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Sentencia CA-693-13 — Registro 4006

Resumen

En segunda instancia se dictó sentencia revocando la sentencia del a-quo, declarando procedente la acción por no estar ajustados a derecho los actos administrativos impugnados, consistente en los acuerdos de cancelación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Que el cargo en la forma expuesta noresulta admisible ya que en su formulación se alega la falta de motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, sin precisar a cual de esas situaciones jurídicas corresponde la impugnación al fallo del ad quem, es hasta en la explicación que se indica que se omitió hacer una motivación fáctica y una fundamentación jurídica lógica de la valoración de la prueba; además es visto que la sentencia recurrida si motiva su decisión y explica su racionamiento para la resolución dictada” Recuerda la Corte el carácter extraordinario del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer si al dictarla el juez observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello se ha dicho que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias. Por el recurso extraordinario de casación el litigante vencido encuentra un medio idóneo para llevar al conocimiento de la Corte de Casación un fallo que considera injusto ya sea porque el juzgador incurrió en error iuris in iudicando o en error in procedendo, con el objeto de que sea reexaminado; sin embargo ese examen se realiza en forma limitada, no es absoluto, porque como ya se dijo, este medio de impugnación no provoca una tercera instancia, sino que en él se enjuicia la sentencia, buscando con ello el control sobre la regularidad del proceso.- “. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado esta Sala, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.- “ Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil. Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de septiembre de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designada ponente la primera para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, representada en juicio por la abogada CLARISSA MARGARITA DOMINGUEZ CHAVEZ; y, Recurridos: los señores ESMERALDA FLORES SANCHEZ, FRANCISCO REGIS BENEDITH FIGUEROA, MARINA YOLANDA MELENDEZ GARCIA, JUANA ELIZABETH AGUILAR, RAMON ANTONIO BAIDE BAIDE, YAMELI ORVELINA FLORES HENRIQUEZ, MARIXA FILOMENA JULIN ZELAYA, DILCIA LIZZETH FLORES RODRIGUEZ y MARIA DEBORA HERNANDEZ, representados en juicio por los abogados ALFONSO OCAMPO OROZCO y GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GALVEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda contraída a pedir la nulidad o en su defecto la anulación de unos actos administrativo, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de las misma, reintegro al cargo, pago de salarios dejados de percibir, medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia, costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, por los abogados ALFONSO OCAMPO OROZCO y GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GALVEZ, actuando en su condición de apoderados de los señores ESMERALDA FLORES SANCHEZ, FRANCISCO REGIS BENEDITH FIGUEROA y OTROS, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que iniciaron su relación laboral así: Esmeralda Flores Sánchez, el 11 de diciembre del año 2009 al 10 de diciembre del 2012, en el cargo de Directora Departamental de Educación del Departamento de Cortès, mediante acuerdo número 2627-SE-09, con un sueldo designado por la subgerencia de Recursos Humanos Docentes de Veintinueve Mil Ciento Noventa y Dos Lempiras Con Setenta y Dos Centavos (L.29,192.72); Francisco Regis Benedith Figueroa, el 11 de diciembre del año 2009 al 10 de diciembre del 2012, en el cargo de Director Departamental de Educación del Departamento de Atlántida, mediante acuerdo número 2632-SE-09, con un sueldo designado por la sub-gerencia de Recursos Humanos Docentes de Veintiocho Mil Seiscientos Setenta Lempiras Con Noventa y Siete Centavos (L.28670.97); Marina Yolanda Meléndez García, el 11 de diciembre del año 2009 al 10 de diciembre del 2012, en el cargo de Directora Departamental de Educación del Departamento de Yoro, mediante acuerdo numero 2631-SE-09, con un sueldo designado por la sub-gerencia de Recursos Humanos Docentes de Treinta y Un Mil Trescientos Setenta y Nueve Lempiras Con Ochenta y Seis Centavos (L.31,379.86); Juana Elizabeth Aguilar, el 11 de diciembre del año 2009 al 10 de diciembre del 2012, en el cargo de Directora Departamental de Educación del Departamento de Islas de la Bahía, según acuerdo numero 02626-SE-09, con un sueldo designado por la sub-gerencia de Recursos Humanos Docentes de Treinta y Ocho Mil Quinientos Diez Lempiras Con Ochenta y Siete Centavos (L.38,510.87); Ramón Antonio Baide Baidie, el 11 de diciembre del año 2009, al 10 de diciembre del 2012, en el cargo de Director Departamental de Educación del Departamento de Santa Bárbara, según acuerdo número 2633-SE-09, con un sueldo mensual de Veinticinco Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Lempiras Con Setenta y Cinco Centavos (L.25,646.75); Yameli Orvelina Flores Henríquez, el 11 de diciembre del año 2009, al 10 de diciembre del 2012, en el cargo de Directora Departamental de Educación del Departamento de Lempira, según acuerdo número 02629-SE-09, con un sueldo mensual de Veintisiete Mil Setenta y Cuatro Lempiras Con Treinta y Dos Centavos (L.27,064.32); Marixa Filimena Julin Zelaya, el 11 de diciembre del año 2009 al 10 de diciembre del 2012, en el cargo de Secretario Departamental de Educación del Departamento de Puerto Cortes, según acuerdo número 2640-SE-09, con un sueldo mensual de Veintidós Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Lempiras Con Sesenta y Siete Centavos (L.22,842.67); Dilcia Lizzet Flores Rodríguez, el 11 de diciembre del año 2009 al 10 de diciembre del 2012, en el cargo de Secretaria Departamental de Educación del Departamento de Atlántida, según acuerdo numero 2641-SE- 09, con un sueldo mensual de Veintitrés Mil Ciento Siete Lempiras Con Noventa y Siete Centavos (L.23,107.97); María Débora Hernandez, el 11 de diciembre del año 2009 al 10 de diciembre del 2012, en el cargo de Director Distrital en la Dirección Departamental de Educación del Departamento de Santa Rosa de Copan, según acuerdo número 2643-SE-09, con un sueldo mensual de Diecinueve Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Lempiras Con Veinticuatro Centavos (L.19,888.24); todo emitidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación y en virtud de haber sido seleccionados mediante concurso practicado al efecto, por la Junta Nacional de Selección, para el desempeño del cargo a partir del día 11 de diciembre del 2009; durante el desempeño de sus cargos nunca dieron motivos de los que establece la Ley Especial del Estatuto del Docente Hondureño y su reglamento para que cancelaran sus nombramientos. El día 28 de abril del 2010, se les hizo entrega de los acuerdos de cancelación de sus nombramientos, todos de fecha 27 de abril del 2010, emitidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación por medio de los cuales se les comunica que los acuerdos de nombramiento han sido anulados y como consecuencia están despedidos o destituidos de sus cargos, no especificándose en dichos acuerdos causales o motivos que justifiquen o ameriten la sanción del despido o la destitución; ni mucho menos fueron llamados para que hicieran uso de su defensa, violentado el articulo 82 de la Constitución de la República, a parte de eso, la Junta Nacional de Selección, de conformidad con el artículo 66 del Estatuto del Docente Hondureño no tiene facultades para emitir resoluciones anulando nombramientos como Directores Departamentales, Secretarios de las Direcciones Departamentales o Directores Distritales de las Direcciones Departamentales de Educación, implicando entonces que el acto administrativo, emitido previo a la emisión de los acuerdos de cancelación de nombramientos, ya sea despidiéndolos o destituyéndolos, está viciado de nulidad de conformidad con el artículo 34 literales a), c) y e), de la Ley de Procedimientos Administrativos y el articulo 8 de la Ley General de la Administración Pública, inclusive el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Fundamentaron las destituciones en la resolución número 0136-SE-2010, de fecha 23 de abril, emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, en consecuencia esta resolución es nula en pleno derecho.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que en ningún momento ha manifestado que los acuerdos de nombramiento han sido anulados, si no que al contrario la justificación de la cancelación de dichos acuerdos era de oficio por la anulación del concurso que dio origen a la emisión de tales acuerdos de nombramiento, concurso que tenía muchos vicios de nulidad, lo cual quedó comprobado con el informe de la investigación realizada, las actas de la Junta Nacional de Selección con el dictamen No. 0027-USL-10, y el dictamen PGR-DNC-09-2010, emitido por la Procuraduría General de la República; asimismo se rechaza lo aseverado por los demandantes en el sentido que al emitir los acuerdos de cancelación se les ha violentado el artículo 82 de la Constitución de la República y 66 del Estatuto del Docente Hondureño, por cuanto en ningún momento se les ha violentado el derecho de defensa ya que la cancelación de los mencionados acuerdos no fue producto de ninguna sanción disciplinaria para que los mismo fueran llamados a una audiencia de descargo o seguirles el procedimiento disciplinario ya establecido en dicho estatuto, por lo que ha sido contundente que los mismo fueron cancelados por oficio porque el concurso fue realizado con vicios de nulidad; de igual manera se aclara que ningún momento se ha manifestado que la Junta Nacional de Selección fue la que emitió la resolución No. 0136-SE2OIO de fecha 23 de abril de 2010, mediante la cual se cancelan los mencionados acuerdos, sino por la Secretaría de Educación por lo tanto no se encuentra viciado de nulidad, al contrario para anular el concurso y consecuentemente los acuerdos de nombramiento se enmarco en el procedimiento legal establecido.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha uno de febrero del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción interpuesta en virtud de ajustarse a derecho el acto administrativo de carácter particular impugnado y confirmó los acuerdos números 0917-SE-2010, 0918-SE-2010, 0921-SE-2010, 0922-SE-2010, 0923-SE-2010, 0924-SE-2010, 0929-SE-2010 0931-SE-2010- y 0933-SE-2010, todos de fecha 27 de abril del año 2010, emitidos por la Secretaría de Educación del Estado de Honduras en el cual se cancela a los demandantes de sus puestos… sin costas; bajo el criterio que visto y analizado que fuere el expediente administrativo de los demandantes así como el escrito de presentación y contestación de demanda lo único que se encuentra acreditado en la presente demanda es la relación laboral que unía al demandante con la institución estatal demandada y la posterior cancelación de la misma, extremos que no son de manera alguna suficiente para decretar la procedencia de la acción.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diez de enero de dos mil trece, dictó sentencia revocando la sentencia del a-quo, declarando procedente la acción por no estar ajustados a derecho los actos administrativos impugnados, consistente en los acuerdos de cancelación números 0917-SE-2010, 0918-SE-2010, 0931-SE-2010, 0933-SE-2010, 0924-SE-2010, 0922-SE-2010, 0923-SE-2010, 0921-SE-2010 y 0929-SE-2010, todos de fecha veintisiete de abril del año dos mil diez, emitidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, en consecuencia se anularon totalmente, reconociendo la situación jurídica individualizada de los demandantes, condenando al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a pagar a favor de los demandante los salarios dejados de percibir, correspondientes al período por el cual fueron nombrados y que conforme a derecho le corresponden, desde el 28 de abril del 2010 hasta el 10 de diciembre del 2012, en concepto de daños y perjuicios, se tiene por finalizada la relación laboral entre los demandantes y la demandada, sin costas; bajo el criterio que el procedimiento que realizó la parte demandada para anular el concurso y por consiguiente los acuerdos de nombramiento de los demandantes, procediendo a su cancelación, es el que consideró que era el procedente para la nulidad de un acto nulo de pleno derecho por estar comprendido en el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo; sin embargo, los actos anulados, reconocieron y otorgaron derechos a los demandantes, por lo cual aún y cuando el concurso referido efectivamente haya infringido la Ley, para tal declaración, por los derechos ya otorgados a los demandantes debió seguirse el procedimiento relacionado, ya que al crear el acto un derecho a favor de los demandantes, su nulidad implica responsabilidad de la demandada a favor de los demandantes, en tal virtud al no haberse seguido el procedimiento correcto para anular el concurso que otorgó dichos derechos, los actos impugnados están viciados de nulidad. Que consta en autos que los demandantes fueron nombrados por concurso por un período de tres años, del 11 de diciembre del 2009 al 10 de diciembre del 2012, por lo cual, a la fecha de dictarse la presente sentencia, dicho período ya venció, en consecuencia, al no ser posible el reintegro de los demandantes por dicha circunstancia, se les deberá pagar los salarios correspondientes al período comprendido del 28 de abril del 2010 al 10 de diciembre del 2012, como daños y perjuicios.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada CLARISSA MARGARITA DOMINGUEZ CHAVEZ, en fecha siete de junio del año dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha diez de enero de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 329-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 026-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés.- 6.- La representación procesal de la parte demandante, abogados ALFONSO OCAMPO OROZCO y GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GALVEZ, presentaron en fecha veintiséis de junio de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintisiete de junio de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas quince de agosto y siete de noviembre del dos mil trece, los abogados CLARISSA MARGARITA DOMINGUEZ CHAVEZ, ALFONSO OCAMPO OROZCO y GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GALVEZ, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados CLARISSA MARGARITA DOMINGUEZ CHAVEZ, ALFONSO OCAMPO OROZCO y GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GALVEZ, presentaron escritos en fechas veintiuno de agosto y doce de noviembre del dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Numeral Dos (2) del Articulo 720 en relación con el Numeral Uno (1) Literal c) del Articulo 719 del Código Procesal Civil, Impugnar la motivación fáctica y carácter lógico de la Sentencia en cuanto a la valoración de la prueba. MOTIVO. UNICO MOTIVO: Infracción por violación o falta de la Motivación fáctica de la Sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter Lógico en el contenido de la sentencia, ya que con las pruebas presentadas en el Proceso se comprobó que los Actos Administrativos mediante los cuales fueron cancelados los demandantes de sus cargos en sus respectivos órdenes como: a) Directora Departamental de Educación del Departamento de Cortes. b) Director Departamental de Educación del Departamento de Atlántida. c) Directora Departamental de Educación del Departamento de Yoro. d) Directora Departamental de Educación del Departamento de Islas de la Bahía. e) Director Departamental de Educación del Departamento de Santa Bárbara. f) Directora Departamental de Educación del Departamento de Lempira. g) Secretaria Departamental de Educación del Departamento de Puerto Cortes. h) Secretaria Departamental de Educación del Departamento de Atlántida. i) Directora Departamental de Educación del Departamento de Santa Rosa de Copán. lo constituye los Acuerdos Numero 2627-SE-09, 2632-SE-09, 2631-SE-09, 2626-SE-09, 2633-SE-09, 2629-SE-09, 2640-SE-09, 2641-SE-09, 2643-SE-09, cuyos acuerdos fueron cancelados mediante la Resolución Administrativa No. 0136-SE-2010 de fecha veintitrés (23) de Abril del año 2010 emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública previo dictámenes No. 0027-USL-10 y PGR-DNC-09-2010 emitidos por su orden por la Junta Nacional de Selección y la Procuraduría General de la República, dentro del marco de sus respectivas competencias administrativas, en virtud que el concurso mediante el cual los demandantes habían participado para optar a esos cargos previa investigación técnica se estableció que el referido concurso contenida vicios de nulidad para su plena vigencia, cuya investigación se realizó en función de las impugnaciones administrativas planteadas ante la Junta Nacional de Selección por un grupo de docentes que participaron en el concurso por habérseles vulnerado el derecho a la defensa y el debido proceso administrativo al no permitírseles ver sus resultados de la evaluación, cuyo organismo educativo analizados las impugnaciones mediante resolución No. 01-JNSD-2010 de fecha 16 de marzo del 2010, informa a la Secretaria de Educación la procedencia de la anulación del proceso de concurso, cuyos medios de prueba se encuentra plenamente acreditados, propuestos y evacuados durante la sustanciación del proceso judicial, constando con esto que la cancelación los acuerdos de nombramientos de los hoy demandantes se hicieron ya que el concurso tenia vicios de nulidad quedando comprobado este extremo con el informe de investigación realizado a las actas de la Junta Nacional de Selección con el dictamen número 0027-USL-10 y el dictamen número PGRDNC-09-2010 emitido por la Procuraduría General de la República los cuales obran en expediente de mérito, mediante este último dictamen que fue favorable para que la Secretaria de Educación decretara la nulidad de oficio de los concursos realizados consecuentemente de todos los acuerdos de nombramiento de los docentes, con fundamento en el artículo 34 literal e) de la Ley de Procedimiento Administrativo en virtud que los actos administrativos indicados contrarían lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley General de la Administración Publica específicamente los numerales 2 y 4. Referido lo anterior, resulta evidente que la Honorable Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo al emitir su juicio de valor plasmado en la sentencia recurrida en casación, omitió hacer una motivación fáctica y una fundamentación jurídica lógica en la valoración de la prueba evacuada para emitir su fallo, en virtud de lo cual resulta un imperativo categórico en nombre de mi representada procesal acudir a la Honorable Corte Suprema de Justicia para que revise lo resuelto por el Tribunal Ad-Quem, por no encontrarse ajustada a derecho la sentencia recurrida. NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTAN EL MOTIVO. El Artículo 13 del Código Procesal Civil establece: 1. El Juez ha de valorar la prueba de manera, precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezcan una valoración concreta del resultado probatorio obtenido. 2. La valoración legal de la prueba sólo es admisible en el interrogatorio de las partes y en la prueba documental, y únicamente cuando una norma así lo indique expresamente o se deduzca de ella inequívocamente. 3. En todo caso el Juez ha de exponer en su sentencia los razonamientos que lo condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas para fundar su convencimiento, exista o no norma que le obligue, quedando prohibida la arbitrariedad. El Artículo 245 del Código Procesal Civil Establece: 1. La valoración de la prueba en el proceso civil por el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca. En razón de lo cual hay una clara infracción a la normas de derecho, tomando en consideración que encontrándose plenamente acreditado que mi representado El Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación Pública, probó en juicio que los actos impugnados por la parte actora fueron emitidos y ejecutoriados en estricto apego al derecho administrativo vigente, lo que deslegitima a la vista la sentencia dictada por el Tribunal Ad-Quem, y partiendo del principio de legalidad constitucional, que literalmente expresa la Constitución de la República en su artículo 321 que dice: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la Ley.- Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo....) se acude al Tribunal Superior que revise la legalidad de lo actuado en segunda instancia. PARTE DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. PRIMERO: El numeral PRIMERO: de la parte resolutiva de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que a la letra dice: “Declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por los Abogados ALFONSO OCAMPO OROZCO Y GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GALVEZ actuando en su condición de Apoderados legales de los señores: ESMERALDA FLORES SANCHEZ, FRANCISCO REGIS BENEDITH FIGUEROA, MARINA YOLANDA MELENDEZ GARCIA, JUANA ELIZABETH AGUILAR, RAMON ANTONIO BAIDE BAIDE, YAMELI ORVELINA FLORES HENRIQUEZ, MARIXA FILOMENA JULIN ZELAYA, DILCIA LIZZETH FLORES RODRIGUEZ, Y MARIA DEBORA HERNANDEZ.” SEGUNDO: El numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que literalmente dice: “Revocar la sentencia definitiva de fecha Uno de Febrero del Dos Mil Doce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes y que corre a folios numero quinientos treinta y día (532) al número quinientos cuarenta (540) de la primera pieza de autos.” TERCERO: El numeral TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que literalmente dice: “Declarar procedente la acción incoada por los Abogados ALFONSO OCAMPO OROZCO Y GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GALVEZ, actuando en su condición de apoderados legales de los señores ESMERALDA FLORES SANCHEZ, FRANCISCO REGIS BENEDITH FIGUEROA, MARINA YOLANDA MELENDEZ GARCIA, JUANA ELIZABETH AGUILAR, RAMON ANTONIO BAIDE BAIDE, YAMELI ORVELINA FLORES HENRIQUEZ, MARIXA FILOMENA JULIN ZELAYA, DILCIA LIZZETH FLORES RODRIGUEZ, Y MARIA DEBORA HERNANDEZ, por no estar ajustados a derecho los Actos administrativos impugnados, consistentes en los acuerdos de cancelación números 0917-SE-2010, 0918- SE-201 0, 0931 -SE-201 0, 0933-SE-201 0, 0924-SE-201 0, 0922-SE-201 0, 0923-SE-201 0, 0921-SE-2010 Y 0928-SE-2010, todos de fecha veintisiete (27) de Abril del 2010 emitidos por la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, en consecuencia se anulan totalmente.” CUARTO: El numeral CUARTO de la parte resolutiva de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que literalmente dice: “Se reconoce la situación jurídica individualizada de los demandantes y para su pleno restablecimiento se resuelve: En virtud de no ser posible el reintegro de los demandantes por lo señalado en el considerando siete de la presente sentencia, se condena al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación a pagar a favor de los demandantes los salarios dejados de percibir correspondientes al periodo por el cual fueron nombrados y que conforme a derecho les corresponden desde el 28 de abril del 2010 hasta el 10 de diciembre de 2012 en concepto de daños y perjuicios.” FUNDAMENTACION JURIDICA, PRECEPTOS JURIDICOS QUE SE CONSIDERAN DE APLICACIÓN AL RECURSO DE CASACION. El presente escrito sobre la Interposición y Formalización del Recurso de Casación se fundamenta en los Artículos: 80, 82 de la Constitución de la República; 13, 245 Numeral 1, 716, 717, 718, 719.1.c), 720.2 del Código Procesal Civil; 22 del Estatuto del Docente Hondureño, 34.e, 119 y 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo.”.- II. Que el cargo en la forma expuesta no resulta admisible ya que en su formulación se alega la falta de motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, sin precisar a cual de esas situaciones jurídicas corresponde la impugnación al fallo del ad quem, es hasta en la explicación que se indica que se omitió hacer una motivación fáctica y una fundamentación jurídica lógica de la valoración de la prueba; además es visto que la sentencia recurrida si motiva su decisión y explica su racionamiento para la resolución dictada.- III. Recuerda la Corte el carácter extraordinario del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer si al dictarla el juez observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello se ha dicho que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias. Por el recurso extraordinario de casación el litigante vencido encuentra un medio idóneo para llevar al conocimiento de la Corte de Casación un fallo que considera injusto ya sea porque el juzgador incurrió en error iuris in iudicando o en error in procedendo, con el objeto de que sea reexaminado; sin embargo ese examen se realiza en forma limitada, no es absoluto, porque como ya se dijo, este medio de impugnación no provoca una tercera instancia, sino que en él se enjuicia la sentencia, buscando con ello el control sobre la regularidad del proceso.- IV. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado esta Sala, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.- V. Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil. Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de octubre del dos mil catorce; certificación del auto de fecha veintitrés de septiembre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 693-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL