad Jurídica con jurisdicción y competencia en toda la República, cuya organización y funcionamiento serán establecidos por la Constitución de la República y las Leyes, las que fijaran igualmente lo relativo a los demás organismos electorales, y que se relaciona directamente con el articulo 34 literal k) del Reglamento del Régimen de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral, instrumento este que es ley por lo que dispone el Articulo 9 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el articulo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil que dice: La forma y contenido de la sentencia. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION: Doctrina: Para establecer la infracción directa el Tratadista don Enrique Arambula Durán establece en sus reglas, que la violación directa de la ley se produce cuando en la sentencia no se aplique la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso. Cuando la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en su parte dispositiva CONFIRMA total la sentencia de fecha diecisiete de febrero del año dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo la cual corre agregada a folios 415 al 424 de la primera pieza, que declaró IMPROCEDENTE LA ACCION promovida por el Asociado Pedro Antonio Ortega Andino en su condición de Apoderado Legal del señor CESAR AUGUSTO PAZ MUÑOZ: si la sentencia de segunda instancia Honorables Magistrados es de carácter confirmatoria porque la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo le concede derechos a las prestaciones laborales al demandante, contemplados en el articulo 34 letra k) del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral— Este hecho produce una violación directa de la norma citada por el Tribunal de Segunda Instancia, porque en el fallo no se aplicó la norma que regula al caso debatido, sino mas bien hizo producir efectos contrarios en la sentencia que confirma la dictada por el Tribunal de Primera Instancia ya que estos derechos comprendidos en el articulo 34 letra k) del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral, únicamente pueden ser ejecutados cuando al demandante se le hubiere dado de baja por ser empleado de confianza pero en el presente caso existieron motivos, causas suficientes plenamente demostradas con la sentencia del Juzgado de Letras del Trabaja la disolución del Sindicato por haberse formado con empleados despedidos y con un número de 19 personas, burlando el Código del Trabajo.— Por estos hechos probados se declaró improcedente la acción promovida por el demandante, tal como lo hizo el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar las Defensas Previas porque el acoderado demandante alegó que la demanda había sido interpuesta dentro del término legal que señala el articulo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que es de diez días, en virtud de que éste juicio ya había sido juzgado ante el Tribunal de Letras del Trabajo de este Departamento sostiene esta condición porque el Juzgado del Trabajo cuando recibe la sentencia de la Corte Suprema de Justicia denegando la garantía de Amparo, nótese Honorables Magistrados, al final de dicho auto y que presento acompañado al presente recurso, después de haberse puesto CUMPLASE que es lo correcto y legal porque el tribunal antes citado solo recibe documentación, le impusieron en forma dolosa la palabra NOTIFIQUESE, pues el apoderado demandante fue notificado de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia el cuatro de noviembre del año dos mil nueve.- A partir de esta fecha el apoderado demandante tenia que haber hecho uso del termino de los diez días y no lo hizo, sino mas bien el termino lo empezó a contar a partir del auto de fecha dos de diciembre del año dos mil nueve, que al final fue falsificada la palabra NOTIFIQUESE: por lo tanto la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo no tenia derecho de aplicar una norma del Reglamento que le concede derechos al demandante, ya que éste se le despidió con causa y sin el derecho al pago de prestaciones laborales.- Demostrada la infracción directa, este motivo deberá declararse CON LUGAR en sentencia definitiva”. - IV. Al igual que en el anterior cargo, el Censor del fallo incurre en una serie de defectos técnicos que hacen que el mismo no pueda prosperar, como ser: a) señala la infracción directa de la ley, cuando ese tipo de violación no la contempla el Código Procesal Civil como causa o motivo del recurso; b) en el precepto autorizante invoca el artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil, por la forma y contenido de la sentencia, pero alega que no se aplicaron las normas que regulan el caso debatido, que existieron causas de terminación de la relación laboral, alude a las defensas previas, entre otros, lo que induce a otro tipo de infracción; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- V. Que el abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, como representante procesal del señor CESAR AUGUSTO PAZ MUÑOZ, expone lo siguiente: “PRIMER MOTIVO. La sentencia impugnada de manera taxativa aplica al caso subjudice el artículo 17 numeral 1 del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral (ver considerando 04 de la sentencia impugnada), norma que preceptúa que no tienen estabilidad laboral las personas que laboran en el Departamento de Informática empero la Constitución de la República establece por medio del artículo 129 que todos los hondureños y hondureñas tienen derecho de a la estabilidad del empleo sin hacer ninguna distinción en la institución o empresa en donde laboren de ahí que la norma reglamentaria no pueda estar por encima de la constitucional por qué el artículo 07 de la Ley General de la Administración Pública establece el orden de preeminencia o de jerarquía de las normas jurídicas con que debe ajustarse los actos revisados en vía contencioso administrativa. El hecho de que el Ad quem haya preferido aplicar una norma reglamentaria sobre una constitucional demuestra que ha aplicado indebidamente el artículo 17 numeral 1 del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral y que ha quebrantado la jerarquía normativa por lo que la sentencia emitida no es conforme a derecho. SEGUNDO MOTIVO. Aunque el Código del Trabajo pareciera una norma exógena a la vía contenciosa administrativa, un análisis detenido demuestra lo contrario. Me explico. La Constitución de la República garantiza a los trabajadores el derecho de asociarse organizando sindicatos (art 128 numeral 14) sin hacer distinciones de que clase de trabajadores pueden o no organizarse por lo que no procede hacer distinción donde la Ley no la hace. Confirma esta afirmación el artículo 534 del Código del Trabajo, norma jurídica que reconoce a los trabajadores de todo el servicio oficial (público) el derecho de la asociación en sindicatos. Por tanto de aplicarse a los sindicatos de los empleados públicos las disposiciones que rigen sobre la materia, salvo alguna excepción que expresamente así se establezca. Las normas jurídicas que regulan lo concerniente a los sindicatos se encuentran en el Código del Trabajo, las que estatuyen la figura conocida como FUERO SINDICAL, que es aquella protección del Estado que tiene como finalidad que los trabajadores que organizan sindicatos así como su Directivos no pueden ser despedidos, trasladado o desmejorados sin causa justa previamente calificada por la autoridad respectiva; el funcionario competente es el Juzgado Letras del Trabajo o Civil en su defecto (artículos 516 y 517 del Código del Trabajo). La sentencia impetrada al declarar improcedente la acción a favor del señor César Paz Muñoz permite a la autoridad nominadora despedir o cancelar a un empleado bajo la protección especial del Estado lo que constituye una infracción directa a aquellas normas que no se aplicaron debiéndose, es decir, la sentencia viola directamente lo que preceptúan los artículos 516 y 517 del Código del Trabajo por falta de aplicación de los mismos. Si el Tribunal Ad quem no fuera rebelde ante esas normas y las hubiera aplicado al fallo, sin lugar a dudas la sentencia acogería la acción del actor y se adoptaría la medida de reintegro junto con el pago de los salarios dejados de percibir. TERCERO: La sentencia impetrada también vulnera las normas contenidas en los convenios internaciones señalados supra por el siguiente motivo. Establece el párrafo segundo del artículo 16 constitucional que todo tratado celebrado por el Estado de Honduras, una vez que entra en vigor, forma parte del derecho interno. En este sentido los artículos 2, 3 y 11 del Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación del año 1948 (Convenio 87) facultad a los trabajadores a: 1) A organizar sindicatos y afiliarse a ellos (artículo 2) 2) Prohíbe a las autoridades públicas toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal como lo son aquellas acciones que ratifican o no invalidan actos que tienen por objeto desmembrar a la organización sindical a través de despidos o cancelaciones. (artículo 3.2) 3) Todo Estado que suscriba este convenio está obligado a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores el libre ejercicio del derecho de sindicación (artículo 11) el que se relaciona con el artículo 516 y 517 del Código del Trabajo, es decir, no puede el patrono o autoridad nominadora separar o cancelar directamente un empleado sino que debe obtener la autorización correspondiente A lo anterior debe aunarse los artículos 1 y 5 del Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva del año 1949 (Convenio 98) lo que para efectos de esta casación singularizo así: 1) Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. (Artículo 1.1.). 2) Debe otorgarse una protección especial contra todo acto que tenga por objeto despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical. (Artículo 1.2.b). 3) La legislación nacional debe determinar el alcance de las garantías previstas en el convenio (artículo 5.1). Todas estas normas internacionales, o mejor dicho, de derecho interno por estar en vigor, ha sido infringidas directamente por la sentencia recurrida, por falta de aplicación de las mismas ya que consta en autos la constitución de un sindicato en el Tribunal Supremo Electoral del que formaba parte el señor César Augusto Paz Muñoz y al cual el Estado de Honduras a través de la Dirección General del Trabajo había ordenado y reconocido la garantías de protección que establecen las normas antes señaladas y que deben relacionarse con los artículo 516 y 517 del Código del Trabajo. Si tales normas se hubieran aplicado por parte del Ad quem con seguridad declara nulo el acto por el cual fue cancelado el señor Paz Muñoz y declararía procedente la acción promovida para su reintegro y demás indemnizaciones laborales. PRONUNCIAMIENTO QUE SE SOLICITA. Se solicita que se case totalmente la sentencia recurrida y en su lugar se dicte otra en la que se declare: 1) La nulidad del acto contenido en la resolución tomada por el Tribunal Supremo Electoral el 12 de julio de 2007 mediante el punto III numeral II del acta No. 144-2007-2008-A mediante la cual se cancela al señor César Augusto Paz Muñoz a partir del 27 de julio de 2007 2) Se reconozca una situación jurídico individualizada y para su pleno restablecimiento se adopte como medida el reintegro a su cargo u otro de igual categoría en igualdad o mejores condiciones. 3) Se ordene el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de cancelación hasta la fecha en que efectivamente sea reintegrado el señor Paz Muñoz así como los aumentos salariales y demás derechos reconocidos durante la sustanciación del juicio. 4) Se cancele a la persona que lo sustituya reconociéndole lo que hubiera lugar en derecho.”.- VI. En la forma en que el Recurrente plantea su escrito, no es posible advertir a este Tribunal una causal de casación de las que señala el artículo 719 del Código Procesal Civil, más bien tienen la característica de ser alegatos propios de instancia y por todo ello resultan inestimables.- VII. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo 2° de nuestra Constitución Política. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VIII. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la Recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión de los recursos de casación que nos ocupan y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 720 numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN formalizado por el abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, apoderado del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL en sus dos motivos. 2) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN formalizado por el abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, apoderado del señor CESAR AUGUSTO PAZ MUÑOZ, en sus motivos. 3) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA RECURRIDA dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de junio del dos mil catorce; certificación del auto de fecha veintiuno de mayo del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 804-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL