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Sentencia CA-642-13 — Registro 4023

Resumen

En primera instancia se declara improcedente la acción interpuesta por la demandante, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado identificado como el Acuerdo de Cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Recuerda la Corte el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juez, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello, se ha señalado, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.-" Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado esta Sala, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.- · En consecuencia resulta que el recurso en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica completa, ya que el Censor omite en su totalidad estructurar correctamente un motivo de casación, omitiendo señalar una causa o motivo de los contenidos en el artículo 719 del Código Procesal Civil, más bien hace alegatos de instancia y relaciona el material probatorio cuando es limitado y excepcional hacerlo por esta vía.- V. Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VI. En razón de lo anterior, consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.-

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de octubre de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado ponente el último para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: la señora SANDRA YAMILETH TORRES NIETO, representada en juicio por el abogado FRANCISCO C. FLORES VAREL; y, Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del Ministerio Público, representado en juicio por el abogado MAURICIO A. CASTRO AGUILAR.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda contraída a pedir la nulidad de un acto administrativo, se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injustificada de que fue objeto sin que se le pagaran los derechos e indemnizaciones laborales a que tenía derecho, reintegro al puesto de trabajo, mas el pago de los salarios dejados de percibir con todos los aumentos, pago de vacaciones, décimo cuarto mes, décimo tercer mes y demás beneficios colaterales desde la fecha de su cancelación hasta la ejecución de la sentencia, costas del Juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la señora SANDRA JAMILETH TORRES NIETO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Ministerio Publico.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que fue nombrada mediante acuerdo de nombramiento número 301-2008 de fecha cuatro de agosto de dos mil ocho, en el cargo de Técnico en Control de Evidencias, dependiente de los Laboratorios Criminalísticos y Ciencias Forenses de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público. Posteriormente, en fecha dos de septiembre de dos mil once, se le hizo entrega el acuerdo de cancelación número 376-2011 de fecha veintinueve de agosto de dos mil once y efectivo a partir del último día de su notificación, en donde el Fiscal General del Estado, acuerda la cancelación de su acuerdo y sin seguir el procedimiento, lo que evidencia la ilegalidad e injusticia de tal decisión, violentando el principio de estabilidad laboral establecido como garantía constitucional en el artículo 129 de la Constitución de la República. Que en la cancelación de su acuerdo de nombramiento no se siguió el procedimiento administrativo establecido en la ley, lo que igualmente convierte tal decisión en injusta e ilegal.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Ministerio Público, contestó dicha demanda señalando que en ningún momento se ha violentado el principio de estabilidad laboral consignado tanto en la Constitución de la República como en la normativa interna del Ministerio Público, siendo falso el argumento de que no se le siguió el procedimiento, pues ella fue sometida a un procedimiento disciplinario ante el Consejo de Personal del Ministerio Público, en el cual la hoy demandante agotó el procedimiento, compareciendo con su apoderado en todas las actuaciones y recursos legales realizados, así como también es falso que la decisión de cancelarla fue tomada con posterioridad al agotamiento de este procedimiento aduciendo que es ilegal e injusto.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de agosto de dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado identificado como el Acuerdo de Cancelación No. 376-2011 de fecha 29 de agosto del 2011, mediante el cual se cancela por despido a la ciudadana Sandra Yamileth Torres Nieto, del cargo de Técnico en Control de Evidencias, dependiente de los Laboratorios Criminalísticos y Ciencias Forenses de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público, absolviendo al Estado de Honduras, por medio del Ministerio Público, del pago por los conceptos reclamados por la demandante, se exime del pago de costas; bajo el criterio que el procedimiento disciplinario que aplicara la autoridad nominadora a la servidora regular, plasmado el mismo en el expediente administrativo, se encontró que la Autoridad nominadora canceló a la hoy demandante, siguiendo el procedimiento de despido conforme lo prescribe el Estatuto y el Reglamento, observándose que se respeto el debido proceso y el derecho de defensa, así mismo, la falta imputada a la servidora regular Sandra Yamileth Torres Nieto, con los documentos valorados según las reglas de la sana critica, como ser las declaraciones de los testigos (Nilda Lelia Bermúdez Solano, Elvin Saúl Casco Paredes, y Carlos Bustillo) y los informes emitidos por las autoridades al juez no le queda duda que la demandante cometió una falta de las que conlleva según el régimen disciplinario el Despido, sin responsabilidad para la autoridad nominadora.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha ocho de noviembre de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación No.376-2011 de fecha 29 de agosto del 2011, estaba obligado a seguir el procedimiento establecido en la Carrera del Ministerio Publico y el Reglamento General de la Carrera del Ministerio Publico, para dictar esta clase de actos y al hacerlo siguiendo totalmente el procedimiento legal, trajo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser improcedente, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogado FRANCISCO C. FLORES VARELA, en fecha veintidós de julio del año dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha ocho de noviembre de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 317-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 444-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, abogado MAURICIO A. CASTRO AGUILAR, presentó en fecha dieciséis de septiembre del año dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dieciocho de septiembre del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas uno y catorce de octubre del dos mil trece, los abogados FRANCISCO C. FLORES VARELA y MAURICIO A. CASTRO AGUILAR, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados FRANCISCO C. FLORES VARELA y MAURICIO A. CASTRO AGUILAR, presentaron escritos en fechas tres y veintidós de octubre del dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que el Acuerdo de Cancelación Numero 376-2011 de fecha 29 de agosto de 2011, en donde el Fiscal General del Estado acuerda la Cancelación de mi representada SANDRA YAMILETH TORRES NIETO, sin seguir el procedimiento- administrativo que establece la Ley, lo que evidencia la ilegalidad e injusticia de tal decisión, ya que la supuesta falta según la autoridad nominadora Ministerio Publico fue cometida el 5 de febrero de 2010, teniendo conocimiento por escrito ese mismo día de mes y año (5 de febrero de 2010), según Memorandum de fecha 12 de febrero de 2010, asimismo LA SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE SANCION DE DESPIDO DE LA SERVIDORA SANDRA YAMILETH TORRES NIETO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TECNICO EN CONTROL DE EVIDENCIAS DEPENDIENTE DE LABORATORIOS CRIMINALISTICOS Y CIENCIAS FORENSES DE LA DIRECCION DE MEDICINA FORENSE, dirigida al HONORABLE CONSEJO DE FERSONAL DE LA CARRERA DEL MINISTERIO PUBLICO, en fecha 24 de febrero de 2010, menciona en los Hechos que Motivan y Dan Origen a la Solicitud de Despido en su numeral Primero que la División de Recursos Humanos del Ministerio Publico a través de su titular Abogado JOSE FRANCISCO MORALES M., recibió en fecha 18 de enero del 2010 una solicitud remitida por la Doctora LUCY EDUVIGES MARRDER PINEDA, en su condición de Directora General de Medicina Forense, en donde se solicita la Cancelación por Despido de la Técnico en Control de Evidencias SANDRA YAMILETH TORRES NIETO; y en fecha 29 de abril de 2010 se le entrego a mi representada copia de la Solicitud de Cancelación por Despido, posteriormente en fecha 02 de septiembre de 2011 siendo las 10:AM el suscrito Secretario General del Ministerio Publico notifica a la servidora SANDRA YAMILETH TORRES NIETO, el Acuerdo de Cancelación Nº 376-2011 de fecha 29 de agosto de 2011; Como podrán analizar Honorables Magistrados de este Único Motivo de Casación, que entre la fecha en que se cometió la infracción (05 de febrero de 2010) y la fecha de suspensión de despido (29 de abril de 2010) han transcurrido mas de dos meses días hábiles, asimismo entre la fecha de la infracción y la notificación del Acuerdo de Cancelación por Despido Nº 376-2011 ya ha transcurrido mas de un año, y la Ley solamente le da el termino a la autoridad nominadora de treinta (30) días hábiles para imponer una cancelación por despido, como ustedes podrán observar Honorables Magistrados se ha violentando de esta forma el Principio de Estabilidad Laboral establecido como Garantía Constitucional en el Articulo 129 de la Constitución de la República, así como los Artículos 89, 90, 91 y 92 referente a la Prescripción, del Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico en relación con los Artículos 203, 204, 205 y 206 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico.- Articulo 89: “los derechos e impugnaciones administrativas que este Estatuto reconoce a los servidores, prescribirán en el plazo de sesenta (60) días, salvo que tuviere otro plazo especial. Dicho plazo comenzara a contarse a partir del día hábil siguiente a aquel en que se hubiese notificado al servidor la resolución que le afecta”.- Articulo 90: “La imposición de las medidas disciplinarias, prescribirá en la forma siguiente: a) La Amonestación en siete (7) días; b) La Perdida del derecho a acenso en quince (15) días, y c) La suspensión, en un (1) mes. Los plazos indicados se comenzaran a contar a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere comunicado por escrito a la autoridad competente la comisión de la falta”.- Articulo 91: “La sanción de despido prescribirá transcurridos treinta (30) días hábiles desde la fecha en que la DIVISION hubiere tenido conocimiento por escrito, de la comisión de la infracción”.- Articulo 92: “En los casos previstos en los dos (2) Artículos anteriores, el periodo comprendido entre el día en que la falta se hubiere cometido y el que reciba la comunicación por escrito, no podrá exceder de una semana”.- El mismo contenido esta comprendido en los Artículos 203, 204, 205 y 206 de dicho Reglamento mencionado anteriormente. SEGUNDO: Como Ustedes podrán analizar Honorables Magistrados tanto en el Reclamo Administrativo hecho ante el Ministerio Publico por mi representada SANDRA YAMILETH TORRES NIETO, así como en la Sentencia emitida por el Juzgado A-Quo en fecha 27 de agosto de 2012, y en la sentencia emitida por la Honorable Corte de Apelación en fecha 08 de noviembre de 2012, donde se ratifica la sentencia del Juzgado A-Quo, se violentaron los Artículos mencionados en el numeral Primero, infringiendo nuestro Ordenamiento Jurídico, así como los derechos de mi representada SANDRA YAMILETH TORRES NIETO. TERCERO: Como se menciona en la Sentencia emitida por el Juzgado A-Quo de fecha 27 de agosto de 2012, en los Fundamentos de Derecho en el Numeral Segundo, que literalmente dice: Que el Código Procesal Civil entró en vigencia el uno de noviembre del dos mil diez, y en aplicación a lo que establece el articulo 12 numeral 5 “El Juez debe resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes” (PRINCIPIO DEL IURA NOVIT CURIA).- Asimismo en el Articulo 716 del Código Procesal Civil en relación a los fines de la Casación, en sus numerales 1. “El recurso de Casación tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación, e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional”.- y 2 “Las normas sobre recurso de casación deberán aplicarse e interpretarse en la forma mas favorable a la finalidad de unificación de la jurisprudencia como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas”.- Reconociendo de esta forma la Ley en este articulado, lo ya expresado en los Numerales anteriores en la interposición y formalización de este Recurso de Casación. CUARTO: Honorables Magistrados, la Ley del Ministerio Público, su Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico y su Reglamento General, así como la Constitución de la República y las demás Leyes, son el Instrumento Jurídico a través del cual se rige el personal del Ministerio Público y por ende es una Ley a la cual se le debe obediencia aplicarla en cualquier estado en que se encuentre el juicio, por ende no esta sujeta de ser probada e interpretarla, ya que no es un medio probatorio sino que es un medio de aplicación de Justicia como un Fundamento de Derecho, en virtud que el procedimiento utilizado por la autoridad nominadora (Ministerio Público) en el Despido de mi representada SANDRA YAMILETH TORRES NIETO, no fue el correcto ya que en la forma en que se aplico es extemporáneo el Despido; el Juzgado A-Quo no tomó en cuenta o no analizo exhaustivamente el procedimiento, así como la Honorable Corte de Apelación, ya que el articulo 12 numeral 5 del Código Procesal Civil tipifica: “EL JUEZ DEBE RESOLVER LA CUESTIÓN LITIGIOSA CON ARREGLO A DERECHO, AUNQUE NO HAYA SIDO INVOCADO POR LAS PARTES O LO HAYAN SIDO ERRONEAMENTE…” Por consiguiente el término para imponer la sanción de Cancelación por Despido por la autoridad nominadora ya había prescrito”.- II. Recuerda la Corte el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juez, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello, se ha señalado, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.- III. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado esta Sala, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.- IV. En consecuencia resulta que el recurso en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica completa, ya que el Censor omite en su totalidad estructurar correctamente un motivo de casación, omitiendo señalar una causa o motivo de los contenidos en el artículo 719 del Código Procesal Civil, más bien hace alegatos de instancia y relaciona el material probatorio cuando es limitado y excepcional hacerlo por esta vía.- V. Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VI. En razón de lo anterior, consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiún días del mes de octubre del dos mil catorce; certificación del auto de fecha siete de octubre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 642-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL