Sentencia CA-752-13 — Registro 4291
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción promovida por la demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación en segunda instancia se confirma la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que la Impetrante en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica de este extraordinario recurso, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado. Además, realiza alegatos propios de instancia e insta la revisión del material probatorio, lo cual resulta inapropiado en este extraordinario recurso.- " Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.-"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado ponente el tercero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la abogada LESLIE SOEI PINEDA GALLARDO; y, Recurrida: la abogada SANTOS ANABELLY SOLIS, actuando en causa propia.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia personal por no ser conforme a derecho, por infringir el ordenamiento jurídico con grave quebrantamiento de las formalidades esenciales y exceso de poder, reconocimiento de una situación jurídica individualizada del titular de los derechos que se reclaman y adoptar como medidas necesarias para el pleno restablecimiento de las mismas, el reintegro al cargo del cual se le canceló o a otro de igual o mejor categoría y salario, pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha de la cancelación hasta que se ejecute el reintegro al cargo, reconociendo los respectivos incrementos salariales que en su caso tuviera el puesto del cual se le canceló durante la secuela del juicio, más el pago de los derechos laborales y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la abogada SANTOS ANABELLY SOLIS, actuando en causa propia, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la institución demandada primeramente por contrato, pero a partir del 30 de septiembre de 2009, fue nombrada por acuerdo en el cargo de OFICIAL LEGAL, dependiente de la Dirección General de Regularización Predial del Instituto de la Propiedad, con sede en esta ciudad; que de manera ilegal la demandante fue cancelada del cargo por el Instituto de la Propiedad mediante Acuerdo de Cancelación N° 194-2010 de fecha 30 de septiembre de 2010, y notificado en la misma fecha, cancelación efectiva a partir del 1 de octubre de 2010, infringiendo el ordenamiento jurídico, quebrantando las formalidades esenciales, incluyendo el exceso y abuso de poder, al cancelar del cargo a la demandante sin observar las normas y procedimientos para la cancelación por cesantía que establece la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, violentándose con ello el derecho a la permanencia en el cargo y a no ser cesanteada sin la observancia del procedimiento legalmente establecido, lo cual vuelve nulo e ineficaz el acto impugnado.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda señalando que el acto administrativo impugnado consistente en el Acuerdo de Cancelación No.194-2010 de fecha 30 de septiembre de 2010, no fue emitido arbitrariamente tal como lo declara la demandante, ya que dicha cancelación la efectuó el Instituto de la Propiedad en estricta aplicación a la Ley de Propiedad, ya que claramente establece sus atribuciones contenidas en el artículo 14 numerales 1, 2 y 3 de dicho cuerpo legal, el cual expresa: “Son funciones de los Directores Generales las siguientes: 1) “Cumplir y hacer cumplir la presente ley, su reglamento y las resoluciones del Consejo Directivo y del Secretario Ejecutivo”, 2) “Dirigir y organizar sus respectivas direcciones” y el numeral 3) “Nombrar y remover el personal a su cargo”, es decir que en aplicación de dichas disposiciones legales no es necesario hacer otra clase de trámites ante otros órganos del Estado, como se puede observar en ningún momento se le han violentado sus derechos laborales tal como lo pretende hacer creer la demandante, pues la institución al momento de notificarle su cancelación le solicitó hacer el trámite y abocarse a la Sub Gerencia de Recursos Humanos a reclamar los derechos que por ley le corresponden, lo cual hizo caso omiso a lo solicitado, pretendiendo con sus actuaciones aprovecharse de la institución utilizando argumentos antojadizos únicamente con el fin de obtener beneficios a su conveniencia.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de abril de dos mil trece, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por la demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación numero 194-2010 de fecha 30 de septiembre de 2010, emitido por la Dirección General de Regularización Predial, del Instituto de la Propiedad (IP), por haber sido emitido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en la Ley, en consecuencia, se anula totalmente; reconocer la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se resolvió adoptar el reintegro de la demandante al cargo de Oficial Legal, dependiente de la Dirección General de Regularización Predial; en caso de ser materialmente imposible el reintegro al puesto antes señalado, debe reintegrarse a otro puesto de igual categoría y en las mismas condiciones, asimismo a petición de la demandante, ante la autoridad competente, tiene derecho si fuera su elección al pago de prestaciones laborales, hasta la firmeza de la sentencia y como daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir, hasta la ejecución de la sentencia definitiva; al pago a título de daños y perjuicios a favor de la demandante los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación, hasta la fecha en que sea reintegrado a su cargo, mas el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, decimocuarto mes, décimo tercer mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que les pudieran corresponder; diferir para la etapa de ejecución de este fallo, el cálculo de los salarios dejados de percibir y los demás beneficios laborales que pudieran corresponderle a la demandante; condenar al Estado de Honduras a través del Instituto de la Propiedad (IP), a reconocer, ejecutar y pagar a la demandante los conceptos antes señalados de este fallo, sin costas; bajo el criterio que el acto administrativo impugnado, se dictó prescindiendo total y absolutamente del procedimiento ordenado en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad o en su defecto por lo señalado en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, para cancelar por cesantía o por despido a la demandante, en consecuencia, dicho acto infringe el ordenamiento jurídico, ya que la demandante fue cancelada sin procedimiento alguno, debiendo estar sujetos los actos de la Administración Publica al principio de legalidad y a lo que establece el ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto al momento de su emisión.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que el acto impugnado fue emitido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en las Leyes aplicables, ya que no consta en autos, ni fue acreditado mediante la prueba respectiva, que se haya seguido procedimiento alguno, ni en base a la Ley de Servicio Civil, ni con fundamento en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, y si bien es cierto, tal como lo manifiesta la apelante, los Directores Generales tienen la facultad de remover el personal a su cargo, según lo establece la Ley de Propiedad, también es cierto, que para remover el personal a su cargo deben hacerlo con la legalidad y el procedimiento que las Leyes respectivas establecen y en el presente caso, el acto impugnado está viciado de nulidad al prescindirse totalmente, para su emisión, del procedimiento establecido.- 5. La representación procesal de la parte demandada, abogada LESLIE SOEI PINEDA GALLARDO, en fecha nueve de octubre de dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.307-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 604-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6. La parte demandante, abogada SANTOS ANABELLY SOLÍS, actuando en causa propia, presentó en fecha quince de noviembre de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veinte de noviembre de dos mil trece, las abogadas LESLIE SOEI PINEDA GALLARDO y SANTOS ANABELLY SOLÍS, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó providencia en fecha trece de febrero de dos mil catorce, teniendo por personada a la abogada SANTOS ANABELLY SOLÍS, como recurrida, y declarando precluído el término concedido y dejado de utilizar por la abogada LESLIE SOEI PINEDA, como recurrente, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia y que la recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que en el CONSIDERANDO SEGUNDO, con respecto al Acuerdo de cancelación No. 194-2010 de fecha treinta (30) de Septiembre del año dos mil Diez (2010), dictado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad, podemos demostrar que en ningún momento hay infracción del ordenamiento Jurídico, mucho menos exceso de Poder ya que el mismo fue dictado siguiendo las atribuciones que la Ley de Propiedad consigna en su artículo 11 numerales 1, 2 y 7. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el Artículo 719 literal C, del Código Procesal Civil que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. SEGUNDO: EL CONSIDERANDO TERCERO; de esta sentencia, vuelvo y repito que no se ha violado ningún ordenamiento jurídico al momento de cancelar a la Ciudadana SANTOS ANABELLY SOLIS, mucho menos existió exceso de poder ya que la autoridad que emitió dicho acto lo hizo en estricta observancia a la Ley de Propiedad basándose en las atribuciones que la misma le Ley le confiere para este tipo de actos. TERCERO: EL CONSIDERANDO QUINTO; de esta sentencia, es muy parco, sin ningún análisis profundo al confirmar la sentencia apelada, hecho este que no es aceptado ya que como se establece en el acuerdo de cancelación dictado por razones estrictamente presupuestarias, por lo consiguiente no cabe un reintegro, sino en todo caso el pago de sus prestaciones, por lo que esperamos que sea rectificado por esta Honorable Corte Suprema de Justicia. CONCLUSION: Con los medios de prueba aportados y evacuados, con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, se acredito fehacientemente que el abuso de autoridad relacionada en la presente demanda es Inexistente que como consecuencia, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizo causa legal válida, siguiendo el cumplimiento del decreto Ejecutivo No. PCM-30-2007 y lo establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad y la Ley de Propiedad, para la cancelación de los empleados y servidores del Instituto de la Propiedad sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el artículo 14 numeral 3 de la Ley de Propiedad, Artículos 206, 207, 208, 719 literal c, del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la Forma y Contenido de la Sentencia”.- II. Que la Impetrante en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica de este extraordinario recurso, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado. Además, realiza alegatos propios de instancia e insta la revisión del material probatorio, lo cual resulta inapropiado en este extraordinario recurso.- III. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho merito. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de certificación de la sentencia de fecha quince de diciembre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 752-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL