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Sentencia CA-492-12 — Registro 2977

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción promovida por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación de su puesto de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia dictada en segunda instancia y que la Recurrente fundamenta su único motivo de casación manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación errónea del artículo 3 inciso a) de la Ley de Servicio Civil empleado para la solución de fondo del litigio en relación con el 26 del Reglamento de dicha Ley. DISPOSICION INFRINGIDA: Estimo como infringido el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil por interpretación errónea en relación con el 26 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha de de 2012. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil.EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al interponer el Recurso de Apelación, expresamos los agravios que la sentencia de primera instancia causa a mi representado, siendo estos que mi representado el Estado de Honduras no es responsable por la obligación que se le ha demandado, pues en primer lugar, de conformidad a lo establecido en el artículo 3 letra a) dice “Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: a) A los Secretarios de Estado y Sub-Secretarios de Estado y sus EMPLEADOS DE CONFIANZA”, definiendo el Reglamento de la Ley de Servicio Civil la figura de “Empleados de confianza como la persona natural que ha sido nombrada a través de un Acuerdo y que presta su servicios personales a la administración pública; por la responsabilidad que tiene, las delicadas tareas que desempeña o la honradez que para sus funciones se exige, cuenta fe y apoyo especiales de parte de la autoridad nominadora. A tales servidores no se les aplica el Régimen del Servicio Civil, por las razones antes expresadas.” Es este el caso del Señor CARLOS HUMBERTO BENITEZ CALIX, quien en ningún momento ignoró que cuando fue nombrado en el cargo de Conductor de Automóviles, desempeñó labores como empleado de confianza. Asimismo durante el momento procesal oportuno, se constató que mediante el Oficio No. NP-050-2011 de fecha 25 de marzo de 2011 la Abogada Rosa Aminta Yánez, Jefa del Departamento de Normas y Procedimientos adjunto al expediente agregado al Juzgado a su digno cargo, la Abogada Yánez expresa que la Dirección General no puede certificar la definición de figura de Puesto Excluido por ser una figura fuera del Régimen de Servicio Civil, pero el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, en su numeral 45 establece que Servicio Excluido es el conjunto de puestos a los que no se aplica el régimen de Servicio Civil; por estar taxativamente separados del sistema por el artículo tres (3) de la Ley. Asimismo el artículo 3 reformado de la Ley de Servicio Civil, establece que: “Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: Literal p) a los demás funcionarios con anexa jurisdicción nacional, siempre que sean dependientes del Poder Ejecutivo.” En cuanto a los beneficios que gozan los puestos excluidos, solo los enumerados en la Constitución de la República y el artículo 87 de las disposiciones generales de ingresos y egresos de la República, en el ejercicio fiscal del año 2011. De igual manera la Dirección General de Servicio Civil NO certifica este tipo de nombramientos, en vista que es un nombramiento que realiza en forma directa el Señor Secretario de Estado del Interior y Población, lo cual esta Dirección General no tiene conocimiento de tal acción, por lo que se encuentra en la categoría de empleado de confianza, establecido en el artículo 11 numeral 2) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que literalmente dice: “Para los fines de los artículos 3 inciso a) de la Ley y 9 numeral 1) del presente Reglamento, se consideran empleados de confianza de los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los siguientes: “Quienes se desempeñan como conductores de automóviles asignados directamente a dichos funcionarios, bajo su dependencia y subordinación inmediatas y siempre que así estuvieren clasificados los respectivos cargos”. La Sentencia objeto del presente Recurso, no se encuentra ajustada a derecho, en virtud que como se probó fehacientemente el demandante fue nombrado, mediante Acuerdo de Nombramiento No. 071-2002 de fecha dieciocho de febrero de dos mil dos en un PUESTO DE CONFIANZA como claramente lo señala el indicado Acuerdo de nombramiento, mismo que fue constatado y puede constatarse fehacientemente en el expediente de mérito. Violentando el Honorable Juez de Primera Instancia y la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la aplicación de lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de Aplicación, pues literalmente el artículo 3 señala: “Las Disposiciones de esta Ley NO SERANAPLICABLES a los siguientes servidores Públicos: a) A los Secretarios y Subsecretarios de Estado y sus empleados de confianza.” Enmarcándose dentro de los EMPLEADOS DE CONFIANZA el cargo de Conductor de Automóviles (Puesto Excluido), pues para nombrar al Señor Demandante NO SE CUMPLIO, como quedó plenamente demostrado durante el juicio con el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil para el nombramiento de empleados regulares, de la Administración Pública que no ostentan CARGOS DE CONFIANZA, en tal sentido al demandante LO EXCLUYE la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de Aplicación por el nombramiento que ostentó en virtud que el indicado Ordenamiento Jurídico, regula las relaciones laborales entre los empleados no catalogados como de confianza y la administración pública. Las personas que desempeñan en la Administración Pública puestos de CONFIANZA, como el de Conductor de Automóviles (Puesto Excluido), por lógica consecuencia no está regulado por la Ley de Servicio Civil. En tal razón, mi representado el Estado de Honduras a través de la Secretaríade Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia ahora Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, no puede pagar prestaciones laborales como lo pretende el demandante por estar excluido el puesto que desempeñaba del régimen del servicio civil. No obstante que como lo he expuesto, el cargo desempeñado por el demandante era puesto excluido, la Corte Sentenciadora ha interpretado erróneamente el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil relacionándolo con el 26 del Reglamento de la mencionada Ley, que, como no se encuentra dentro de la definición que da éste último artículo de lo que es empleado de confianza, no lo considera como tal, y es ahí entonces en donde se produce la equivocación porque según su criterio, si la ley no lo dice entonces no se puede considerar como empleado de confianza, olvidando que la ley, aunque no lo diga de manera expresa su sentido lógico deriva de la norma jurídica propiamente dicha, esto es, que un puesto de Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, por las responsabilidades que conlleva es de confianza del titular de la Secretaría de Estado para la que labora, además sin sujeción a horarios de trabajo y tanto es así que su nombramiento nunca se registró en el Servicio Civil, y el que decide quien será empleado de confianza es el Secretario de Estado pues así lo dice la Ley en forma expresa. De manera pues, que la interpretación que hace el Tribunal Sentenciador del artículo 3 de la Ley de Servicio Civil en relación con el 26 del Reglamento de la citada Ley es errónea por lo que procede se case la sentencia”.-

“ Que el motivo que antecede resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) hace referencia al material probatorio, lo cual es inapropiado ya que este Tribunal tiene vedada esa valoración en razón de la exclusión de la revisión probatoria en casación, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) en su explicación, hace referencia a normas no citadas como violadas en la formulación, tal es el caso de los artículos 6 numeral 45) y 11 numeral 2) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; y, c) formula alegatos propios de instancia.”

“ Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.”

“ Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno”

Legislación citada

Sentencia

CORTE

SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de enero de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, representado en juicio por la abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ; y, Recurrido: CARLOS HUMBERTO BENITEZ CALIX, representado en juicio por el abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA.-

OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y que se adopte como medida para el pleno restablecimiento de su derecho subjetivo violado el pago de las prestaciones e indemnizaciones legales, pago de salarios caídos y las costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor CARLOS HUMBERTO BENITEZ CALIX, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.-

ANTECEDENTES DE HECHO.-

1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició a prestar sus servicios en la Secretaría de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia ahora Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, el 25 de febrero de 2002, en el cargo de conductor y que mediante acuerdo No.306-2010 de fecha 14 de abril de 2010, se le canceló ilegalmente del cargo del que venía desempeñando el demandante, sin seguir procedimiento alguno y violando el derecho de defensa, ya que no se le llamó a la correspondiente audiencia de descargos ni se le invocó causal legal de despido.-

2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia ahora Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, contestó dicha demanda señalando que se determinó cancelar de su puesto de trabajo al demandante por considerar que el cargo que desempeñó es el que considera la Ley del Servicio Civil excluido del Régimen, extremo que fue del conocimiento del demandante, esto al tenor del artículo 3 literal a) de la Ley del Servicio Civil y 11 numeral 2) del Reglamento; que la autoridad administrativa al emitir y notificar el Acuerdo de Cancelación del servidor público observó irrestrictamente el procedimiento establecido para emitir el acto administrativo impugnado para cesar con la relación laboral de aquellos servidores que desempeñan cargos de confianza y por lo tanto se encuentran excluidos de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.-

3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de octubre de dos mil once, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación No.306-2010, de fecha 14 de abril de 2010, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia ahora Secretaría de Estado en el Despacho del Interior y Población, por medio del cual se canceló al demandante, reconociendo la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se resolvió el pago de sus prestaciones laborales; condenando al Estado de Honduras al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir, pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, sin costas; bajo el criterio que el cargo que ocupaba el demandante no estaba contemplado en el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil y 11 del Reglamento de dicho cuerpo legal, tampoco indicó el motivo o causal de la cancelación del acuerdo; de igual manera no consta en autos que la autoridad nominadora haya dado cumplimiento a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para proceder a la cancelación del demandante por cesantía o despido, por lo que infringe el ordenamiento jurídico por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido en la Ley.-

4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha ocho de marzo de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación del demandante, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de autos y al no hacerlo violentó el ordenamiento jurídico establecido. -

5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, presentó en fecha nueve de mayo de dos mil doce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha ocho de marzo de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 054-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 208-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha diez de mayo de dos mil doce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.-

6.- La representación procesal de la parte demandante, abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, presentó en fecha veinticuatro de mayo de dos mil doce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintinueve de mayo de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución, personalmente y por vía teléfono celular, los abogados MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA y NADYA LILIANA HERNANDEZ, en fechas uno y cinco de junio de dos mil doce, respectivamente.-

7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA y NADYA LILIANA HERNANDEZ, presentaron escritos en fecha cinco y once de junio del año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente respectivamente.-

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia dictada en segunda instancia y que la Recurrente fundamenta su único motivo de casación manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación errónea del artículo 3 inciso a) de la Ley de Servicio Civil empleado para la solución de fondo del litigio en relación con el 26 del Reglamento de dicha Ley. DISPOSICION INFRINGIDA: Estimo como infringido el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil por interpretación errónea en relación con el 26 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha de de 2012. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al interponer el Recurso de Apelación, expresamos los agravios que la sentencia de primera instancia causa a mi representado, siendo estos que mi representado el Estado de Honduras no es responsable por la obligación que se le ha demandado, pues en primer lugar, de conformidad a lo establecido en el artículo 3 letra a) dice “Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: a) A los Secretarios de Estado y Sub-Secretarios de Estado y sus EMPLEADOS DE CONFIANZA”, definiendo el Reglamento de la Ley de Servicio Civil la figura de “Empleados de confianza como la persona natural que ha sido nombrada a través de un Acuerdo y que presta su servicios personales a la administración pública; por la responsabilidad que tiene, las delicadas tareas que desempeña o la honradez que para sus funciones se exige, cuenta fe y apoyo especiales de parte de la autoridad nominadora. A tales servidores no se les aplica el Régimen del Servicio Civil, por las razones antes expresadas.” Es este el caso del Señor CARLOS HUMBERTO BENITEZ CALIX, quien en ningún momento ignoró que cuando fue nombrado en el cargo de Conductor de Automóviles, desempeñó labores como empleado de confianza. Asimismo durante el momento procesal oportuno, se constató que mediante el Oficio No. NP-050-2011 de fecha 25 de marzo de 2011 la Abogada Rosa Aminta Yánez, Jefa del Departamento de Normas y Procedimientos adjunto al expediente agregado al Juzgado a su digno cargo, la Abogada Yánez expresa que la Dirección General no puede certificar la definición de figura de Puesto Excluido por ser una figura fuera del Régimen de Servicio Civil, pero el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, en su numeral 45 establece que Servicio Excluido es el conjunto de puestos a los que no se aplica el régimen de Servicio Civil; por estar taxativamente separados del sistema por el artículo tres (3) de la Ley. Asimismo el artículo 3 reformado de la Ley de Servicio Civil, establece que: “Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: Literal p) a los demás funcionarios con anexa jurisdicción nacional, siempre que sean dependientes del Poder Ejecutivo.” En cuanto a los beneficios que gozan los puestos excluidos, solo los enumerados en la Constitución de la República y el artículo 87 de las disposiciones generales de ingresos y egresos de la República, en el ejercicio fiscal del año 2011. De igual manera la Dirección General de Servicio Civil NO certifica este tipo de nombramientos, en vista que es un nombramiento que realiza en forma directa el Señor Secretario de Estado del Interior y Población, lo cual esta Dirección General no tiene conocimiento de tal acción, por lo que se encuentra en la categoría de empleado de confianza, establecido en el artículo 11 numeral 2) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que literalmente dice: “Para los fines de los artículos 3 inciso a) de la Ley y 9 numeral 1) del presente Reglamento, se consideran empleados de confianza de los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los siguientes: “Quienes se desempeñan como conductores de automóviles asignados directamente a dichos funcionarios, bajo su dependencia y subordinación inmediatas y siempre que así estuvieren clasificados los respectivos cargos”. La Sentencia objeto del presente Recurso, no se encuentra ajustada a derecho, en virtud que como se probó fehacientemente el demandante fue nombrado, mediante Acuerdo de Nombramiento No. 071-2002 de fecha dieciocho de febrero de dos mil dos en un PUESTO DE CONFIANZA como claramente lo señala el indicado Acuerdo de nombramiento, mismo que fue constatado y puede constatarse fehacientemente en el expediente de mérito. Violentando el Honorable Juez de Primera Instancia y la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la aplicación de lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de Aplicación, pues literalmente el artículo 3 señala: “Las Disposiciones de esta Ley NO SERAN APLICABLES a los siguientes servidores Públicos: a) A los Secretarios y Subsecretarios de Estado y sus empleados de confianza.” Enmarcándose dentro de los EMPLEADOS DE CONFIANZA el cargo de Conductor de Automóviles (Puesto Excluido), pues para nombrar al Señor Demandante NO SE CUMPLIO, como quedó plenamente demostrado durante el juicio con el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil para el nombramiento de empleados regulares, de la Administración Pública que no ostentan CARGOS DE CONFIANZA, en tal sentido al demandante LO EXCLUYE la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de Aplicación por el nombramiento que ostentó en virtud que el indicado Ordenamiento Jurídico, regula las relaciones laborales entre los empleados no catalogados como de confianza y la administración pública. Las personas que desempeñan en la Administración Pública puestos de CONFIANZA, como el de Conductor de Automóviles (Puesto Excluido), por lógica consecuencia no está regulado por la Ley de Servicio Civil. En tal razón, mi representado el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia ahora Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, no puede pagar prestaciones laborales como lo pretende el demandante por estar excluido el puesto que desempeñaba del régimen del servicio civil. No obstante que como lo he expuesto, el cargo desempeñado por el demandante era puesto excluido, la Corte Sentenciadora ha interpretado erróneamente el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil relacionándolo con el 26 del Reglamento de la mencionada Ley, que, como no se encuentra dentro de la definición que da éste último artículo de lo que es empleado de confianza, no lo considera como tal, y es ahí entonces en donde se produce la equivocación porque según su criterio, si la ley no lo dice entonces no se puede considerar como empleado de confianza, olvidando que la ley, aunque no lo diga de manera expresa su sentido lógico deriva de la norma jurídica propiamente dicha, esto es, que un puesto de Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, por las responsabilidades que conlleva es de confianza del titular de la Secretaría de Estado para la que labora, además sin sujeción a horarios de trabajo y tanto es así que su nombramiento nunca se registró en el Servicio Civil, y el que decide quien será empleado de confianza es el Secretario de Estado pues así lo dice la Ley en forma expresa. De manera pues, que la interpretación que hace el Tribunal Sentenciador del artículo 3 de la Ley de Servicio Civil en relación con el 26 del Reglamento de la citada Ley es errónea por lo que procede se case la sentencia”.-

II.- Que el motivo que antecede resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) hace referencia al material probatorio, lo cual es inapropiado ya que este Tribunal tiene vedada esa valoración en razón de la exclusión de la revisión probatoria en casación, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) en su explicación, hace referencia a normas no citadas como violadas en la formulación, tal es el caso de los artículos 6 numeral 45) y 11 numeral 2) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; y, c) formula alegatos propios de instancia.-

III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.-

IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.-

POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de febrero del dos mil catorce; certificación del auto de fecha veintiuno de enero del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 492-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

Pasan…

…Las Firmas

Martínez

Paz Haslam

Arita