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Sentencia CA-759-13 — Registro 4050

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que el acto administrativo impugnado, que la Registradora no tiene facultades para darle curso a una oposición de inscripción de actos y contratos ni emitir una constancia del inmueble donde señala que el inmueble se encuentra agotada el área para poder realizar ventas e inscripciones, por lo que el acto administrativo impugnado, no esta dictado de conformidad a derecho, en vista de no haber seguido el procedimiento totalmente establecido por la Ley de Propiedad para emitir esta clase de actos y, al no hacerlo, violó el procedimiento legal establecido,

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que lo expuesto en lo denominado único motivo de casación no constituye una proposición jurídica completa ya que la Censora omite estructurar correctamente el mismo, incurriendo en defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) es omisa en establecer con claridad y precisión el concepto de la infracción, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas procesales; b)olvida consignar el precepto autorizante; c) relaciona el material probatorio cuando es limitado y excepcional hacerlo por esta vía; y, d) realiza en este recursos excepcional inapropiados alegatos de instancia” Recuerda la Corte el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juez, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello, se ha establecido, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.- IV. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado esta Sala, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.- “ Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- “ En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1), que contra esteAuto no cabe recurso alguno.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de octubre de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la abogada LEILA CAROLINA MEDINA HERNANDEZ; y, Recurrido: los señores ANA MARIA, JUANA ISABEL, JOSE ANTONIO, MARTA LUZ, todos de apellido PAZ ORTEGA, representados en juicio por el abogado IVIS ADALID ESCOBAR MARTINEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento que se declare con lugar la nulidad y se condene al pago de daños y perjuicios, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el abogado ARNOLD CONTRERAS GALDAMEZ, en su condición de representante procesal de los señores ANA MARIA, JUANA ISABEL, JOSE ANTONIO, MARTA LUZ, todos de apellido PAZ ORTEGA, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que la presente demanda proviene por la emisión de un acto administrativo emitido por la Registradora de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Santa Bárbara, en el cual dispuso dar por agotado el derecho que tienen sobre un inmueble de su propiedad, registrado bajo No. 47 del Tomo 435, del Libro Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas, inscrito a favor de los demandantes, quienes son dueños de una acción constante de 2,365 MZ con 599.17 Vr2, dentro del título “LA MAGDALENA Y SANTA CRUZ DE LA ENEA”, en donde el Instituto de la Propiedad ha dispuesto en forma oficiosa y arbitraria que, habiéndose constatado: “que dichos señores han vendido 2,75897 MZ. con 45,590.65 Vr2, queda dicho asiento agotado para seguir realizando ventas”. Y es que aparentemente tal acto administrativo (constancia) fue emitido a raíz de que el abogado Wilfredo Ochoa Alcerro, en representación del señor RUFINO PAZ RARRERA, presentó un escrito señalando una oposición “PARA LA INSCRIPCIÓN DE ACTOS Y CONTRATOS POR ESTAR EXTRALIMITADA LA PORCIÓN QUE CORRESPONDE A COHEREDEROS.”, sin acompañar sentencia, auto o providencia judicial que le apoyara u ordenara tal situación, si no únicamente su propio dicho y además manifiesta que en su oportunidad solicitaría la prohibición de celebración de actos y contratos de manera judicial. Que los actos administrativos cuya nulidad ahora se demandan, desprecian el contenido del artículo 321 de la Constitución de la República, que consagra el principio de legalidad, pues ejecuta un acto nulo que esta fuera de la Ley e incurre en responsabilidad, porque usurpa las funciones del Poder Judicial, ya que la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de la República, tal es el contenido del artículo 303 de la Constitución de la República y 11 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.- 2. La parte demandada, el Instituto de la Propiedad, contestó dicha demanda señalando que rechaza lo manifestado por el demandante en cuanto a que el Instituto de la Propiedad a través del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Santa Bárbara del Departamento de Santa Bárbara, haya dispuesto en forma oficiosa y arbitraria declarar agotado el referido asiento para seguir realizando ventas, pues el mismo demandante reconoce en este hecho que la extensión del inmueble propiedad de sus representados es de 2,365 MZ con 599.17 Vr2 y que los mismos han realizado una venta de 2,758.97 MZ con 45,590.65 Vr2, o sea extralimitándose en sus derechos. De lo anterior se desprende la total procedencia del Acto Administrativo que se pretende impugnar pues la Ley de Propiedad en su artículo No. 1 establece: “La presente Ley tiene como propósito fortalecer y otorgar seguridad jurídica a los titulares de la propiedad, desarrollar y ejecutar una política nacional que permita la inversión nacional y extranjera y el acceso a la propiedad por parte de todos los sectores de la sociedad. Sus disposiciones son de orden público”, además en su artículo No. 3 establece lo siguiente: Son objetivos de la presente Ley: 1) 2)... 3) Asegurar el reconocimiento y protección de los derechos de propiedad privada, municipal y nacional, promover su regularización y facilitar la realización de todo tipo de actos y negocios jurídicos. 4) Promover la solución legal y expedita de los conflictos relativos a la propiedad sobre la misma. 5) Propiciar el acceso de las persona a la propiedad 45,590.65 Vr2 extralimitándose en sus derechos. Que en ningún momento el Instituto de la Propiedad ha usurpando funciones del Poder Judicial como lo manifiesta el demandante pues lo actuado por este ha sido de conformidad a las atribuciones y facultades que le otorga la ley, entre las cuales está la de ejercer actos totalmente de oficio en función de salvaguardar la Seguridad Jurídica Registral.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de febrero de dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado identificado como la Resolución número 047-SR-11, emitida por la Superintendencia de Recursos del Instituto de la Propiedad, en fecha seis de mayo del año dos mil once, en consecuencia se anuló totalmente, reconociendo a favor del demandante, la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se tomaron las medidas de cancelar de forma total la inscripción de la “CONSTANCIA” de agotamiento del asiento Registral, emitido por la Registradora del Instituto de la Propiedad de Santa Bárbara, el cual se encuentra inscrito bajo el número 78 del tomo 1031 del Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad de Santa Bárbara, la que se encuentra anotada al margen del asiento registral número 47 del tomo 435 Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad de Santa Bárbara; en cuanto a los daños y perjuicios reclamados por la parte demandante los mismos no se reconocieron por no haber sido acreditados en autos; eximiendo del pago de costas a la parte demandada; bajo el criterio que el acto administrativo realizado por la Registradora Titular del Instituto de la Propiedad de Santa Bárbara, al emitir la referida Constancia de agotamiento de un inmueble y su posterior inscripción, estos no derivan de un procedimiento de calificación registral de un titulo inscribible, en consecuencia no se subsume dentro de los supuestos del artículo 608 del Código Procesal Civil, ya que solo es objeto de este procedimiento (especialidad del proceso abreviado), “cuando se conozcan las demandas en las que se pretenda impugnar las resoluciones expresas y presuntas en materia del recurso administrativo previo contra la calificación de los registradores”; situación esta ultima que daría la competencia objetiva a los Juzgados de lo Civil; por lo tanto, analizando todas las situaciones que derivan de la propia naturaleza del acto impugnado, el conocimiento de este caso es competencia del contencioso administrativo, todo en aplicación al artículo 16 en relación con el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Es preciso dejar establecido que la declaratoria de nulidad del acto administrativo impugnado, se hace en efecto de los vicios que adolece el procedimiento del acto administrativo denominado “Constancia”, y es totalmente independiente el procedimiento y cualquier otro resultado de la calificación registral singularmente considerada en relación a los documentos determinados (Instrumentos Públicos), puesto que dicho extremo no es competencia resolverlo por ese Tribunal, por lo que una vez firme la presente sentencia y anulado el asiento registral donde se encuentra inscrita la constancia de agotamiento del asiento registral, este deberá seguir el procedimiento que señala la Ley de Propiedad. Todo ello porque implicaría determinar la verdadera o no falta.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintidós de agosto de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que el acto administrativo impugnado número 047-SR-11 emitido por la Superintendencia de Recurso del Instituto de la Propiedad el día seis de mayo de dos mil once, en el cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha uno de marzo de dos mil once, dictada por el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Santa Bárbara, que la Registradora no tiene facultades para darle curso a una oposición de inscripción de actos y contratos ni emitir una constancia del inmueble donde señala que el inmueble se encuentra agotada el área para poder realizar ventas e inscripciones, por lo que el acto administrativo impugnado, no esta dictado de conformidad a derecho, en vista de no haber seguido el procedimiento totalmente establecido por la Ley de Propiedad para emitir esta clase de actos y, al no hacerlo, violó el procedimiento legal establecido, resultando la acción interpuesta por el demandante procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado y por lo consiguiente nulo el acto.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogada LEILA CAROLINA MEDINA HERNANDEZ, en fecha treinta de octubre del año dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintidós de agosto de dos mil trece, en el expediente de apelación No.223-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.308-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, el abogado IVIS ADALID ESCOBAR MARTINEZ, presentó en fecha veinte de noviembre de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintidós de noviembre del dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución ambas partes.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó providencia de fecha trece de febrero de dos mil catorce, teniendo por personada a la abogada LEILA CAROLINA MEDINA HERNANDEZ, en concepto de parte recurrente, declarando precluído el plazo concedido y dejado de utilizar por el recurrido, abogado IVIS ADALID ESCOBAR MARTINEZ, en consecuencia ordeno proseguir con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida por interpretación errónea del apartado segundo de la parte resolutiva de la sentencia en cuanto al numeral uno (1) que literalmente dice cancelar de forma total la inscripción de la “ constancia “de agotamiento e asiento registral emitido por la registradora de Santa Barbará. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: articulo 26 de la Ley de de propiedad articulo 21 de la ley de propiedad, Código Civil 719 numeral 1 por interpretación errónea. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna parcialmente la sentencia recurrida excepto en cuanto dispone “se exime de costas a la parte vencida en juicio” de igual manera en cuanto a los daños y perjuicios reclamados por la parte demandante los mismos no se reconocieron en por no haber sido acreditado en autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: El artículo 21 de la ley de propiedad señala” que la superintendencia de recursos es el órgano encargado de conocer de los recursos de apelación interpuestos contra los actos del secretario ejecutivo, Directores Generales y los Registradores “ en tal sentido señores Magistrados es preciso mencionar que se actuó conforme a derecho siguiendo el debido proceso ya que nuestra ley de propiedad nos faculta para tales actos en tal sentido siendo así que la superintendencia de recursos es el órgano colegiado para emitir ese tipo de resoluciones . Así como también es preciso mencionar que el articulo 26 de la Ley de propiedad nos dice literalmente” El Registro es publico y obligatorio para todos los actos o contratos que mande la ley y rogatorio en que conforme al interés de las partes se solicite su inscripción para asegurar y publicar sus derechos frente a terceros. Por lo cual señores Magistrados no somos autoridad competente para anular tales actos que en ningún, momento se ha violentado el debido proceso, siendo procedente que se case la sentencia recurrida.”.- II. Que el anterior motivo resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no demuestra la incidencia en el sentido de la resolución impugnada, careciendo de claridad y precisión en la explicación del cargo; b) el artículo 719 del Código Civil no ha sido fundamento del fallo que se impugna, por lo tanto no pudo haber sido interpretado erróneamente; y, c) la Impetrante en su formulación ha indicado interpretación errónea del apartado segundo de la parte resolutiva de la sentencia en cuanto al numeral uno (1), lo que no es propio en el presente recurso ya que su motivo debe basarse en la infracción de normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio y no en partes del fallo impugnado, todo lo cual propicia a que no prospere el cargo que nos ocupa.- III. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- V. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de noviembre del dos mil catorce; certificación del auto de fecha siete de octubre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 759-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL