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Sentencia CA-440-13 — Registro 4015

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por la demandante, por no ser conforme a derecho el acto administrativo impugnado, en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no expresa la o las normas de derecho cuya infracción sustente el motivo; b) no precisa ni justifica incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; c) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; d) no establece si la impugnación del fallo es por la aplicación o interpretación de normas procesales; y, e) formula alegatos de instancia.- III. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida esta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- " Que por las razones expuestas procede desestimar el recurso en su único motivo."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de septiembre de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), representado en juicio por el abogado JORGE LEONIDAS CALDERÓN LAÍNEZ; y, Recurrido: RAFAEL ARCÁNGEL MEZA MURILLO, representado en juicio por la abogada LYLY ZULEMA CASTELLANOS MARTÍNEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, que se determine la responsabilidad patrimonial de la demandada y se reconozca consecuentemente la situación jurídica individualizada y como medida para el pleno restablecimiento se condene al pago de los daños y perjuicios causados, incluido el lucro cesante y daño emergente, costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, por la abogada LYLY ZULEMA CASTELLANOS MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal del señor RAFAEL ARCÁNGEL MEZA MURILLO, contra el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que en fecha 02 de mayo del 2006, su apoderada solicitó a la AFE-COHDEFOR, el beneficio de un brote de plaga en bosque de pino de tenencia privada, sitio de su propiedad en el lugar denominado “EL ZAPOTE” ubicado en el Municipio de Salamá, Departamento de Olancho, al momento de realizar la solicitud legal, como trámite burocrático, la Gerencia de la AFE-COHDEFOR ahora Instituto de Conservación Forestal (ICF), le dio traslado para el estudio técnico a la Unidad Técnica de la AFE-COHDEFOR, en donde esa unidad técnica según Memorándum UEP-SALAMA-077/2006 y Memorándum UEP-SALAMA-074/2006, al evaluar la documentación presentada y haciendo una evaluación técnica in situ en la localización de los brotes, recomendó la aprobación y dio por aceptado el control de brote (el beneficiario de bosque plagado se le tiene por controlador del brote) exhortando a que se extienda la venta local a favor del demandante por un volumen rescatable de 652.69 M3 (brote registrado bajo el expediente administrativo numero SALAMA-BP-050/2006) con una área afectada de 12.40 has y otro de un volumen de 546.28 M3, (brote registrado bajo expediente número administrativo SALAMA-BP-051/2006) en este último el área afectada es de 8.6 has, extremo que consta en hoja cartográfica No. 2860-II; que después de efectuados los trámites Legales-Técnicos y recomendaciones de la unidad técnica de la AFE-COHDEFOR ahora Instituto de Conservación Forestal (ICF), quien suplicó el control de plaga, mismo que trae consigo el aprovechamiento de la madera aún aprovechable, pues debido a eso y de acuerdo a los actos administrativos dictados, el demandante procedió a realizar labores de preparación y control entre otras actividades necesarias para el control; que sorpresivamente al demandante no se le concedió el aprovechamiento en contravención al Decreto No. 177-2001, dicho decreto manda “que el bosque plagado debe ser tratado de manera especial, autorizando su aprovechamiento mediante ventas locales”, dicha contravención por parte de la alta administración de la AFE-COHDEFOR ahora Instituto de Conservación Forestal, ha perjudicado al demandante e hizo que incurriera en una cantidad razonable de gastos, el cual no solo implica un gasto pecuniario, sino las obligaciones que se han visto afectadas por la clara irresponsabilidad del administrador hacia al administrado, trasgrediendo este último los actos de la administración y aún sus mismos actos, por lo que se interpuso Reclamo Administrativo para el pago de daños y perjuicios que comprende el lucro cesante y daño emergente en concepto de la no autorización de ventas locales de los lotes de madera plagada, en el cual se le expuso a la AFE-COHDEFOR, ahora Instituto de Conservación Forestal, de la negligencia cometida en las solicitudes administrativas antes mencionadas, pero el Reclamo fue declarado sin lugar, por tanto se apeló en tiempo y forma, de igual manera fue denegado, y para agotar la vía administrativa se recurrió a reponer el acto respectivo ó sea el de Reposición, por lo que ahora se deduce que aparte de una denegatoria DOLOSA, esa Institución no enmendó su supuesto error involuntario.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), contestó dicha demanda señalando que se rechaza la misma en forma contundente debido al argumento erróneo alegado por la parte demandante, ya que cita varios dictámenes técnicos donde se dice que se RECOMIENDA autorizar aprovechamientos de madera y equivocadamente entiende que es una venta la que se hace y no es así, el demandante se tomó atribuciones ajenas a él, realizó labores de aprovechamiento sin que la Administración del Estado emitiera una Resolución como es lo correcto, ya que la forma en que la Administración Pública realiza sus actos es a través de Resoluciones y no dictámenes técnicos; que la AFE-COHDEFOR emitió Resolución GG-MP-048-2006, en la que se decreta una veda temporal de los aprovechamientos forestales en las áreas comprendidas dentro del Municipio de Salamá, Departamento de Olancho, la que será suspendida mediante nueva resolución, una vez se concluyera el ordenamiento territorial del municipio de Salamá, Departamento de Olancho, dicha resolución se emitió en base a Decreto Ejecutivo en el que se ordena el mencionado ordenamiento territorial, por lo tanto la vía correcta para la nulidad de acto administrativo era pedir la nulidad del decreto ejecutivo antes mencionado, por lo que el hecho que el demandante realizara actividades de aprovechar madera son ajenas a la institución demandada; que en ningún momento la institución demandada suplicó algún tipo de control de plaga y como ya se ha mencionado anteriormente, la parte demandante realizó labores supuestamente en base a los actos administrativos dictados por la AFE-COHDEFOR, pero ya se mencionó cual es la única forma que la Administración Pública se puede pronunciar por ende las actividades realizadas por el demandante fueron por su propia voluntad.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de marzo de dos mil once, dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por la abogada Lyly Zulema Castellanos Martínez, actuando en su carácter de apoderada del señor Rafael Arcángel Meza Murillo, por no ser conforme a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el auto resolutivo de fecha 24 de junio del 2008, emitido por el Consejo Directivo de la Administración Forestal del Estado, Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE-COHDEFOR), ahora Instituto de Conservación Forestal (ICF), en consecuencia, se anuló totalmente, reconociendo la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se resolvió condenar a la demandada a pagarle al demandante, como resarcimiento de daños y perjuicios solicitado, la cantidad de L.558,048.82, cantidad calculada en base al valor por M3 acreditado en autos, menos los gastos que hubiese realizado el demandante si hubiere efectuado la venta respectiva sobre la cantidad de M3 cuya autorización solicitó a la demandada, sin costas; bajo el criterio que de la apreciación de los hechos alegados, las pruebas practicadas y los fundamentos de derecho en que las partes apoyan sus pretensiones se ha comprobado que en el presente caso hubo infracción al ordenamiento jurídico, en virtud que el Acto Administrativo Impugnado no se dictó conforme a derecho, ya que se denegó la petición del demandante porque la autorización de aprovechamiento y venta de madera plagada no se concedió por haberse emitido por parte de la demandada una Resolución ordenando la veda en el lugar donde se solicitaba la misma, lo cual si bien es cierto, también lo es que la solicitud de autorización fue presentada a la demandada antes de la fecha en que se emitió la Resolución referida, en consecuencia el demandante tenia derecho al momento de presentar su solicitud a que se le extendiera la autorización respectiva dentro del término que la Ley establece y al no extendérsele tiene derecho a que se le pague como daños y perjuicios la cantidad que hubiese ganado si hubiese vendido el lote de madera plagada cuya autorización solicitaba, quedando demostrado que en el presente caso, hubo infracción al ordenamiento jurídico aplicable al denegarse una petición a la cual el demandante tenía derecho y en virtud de lo cual dejó de obtener una ganancia por la venta que no pudo realizar.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dos de agosto de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que de la apreciación y análisis de la sentencia recurrida junto con los hechos probados se desprende que efectivamente la Autoridad Gubernamental demandada con la emisión del acto administrativo impugnado ocasionó daños y perjuicios al demandante, esto y tal como fue correctamente apreciado por el a-quo, de que si bien es cierto existía resolución de veda en el lugar de la solicitud de aprovechamiento y venta de madera plagada, pero que no es menos cierto que dicha solicitud se hizo con anterioridad de la veda decretada; apreciándose un daño ocasionado al demandante ya que éste reunía los requisitos para que se otorgara la autorización solicitada hecha antes de la veda decretada y con disposiciones técnicas a su favor, ocasionándole daños y perjuicios como consecuencia de ello al no emitirse la resolución que a derecho correspondía.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogado JORGE LEONIDAS CALDERÓN LAÍNEZ, presentó en fecha quince de noviembre de dos mil doce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha dos de agosto de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 144-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 295-08 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha dieciséis de noviembre de dos mil doce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, abogada LYLY ZULEMA CASTELLANOS MARTÍNEZ, presentó en fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha tres de junio de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas diez y veinte de junio de dos mil trece, los abogados LYLY ZULEMA CASTELLANOS MARTÍNEZ y JORGE LEONIDAS CALDERÓN LAÍNEZ, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha doce de agosto de dos mil trece, teniendo por personada a la abogada LYLY ZULEMA CASTELLANOS MARTÍNEZ, en concepto de parte recurrida y por precluído el plazo concedido y dejado de utilizar por el abogado JORGE LEÓNIDAS CALDERÓN LAÍNEZ, en concepto de parte recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia y que el Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se establece que este UNICO motivo, el precepto autorizante del miso se encuentra consignado en el articulo 719 numeral 1 letra C) del Código Procesal Civil que se refiere a “la forma y contenido de la sentencia”. EXPOSICION DEL MOTIVO: La sentencia será siempre motivada y contendrá, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. Resulta que en la sentencia definitiva de fecha dos de agosto de dos mil doce no ha existido una motivación fáctica derivada del análisis de las pruebas presentadas en juicio, por tal razón es que procedo a pedir a través de este motivo, su revisión en virtud que la misma contiene un elemento de condena a mí representada como ser el pago de daños y perjuicios, pero sobre esta declaración no hay ni existe un sustento probatorio que sirva de soporte al monto de esa condena, repito honorable Sala, no hay prueba alguna que de sustento a tal disposición judicial. Por tanto, el monto de esa condena de daños y perjuicios es totalmente infundada habida cuenta que, por una parte la Corte sentenciadora en ningún momento declaro ningún hecho probado al respecto (de ese monto por lo menos), ya que solo se limito a relacionar algunas consideraciones legales como motivación a la sentencia, pero existe claramente una omisión en cumplir con la obligación de establecer los hechos probados tal como lo mandan el articulo 200.1 y 2 del Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil obliga al juzgador, ya sea de primera o de segunda instancia a establecer sus propios hechos probados, para tener una claridad de que la sentencia es producto de un razonamiento científico, lógico jurídico, y no una mera liberalidad del juzgador como ocurre en el caso de autos en donde se establece una condena de quinientos cincuenta y ocho mil cuarenta y ocho lempiras con ochenta y dos centavos (Lps.558,048.82) sin que exista para hecho un dictamen o prueba pericial que sustente esa declaración y por ende sirva de base para dar con un hecho probado, lo cual hace que la sentencia termine convirtiéndose en una sentencia de motivación defectuosa. Por tanto ante un hecho que no ha sido probado, el fallo no podía otorgar una condena liquida o especifica de daños y perjuicios ya que repito, no existe ninguna prueba que sustente tal decisión con referencia a esa cuantía, lo cual nos lleva a señalar que sobre tal circunstancia no existe hecho probado alguno y es ahí de donde adolece el fallo objeto de este recurso.”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no expresa la o las normas de derecho cuya infracción sustente el motivo; b) no precisa ni justifica incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; c) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; d) no establece si la impugnación del fallo es por la aplicación o interpretación de normas procesales; y, e) formula alegatos de instancia.- III. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida esta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- V. Que por las razones expuestas procede desestimar el recurso en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de octubre del dos mil catorce; certificación del auto de fecha treinta de septiembre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 440-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL