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Sentencia CA-756-12 — Registro 3431

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por la demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que no basta con el simple hecho de dar un preaviso para dar por rescindido un contrato, sino que deben existir causas de incumplimiento del contrato que lleve a su rescisión

Análisis jurisprudencial

(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de abril de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designada la primera ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el abogado OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO; y, Recurrida: la señora LAURA ELISA SALGADO ARIAS, representada en juicio por el abogado SANTIAGO OBDULIO HERRERA MAYEN.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda que se contrae a pedir la nulidad de un acto administrativo emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y se adopten las medidas para el pleno restablecimiento del derecho subjetivo violado, pago de las indemnizaciones correspondientes por la rescisión unilateral y arbitraria de un contrato de servicios profesionales, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de febrero de dos mil diez, por la señora LAURA ELISA SALGADO ARIAS, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que en fecha cinco de enero de dos mil nueve, suscribió con la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial un contrato de Servicios Profesionales, desempeñando el cargo de Gerente Administrativa/Financiera del Programa Escuelas Saludables, con vigencia o duración del 5 de enero al 31 de diciembre del año 2009, por el monto total de L.408.000.00, pagadero en doce pagos mensuales de L.34,000.00 cada uno, con los beneficios adicionales de decimotercer y decimocuarto mes de salario, más un día de descanso por cada mes de salario; que mediante nota de fecha 12 de agosto de 2009, suscrita por el Subsecretario de Estado en el Despacho Presidencial, se le comunicó a la demandante que a partir del 2 de septiembre de 2009, se da por rescindido dicho contrato, con fundamento en la cláusula Séptima inciso 3) del contrato indicado, pero esa acción de rescisión se produce cuando el contrato no ha vencido y evidentemente no ha sido pagado en su totalidad, por consiguiente, la demandada no queda liberada de la obligación de pago consignada en el contrato, puesto que si bien la facultad de rescindir está establecida, pero su ejercicio conlleva la obligación de indemnización, dado que la rescisión unilateral del contrato se ejecuta sin el respectivo pago de la indemnización correspondiente, lo cual es violatorio del mismo contrato y de las disposiciones legales que protegen los derechos derivados de este tipo de relación.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, contestó dicha demanda señalando que del estudio del expediente contentivo que al efecto lleva la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, resultan innumerables las faltas en las que incurrió la demandante, es así que en el oficio No.1119-09-SDP-PES, se dejó constancia que se encontraron algunos documentos correspondientes a los años 2008 y 2009 sin la firma de la Gerente Administrativo y Financiero, señora Laura Elisa Salgado Arias, quien además se retiró de sus funciones antes del 2 de septiembre de 2009, fecha efectiva de la rescisión e inclusive de la entrega del cargo a la servidora sustituta sin haber efectuado el traspaso de funciones, firma de finiquitos y entrega de los bienes asignados a la demandante, lo cual deja entrever la desidia con que actuaba la demandante en el desempeño de sus labores, como así lo demuestra el informe de ejecución física de acciones integrales, legales y financieras, durante el primero y el segundo semestre del año 2009, en el cual se advierte que la demandante, no estaba dando un estricto y responsable cumplimiento en sus funciones y que por el contrario, existían un sinnúmero de incumplimientos de su parte, los que efectivamente motivaron la rescisión de su contrato, destacando que en el transcurso del reclamo administrativo tramitado en dicha Secretaría de Estado, nunca se hizo mención de esas situaciones para no perjudicarla en la nota en la cual se daba por rescindido su contrato, por lo que se hizo uso de la cláusula séptima inciso 3) del Contrato de Servicios Profesionales pactado; por lo que la separación del cargo se realizó apegada irrestrictamente a derecho y en cumplimiento a las cláusulas pactadas en el contrato; que la demandante alega que se le paguen indemnizaciones que definitivamente no le corresponden, pues sencillamente no están establecidas, ni contempladas, ni relacionadas en el contrato suscrito por ella misma, puesto que no era una relación de servicio sino que era una relación contractual derivada de un contrato de servicios profesionales, el cual no concede más derechos que los consignados en sus cláusulas.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de noviembre de dos mil once, dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por la señora LAURA ELISA SALGADO ARIAS, por no ajustarse a derecho la resolución No. 011-2009 de fecha 5 de noviembre del 2009, en consecuencia se anuló totalmente; reconociendo a favor de la demandante, la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se condenó a la Secretaría de Estado en el Despacho Desarrollo Social por constar según inspección judicial que todos los activos y pasivos de dicho programa que era manejado por la Secretaría de Estado de la Presidencia ahora conocida por la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que se condenó al pago comprendido entre los meses de septiembre y diciembre del año 2009 que son los meses no concluidos por la cantidad de L.34,000.00 cada mes haciendo un total de los cuatro meses por L.136,000.00, más el decimotercer mes y decimocuarto mes, pago de vacaciones proporcionales por ser derechos laborales constitucionales e irrenunciables en caso de no haber sido pagados a la ahora demandante, se reconoce también tal y como lo establece el contrato el pago de un día de descanso por los cuatro meses faltantes para el vencimiento del contrato lo cual de la operación aritmética se deduce así 34,000/30= 1,133.33 por casa mes multiplicado por 4 meses = L.4,533.33; condenando al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social a reconocer, ejecutar y pagar a la demandante los conceptos antes señalados, sin costas; bajo el criterio que en el presente caso hubo infracción al ordenamiento jurídico aplicable, ya que ha quedado demostrado que no existió motivo o la causa justa para rescindir el contrato de servicios profesionales de la demandante, y en el evento en que se hubiese presentado esta situación, la Secretaría tuvo que haber realizado las investigaciones del caso, levantar el procedimiento respectivo, acción que no se llevó a cabo por parte de la administración.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diez de mayo de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que no basta con el simple hecho de dar un preaviso para dar por rescindido un contrato, sino que deben existir causas de incumplimiento del contrato que lleve a su rescisión, ya que de ser únicamente de la primera forma, se violentan, restringen y se tergiversan derechos y garantías constitucionales de la demandante, lo que es jurídicamente incorrecto, por consecuencia la interpretación jurídica del a-quo en la sentencia apelada es correcta y en cuanto al no agotamiento de vía administrativa que alega el apelante esto es incorrecto, ya que nos encontramos ante los presupuestos de un incumplimiento de contrato por lo que la parte actora debe reclamar su cumplimiento en vía administrativa, previo a la vía judicial.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogado OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO, presentó en fecha veinticuatro de julio de dos mil doce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha diez de mayo de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 088-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 070-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha treinta de julio de dos mil doce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte demandante, abogado SANTIAGO OBDULIO HERRERA MAYEN, presentó en fecha veintinueve de agosto de dos mil doce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha treinta de agosto de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fechas cinco y diez de septiembre de dos mil doce, los abogados OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO y SANTIAGO OBDULIO HERRERA MAYEN, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados SANTIAGO OBDULIO HERRERA MAYEN y OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO, presentaron escritos en fechas siete y once de septiembre de dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta sus motivos manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO: La Casación se basa en el artículo 719 numeral 2; del Código Procesal Civil, consistente en la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. La Sentencia de Segunda Instancia y, que es motivo de impugnación se basó en que en general se alegan agravios y que no es procedente el pago de indemnización laboral del cual alega la Señora SALGADO ARIAS, ya que la clausula séptima numeral 3 del Contrato suscrito entre esta Secretaria de Estado y la ahora demandante, establece claramente que el mismo se podía rescindir por decisión unilateral sin responsabilidad para las partes, con solo haber dado aviso con anticipación de quince días, tal como sucedió en el presente caso cumpliéndose a cabalidad como ha sucedido en presente caso. SEGUNDO MOTIVO: En cuanto al segundo motivo y al tenor de lo que dispone el contrato suscrito entre el Señor Ricardo Luis Arias Brito actuando en ese entonces como Subsecretario de Estado del Despacho Presidencial y la Señora SALGADO ARIAS, dicho contrato que duro desde el 05 de enero al 31 de diciembre del año 2009, dándose por rescindido dicho contrato en fecha (02) de septiembre del año dos mil nueve, por parte de esta Secretaria de Estado, y es de hacer notar que la demandante interpuso reclamo administrativo, y el mismo no procedía no era necesario, ya que la rescisión del contrato no sobrevino la violación de los derechos los cuales alega la señora Salgado Arias, es en tal sentido que la parte demandante y de acuerdo a lo establecido en los artículos 109 y 110 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no debió por virtud de la Ley, agotar la vía administrativa ya que estas disposiciones no son posibilidad, sino que establece como un imperativo o una obligación irrenunciable y no se puede eludir o malinterpretar y, que por desconocimiento de disposiciones que en materia de personal ya identifica la ley, tal es el caso del artículo 108 que nos dice . “las acciones que tuvieran por objeto actos de cancelación o separación de servidores públicos se someterán a lo que se establece en esta sección”, así pues es de recordar que lo que se hizo en este caso fue dentro del marco de la Ley, regido en el Contrato suscrito por las partes en conflicto en el presente caso, pero que se considera oportuno poder señalar. TERCER MOTIVO: Que de acuerdo a lo establecido en nuestra Legislación Nacional y así como lo rezan los artículo 109 párrafo segundo y 110, de la referida Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que señala: ARTICULO 109, Párrafo Segundo. “Podrán impugnarse por la vía contencioso administrativa los actos de cancelación o separación de aquellos servidores públicos, que hayan sido nombrados por periodos determinados, cuando aquel acto se hubiera producido antes del vencimiento del periodo respectivo. Asimismo Señor Juez, en el presente caso, la rescisión del contrato, se da porque estaba establecido en el mismo contrato o sea se hizo en base a lo pactado en el mismo, en su clausula séptima numero tres (3), así como se comprobó en reiteradas ocasiones y con los medios de prueba que se evacuaron en su oportunidad, se demostró claramente las faltas en que incurrió la demandante, lo cual motivo la rescisión del contrato anteriormente señalado, tampoco hizo entrega de su cargo en tiempo y forma ( Se retiro antes, y no se presento a entregar a su sucesora y no dejo informe de lo pendiente y el estado de gestión en el que se encontraban ), situación esta que no es justificable ni razonable para que la ahora demandante haya actuado de la forma en que lo hizo, y situación que se realizo después de que se le había notificado que su contrato seria rescindido, no es causal para actuar de la forma en la cual se realizo dicho procedimiento de su parte, por la tanto la señora LAURA ELISA SALGADO ARIAS, falto a sus obligaciones que como empleada publica tenia, tal como se hace constar en el expediente administrativo que tuvo conocimiento la Secretaria del Despacho Presidencial. La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al momento de emitir el fallo, motivo de esta Casación, no valoro así como tampoco lo hizo el Juzgado de Primera Instancia, pues se probó, que efectivamente se trata de una persona que no cumplió a cabalidad con sus responsabilidades como empleada, así como también haber rescindido el contrato por estar establecido en el mismo contrato, es muy importante hacer saber finalmente que a la hora demandante se le notifico con quince días de anticipación sobre dicha rescisión, tal como sucedió en el presente caso, en tal sentido nos parece inaceptable que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, hiciera no valorara ni apreciara lo que señala el Artículo 108, 109 y 110 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo.- Además queremos señalar que existe un acta aclaratoria suscrita en fecha 12 de enero del año 2010, en donde se hace constar que la señora SALGADO ARIAS, quien se desempeñaba en el cargo de Gerente Administrativa/Financiera del Programa Escuela Saludables, varias ocasiones se negó a firmar documentos importantes que era parte de su trabajo y responsabilidad, sin existir causa para tal negativa, razón misma que justifico, sin lugar a dudas la rescisión del contrato antes mencionado y lo hemos comprobado con los medios de prueba que se evacuaron donde constan están circunstancias, además existe otra acta aclaratoria, que conlleva los mismos términos de la anterior, la injustificada negativa de la señora SALGADO ARIAS, para querer las conciliaciones bancarias que le correspondían firmar como parte de su trabajo, teniendo a bien señalar el expediente de personal de dicha señora, para poder comprobar tales extremos, por lo tanto no le comprende su conocimiento, tal y como se ha dejado completamente claro y desarrollado en el presente recurso”.- II. Del estudio y análisis de los tres motivos de casación que anteceden, se advierte que los mismos no constituyen una proposición jurídica completa, ya que se omite por completo señalar la norma que considere se ha infringido por el ad quem, requisito sinne qua non para la prosperidad de dichos cargos; además, en el segundo y tercero no se invocó el precepto autorizante correspondiente a cada uno de ellos. Siendo que este Tribunal no puede suplir las deficiencias procesales en la estructuración del cargo o de los recursos de casación, procede la inadmisión de los motivos antes señalados por no cumplir con los requisitos legalmente establecidos.- III. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo 2° de nuestra Constitución Política. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, profiere el presente AUTO y DECLARA: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de mayo del dos mil catorce; certificación del auto de fecha veintitrés de abril del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 756-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL