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Sentencia CA-762-13 — Registro 4051

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante, anulando el acto administrativo impugnado y reconociendo la situación jurídica individualizada en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que no se probó la causa imputada al demandante para el despido, siendo una falta menos grave la supuesta infracción cometida

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo antes expuesto resulta inadmisible por la razones siguientes; a) carece de claridad y precisión en el concepto de infracción a la ley, ya que en su formulación no establece si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea y en la explicación del motivo señala los mismos en forma confusa; b) insta en el desarrollo del motivo la valoración del material probatorio, lo cual es vedado en este recurso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) se realizan inapropiados alegatos de instancia.- III.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- " En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.-"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo antes expuesto resulta inadmisible por la razones siguientes; a) carece de claridad y precisión en el concepto de infracción a la ley, ya que en su formulación no establece si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea y en la explicación del motivo señala los mismos en forma confusa; b) insta en el desarrollo del motivo la valoración del material probatorio, lo cual es vedado en este recurso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) se realizan inapropiados alegatos de instancia.- III.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.-"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la abogada ISIS MARISOL ARGEÑAL CARTAGENA; y, Recurrido: señor MAINOR JOEL VEGA LEON, representada en juicio por la abogada AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios caídos dejados de percibir, aumentos generales que se hayan otorgados mas costas del juicio, promovida por el señor MAINOR JOEL VEGA LEON, mayor de edad, soltero, Técnico Universitario en Desarrollo e Intervención Social con domicilio en Copán Ruinas, Copán, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de octubre del dos mil diez, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (D.E.I), por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción que ingresó a laborar el cinco de marzo del dos mil siete, mediante concurso y capacitación para optar el cargo de Oficial de Aforo y Despacho, el día veintinueve de septiembre del dos mil diez, el Director de la DEI acordó despedirle de su puesto de trabajo en la aduana de Puerto Cortès, sin responsabilidad para la institución, reconociéndole solo sus derechos adquiridos ya que la falta consistió en el incumplimiento de su trabajo en base a los procedimientos emanados en circulares y memorandos, siendo falso por no tener llamado de atención durante tres años de laboral en el mismo cargo y desempeñando las mismas funciones, sin seguir el procedimiento establecido en la ley.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas, contestó dicha demanda señalando que el demandante no siguió los procedimientos establecidos en la materia aduanera al tramitar el DUAS en la aduana de Puerto Cortès, Departamento de Cortés, probándose con un informe en la Unidad Antifraude Tributario y Aduanero numero UATA-095-2010, basado en la gestión realizada por la Comisión Supervisora en fecha dos de junio del dos mil diez, siguiendo el tramite de ley para realizar su cancelación establecida en la ley de Servicio Civil ya que aun no existía el Estatuto Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera.- 3. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de mayo del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando: procedente la acción incoada, anulando el acto administrativo impugnado y reconociendo la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve el reintegro del demandante a su puesto de trabajo, condenando al Estado de Honduras al pago de los salarios dejados de percibir, beneficios otorgados en su ausencia y otros derechos, se decreta la nulidad del acuerdo de nombramiento si existiera sustituto y sin costas, bajo el criterio que la autoridad nominadora tuvo la veracidad de los hechos a través del informe de la unidad antifraude aduanero y tributario en fecha ocho de julio del dos mil diez y el acuerdo de despido fue hasta el veintinueve de septiembre mas de dos meses que las autoridades tuvieren conocimiento de las respectivas infracciones, incumpliendo a lo establecido en el articulo 199 del reglamento de la ley de servicio civil, dando lugar a la prescripción para sancionar.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo a nivel nacional, en fecha veintiséis de septiembre del dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto y sin costas; bajo el criterio que no se probó la causa imputada al demandante para el despido, siendo una falta menos grave la supuesta infracción cometida, teniendo como sanción la suspensión sin goce de sueldo y la autoridad nominadora no siguió el procedimiento establecido en la ley para la cancelación, viciando de nulidad el acto.- 5. La representación procesal de la parte demandada, Abogada ISIS MARISOL ARGEÑAL CARTAGENA, presentó en fecha siete de noviembre del dos mil trece, escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia dictada en fecha veintiséis de septiembre del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, en el expediente No.322-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 616-2010 del Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha cinco de diciembre del dos mil doce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. Mediante providencia de fecha veintitrés de octubre del dos mil trece, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7. La representación procesal de la recurrida, abogada AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL, presentó, en fecha veintiocho de noviembre del dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintinueve de noviembre del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el termino que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, notificándoles por medio de comunicación telefónica de dicha resolución en fecha tres de diciembre del dos mil trece a las abogadas ISIS MARISOL ARGEÑAL CARTAGENA y AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, las abogadas ISIS MARISOL ARGEÑAL CARTAGENA y AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL presentaron escrito en fecha cuatro y seis de diciembre del dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta un primer y único motivo, manifestando lo siguiente: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del Artículo 719 CAUSALES DEL RECURSO, del Código Procesal Civil, que a la letra dice “2.

Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de FONDO del litigio.” EXPLICACIÓN DE LA VIOLACION: La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo mediante Fallo definitivo y unánime de votos dictado en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil trece (2013), en su acápite Primero declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el demandado (Estado de Honduras), y posteriormente el Juez AdQuem HACE SUYA la Sentencia Definitiva que emitiera en Primera Instancia el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán el día veinticuatro de mayo del dos mil trece, ya que el Ad-Quem literalmente confirma dicha sentencia definitiva de Primera Instancia, lo cual es objeto de nuestro Recurso de Casación, en virtud Honorables Magistrados que el Fallo recurrido de la Corte de Apelaciones de Lo Contencioso Administrativo contiene mal aplicación de la ley, es decir hay error en la aplicación de la norma de derecho, existe violación a los artículos 47 numeral 3, de la Ley de Servicio Civil establece: Los servidores públicos podrán ser despedidos de sus cargos por cualesquiera de las siguientes causas: 1..., 2.., 3. Por inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo, relacionado con el artículo 48 de la misma Ley- Es así que la Administración demandada después de haber realizado las investigaciones pertinentes y posterior Audiencia de Descargo al demandante se comprobó la falta del demandante Mainor Joel Vega Leon, siendo nuestra defensa todas las diligencias practicadas en el juicio, por lo que en estricto cumplimiento a lo ordenado en la Norma Legal antes señalada es que se procedió a Cancelar por Despido al ciudadano Mainor Joel Vega Leon, mediante la emisión del Acuerdo de despido N 238-2010 de fecha 29 de septiembre del 2010 utilizando como fundamentación jurídico la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, pero el Tribunal Ad-Quem interpreta de forma errónea y aplica de forma indebida la Ley al hacer suyo el fallo dictado en Primera instancia por el Juez Ad-Quo, al subsumir de forma ilegal dicha falta como un “Negligencia En El Cumplimiento De Sus Funciones” y no como INHABILIDAD E INEFICIENCIA MANIFIESTA EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO DEBIDAMENTE COMPROBADA POR Ml REPRESENTADO, incurriendo en abierta violación a la Ley, ya que el demandante acepto haber infringido la Ley y procedimientos aduaneros de Aforo y despacho en Audiencia de Descargo, por lo que queda evidenciado que mi Representado actúo en estricto apego a la Ley, observando el Ordenamiento Jurídico aplicable al presente caso, tal como lo estipula el artículo 47 numeral 3 y 48 de la Ley de Servicio Civil. En consecuencia procede se case la sentencia en el presente motivo ante la evidente violación a la Ley prescrita, e interpretación errónea de la misma, al subsumir incorrectamente e ilegalmente el Tribunal Ad-Quem la falta cometida por Mainor Joel Vega Leon, como: “NEGLIGENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES”, según el Ad-Quem como simple sanción que no merecía despido, siendo lo correcto: INHABILIDAD E INEFICIENCIA MANIFIESTA EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO DEBIDAMENTE Y LEGALMENTE COMPROBADA POR Ml REPRESENTADO, que es la real causal de su despido según Ley, en la cual se basa la autoridad Nominadora para realizar dicho despido.- Lo anterior en virtud de que el Ad-Quem con su sentencia hace suya la sentencia de Primera Instancia, pues confirma unánime la misma. Por lo antes expuesto se colige que el Juzgador violentó el ordenamiento jurídico al emitir su Fallo, aplicando e interpretando erróneamente normas de Derecho de fondo, fundamentando el mismo en contra del Estado de Honduras, lo cual es motivo de este Recurso, no ajustándose a Derecho para la solución objetiva, legal y justa al fondo del presente Juicio. Al confirmar el Juez Ad-Quem la sentencia del A-quo prácticamente hace suya dicha sentencia, e interviene en preceptos jurídicos fuera a los límites de lo pedido por las partes, siendo dichos preceptos adicionales y fuera de las pretensiones del demandante, por ende infringiendo lo contenido en el artículo 35 de la ley de La Jurisdicción de lo contencioso-administrativo que para ilustración literalmente dice: “la Jurisdicción de lo contencioso-administrativo juzgara dentro de los limites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición”.- II.- Que el cargo antes expuesto resulta inadmisible por la razones siguientes; a) carece de claridad y precisión en el concepto de infracción a la ley, ya que en su formulación no establece si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea y en la explicación del motivo señala los mismos en forma confusa; b) insta en el desarrollo del motivo la valoración del material probatorio, lo cual es vedado en este recurso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) se realizan inapropiados alegatos de instancia.- III.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar.- 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de enero del dos mil quince; certificación del auto de fecha quince de diciembre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 762-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL