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Sentencia CA-477-13 — Registro 4016

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción promovida por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido, ya que si fue por cesantía o por despido, al no hacerlo violó el ordenamiento legal establecido.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Pero es el caso que el cargo en la forma expuesta no está llamado a prosperar en vista de que la Censora comete una serie de defectos técnicos que se detallan a continuación: a) La causa del recurso es carente de un thema decidendi que pueda alcanzar un pronunciamiento judicial concreto y como consecuencia lógica la recurrente no estableció hechos o realidades históricas que le sirven como razón o causa de pedir (causa petendi), tal como lo establecen claramente los artículos 704 y 723 numeral 2 inciso b. del Código Procesal Civil. b) Sumado a lo anteriormente motivado, es de recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia. c) En síntesis, el recurso es carente de toda técnica casacional, ya que como técnica general, el casacionista debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que a sus intereses le causa una sentencia impetrada.- “ Cabe recordar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren, las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- “ Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala a la Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del Recurso de Casación.- “ En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida y ordenar la remisión de las actuaciones a la Corte Sentenciadora, dejando sentado que contra este auto no cabe recurso alguno, conforme lo establece el Artículo 724.1 del mismo cuerpo legal citado.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de agosto de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designada ponente la primera para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA; y, Recurrida: la señora ROSA ANA GIRON AMADOR, representado en juicio por el abogado FREDIN FUNEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia personal, por no ser conforme a derecho por infringir el ordenamiento jurídico, con grave quebrantamiento de las formalidades esenciales, exceso de poder y desviación del poder, que se declare la ilegalidad y su nulidad, que se reconozca una situación jurídica individualizada de titular de los derechos que se reclaman, y adoptar como medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, el reintegro al cargo del cual fue cancelada o a otro de igual o mejor categoría y salario, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de la cancelación hasta que se ejecute el reintegro al cargo, reconociendo los respectivos incrementos salariales que en su caso tuviera el puesto durante la secuela del juicio, más el pago de los derechos laborales que ocurran durante el juicio como decimotercer y decimocuarto mes de salario, pago de vacaciones doblemente remuneradas y demás derechos que ocurran durante la secuela del juicio, costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de octubre del año dos mil once, por la señora ROSA ANA GIRON AMADOR, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción que inició la relación de trabajo con el Instituto de la Propiedad por contrato a partir del 01 de noviembre de 2009 y a partir del 01 de septiembre de 2009 nombrada por acuerdo en el cargo de Oficial Legal, dependiente de la Dirección General de Regularización Predial del Instituto de la Propiedad, reconociéndosele la antigüedad por contrato, que de forma ilegal e injusta fue cancelada por la Dirección General de Regularización Predial del Instituto de la Propiedad mediante Acuerdo de Cancelación número 042-2011 de fecha 26 de septiembre de 2011, notificado y efectivo a partir de esa misma fecha, haciendo entrega de todos los bienes a ella asignados, por lo cual se extendió la respectiva constancia de solvencia, devengando a la fecha en que fue cancelada del cargo la suma de L.22,300.00. Que al emitir el referido acuerdo, se infringió el ordenamiento jurídico, con grave quebrantamiento de las formalidades esenciales, exceso de poder y desviación de poder. El quebrantamiento de las formalidades esenciales ocurre al cancelarle del cargo sin observar las normas y procedimientos para la cancelación por despido o cesantía que establece la ley de Servicio Civil, ya que ni en dicho acuerdo de cancelación, ni en su notificación se menciona si la cancelación es por cesantía o por despido, de igual manera no se invoca ley alguna que tipifique la causal de despido o el motivo de cesantía y mucho menos el propio reglamento de personal del Instituto de la Propiedad, para lo cual la Ley de Servicio Civil y su Reglamento establecen requisitos y procedimientos distintos, por lo tanto el acto es injusto, ilegal y arbitrario, el exceso de poder ocurre por la falta de conexión lógica entre la motivación y la parte dispositiva del acto y la desviación de poder sucede porque la autoridad ejerció potestades administrativas para fines distintos de los fijados por la ley, pues la Ley de Propiedad otorga a la autoridad nominadora la potestad de emitir acuerdos para la remoción de personal, sin embargo para ejercer esa potestad debe hacerlo observando los procedimientos que ordena la ley, para revestir los actos de legalidad, lo cual no ha ocurrido en el presente caso, por todo lo anterior, dicho acto se encuentra totalmente viciado, por lo cual se pide su nulidad por infringir el ordenamiento jurídico.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda señalando que la demandante inició su relación laboral con el Instituto de la Propiedad el 01 de noviembre del año 2006 según contrato No. 11135-2006; posteriormente con fecha 01 de septiembre del año 2009, fue nombrada como Oficial Legal dependiente de la Dirección General de Regularización Predial según acuerdo 215-2009, devengando al momento de su cancelación un sueldo mensual de Veintidós Mil Trescientos Lempiras (L.22,300.00); que el acto administrativo dictado por el Instituto de la Propiedad, se realizó en estricta observancia a los procedimientos establecidos en el Reglamento de Personal de dicho Instituto, en uso de las facultades que se les otorga a los Directores Generales y que se encuentran contempladas en el artículo 14 numerales 1, 2 y 3, el cual establece: “Son funciones de los Directores Generales las siguientes: 1) Cumplir y hacer cumplir la presente Ley, sus reglamentos y las resoluciones del Consejo Directivo y del Secretario Ejecutivo; 2) Dirigir y organizar sus respectivas direcciones; 3) Nombrar y remover el personal a su cargo”; que el argumento de la actora de esta acción contenciosa administrativa insiste en hacerle ver al Juzgado, que el Instituto de la Propiedad le ha violado sus derechos laborales, cancelándola de su puesto de trabajo, infringiendo el ordenamiento jurídico y quebrantando las formalidades esenciales, incluyendo el exceso de poder, al cancelarle del cargo sin observar las normas y procedimientos para la cancelación, la cual se rechaza completamente en virtud de que el acto administrativo dictado por el Instituto de la Propiedad, donde determina cancelar a la señora Rosa Ana Girón Amador, lo hizo en estricta observancia a los procedimientos establecidos en el Reglamento de personal del Instituto y la Ley de Propiedad en virtud que el Instituto de la Propiedad no está adscrito al Régimen de Servicio Civil.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha veintidós de noviembre del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción promovida por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación número 042-2011 de fecha 26 de septiembre de 2011, emitido por el Instituto de la Propiedad, por medio del cual se canceló a la demandante, anulando el acuerdo de cancelación número 042- 2011 de fecha 26 de septiembre de 2011, reconociendo la situación jurídica individualizada de la demandante y para su pleno restablecimiento se ordenó el reintegro a su cargo como Oficial Legal de la Dirección General de Regularización Predial del Instituto de la Propiedad, condenando al Estado de Honduras, a través del Instituto de la propiedad, al pago a favor de la demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que sea reintegrada a su puesto de trabajo mas los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder y decreto en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto de la demandante, sin costas. Criterio: Que del estudio y análisis en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes, del estudio del expediente administrativo y de los fundamentos de derecho en que ambas partes apoyaron sus alegatos, se observa que al momento de emitirse el acuerdo de nombramiento, como el de cancelación a la parte demandante, en su redacción no se aprecia el motivo, razón o circunstancia por la cual se cancela a la misma, lo cual es arbitrario y constituye abuso de autoridad, pues ya la Ley de Servicio Civil y su Reglamento establecen los requisitos y el procedimiento a seguir por parte de la autoridad nominadora para cancelar a uno o más servidores públicos, ya sea por cesantía o por despido, en el caso de autos el acto administrativo impugnado y por medio del cual se canceló a la demandante, se dictó con infracción del ordenamiento jurídico, en franca violación a la Ley de Propiedad y el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por lo que infringe el ordenamiento jurídico, por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido en la ley.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cuatro de abril del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido, ya que si fue por cesantía o por despido, al no hacerlo violó el ordenamiento legal establecido.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA, en fecha dos de mayo del año dos mil trece, interpuso escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha cuatro de abril del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.097-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 481-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha tres de mayo del año dos mil trece, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la demandante, abogado FREDIN FUNEZ, presentó en fecha cuatro de junio del año dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diecinueve de junio del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veinticuatro de junio del año dos mil trece, los abogados FREDIN FUNEZ y QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados FREDIN FUNEZ y QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA, presentaron escritos en fechas veintisiete de junio y treinta de julio del año dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.-MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACION JURÍDICA.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: El Magistrado ponente en el considerando SIETE (7) argumenta: “….Que del estudio y análisis en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes, así como del expediente administrativo y de los Fundamentos de Derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones esta Corte observa y concluye que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación de la demandante la señora ROSA ANA GIRON AMADOR, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento, legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, para dictar esta clase de autos, ya que sí fue por cesantía o por despido y al no hacerlo violo el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por la demandante, resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado” SEGUNDO: En el considerando OCHO (8) arguye: Que la Ley de Procedimiento Administrativo establece que los actos administrativos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico, y que son anulables los actos que incurran en cualquier Infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder”. TERCERO: También en el considerando NUEVE (9) arguye:... “Que por lo expuesto en los considerandos que anteceden esta Corte es del criterio de confirmar la sentencia definitiva venida en apelación por estar dictada conforme a derecho”.- Es preciso hacer resaltar Señores Magistrados que al momento de la contestación de la demanda incoada ante mi representada por parte del Abogado Fredyn Fúnez, se acreditó fehacientemente que todos los empleados del Instituto de la Propiedad NO ESTAN SUJETOS AL REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL; y con respecto al Acuerdo de cancelación No. 042-2011 de fecha 26 de Septiembre del año 2011, dictado por la Dirección General de Regularización Predial del Instituto de la Propiedad, podemos demostrar que en ningún momento hay infracción del ordenamiento Jurídico, mucho menos exceso de Poder ya que el mismo fue dictado siguiendo las atribuciones que la Ley de Propiedad consigna en su artículo 14 numerales 1, 2 y 3. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c, del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. CUARTO: Que es evidente con todas las pruebas aportadas en primera instancia y las argumentaciones en que me basé para defender a mi representada, de que si se llevó a cabo el procedimiento adecuado para poder cancelar de su cargo a la señora Rosa Ana Girón Amador, del cargo de Oficial Legal, dependiente de la Dirección General de Regularización Predial del Instituto de la Propiedad. La inobservancia de los Honorables Magistrados a lo que Establece el Artículo 14 numeral, 2 y 3 de la Ley de Propiedad: “Son funciones de los Directores Generales las siguientes: 1) Cumplir y hacer cumplir la presente Ley, sus Reglamentos y las resoluciones del Consejo Directivo y del Secretario Ejecutivo; 2) Dirigir y organizar sus respectivas direcciones; 3) Nombrar y remover el personal a su cargo. Es la que nos motiva a interponer este Recurso de Casación ante esta Honorable Corte, todo esto en virtud de que la Señora ROSA ANA GIRON AMADOR, fue cancelada de su cargo respaldando tal decisión, las atribuciones propias de los Directores Generales provistas en el Articulo 14, numeral 1, 2 y 3, de la Ley de Propiedad. CONCLUSION: Con los medios de prueba aportados y evacuados, con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, se acredito fehacientemente que el abuso de autoridad relacionada en la presente demanda es Inexistente que como consecuencia, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho, siguiendo lo establecido en la Ley de Propiedad, para la cancelación de los empleados y servidores del Instituto de la Propiedad sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en los artículos 14 numeral 1, 2 y 3 y de la Ley de Propiedad, artículos 206, 207, 208, 719 literal c, del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la Forma y Contenido de la Sentencia”.- II. Pero es el caso que el cargo en la forma expuesta no está llamado a prosperar en vista de que la Censora comete una serie de defectos técnicos que se detallan a continuación: a) La causa del recurso es carente de un thema decidendi que pueda alcanzar un pronunciamiento judicial concreto y como consecuencia lógica la recurrente no estableció hechos o realidades históricas que le sirven como razón o causa de pedir (causa petendi), tal como lo establecen claramente los artículos 704 y 723 numeral 2 inciso b. del Código Procesal Civil. b) Sumado a lo anteriormente motivado, es de recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia. c) En síntesis, el recurso es carente de toda técnica casacional, ya que como técnica general, el casacionista debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que a sus intereses le causa una sentencia impetrada.- III. Cabe recordar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren, las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- IV. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala a la Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del Recurso de Casación.- V. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida y ordenar la remisión de las actuaciones a la Corte Sentenciadora, dejando sentado que contra este auto no cabe recurso alguno, conforme lo establece el Artículo 724.1 del mismo cuerpo legal citado.- PARTE DISPOSITIVA.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo emite AUTO IRRECURRIBLE con base en la motivación y fundamentación jurídica citadas y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia y RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de septiembre del dos mil catorce; certificación del auto de fecha diecinueve de agosto del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 477-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL