Sentencia CA-489-13 — Registro 4074
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción en consecuencia se anuló totalmente, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que ya existía una prescripción y la autoridad nominadora tiene toda la potestad legal de si un servidor público comete una falta en el ejercicio de sus funciones
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado esta Sala, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.- ". En consecuencia, resulta que el cargo en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica completa, ya que la Censora omite en su totalidad estructurar correctamente un motivo de casación, más bien hace alegatos de instancia y relaciona el material probatorio cuando es limitado y excepcional hacerlo por esta vía.-" En razón de lo anterior, consecuentemente, es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de junio de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la abogada LESLIE SOEI PINEDA GALLARDO; y, Recurrido: La señora ELENA GUADALUPE MOLINA SANCHEZ, representada en juicio por el abogado ERNESTO ALONSO BOQUIN REYES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para el reconocimiento de una situación jurídica individualizada de cancelación ilegal e injusta y la adopción de las medidas necesarias para su pleno restablecimiento, costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la señora ELENA GUADALUPE MOLINA SANCHEZ, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició su relación laboral por acuerdo a partir del 01 de septiembre de 2006, en el puesto de Registrador Adjunto del Registro de la Propiedad, devengando un salario mensual. Posteriormente fue cancelada de su cargo mediante Acuerdo de Cancelación Número 052-2010 de fecha 14 de julio del 2010, la cual se deriva de una audiencia de descargo celebrada el mismo día de la cancelación (14 de julio del 2010), en virtud de una inscripción indebida de la presentación número 632258 que ostentaba prohibición de celebrar actos y contratos, según criterio de la Dirección General de Registros, ya que nunca se le notificó por parte de la Registradora Titular ni por el Director de Registros, dicha prohibición sobre el inmueble contenido en la presentación 632258, aparte que este titulo no tenia ningún antecedente de dominio por lo que no arrastraba ninguna prohibición de celebrar actos y contratos, ya que ese titulo venía acompañado de un oficio extendido por la Dirección General de Regulación Predial en donde se ordena la inscripción de dicho titulo de propiedad, por lo que no había manera alguna de saber o de presumir la existencia de alguna prohibición.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda señalando que se opone a la pretensión de la demandante, en virtud de alegar que el Acuerdo de Cancelación de la demandante fue dictado siguiendo el procedimiento legal correspondiente.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de agosto de dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción en consecuencia se anuló totalmente y se reconoció la situación jurídica individualizada de la demandante y para el pleno restablecimiento se resolvió el pago de las prestaciones laborales más los salarios dejados de percibir desde el momento de la ilegal cancelación hasta que se ejecute el fallo, más los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, sin costas; bajo el criterio que se encuentra acreditado el memorando número 41-2010 de fecha 13 de julio del 2010, mismo que fue notificado a la demandante el 14 de julio del 2010, fecha en la que se le notificó la audiencia de descargo y aún más se le canceló el mismo día, infringiendo lo establecido en la normativa vigente al establecer que en aras de que la persona sujeta a una posible sanción pueda defenderse presentando medios de prueba y testigos para no vulnerar la garantía constitucional establecida en el artículo 82 Constitucional “el derecho de defensa es inviolable, por lo tanto nadie debe ser juzgado en ausencia”; por lo que dicha audiencia debió celebrarse dentro de los siete días siguientes a la notificación; no obstante dicha audiencia se celebró y el mismo día se le canceló por despido a la ahora demandante; por lo que toda la prueba, denuncias, informes etc. que obran en el expediente ya estaban prescritas al momento de la cancelación de la ahora demandante, tal y como lo menciona la norma contenida en el artículo 57 de la Ley de Servicio Civil; por lo tanto hubo infracción al procedimiento de despido realizado por lo que declara procedente la acción.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que ya existía una prescripción y la autoridad nominadora tiene toda la potestad legal de si un servidor público comete una falta en el ejercicio de sus funciones, después del procedimiento que ordena la ley imponerle la sanción que en derecho corresponda, pero dicha sanción tiene que ser impuesta dentro del término que concede la ley y en el caso que nos ocupa, el plazo de treinta días que permite la ley, desde el momento que la autoridad tuvo conocimiento de la falta, hasta el momento de la sanción por despido, ya había expirado, viciando con esto de nulidad el acto impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada LESLIE SOEI PINEDA GALLARDO, en fecha dieciséis de abril del año dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintiuno de marzo del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 060-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 439-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6.- La representación procesal de la parte demandante, abogado ERNESTO ALONSO BOQUIN REYES, presentó en fecha veintisiete de junio de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha quince de julio del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha diecisiete de julio y cinco de agosto del dos mil trece, los abogados ERNESTO ALONSO BOQUIN REYES y LESLIE SOEI PINEDA GALLARDO, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados ERNESTO ALONSO BOQUIN REYES y LESLIE SOEI PINEDA GALLARDO, presentaron escritos en fechas cinco y doce de agosto del dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta sus motivos manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que en el Considerando Primero, con respecto al Acuerdo de cancelación No. 52-2010 de fecha catorce (14) de Julio del año dos mil Diez (2010), dictado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad, podemos demostrar que en ningún momento hay infracción del ordenamiento Jurídico, mucho menos exceso de Poder ya que el mismo fue dictado siguiendo las atribuciones que la Ley de Propiedad consigna en su artículo 11 numerales 1, 2 y 7. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el Artículo 719 literal C, del Código Procesal Civil que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. SEGUNDO: EN EL CONSIDERANDO TERCERO, para proceder a la cancelación de la Señora ELENA GUADALUPE MOLINA SÁNCHEZ, como dice este Honorable Tribunal que el acto administrativo impugnando fue dictado contrario a derecho; Honorable Tribunal como mucho respecto el acto impugnado fue basado en derecho siguiendo todo el proceso legal establecido: 1) La cancelación de la Señora ELENA GUADALUPE MOLINA SANCHEZ, fue dictada por la Autoridad Competente en base al DECRETO EJECUTIVO PCM-30-2007, el cual era de aplicación inmediata, no se tenía que regir por un procedimiento previo para proceder a la cancelación del puesto de trabajo, ya que el mismo acuerdo de Cancelación claramente establece que era por Razones Económicas Presupuestarias. TERCERO: EL CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO; de esta Sentencia, no se ajusta a Derecho, por que en ningún momento se encuentra viciado el acto administrativo esta conforme a Derecho ya que aplico la sanción correspondiente cuando sea cometido una falta grave. CUARTO: EL CONSIDERANDO NÚMERO QUINTO; de esta sentencia, es muy parco, sin ningún análisis profundo al confirmar la sentencia apelada, hecho este que no es aceptado ya que como se establece en el acuerdo de cancelación dictado por razones de cumplir con la aplicación de su sanciones correspondiente ya que se cometió una falta al respecto, por lo consiguiente no cabe un reintegro, sino en todo caso el pago de sus prestaciones, por lo que esperamos que sea rectificado por esta Honorable Corte Suprema de Justicia. CONCLUSION: Con los medios de prueba aportados y evacuados, con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, se acredito fehacientemente que las faltas cometida por la demandante y por tal razón nos llevo al despido de la demandante para la aplicación de su falta toda basado conforme a derecho. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el artículo 14 numeral 3 de la Ley de Propiedad, Artículos 206,207, 208, 719 literal c, del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la Forma y Contenido de la Sentencia.”.- II. Recuerda la Corte el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juez, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la Ley. Por ello se ha dicho que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias. Por el recurso extraordinario de casación el litigante vencido encuentra un medio idóneo para llevar al conocimiento de la Corte de Casación un fallo que considera injusto ya sea porque el juzgador incurrió en error iuris in iudicando o en error in procedendo, con el objeto de que sea reexaminado; sin embargo ese examen se realiza en forma limitada, no es absoluto, porque como ya se dijo, este medio de impugnación no provoca una tercera instancia, sino que en él se enjuicia la sentencia, buscando con ello el control sobre la regularidad del proceso.- III. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado esta Sala, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.- IV. En consecuencia, resulta que el cargo en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica completa, ya que la Censora omite en su totalidad estructurar correctamente un motivo de casación, más bien hace alegatos de instancia y relaciona el material probatorio cuando es limitado y excepcional hacerlo por esta vía.- V. En razón de lo anterior, consecuentemente, es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho merito. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiún días del mes de julio del dos mil catorce; certificación del auto de fecha diez de junio del dos mil catorce, recaído en el Recurso de Casación número 489-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL