Sentencia CA-668-13 — Registro 4078
Resumen
En primera instancia se declara improcedente la acción por encontrase ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, ; en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que al no atender el requerimiento de la administración, es causa imputable al demandante la paralización del proceso en vía administrativa y hace que no exista silencio positivo a favor de este, ya que como se explicó el proceso no estuvo detenido por causas imputables a la administración, sino que por causas imputables al interesado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por carecer de claridad y precisión en su formulación, a saber: a) las disposiciones señaladas como infringidas contienen numerales y literales que era necesario precisar para los efectos de este recurso extraordinario; y, b) en su explicación formula alegatos propios de instancia y a su vez expone dos formas distintas de violar la ley, cuando su ataque al fallo ha sido por la falta de aplicación, también señala contradictoriamente “que si bien las normas procesales que regulan la forma y contenido de las sentencias han sido aplicadas, precisamente en cuanto a la motivación, estas lo han sido en un sentido totalmente distinto al que dispone el legislador…”, es decir, expone que dichas disposiciones fueron interpretadas erróneamente por el juzgador.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de julio de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designada ponente la primera para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: La Sociedad Mercantil denominada CASA COMERCIAL MATHEWS, S.A. DE C.V. (CEMCOL), representada en juicio por el abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ; y, Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, representada en juicio por el abogado JESUS EDUARDO BENDAÑA LAINEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda contraída a pedir la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, pago de intereses y las costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo, por el abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil denominada CASA COMERCIAL MATHEWS, S.A. DE C.V. (CEMCOL), contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, representada en juicio por el abogado JESUS EDUARDO BENDAÑA LAINEZ.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que con fecha 6 de junio de 2007, presentó ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) Región Nor-Occidental, tres solicitudes de nota de crédito, originado por el Impuesto Sobre Ventas pagado en la Importación de bienes que luego fueron vendidos a personas que el mismo Estado eximió de dicho pago. Que las referidas solicitudes se identifican como la N° 120-060607-02-03, 123-060607-02-03 y 124-060607-02-03 con cuantías por su orden de L.3,038,753.45; L.570,436.22 y L.4,127,954.57. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en su párrafo segundo, las solicitudes deberán resolverse en cuarenta días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud y siendo que presentadas sus peticiones en fecha 6 de junio de 2007, debieron resolverse a más tardar el día martes 31 de julio de 2007, lo cual no se hizo habiendo entonces operado la figura de Afirmativa Ficta. En los 8 días siguientes al vencimiento del término de 40 días compareció ante la Secretaría de Finanzas solicitando las certificaciones que ordena la Ley de Procedimiento Administrativo. La Secretaría dictó auto de admisión ordenando al inferior remitirle los tres expedientes en los que había operado el silencio positivo. En fecha 30 de abril 2008, dictó una resolución desestimando la petición bajo el argumento que era ante el mismo ente que conoce el proceso primario y no ante su superior que debió solicitar la certificación de Afirmativa Ficta. Esta resolución le fue notificada, según dice de forma irregular, el día 22 de julio de 2008; que desde la creación de la afirmativa ficta, cada uno de los órganos de la Administración Publica ha confeccionado sus propios métodos interpretativos de aplicación, llegándose incluso a afirmar que el plazo genérico para resolver no es de 40 días, sino que de 60, por lo tanto, la resolución recurrida no es más que otro método utilizado por la Administración Publica para evadir los efectos de la Afirmativa Ficta, derivados de la negligencia generalizada de los funcionarios de dicho poder del Estado; también hace referencia a las disposiciones de los artículos 321 Constitucional y 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, pues la Secretaría de Finanzas no delegó sus facultades legales, según lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo, sino que simplemente decidió otorgar a la DEI facultades que la Ley no le concede.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el plazo que menciona el reclamante es para resolver la Afirmativa Ficta, cuando las actuaciones no tengan un término específico. En el caso que nos ocupa es un asunto Tributario Administrativo que ya tiene término establecido por el artículo 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo y en lo referente a que operó en su favor la Afirmativa Ficta es completamente falso ya que ésta solo es aplicable en aquellos casos que no tienen un término prudencial señalado, no siendo aplicable al caso de autos y lo que en realidad ocurrió fue que la DEI, mediante autos de 7 de agosto de 2007, notificados el 8 de agosto del mismo año, decidió requerir a la apoderada legal de la demandante para que presentara la documentaron requerida y así emitir acertadamente una resolución. Por lo tanto, el demandante es errado en su apreciación, ya que en el caso de autos no ha transcurrido ningún plazo para resolver las peticiones, en vista de que el demandante no debió solicitar ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, la certificación de que había operado en su favor la Afirmativa Ficta, por no ser el Órgano competente para conceder dicha petición, sino que debió hacerlo ante la misma autoridad que estaba conociendo del asunto planteado, en este caso la DEI y solo en caso que no se hubiese resuelto en el término de los 8 días establecidos por la Ley, es que debía recurrirse ante el superior jerárquico como es la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. En relación a que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas dictó auto de admisión ordenando al inferior la remisión de los expedientes donde se operó el silencio positivo, esto lo rechaza la demandada en vista que la Secretaría de Estado no ha emitido ningún auto o providencia ordenando la remisión de los expedientes administrativos señalados por la demandante, sino que los mismos fueron solicitados a la Dirección General, mediante Memorando AL-953-07 del 16 de agosto de 2007 con el fin de resolver la Afirmativa Ficta presentada. Tampoco se ha emitido auto o providencia alguna decretando que ha operado el silencio positivo. Se rechaza lo argumentado por el demandante al referir que el recurso de reposición interpuesto en 28 de mayo de 2008 fue desestimado mediante resolución del 5 de junio 2008, en vista que la Secretaría de Estado lo que emitió fue un auto de 5 de junio de 2008 que declara sin lugar el recurso de reposición por improcedente mandando en los demás estarse lo dispuesto en el auto del 30 de abril 2008, confundiendo de esta manera el reclamante, la figura de auto con resolución que son dos actos diferentes que establece la respectiva Ley. Asimismo rechaza el demandado lo aducido que hay irregularidad en las notificaciones ya que las resoluciones pusieron punto final a la actuaciones de la Secretaría de Estado, cerrando la posibilidad de materializar el silencio positivo.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de julio de dos mil nueve, dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción por encontrase ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el auto del 30 de abril de 2008 emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas; bajo el criterio que si bien es cierto la administración demandada tampoco emitió resolución definitiva incluso dentro del plazo de 60 días que le señala el artículo 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo, también es cierto que ocurrieron algunas circunstancias que dificultaron la emisión de la resolución definitiva correspondiente y que vale la pena mencionar. Al demandante le notificaron la primera resolución de los procedimientos contenidos en los expedientes 120- 060707-02-03, 123-060607-02-03 y 124-060607-02-03, es decir la del 6 de junio, el 11 de junio de 2007. A continuación y en cumplimiento a lo resuelto en la providencia del 6 de junio de 2007, emitida por el Secretario General de la DEI, Administración Regional Norte, las diligencias fueron remitidas al Departamento de Auditoría, en fecha 7 de agosto de 2007, (es decir el día 41 de los 60 que tenia la Administración para resolver), establece que previo a emitir el dictamen correspondiente remite a la Secretaria Regional de la DEI, para que requiera en legal y debida forma al demandante a efecto de que dentro del término de 10 días presente una serie de documentos, el requerimiento hecho al demandante en el anterior sentido, con la advertencia que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el requerimiento se archivaran las diligencias. Esta es la ultima actuación que consta en los expedientes referidos. Es innegable la considerable dilación en el trámite administrativo seguido por la DEI, sin embargo esa dilación no solo nunca superó los 60 días con los que disponía la DEI para resolver la solicitud de notas de crédito, sino que fue el demandante quien al no atender el requerimiento practicado, dejó de presentar los documentos solicitados en su propio detrimento. El demandante en lugar de atender el requerimiento realizado por la DEI, en fecha 10 de agosto de 2007, decidió equivocadamente comenzar el trámite de la aplicación de la Afirmativa Ficta, procedimiento que no le estaba permitido iniciar hasta el 4 de septiembre de 2007, (el primer día después de los 60 que establece la Ley de Procedimiento Administrativo) y no el 10 de Agosto como así lo hizo. En resumen el camino correcto era que el demandante atendiera el requerimiento realizado por la DEI para proseguir con el trámite legal de su solicitud y no intentar operar una figura administrativa que aún estaba lejos de aplicarse.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiocho de febrero de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que al no atender el requerimiento de la administración, es causa imputable al demandante la paralización del proceso en vía administrativa y hace que no exista silencio positivo a favor de este, ya que como se explicó el proceso no estuvo detenido por causas imputables a la administración, sino que por causas imputables al interesado y la prueba solicitada en esta instancia no procede su recibimiento por no estar dentro de los presupuestos previstos en el Código Procesal Civil.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, en fecha once de junio del año dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintiocho de febrero de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 348-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 028-08 del Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo de Francisco Morazán.- 6.- La representación procesal de la parte demandada, el abogado JESUS EDUARDO BENDAÑA LAINEZ, presentó en fecha dos de septiembre de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha cuatro de septiembre del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fechas diez de septiembre y treinta de octubre del dos mil trece, los abogados JESUS EDUARDO BENDAÑA LAINEZ y EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados JESUS EDUARDO BENDAÑA LAINEZ y EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, presentaron escritos en fechas doce de septiembre y uno de noviembre del dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un primer motivo en la forma siguiente: “Se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia recurrida para revisar su racionalidad y carácter lógico, por la falta de aplicación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 200, 206 y 207 en relación con el 720, todos del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1 letra c) del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia recurrida. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. El artículo 720 del Código Procesal Civil, en sus numerales 1) y 2) prescribe: “1) Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2) Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” El artículo 719 inciso e) del numeral 1) prescribe: “1) Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: c) La forma y contenido de las sentencias.” Por medio de este recurso se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia para demostrar la conclusión equivocada a que se llegó por parte del Tribunal de Segunda Instancia en la aplicación de las normas que regulan la forma y contenido de las sentencias. El Código Procesal Civil en sus artículos 200, 206, 207 y 208 impone de manera meridiana, y cito textualmente: “Artículo 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hechos y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: a)... b)... c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. d) El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación. 3…” “ARTICULO 207. MOTIVACIÓN. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.” Mi representada presentó solicitud para la emisión de tres notas de crédito, que, ante la negligencia de la Dirección Ejecutiva de Ingresos en resolver esas peticiones, se procedió a hacer efectiva la afirmativa ficta o silencio positivo, pero que luego del trámite correspondiente, la Secretaría de Finanzas expresó que no era la competente, sino que lo era la misma Dirección Ejecutiva de Ingresos, por lo que hubo necesidad de recurrir ante la jurisdicción de lo Fiscal Administrativo a impugnar el acto administrativo. Con fecha 31 de julio de 2009 el Juzgado dictó sentencia declarando improcedente la acción por considerar que el acto administrativo impugnado había sido dictado conforme a Derecho, utilizando entre otros razonamientos, los siguientes: “CONSIDERANDO (4): Que de los expedientes administrativos números 120-060707-2-03, 123-06607-02-03 y 124-060607-02- 03, que fueron adjuntados con el escrito de contestación de la presente demanda, se encuentra acreditado en cada uno de los expedientes, específicamente a folio 1, la solicitud de la nota de crédito de Impuesto Sobre Ventas presentado por el demandante ante la DEI. En el anverso de la carátula de cada uno de los expedientes mencionados se encuentra nota de formato en la que consta que la fecha en que se inició el trabajo, es decir el trámite administrativo correspondiente, fue el 6 de junio de 2007. En esta la fecha que marca el inicio del plazo que tiene la Administración para resolver la solicitud presentada. CONSIDERANDO (5): Que la norma del artículo 14 de la Ley de Simplificación Administrativa, que reforma por adición el artículo 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece, en su párrafo segundo, que la Secretarías de Estado, organismos descentralizados y desconcentrados, deberán emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo correspondiente, en los términos previstos por los ordenamientos jurídicos; y solo que estos no contemplen un término especifico, deberán resolverse en cuarenta días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud. CONSIDERANDO (6): Que de la lectura de la norma se deja entrever que, el plazo de 40 días para la Administración solo tiene lugar cuando el ordenamiento jurídico aplicable no contemple un término específico. El presente es un caso tributario y como tal su procedimiento y decisión están sujetos a todas las disposiciones aplicables que contempla la Legislación Tributaria. En ese sentido el Título Cuarto, Capítulo Único, Sección Primera de los Procedimientos en Materia Tributaria contenidos en el Código Tributario, específicamente su artículo 74 establece que las peticiones y recursos que no se resuelvan dentro de los términos establecidos por este Código o las leyes tributarias especiales o por la Ley de Procedimiento Administrativo, se entenderán falladas a favor del peticionario. De la revisión del Código Tributario y demás leyes tributarias especiales, no se desprende la existencia de un plazo dentro del cual la Administración Tributaria deba de dar respuesta definitiva a las peticiones de los administrados que solicitan notas de crédito. Por lo tanto hay que buscar el plazo en la tercera opción que otorga el propio Código Tributario en su artículo 74, es decir, hay que buscar en la Ley de Procedimiento Administrativo. Para reforzar por qué se debe recurrir a la Ley de Procedimiento Administrativo es preciso aceptar el aporte que hace el artículo 80 del mismo Código, cuando establece que lo no previsto en la sección referida al inicio de este considerando, quedará sujeto a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo. Apuntado lo anterior, tenemos que son dos las normas del Código Tributario que nos remiten en última instancia a la Ley de Procedimiento Administrativo para obtener el plazo con que la Administración Tributaria a través de la DEI, debe resolver los reclamos o peticiones de los Administrados, ya que el Código Tributario no lo establece. En vista de esto último y atendiendo a las normas antes señaladas, es necesario recurrir a la Ley de Procedimiento Administrativo para encontrar cuál es tan importante plazo. La Ley de Procedimiento Administrativo, en su artículo 84 establece que la resolución de todo procedimiento se notificará a)... b) En el plazo máximo de sesenta días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la providencia. Por todo lo dicho se puede establecer que, referente al plazo con que contaba la demandada para resolver la solicitud de nota de crédito, no son los 40 días de los que se habla en la norma de los que se habla en la norma del artículo 14 de la Ley de Simplificación Tributaria los que tenía la demandada para resolver la solicitud de la nota de crédito, que dieron origen a los expedientes 120-060707- 02-03, 123-06607-02-03 y 124-060607-02-03, sino los 60 que refiere la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 84. Se sostiene lo anterior puesto que la Ley de Simplificación Administrativa es clara cuando refiere que los 40 días solo se aplicarán cuando el procedimiento administrativo correspondiente no contemple un término específico para resolver. En el Código Tributario hay una remisión clara en todo aquello que el Código no prevea, a la Ley de Procedimiento Administrativo cuerpo legal que si establece el término especifico de 60 días para que la Administración, en este caso la DEI, resolviera las solicitudes de nota de crédito solicitadas. CONSIDERANDO (7): Que según la norma del artículo 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo el plazo de 60 días se comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de la primera providencia. De la revisión de los expedientes 120-060707-02-03, 123-06607-02-03 y 124-060607-02-03, se desprende que la primera providencia fue notificada de forma personal al demandante en 11 de junio de 2007 (ver folios por su orden 454, 271 y 238 de los expediente administrativos antes mencionados) por lo que es al día siguiente o sea el 12 de junio de 2007, el primero de los sesenta que tenía la DEI para resolver. Estos 60 días caducaron o finalizaron el 3 de setiembre de 2007 y no el 31 de julio como erróneamente lo invoca el demandante. Se dice esto último dado que el demandante sostiene como fundamento de su tesis de acción, el artículo 14 de la Ley de Simplificación Administrativa o el 29 reformado de la ley de Procedimiento Administrativo, pues se reitera, la Ley de Simplificación es clara cuando refiere que los 40 días solo son aplicables cuando los ordenamientos jurídicos correspondientes no fijen un término especifico, y como ya se ha dicho, en el presente caso el ordenamiento jurídico aplicable es el Código Tributario y supletoriamente las disposiciones de la Ley de Simplificación Administrativa. CONSIDERANDO (8): Que si bien es cierto, la Administración demandada tampoco emitió resolución definitiva incluso dentro del plazo de 60 días que le señala el artículo 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo también es cierto que ocurrieron algunas circunstancias que dificultaron la emisión de la resolución definitiva correspondiente y que vale la pena mencionar. Al demandante le notificaron la primera resolución de los procedimientos contenidos en los expedientes 120-060707-2-03, 123-06607-02-03 y 124-060607-02-03, es decir la de 6 de junio, el 11 de junio de 2007 (ver folios por su orden 454, 271 y 238 de los expedientes administrativos antes mencionados. A continuación y en cumplimiento a lo resuelto en la providencia del 6 de junio de 2007 emitida por el Secretario General de la DEI, Administración Regional Norte, las diligencias fueron remitidas al departamento de Auditoria, departamento que en fecha 7 de agosto de 2007 (es decir el día 41 de los 60 que tenía la Administración para resolver), establece que previo a emitir el dictamen correspondiente remite a la Secretaría Regional de la DEI para que requiera en legal y debida forma al demandante a efecto de que dentro del término de 10 días presente una serie de documentos (ver folios 455, 272 y 239 de los expedientes 120- 060707-2-03, 123-06607-02-03 y 124-060607-02-03 respectivamente). Posteriormente consta a folio 456, 273 y 240 de dichos expedientes, el requerimiento hecho al demandante en el anterior sentido, con la advertencia que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el requerimiento se archivaran las diligencias. Esta es la última actuación que consta en los expedientes referidos. Es innegable la considerable dilación en el trámite administrativo seguido por la DEI sin embargo esa dilación no solo nunca superó los 60 días con los que disponía la DEI para resolver la solicitud de notas de crédito, sino que fue el demandante quien al no atender el requerimiento practicado, dejó de presentar los documentos solicitados en su propio detrimento. El demandante en lugar de atender el requerimiento realizado por la DEI, en fecha 10 de agosto de 2007 (ver folio 43 de la pieza principal de autos) decidió equivocadamente comenzar el trámite de la aplicación de la Afirmativa Ficta, procedimiento que no le estaba permitido iniciar hasta el 4 de setiembre de 2007 (el primer día después de los 60 que establece la Ley de Procedimiento Administrativo) y no el 10 de agosto como así lo hizo. En resumen el camino correcto era que el demandante atendiera el requerimiento realizado por la DEI para proseguir con el trámite legal de su solicitud y no intentar operar una figura administrativa que estaba aún legal de aplicarse. CONSIDERANDO (9). Que el acto impugnado declara SIN LUGAR la solicitud de certificaciones presentadas por el demandante para comenzar el trámite de la Afirmativa Ficta, ya que Finanzas comprende que ese no es el momento procesal oportuno. Claro que no era el momento procesal oportuno puesto que lo oportuno era, como lo dice Finanzas al final de su resolución del 30 de abril de 2008, seguir con el trámite de Ley correspondiente, es decir, atender los requerimientos decretados. CONSIDERANDO (10): Que siendo el objeto del debate la inconformidad originada por la dualidad de fundamentos jurídicos aplicados por las partes para resolver un aparente silencio de la Administración; el mismo ha quedado plenamente resuelto, cuando se ha establecido que el plazo con que contaba la Administración para resolver las solicitudes de notas de crédito era de 60 y no de 40 días. Una vez resuelto esto, es innecesario entrar a definir la controversia referente a cuál era el órgano competente para extender las certificaciones de una Afirmativa Ficta iniciada de manera incorrecta, ya que en nada ayudaría a desvirtuar lo que con claridad ya se ha establecido.” La Corte de Apelaciones recurrida, en sentencia de fecha 28 de febrero de 2013, resolvió el recurso de apelación en los considerandos siguientes y que contienen la motivación de dicho fallo: “CONSIDERANDO (4): Que la sentencia definitiva venida en apelación a criterio de esta Corte de Apelaciones se estima dictada conforme a derecho, esto porque de la revisión de los antecedentes y de la normativa aplicable al caso de autos, no concurren los presupuestos alegados de afirmativa ficta que hace el apelante, ya que existe suficiente pruebas documental que acredita que no fue por causas imputables a la administración que se produjera silencio administrativo alguno, ya que consta a folios números 240 del tomo 1, 456 del tomo II, y 273 del tomo III, de los expedientes administrativos acompañados al escrito de contestación de demanda, que el interesado fue requerido en vía administrativa que para que le diera cumplimiento de acompañar documentación requerida por la administración, y lo que no cumplió el apelante, e incluso la administración pudo haber ordenado el sin más trámite el archivo de las diligencias, tal como lo prescribe el artículo 63 de la Ley de Procedimiento Administrativo. CONSIDERANDO (5): Que al atender el requerimiento de la administración, es causa imputable al demandante la paralización del proceso en vía administrativa, y hace que no exista silencio positivo a favor de este, ya que como se explicó el proceso no estuvo detenido por causas imputables a la administración, sino que por causas imputables al interesado; y la prueba solicitada en esta instancia no procede su recibimiento por no estar dentro de los presupuestos previstos por el Código Procesal Civil.” Para demostrar la defectuosa motivación de la sentencia de segunda instancia he transcrito las fundamentaciones jurídicas tanto de primera como de segunda instancia en sus partes conducentes, y por supuesto las contradicciones con los hechos de este proceso. Como se podrá apreciar, en la sentencia de primera instancia, el Juzgador sustenta fundamentalmente su motivación en dos puntos: uno, que el plazo para solicitar la afirmativa ficta es de 60 días y no de 40. A esta conclusión llega luego de hacer un largo análisis en donde trata de demostrar que el plazo para la resolución de la petición de mi representada era de 60 días conforme la Ley de Procedimiento Administrativo, pero esta Ley es supletoria y no puede imponerse ante la Ley especial. Que en los expedientes 120-060707-02-03, 123.- 06607-02-03 y 124-060607-02-03 se incumplió con la presentación de una documentación, y antes que hablar del incumplimiento de la Administración, se ha de hablar de incumplimiento del particular. El Tribunal de segunda instancia sustentó su motivación solo en un punto: que mi representada no atendió el requerimiento que se le había hecho y por tanto no podía operar la afirmativa ficta. Esta posición del Tribunal sentenciador nos da como conclusión que desestima el razonamiento del juzgador de primera instancia sobre el plazo de 60 días y limita el quid del asunto al no cumplimiento del requerimiento hecho por la DEI. Pero es aquí donde se equivoca la Corte recurrida, pues tal como consta de autos, la DEI procede a hacer el requerimiento el 10 de agosto de 2007 y mi representada inicia el procedimiento para la afirmativa ficta el mismo 10 de agosto, el día 41, cuando ya había vencido el plazo de los 40 días para que la DEI resolviera las solicitudes de notas de crédito. Lo anterior significa que mi representada al hacer uso de la afirmativa ficta lo hace en el tiempo y en la forma que prescriben los artículos reformados 29, 29-A y 29-B de la Ley de Procedimiento Administrativo, sin embargo, cuando el Tribunal de Alzada dicta la sentencia, se basa en una motivación totalmente equivocada pues el sentido lógico de los hechos subsumidos en los artículos precitados, establecen la procedencia de la acción. En este sentido, es contrario a la lógica argumentar que un requerimiento tenga la capacidad de provocar efectos retroactivos suficientes como para interrumpir un plazo en retrospectiva. Sin embargo, así lo dice la sentencia ad quem. A pesar de dar como un hecho cierto que el plazo para resolver había vencido al tiempo de practicarse el requerimiento, le concede a éste la potestad de interrumpir ese plazo vencido. Al revisar la racionalidad y el carácter lógico de la motivación de la sentencia impetrada se llega a la conclusión ineludible de que ésta es equivocada y que si bien las normas procesales que regulan la forma y contenido de las sentencias han sido aplicadas, precisamente en cuanto a la motivación, éstas lo han sido en un sentido totalmente distinto al que dispone el legislador trascendiendo al fallo y que llegó a la desestimación de la acción.”.- II. Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por carecer de claridad y precisión en su formulación, a saber: a) las disposiciones señaladas como infringidas contienen numerales y literales que era necesario precisar para los efectos de este recurso extraordinario; y, b) en su explicación formula alegatos propios de instancia y a su vez expone dos formas distintas de violar la ley, cuando su ataque al fallo ha sido por la falta de aplicación, también señala contradictoriamente “que si bien las normas procesales que regulan la forma y contenido de las sentencias han sido aplicadas, precisamente en cuanto a la motivación, estas lo han sido en un sentido totalmente distinto al que dispone el legislador…”, es decir, expone que dichas disposiciones fueron interpretadas erróneamente por el juzgador.- III. Que en el segundo motivo, alude: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por inaplicación de los artículos 29 y 49 de la Ley de Procedimiento Administrativo en relación con los artículos 17 y 39 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia recurrida. EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: La falta de aplicación de un precepto jurídico es el vicio que se percibe en un fallo, cuando el sentenciador no emplea o niega aplicación a una norma jurídica vigente, que es la aplicable al caso en cuestión. El artículo 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo en su parte conducente dice: “las peticiones de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si no se contestan en el plazo que marca la Ley o las disposiciones administrativas, se consideran aceptadas...”. El artículo 49 del mismo Cuerpo Legal, por su parte establece: “Transcurrido un plazo o la prórroga otorgada en tiempo, quedará caducado de derecho y perdido irrevocablemente el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse, sin necesidad de apremio, haciéndose constar de oficio el transcurso del término y continuándose el procedimiento respectivo.” El artículo 39 del Código Civil dispone: “Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche del último día del plazo; y cuando se exige que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazca o expiren ciertos derechos, se entenderá que estos derechos no nacen o expiran sino después de la media noche en que termine el último día de dicho espacio de tiempo”. Como ya se explicó en el desarrollo del primer motivo, el Tribunal sentenciador ha desestimado el razonamiento del juzgador de primera instancia sobre el plazo de 60 días y limitó el quid de la litis al incumplimiento del requerimiento efectuado por la DEI. Ahora bien, para determinar correctamente los efectos de dicho requerimiento - si es que los hay -, debió el Ad Quem aplicar, en cumplimiento de la jura novit curia, las normas legales vigentes que transcribimos con anterioridad, pues son las únicas que auténticamente se adaptan al asunto sub judice. Al aplicar y subsumir esta normativa al caso concreto nos resultará evidente e irrefutable que, pasados los 40 días, las peticiones se consideran aceptadas ipso jure (Art. 29 Ley de Procedimiento Administrativo); todo lo cual y en vista de que los 40 días transcurrieron íntegramente en este caso, queda de manifiesto el error en el fallo, al desestimar la demanda a pesar de haberse cumplido con estos parámetros taxativamente fijados por la Ley. Si este precepto legal se hubiese aplicado como se debía, la decisión del Ad Quem habría sido indefectiblemente favorable a mi Mandante. Por otra parte tenemos que para que un requerimiento hubiese sido capaz de producir efectos interruptivos del plazo en que opera el silencio positivo, debía practicarse antes de la medianoche del día 40 (Art. 39 del código Civil) y no una vez que éste ya venció, como ocurrió en este caso concreto. Finalmente tenemos que una vez transcurridos los 40 días y habiendo operado DE DERECHO la afirmativa ficta, ya cualquier trámite como el requerimiento o cualquier otro, habría quedado precluido, caducado y perdido irrevocablemente (Art. 49 Ley de Procedimiento Administrativo). El Ad Quem no aplicó esta normativa jurídica, por el contrario, la infringió, lo que arrojó como resultado un fallo erróneo, que desestima la demanda por motivos ilícitos, como ser la concesión de efectos retroactivos a un requerimiento administrativo, que además contraviene el texto literal de la Ley, en violación del artículo 17 del Código Civil. Un aspecto final sobre este mismo tema, es el hecho que incluso el requerimiento que esgrime el Tribunal sentenciador, fue indebidamente practicado. Consta que la DEI, luego de vencido el plazo de 40 días, emitió un auto ordenando requerir al contribuyente para presentar cierta documentación adicional, pero dicho requerimiento JAMÁS fue practicado, sino que simplemente se notificó el auto que lo ordenaba por medio de la tabla de avisos. En consecuencia, dicho requerimiento, aún cuando fue emitido de manera extemporánea, tiene el agravante de nunca haberse materializado, de tal suerte que no existe ningún motivo legal para considerar interrumpido el plazo”.- IV. Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por carecer de claridad y precisión, a saber: a) invoca el Impetrante en la formulación del motivo, entre otros, el artículo 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo y alude en el desarrollo del cargo a la afirmativa ficta, pero es preciso recordar que este Recurso Extraordinario, exige que se trate de una ley aplicable al caso concreto. En este recurso puede invocarse la violación de una ley actualmente en vigencia o de una derogada, siempre que de ellas hayan surgido las relaciones jurídicas que deben determinar la sentencia; sin embargo, en el caso de mérito, los alegatos en la explicación del cargo en relación a la afirmativa ficta no concuerdan con la disposición señalada como infringida. Preciso es recordar que la disposición invocada como violada, fue reformada mediante la Ley de Simplificación Administrativa mediante Decreto Ejecutivo No. 255-2002; b) en la explicación del cargo se alude al material probatorio, lo cual es vedado en este recurso extraordinario de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) se realizan inapropiados alegatos de instancia.- V. Que el Impetrante ha solicitado nulidad subsidiaria por indefensión argumentando lo siguiente: “Al momento de formalizar el recurso de apelación, esta representación procesal, bajo el amparo del artículo 7 12.2 literal c) del Código Procesal Civil, propuso el medio de prueba denominado MEDIO DE PRUEBA ÚNICO, DOCUMENTAL, consiste en la CIRCULAR SNPL-185-2002, elaborada por la DEI bajo el formato de memorando, de fecha 28 de agosto del 2002; lo anterior, habida cuenta que durante el curso del proceso, la parte demandada, desafiando la autoridad del A Quo, fue renuente a proporcionar dicho documento, que revestía de gran trascendencia para la decisión de la litis. Sobre esta prueba, el Ad Quem no formuló ningún tipo de pronunciamiento, ni rechazándola ni admitiéndola, sino que, una vez recibidos los autos junto con los libelos de expresión y contestación de agravios, procedió a dictar sentencia, sin citación alguna y sin concedernos la oportunidad procesal para recurrir o protestar por no haber admitido esta prueba a pesar de ser pertinente, conducente e idónea, y que, con seguridad habría incidido de manera determinante en la decisión final del pleito. En el documento público que pretendimos incorporar al proceso se desvirtúa tanto el acto impugnado, como la argumentación jurídica de las sentencias de primera y segunda instancias, ya que por una parte establece que el plazo para resolver con que cuenta la Dirección Ejecutiva de Ingresos es de CUARENTA DÍAS (40), contados desde la presentación de la solicitud; en segundo lugar, dispone que en caso de no haber resolución dentro de dicho plazo, la afirmativa ficta operará ipso jure (no siendo eficaces los requerimientos a posteriori, como equivocadamente lo estimó el Ad Quem) y finalmente, que ante el silencio de la DEI, deberá pedirse certificación de haber operado la afirmativa ficta ante el superior jerárquico, es decir, ante la Secretaría de Finanzas. En vista de la claridad y contundencia con que todos estos extremos se encuentran descritos en el documento público que pretendimos incorporar al proceso, la parte demandada optó por desobedecer al A Quo y simplemente no lo aportó, ocasionando en últimas que no fuese considerado en la valoración del material probatorio, lo que provocó que las decisiones de las dos instancias fuesen erradas, incluso a pesar de la diferencia argumentativa que ambas contienen. La negativa probatoria que se describe constituye una grave infracción a las garantías procesales de mi Mandante, provocándole indefensión, lo que desde luego se traduce en nulidad absoluta, al tenor del artículo 212.4 del Código Procesal Civil; nulidad que pido sea declarada en sede de casación. Igualmente pido considerar que no existió ninguna oportunidad procesal para recurrir o protestar por el silencio del Ad Quem ante esta petición probatoria.”.- VI. Que revisada la sentencia impugnada, de la misma se desprende que efectivamente el Juzgador de segunda instancia hace las consideraciones pertinentes en relación a la práctica de la prueba solicitada por la parte demandante, no observando este Tribunal que se haya violentado el debido proceso ni el derecho de defensa de las partes.- VII. Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VIII. Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días del mes de agosto del dos mil catorce; certificación del auto de fecha veintidós de julio del dos mil catorce, recaído en el Recurso de Casación número 668-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL