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Sentencia CA-778-13 — Registro 3988

Resumen

(Sin resumen en la fuente)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que los anteriores motivos no constituyen una proposición jurídica completa y por lo tanto resultan inadmisibles en razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante al invocar ambos numerales del artículo 719 del Código Procesal Civil, los cuales se refieren a causales diferentes de casación que debieron alegarse de forma clara y separada por la independencia de los cargos; b)no se precisa ni justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; c) en el segundo motivo se insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) en los motivos primero y tercero formula alegatos de instancia.- “ En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el casacionista debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- “ Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721.2 del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- V. En vista de lo anteriormente señalado se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión conforme al Artículo 724 numeral 1) del Código antes mencionado y tener por firme la sentencia recurrida y ordenar la remisión de las actuaciones a la Corte Sentenciadora.-“

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de diciembre de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: la Sociedad CONSULTORÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS INSTITUCIONES Y MUNICIPIO DE HONDURAS, S. DE R.L., representada en juicio por el abogado MARVIN OSWALDO FERRERA ALVARENGA; y, Recurrida: la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MOROCELI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, representada en juicio por la abogada KAREN YOLANY ZELAYA LAGOS.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se decrete la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada consistente en obligar a la Corporación Municipal de Moroceli, Departamento de El Paraíso, a cumplir sus obligaciones contractuales, así como el pago de indemnización de daños y perjuicios e intereses comerciales, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la abogada GISSELLE SARAHY FLORES MONCADA, en su condición de representante procesal de la sociedad CONSULTORÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS INSTITUCIONES Y MUNICIPIO DE HONDURAS, S. DE R.L., contra la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MOROCELI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante manifestó en el escrito de su acción, que en fechas treinta y uno de junio del año dos mil dos y tres de mayo del dos mil cuatro, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, la sociedad Consultoría de Servicios Profesionales para las Instituciones y Municipio de Honduras, S. DE R.L., y la Corporación Municipal de Moroceli, Departamento de El Paraíso, celebraron Contratos de Servicios Profesionales para efectuar auditorias y requerimientos de cobros por diversos impuestos municipales a personas naturales y jurídicas que deben al municipio; cumpliendo el contrato antes señalado la demandante efectuó requerimientos de pago conforme lo establece la Ley de Municipalidades y su Reglamento a la sociedad mercantil denominada AGROPECUARIA LOS LIMONES, S. DE R. L., por la cantidad de L.2,739,780.61, en concepto de pago de bienes inmuebles, cumpliendo la demandante hasta donde le compete conforme a lo establecido y al no querer pagar dicha sociedad informó a la Corporación Municipal a través de su Alcalde Municipal, para que efectuara la correspondiente demanda ejecutiva de pago ante los Juzgados de la ciudad de Yuscarán, Departamento de El Paraíso; que por la razón antes expuesta la Corporación a través de su Alcalde Municipal extendieron la respectiva certificación de falta de pago para entablar la respectiva demanda ejecutiva de pago, embargando la cantidad antes mencionada en la Tesorería General de la República por orden del Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, en virtud que el Estado de Honduras había negociado las tierras por cuales no pagaban impuestos, en la cantidad de L.21,000.000, por eso el embargo en la Tesorería General de la República en razón de la demanda ejecutiva, pero que el Alcalde de Moroceli negoció con la representante de la sociedad mercantil Agropecuaria Los Limones la cantidad de L.2,739,780.61, que es el impuesto que debía ingresar a las arcas del municipio, en la cantidad de L.152,830.00, considerado esto, como un fraude al peculio del Municipio y a la sociedad demandante, por lo que se interpuso el reclamo administrativo ante la Corporación Municipal de Moroceli, El Paraíso, para que le cumplieran el pago establecido en esta demanda en virtud de considerar dicho arreglo un fraude para sus intereses, a dicho reclamo nunca hubo respuesta por parte de la comuna, y en virtud que dicho silencio es negativo también a sus intereses, se recurrió en apelación a la Gobernación Departamental de El Paraíso, quién según su análisis y consultas jurídicas, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la demandante la que no dejó alternativa para llegar a esta instancia judicial.- 2. La parte demandada, la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MOROCELI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, contestó dicha demanda señalando que es cierto que en aquel momento se suscribió en fecha treinta y uno de junio del año dos mil dos, un contrato con la sociedad mercantil denominada Consultoría de Servicios Profesionales para las Instituciones y Municipio de Honduras, S. de R.L., para la prestación, entre otras, del servicio de cobros de diferentes impuestos a los contribuyentes del Municipio de Moroceli; que dicho contrato para una mayor ilustración llegó a término al concluir las actividades objeto del mismo, a la cual la sociedad demandante no se manifestaron de manera contraria al momento de la suscripción del mismo (ver cláusulas segunda y tercera del contrato descrito por el demandante), por otra parte es importante señalar que dicho contrato ya fue cancelado por la demandada en su totalidad con la sociedad demandante, por lo que al tenor de lo establecido en el artículo 1421 del Código Civil al haber efectuado el pago y cumplimiento, la demandada extinguió cualquier tipo de obligación, pasado, presente y futura para con el actor de la presente demanda, tal y como se acredita con la copia fotostática debidamente autenticada del cheque No.43361401, extendido a favor del Gerente General de la sociedad demandante y del recibo de pago extendido por la demandada en fecha 1 de febrero de 2011; la sociedad demandante maliciosamente pretende sorprender la opinión del juzgador al manifestar temerariamente que la demandada ha incurrido en la comisión de un supuesto delito ya tipificado por el actor de la demandante como fraude, si lo que verdaderamente ocurrió fue que en aquel momento la demandada envió una solicitud a la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia para hacer el cálculo de impuestos al contribuyente denominada Sociedad Mercantil Agropecuaria Los Limones S. de R.L., por lo que la misma emitió un dictamen que se le cobrarían únicamente la cantidad de L.152,830.91, en virtud que los bienes inmuebles de esta sociedad habían sido enajenados a favor del Instituto Nacional Agrario (INA), por lo que fue el mismo Estado de Honduras quien negoció y autorizó este pago y no como lo pretende introducir la demandante.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de mayo de dos mil trece, dictó sentencia declarando improcedente la acción promovida por la abogada Gisselle Sarahi Flores Moncada, quien sustituyó poder en el abogado Marvin Oswaldo Ferrera Alvarenga, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Consultoría de Servicios Profesionales para las Instituciones y Municipio de Honduras, S. de R.L. (COSPIMH), contra la Municipalidad de Moroceli, Departamento de El Paraíso, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la resolución de fecha cuatro de mayo del año dos mil doce, emitida por la Gobernación Departamental de El Paraíso, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación, sin costas; bajo el criterio que con la prueba aportada en audiencia preliminar, se ha podido establecer que la resolución administrativa impugnada a criterio de este juzgador se emitió conforme a la ley ya que si bien está acreditado en autos con el medio de prueba documental el Contrato de Servicios Profesionales firmado por las partes, estipulando la obligación de pagar a la empresa mercantil COSPIMH, por realizar conjuntamente con la Municipalidad, los procedimientos administrativos y legales para cobrar los diferentes impuestos adeudados a dicho Municipio y constando en autos lo resuelto por la Corporación Municipal en junta directiva mediante acta suscrita, el convenio llegado con la Agropecuaria Los Limones por la cantidad de L.152,830.00, en virtud del análisis realizado por la Secretaría denominada en aquel tiempo como Gobernación y Justicia (f.226-230) de los cuales le fue cancelada al ahora demandante el 40% convenido según contrato, extinguiendo cualquier tipo de obligación, por lo que el demandante hubiese impugnado dicha acta si consideraba que el contenido de la misma le vulneraba algún derecho; con lo expuesto anteriormente y de la revisión de los documentos contenidos en el expediente administrativo establecido como medio de prueba documental, se puede establecer que la resolución emitida por Gobernación Departamental fue emitida conforme a derecho en virtud de no dar cumplimiento al articulo 25 numeral 11 y 14 de la Ley de Municipalidades y 214, 215 del reglamento de dicha ley, por lo tanto se declara improcedente la demanda así como los daños y perjuicios ya que no se acreditaron en juicio elementos suficientes que coadyuven a determinarlos, de igual manera se establece que no hay incumplimiento de contrato; que en cuanto a las causas de inadmisibilidad planteadas por la parte demandada, esta suscrita considera que ya le precluyó el plazo para interponerlas ya que el momento procesal oportuno es en las denominadas defensas previas establecidas en el artículo 63 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiséis de septiembre de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la resolución administrativa impugnada se dictó de conformidad a la ley, que está acreditado en autos con el medio de prueba documental el contrato de servicios profesionales firmado por las partes, estipulando de pagar a la Empresa Consultaría de Servicios Profesionales para las Instituciones y Municipios de Honduras (COSPIMH), para realizar conjuntamente con la municipalidad los procedimientos administrativos y legales para cobrar los diferentes impuestos adeudados al Municipio y de autos se desprende lo resuelto por la Corporación Municipal en junta directiva mediante Acta suscrita, el convenio que se hizo en cuanto a la Agropecuaria “Los Limones” por la cantidad de L.152,830.00, y en vista de análisis hecho por la Secretaría de Gobernación y Justicia (226-230), se le concedió a la ahora demandante el 40% convenido según el contrato, con lo cual se extingue cualquier tipo de obligación y el demandante aceptó el acto, y en ningún momento los rechazó manifestando que el contenido de la misma le vulneraba algún derecho por lo que la demanda interpuesta es improcedente, así como los daños y perjuicios ya que no fueron acreditados en juicio, así como también se estableció que no hay incumplimiento de contrato, por las causas establecidas en los considerandos que anteceden y en cuanto a las causas de inadmisibilidad planteadas por la parte demandada, que precluyó el plazo para interponerlas; que la acción interpuesta resulta improcedente, por ajustarse a derecho el acto impugnado.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado MARVIN OSWALDO FERRERA ALVARENGA, en fecha cuatro de noviembre de dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintiséis de septiembre de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.303-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 241-12 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, la abogada KAREN YOLANY ZELAYA LAGOS, presentó en fecha dos de diciembre de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dos de diciembre de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante ese alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha cuatro de diciembre de dos mil trece, los abogados MARVIN OSWALDO FERRERA ALVARENGA y KAREN YOLANY ZELAYA LAGOS, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó providencia en fecha diecinueve de febrero de dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados MARVIN OSWALDO FERRERA ALVARENGA, como recurrente, y KAREN YOLANY ZELAYA LAGOS, como recurrida, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el abogado MARVIN OSWALDO FERRERA ALVARENGA, fundamenta sus cuatro motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO: Ser la sentencia violatoria de la ley sustantiva por falta de APLICACIÓN de los Artículos 22 y 28 de la Ley de Contratación del Estado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el Artículo 719 numerales 1, literal a y c y 2, del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN: La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo está negando a mi representada el derecho, al no aplicar la ley que obliga a las Municipalidades a cumplir los Contratos al tenor de los mismos, por consiguiente está negando el derecho al contratado que de buena fe firmó con la Municipalidad de Moroceli, departamento del Paraiso. Mi representada (el contratado) hizo la ejecución real de la obra a él encomendada de la prestación de servicios profesionales, y finalmente la Municipalidad de Moroceli, se coludió con el contribuyente del Fisco para evitar que pague a dicha municipalidad, todo esto en perjuicio de mi representada y del pueblo mismo de Moroceli. SEGUNDO MOTIVO: Ser la sentencia violatoria de la ley adjetiva, por la apreciación incorrecta, debido a un error de hecho en la apreciación de la prueba que singularizo a continuación.- El contrato de prestación de servicios profesionales dice que el contratista exigirá el pago a la municipalidad si esta no ejecuta o se niega cobrar a los contribuyentes los impuestos, por la vía judicial. NORMAS ADJETIVAS VIOLADAS: La contenida en el Artículos 245 numerales 1 y 2, del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta comprendido en el Artículo 719 numeral 1, literal b del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA VIOLACION: Con la existencia del Contrato de Servicios Profesionales se constató la relación contractual entre mi representada y la Corporación Municipal de Moroceli y con los demás documentos se acreditó la ejecución del contrato de Servicios profesionales por parte de mi representada al efectuar los cobros correspondientes a los contribuyentes del fisco. Y al no observar este documento y los demás propuestos y evacuados como prueba, está perjudicando a mi representada y al Municipio de Moroceli. Y la no observancia del A-Quo y el Ad-Quem, de las normas constitucionales que nos garantizan el cumplimiento de las leyes y la igualdad entre las partes y la valoración por igual de las pruebas propuestas ante los Juzgados y Tribunales, y con la existencia de la prueba en mención se tiene la certeza que la municipalidad se coludió con el contribuyente para que evada el fisco en contra del pueblo que los eligió. TERCER MOTIVO: Ser la sentencia violatoria de la Constitución de la Republica, por falta de APLICACIÓN de los Artículos 205 numeral 35, 206 y 375 de la Constitución de la Republica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el Artículo 719 numerales 1. Literales a y b, y 2, del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA VIOLACION: La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo está negando a mi representada el derecho, al no aplicar y observar la ley primaria que es la Constitución de la República, que obliga a todas las personas naturales y jurídicas a cumplirlas y respetarlas por encima de cualquier ley secundaria del país.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo está confirmando una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que desconoció que la facultad de establecer impuestos y contribuciones como las cargas públicas, es facultad exclusiva del Poder Legislativo, es más esta es una facultad indelegable según el Artículo 206 de la Constitución de la República.- Y la Corte de Apelaciones más bien en el CONSIDERANDO NUEVE reconoce que la acción efectuada por la Municipalidad de Moroceli, del Paraíso, de haber condonado impuestos a la Agropecuaria los Limones, fue hecha conforme a la Ley.- Y estando plenamente seguro que el acto Administrativo es nulo o anulable por dicha circunstancia la demanda debe ser por obligación judicial declarada procedente, en virtud que la acción antijurídica del acto administrativo de la Municipalidad, es ilegal. CUARTO MOTIVO: Ser la sentencia violatoria de la ley adjetiva, por falta de APLICACIÓN de los Artículos 3, 7 numeral 1 y 2 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el Artículo 719 numerales 1. Literales a y b, y 2, del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA VIOLACION: La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo están negando a mi representada el derecho al debido proceso, al no aplicar la ley de citar a las partes para oír sentencia, cuando es un deber inexcusable e imperativo del Juez citar a las partes para oír sentencia y su no aplicación acarrea nulidad”.- II. Que los anteriores motivos no constituyen una proposición jurídica completa y por lo tanto resultan inadmisibles en razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante al invocar ambos numerales del artículo 719 del Código Procesal Civil, los cuales se refieren a causales diferentes de casación que debieron alegarse de forma clara y separada por la independencia de los cargos; b) no se precisa ni justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; c) en el segundo motivo se insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) en los motivos primero y tercero formula alegatos de instancia.- III. En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el casacionista debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- IV. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721.2 del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- V. En vista de lo anteriormente señalado se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión conforme al Artículo 724 numeral 1) del Código antes mencionado y tener por firme la sentencia recurrida y ordenar la remisión de las actuaciones a la Corte Sentenciadora.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus cuatro motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de catorce; certificación del auto de fecha dos de diciembre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 778-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL