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Sentencia CA-684-13 — Registro 4047

Resumen

En primera instancia se declara improcedente la acción, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, absolviendo a la parte demandada del pago por los conceptos reclamados por el demandante, sin costas; bajo el criterio que el acto administrativo impugnado ante esta jurisdicción, se encuentra dictado conforme a derecho y por lo tanto no existe responsabilidad patrimonial de la Administración Publica en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que el cargo en la forma expuesto resulta inadmisible por las razones siguientes: a) el precepto autorizante es impreciso ya que se indican los numerales 1, literales a y c y el 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, los cuales comprenden causales o motivos distintos del extraordinario recurso de casación que debieron indicarse en forma separada e independiente; b) se insta en el desarrollo del mismo la revisión de los hechos y la valoración del material probatorio lo cual, es vedado en este recurso de conformidad a lo dispuesto en el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) se realizan en la explicación del motivo inapropiados alegatos de instancia"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: la sociedad CONSULTORÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS INSTITUCIONES Y MUNICIPIO DE HONDURAS, S. DE R.L., representada en juicio por el abogado MARVIN OSWALDO FERRERA ALVARENGA y la recurrida: la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN DE FLORES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, representada en juicio por la abogada LIDILIA GIRON PASTRANA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se decrete la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de la situación jurídica individual consistente en obligar a la Corporación Municipal de San Juan de Flores a cumplir sus obligaciones contractuales, así como al pago de indemnizaciones de daños y perjuicios e intereses comerciales, costas del juicio, promovida por la abogada GISSELLE SARAHY FLORES MONCADA, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil denominada CONSULTORÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS INSTITUCIONES Y MUNICIPIO DE HONDURAS, S. DE R.L., en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN DE FLORES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, representada en juicio por la abogada LIDILIA GIRON PASTRANA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La Sociedad demandante manifiesta en el escrito de su acción, que en fecha 19 de agosto del año 2002, en esta ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se celebró con la Corporación Municipal de San Juan de Flores Departamento de Francisco Morazán, a través de su Alcalde Municipal, contrato de servicios profesionales para efectuar auditorias y requerimientos de cobros para diversos impuestos municipales a personas naturales y jurídicas que deben al municipio; que cumpliendo el contrato antes señalado la sociedad demandante efectúo requerimientos de pago conforme lo establece la Ley de Municipalidades y su Reglamento, a personas jurídicas y naturales quienes a fecha 27 de enero del año 2010, en forma actualizada debían, el cual de esas cantidades se desprende el porcentaje señalado en la cláusula tercera del contrato de servicios profesionales celebrado entre la demandante con la hoy demandada; siendo los porcentajes que debe la Municipalidad de San Juan de Flores a la demandante, son los siguientes, 1) ETERNA, S.A., DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS, 2) MIRIAN GAITAN AGÜERO, CIENTO QUINCE MIL VEINTIOCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS, 3) ANA FIDELIA MARTINEZ, CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS, 4) FERNANDO JOSE CALLEJAS ZUNIGA, VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS, 5) más gastos administrativos, VEINTICINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS, que se incurrieron para efectuar los requerimientos señalados y agregados al plan de la demanda, 6) Daño emergente, UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL LEMPIRAS, para un total de la cantidad demandada, CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS; que la resolución dictada por la Corporación Municipal de San Juan de Flores en fecha 11 de octubre del año 2010, y que es adversa a los intereses de la demandante, fue recurrida en apelación por el suscrito ante la Gobernación Departamental de Francisco Morazán, quien sin previo análisis jurídico y aparentemente sin conocimiento legal, confirmó la Resolución Municipal, también mediante resolución de fecha 25 de marzo del año 2011, en atención al recurso de apelación interpuesto ante quien dictó la primera resolución, la que no dejó alternativa para llegar a esta instancia judicial, a pesar que antes a esta, la demandante recurrió a todas las posibilidades extrajudiciales, para un arreglo, pero resultó imposible los intentos de buenos amigos.- 2.- La parte demandada, la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN DE FLORES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, contesto dicha demanda señalando que efectivamente se celebró un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, entre la parte actora y la demandada, pero lo que no manifiesta en su libelo, es que el mismo está viciado de nulidad absoluta, al no contar con el consentimiento expreso de la Corporación Municipal, en tal virtud y conforme a lo establecido en la Legislación Hondureña se puede concluir: el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, preceptúa: “La autoridad competente para celebrar contratos será el alcalde, REQUIRIENDO LA PREVIA APROBACIÓN de la corporación municipal cuando la Ley de Municipalidades u otras leyes así lo determinen”; que la parte actora no efectuó requerimiento de pago alguno en contra de las personas naturales y jurídicas que tenían cuentas pendientes con la Corporación Municipal, por el contrario los mismos fueron realizados por la demandada, a través de la Dirección General de Asesoría y Asistencia Técnica Municipal, adscrita al Ministerio de Gobernación y Justicia y claramente se colige, que la parte demandante se limitó y circunscribió únicamente, a establecer las cantidades adeudadas, pero sin haber implementado tal y como quedó establecido en el Contrato de Prestación de Servicios suscrito y el cual es nulo de pleno derecho, un Procedimiento Administrativo y Legal para efectuar dichos cobros; que si bien es cierto se interpuso el reclamo administrativo ante la Corporación Municipal de Cantarranas y la cual fue objeto de apelación ante Gobernación Departamental de Francisco Morazán, la parte actora, no es Juzgadora y no tiene la facultad para interpretar dichas resoluciones de una manera antojadiza y conveniente a sus intereses, prejuzgando si dichas autoridades tienen o no conocimiento legal para haber dictado las resoluciones correspondientes y tampoco es cierto, que no se le dejó alternativa alguna para recurrir a la Vía Judicial, pues el procedimiento administrativo no fue agotado totalmente, al haber interpuesto el apoderado legal de la parte actora, recurso de reposición y no esperar su eventual resolución, que conforme a lo establecido en el artículo 138 de la Ley de Procedimiento Administrativo, último párrafo claramente establece: “LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PONDRÁ FIN A LA VÍA ADMINISTRATIVA”, el resto son presunciones de origen subjetivo, que no tienen fundamento legal alguno.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de febrero de dos mil trece, dictó sentencia declarando improcedente la acción interpuesta por la abogada Gisselle Sarahy Flores Moncada, en su condición de apoderada legal de la Sociedad Mercantil denominada CONSULTORÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS INSTITUCIONES Y MUNICIPIO DE HONDURAS, S. DE R.L. (COSPIMH), por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, identificado como la Resolución No. G.D.F. M-044 de fecha 25 de marzo del año 2011, emitida por la Gobernación Departamental de Francisco Morazán, la cual ratifica la resolución de fecha 11 de octubre del 2010, emitida por la Corporación Municipal de San Juan de Flores (Cantarranas), del Departamento de Francisco Morazán; absolvió a la parte demandada del pago por los conceptos reclamados por el demandante, sin costas; bajo el criterio que el acto administrativo impugnado ante esta jurisdicción, se encuentra dictado conforme a derecho y por lo tanto no existe responsabilidad patrimonial de la Administración Publica (Descentralizada en el presente caso), ya que si bien esta acreditado en autos con el medio de prueba documental el Contrato de Servicios Profesionales firmado por las partes, estipulando la obligación de pagar a la Empresa mercantil COSPIMH, por realizar “conjuntamente con la Municipalidad los procedimientos administrativos y legales para cobrar los impuestos de industria, comercio y servicios, bienes inmuebles y el de Extracción y Explotación de Recursos Naturales, así como de cobrar las tasas por servicios y derechos y Recargos e Intereses, a las empresas medianas y grandes con domicilio en el término Municipal y las que venden o comercialicen en el Municipio, de igual manera a las Empresas consultoras de obras de beneficio colectivo, en función de la Ley de Municipalidad y su Reglamento y plan de arbitrios vigentes por los períodos de prescripción de la deuda que corresponden a los años 2,000 al 2,005, asimismo, se efectuaría la Auditoría Fiscal de Impuestos Municipales, realizando el ajuste y/o reparo por valores de declarar en el período que corresponde” , el mismo contrato es claro al señalar en su cláusula segunda que “El contrato tendrá vigencia hasta que el o los juicios tengan sentencia firme por el Juzgado correspondiente…”, por lo tanto como se dejó establecido en los hechos probados de la sentencia, en los juicios que se entablaron no ha recaído sentencia firme, por lo que opera lo establecido en el articulo 1356 del Código Civil que dice: “En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos.” EXCEPCION “NON ADIMPLETI CONTRÁCTUS” (consiste en la posibilidad de que un contratante se abstenga de cumplir la prestación, si el otro no cumpliese o no ofreciere cumplir simultáneamente la suya, salvo que para el cumplimiento de ambas prestaciones las partes hubiesen establecido términos distintos o que éstas resultaren de la naturaleza del contrato. La excepción para que prospere debe ser de prestaciones reciprocas), con lo antes señalado queda claro que la demandada no está obligada a cumplir con los porcentajes pactados en la cláusula tercera del contrato por no haber cumplido la demandante lo pactado; así mismo es importante resaltar que el Abogado que representa a la empresa demandante tiene incoado un juicio en el Juzgado de lo Civil de Francisco Morazán según expediente número 0801-2007-12320 por honorarios profesionales de poderdante moroso, por los juicios que incoara a favor de la Alcaldía Municipal de San Juan de Flores (Cantarranas), contra empresas y personas deudoras a dicha Municipalidad, quedando evidenciado con ello que pretende hacer reclamo de valores de honorarios por servicios profesionales tanto en la presente demanda como en el Juzgado de lo Civil; que con los medios de prueba aportados por la parte demandante, el suscrito juez valora que no se quebrantó tal principio, ya que ni en vía administrativa ni en la jurisdiccional, se acredita que la Alcaldía adeudara valores por acciones de cobro realizadas, ya que como se refirió no consta en autos que se realizaron pagos por las personas de la comunidad.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha seis de junio de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que del estudio y análisis en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes así como del expediente administrativo y de los fundamentos legales en que ambos apoyan sus pretensiones esta Corte observa y concluye que no se quebrantó tal principio, ya que ni en la vía administrativa ni en la jurisdiccional, se acreditó que la Municipalidad de SAN JUAN DE FLORES, adeudara valores por acciones de cobro realizadas, ya que como se refirió no consta en autos que se realizaron pagos por las personas de la comunidad, por lo que la acción incoada por la Empresa Mercantil denominada CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS INSTITUCIONES Y MUNICIPIOS DE HONDURAS, S. DE R. L. (COSPIMH), es improcedente por ajustarse a derecho el acto impugnado la resolución No. G. D. F. M-044 de fecha 25 de marzo del 2011, emitida por la Gobernación Departamental de Francisco Morazán, en fecha 11 de octubre del 2010, emitida por la Corporación Municipal de SAN JUAN DE FLORES, por lo que se tiene que respetar el contrato según la cláusula segunda y tercera, por lo que no existe responsabilidad patrimonial de la administración publica.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, abogado MARVIN OSWALDO FERRERA ALVARENGA, presento en fecha doce de agosto de dos mil trece, escrito de interposición y formalización de recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal contra la sentencia dictada en fecha seis de junio de dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.193-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.331-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha quince de agosto de dos mil trece, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandada, representado en juicio por la abogada LIDILIA GIRON PASTRANA, presentó en fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente y por vía de comunicación de teléfono celular de dicha resolución en fecha diecisiete de octubre y cinco de noviembre de dos mil trece, los abogados LIDILIA GIRON PASTRANA y MARVIN OSWALDO FERRERA ALVARENGA, respectivamente.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados LIDILIA GIRON PASTRANA y MARVIN OSWALDO FERRERA ALVARENGA, presentaron escritos en fecha veintidós de octubre y ocho de noviembre de dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia y que el Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Ser la sentencia violatoria de la ley sustantiva por falta de APLICACIÓN de los Artículos 22 y 28 de la Ley de Contratación del Estado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el Artículo 719 numerales 1, literal a y c y 2, del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA VIOLACION: La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo está denegando a mi representada la justicia, al no aplicar la ley que obliga a las Municipalidades a cumplir los Contratos al tenor de los mismos, por consiguiente está negando los derechos al contratista que de buena fe firmó con la Municipalidad de Cantarranas, departamento de Francisco Morazán. Mi representada (el contratista) hizo la ejecución real de la obra a él encomendada de la prestación de servicios profesionales, y finalmente la Municipalidad de Cantarranas se coludió con los deudores del Fisco para evitar que ellos paguen a dicha municipalidad, hasta llegar a la descaro y mal visto acuerdo de que ella misma otorgara constancias que estaban al día con el pago de impuestos, a las personas que debían a la municipalidad, todo esto en perjuicio de mi representada y del pueblo mismo de cantarranas. Dichas constancias, contravienes las leyes y contradicen la investigación efectuada por mi representada, porque resulta que cada caso que se le asignaba para efectuar cobros a los deudores del pueblo se cruzaba información de la Municipalidad con la Dirección Ejecutiva de Ingresos, y el resultado era que no estaban pagando lo correcto al fisco del Municipio de Cantarranas.- Pero deslealmente el Alcalde Municipal con el contratista y con su representada otorgó constancias manifestando que las personas demandadas están al día con sus impuestos.”.- II.- Que el cargo en la forma expuesto resulta inadmisible por las razones siguientes: a) el precepto autorizante es impreciso ya que se indican los numerales 1, literales a y c y el 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, los cuales comprenden causales o motivos distintos del extraordinario recurso de casación que debieron indicarse en forma separada e independiente; b) se insta en el desarrollo del mismo la revisión de los hechos y la valoración del material probatorio lo cual, es vedado en este recurso de conformidad a lo dispuesto en el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) se realizan en la explicación del motivo inapropiados alegatos de instancia.- III.- Que en el segundo motivo se aduce: “Ser la sentencia violatoria de la ley adjetiva por la apreciación incorrecta, debido a un error de hecho en la apreciación de la prueba que singularizo a continuación.- El contrato de prestación de servicios profesionales dice que el contratista exigirá el pago a la municipalidad si esta no ejecuta o se niega cobrar a los deudores los impuestos, por la vía judicial. NORMAS ADJETIVAS VIOLADAS: La contenida en el Artículos 245 numerales 1 y 2, del Código Procesal Civil. PRECECTO AUTORIZANTE: Esta comprendido en el Artículo 719 numeral 1, literal b del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA VIOLACION: Con la existencia del Contrato de Servicios Profesionales se constató la relación contractual entre mi representada y la Corporación Municipal de Cantarranas y con los demás documentos se acredita la ejecución del contrato de Servicios profesionales por parte de mi representada al efectuar los cobros correspondientes a los deudores del fisco, y la aceptación expresa de la representante procesal de la Corporación Municipal que manifestó en las audiencias ante el A-Quo, que dejaron caducar unas demandas y otras las perdieron pero no interpusieron los recursos correspondientes y con las evidencias antes señaladas es fácil observar que hubo colusión entre Municipalidad y deudores en perjuicio de mi representada y del mismo pueblo. Y la no observancia del A-Quo y el Ad-Quem, de las normas constitucionales que nos garantizan igualdad entre las partes y la valoración por igual de las pruebas propuestas ante los Juzgados y Tribunales, y con la existencia de la prueba en mención se tiene la certeza que la municipalidad se coludió con los deudores para que evadan el fisco en contra del pueblo que los eligió y de mi representada.”.- IV.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por tener los defectos técnicos siguientes: a) insta el Recurrente la revisión de los hechos y valoración de las pruebas contenidas en las sentencia impugnada, lo cual, resulta vedado en este recurso extraordinario de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) el precepto autorizante no corresponde al tipo de infracción invocada; y, c) se realizan en el desarrollo del motivo inapropiados alegatos de instancia.- V.- Conviene recordar, que el recurso de casación tiene como finalidad analizar, estudiar y dictaminar si se produjo infracción procesal o de ley, la parte recurrente no podrá exigir que este Tribunal, se pronuncie sobre la pertinencia o procedencia de los hechos comparativamente con la valoración de la prueba, bien por la admisión o inadmisión de la misma, o en su caso, el criterio adoptado por el tribunal de primera instancia en su derecho de libre apreciación de la prueba. Este derecho y petición solamente es procedente ante la Corte de Apelaciones.- VI.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VII.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de certificación del auto de fecha quince de diciembre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 684-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL