Sentencia CA-420-12 — Registro 4107
Resumen
Se anula la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que confirma el auto emitido por el A-quo bajo el criterio que si bien el acto impugnado fue emitido por un órgano de la administración pública, la misma resuelve conflictos que se originan de contratos laborales y su suspensión, lo cual es regulado por el Código del Trabajo, siendo de orden laboral
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Hito
"Que el artículo 665 del Código del Trabajo determina que la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. También conocerá de la ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo; de los asuntos sobre fueros sindicales; de los permisos a menores para ejercitar acciones, de la calificación de huelgas; de la cancelación de personerías, disolución y liquidación de asociaciones profesionales; de las controversias, ejecuciones y recursos que le atribuye la legislación sobre seguro social y de la homologación de laudos arbítrales. La tramitación de los conflictos económicos entre patronos y trabajadores se continuará adelantando de acuerdo con las leyes especiales sobre la materia.-".- Que también el artículo 679 del mismo Código, señala que los Juzgados de Letras de Trabajo conocerán en primera instancia, dentro de sus respectivas jurisdicciones: 1.- de todas las controversias que surjan del contrato de trabajo; 2.- de todos los juicios que se entablen para obtener la disolución de las Organizaciones Sociales; 3.- de las denuncias y cuestiones de carácter contencioso que ocurran con motivo de la aplicación de las disposiciones sobre reparación por riesgos profesionales; 4.- de los juzgamientos por faltas cometidas contra las leyes y reglamentos de trabajo o de previsión social, con facultad de aplicar las penas consiguientes; y, 5.- de todos los demás asuntos que determine ese Código.- ".- Que al analizarse la situación jurídica de lo expuesto en la normativa que antecede, se puede colegir que la jurisdicción laboral no tiene señalada la competencia para resolver las cuestiones relacionadas con la revisión de la legalidad o no de un acto administrativo laboral, como es el que pretende la parte actora; por ello es la jurisdicción contenciosa administrativa la que debe pronunciarse sobre la procedencia o no de la acción relacionada.- VI.- Que entender y aplicar de otra forma dicha normativa hace más gravosa la situación de la persona que acciona y reclama la tutela judicial efectiva, implica que se le restringiría el derecho de acceso a la justicia al remitírsele a una jurisdicción que no tiene atribuciones o facultades para resolver la pretensión planteada por el demandante.-"que “en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e, inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos”, por ello, se debe acoger la vía más favorable a la referida tutela judicial efectiva.- "Que si bien es cierto, el artículo 4 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, excluye del conocimiento de esa jurisdicción, entre otros, las cuestiones de orden laboral; también lo es, que en este tipo de situaciones, donde la pretensión del demandante es la revisión del acto administrativo emitido por la Secretaría del Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, por lo que el demandado es el Estado de Honduras y no el patrono o empleador de los trabajadores involucrados en la suspensión de los contratos de trabajo, entonces tal situación no tiene cabida en los procedimientos y trámites que conoce la jurisdicción laboral bajo la normativa vigente en esa materia, por lo que se debe acudir a la vía contenciosa administrativa.- " Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.-"Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- "Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- "- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, procede anular la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 665 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 679 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 4, Literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado el segundo ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: ES PARTE: Recurrente: La Sociedad MUEBLES S.A., representada en juicio por la abogada IRMA ELIZABETH AGUILAR ARIAS. Recurrido: El Estado de Honduras, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas para su pleno restablecimiento y costas del juicio; promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por la Sociedad MUEBLES S.A., contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- En fecha 31 de octubre del 2011 compareció ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, la Abogada IRMA ELIZABETH AGUILAR ARIAS, en su condición de apoderada de la Sociedad Mercantil MUEBLES, S.A. incoando demanda contra la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; el demandante en el escrito de su acción manifiesta que en el 2008, la empresa MUEBLES, S.A., había alcanzado niveles optimas de ganancias dando mas de 400 empleos, pero se vio en la necesidad de dar por terminada casi un 50% de los contratos de trabajo al amparo de la causa legal de caso fortuito conforme lo que establece el artículo 111 numeral 6) del Código del Trabajo, en virtud de la afectación que tuvo a causa de un incendio de grandes dimensiones que ocasionó daños de 800 metros cuadrados en el plantel donde operaba la fabrica, quemándose la materia prima, madera procesada, pintura a base de laca, lijas, techos, paredes, pisos, sistema eléctrico, encielado y entrepiso, teniendo perdidas millonarias, hizo un esfuerzo sin precedentes para seguir operando tratando de mantener el resto de los trabajadores, en el 2009 la crisis tanto económica como política que vivió el país, ocasionaron una situación mas gravosa para la empresa, por lo que en el período del 1 de enero del 2008 al 30 de junio del 2009, se suspendieron contratos individuales de trabajo por treinta días y luego se amplió por noventa días, como lo faculta el Código del Trabajo en sus artículos 99, 100 numeral 4) y 102 párrafo 2º, solicitó en tiempo y forma a la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, la aprobación de la suspensión parcial de los contratos de trabajo con fundamento en la causal de ser imposible continuar explotando la empresa sin obtener un mínimo razonable de utilidad, de conformidad al artículo 100 numeral 4) del Código del Trabajo que consta en el expediente administrativo 059-09, en fecha veintisiete de octubre del dos mil diez, la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, emitió resolución mediante la cual declaró sin lugar la solicitud presentada para la suspensión de los contratos de trabajo, aún presentando medios de pruebas para fundamentar los hechos alegados, no admitiéndolos, sin estipular fundamento alguno, causándole indefensión y violentándole demás garantías constitucionales, contrayendo costos adicionales a la empresa.- 2.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha seis de enero del dos mil doce, dictó auto definitivo mediante el cual declaró inadmisible la demanda de mérito consistente en la falta de jurisdicción o incompetencia de ese Juzgado, bajo el criterio que en base al artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no corresponde a esa jurisdicción las cuestiones de orden civil, mercantil, penal, laboral y otras que estén relacionados con estos actos de la administración publica, se atribuyen por una ley a otra jurisdicción o correspondan a derecho agrario, las cuestiones arbítrales a las que se haya sometido al Estado.- 3.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha ocho de marzo del dos mil doce, confirmó el auto emitido por el A-quo y sin costas; bajo el criterio que si bien el acto impugnado fue emitido por un órgano de la administración pública, la misma resuelve conflictos que se originan de contratos laborales y su suspensión, lo cual es regulado por el Código del Trabajo, siendo de orden laboral.- 4.- La representación procesal de la parte demandante, abogada IRMA ELIZABETH AGUILAR ARIAS, en fecha veintinueve de marzo del año dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha ocho de marzo del dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.052-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 500-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 5.- Que mediante providencia de fecha diez de abril del dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a la parte el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificada personalmente de dicha resolución en fecha veinticinco de abril del dos mil doce, la abogada IRMA ELIZABETH AGUILAR ARIAS.- 6.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, la abogada IRMA ELIZABETH AGUILAR ARIAS, en fecha veintisiete de abril del dos mil doce, presento escrito, personándose en concepto de parte Recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que revisada la resolución recurrida proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 8 de marzo del 2012, visible a folios 7 al 10 de la segunda pieza, donde confirma la de primera instancia que declara inadmisible la demanda porque considera que la jurisdicción Contencioso Administrativo no es competente para conocer asuntos que aunque relacionados con actos de la Administración Pública, se atribuyen por una ley a otra jurisdicción, ya que se trata de una cuestión de orden laboral lo que origina la acción.- II.- Que si bien es cierto lo expuesto en la acción de mérito, se deriva de una situación prevista en la normativa laboral, como es el caso relacionado con la suspensión de los contratos de trabajo; también lo es, que el Código del Trabajo en su artículo 101, determina que es la Secretaría del Trabajo en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, la que debe autorizar y/o declarar sin lugar dicha suspensión, por los supuestos señalados en dicha disposición, como los comprendidos en los artículos 102 y 103 del referido Código.- III.- Que el artículo 665 del Código del Trabajo determina que la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. También conocerá de la ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo; de los asuntos sobre fueros sindicales; de los permisos a menores para ejercitar acciones, de la calificación de huelgas; de la cancelación de personerías, disolución y liquidación de asociaciones profesionales; de las controversias, ejecuciones y recursos que le atribuye la legislación sobre seguro social y de la homologación de laudos arbítrales. La tramitación de los conflictos económicos entre patronos y trabajadores se continuará adelantando de acuerdo con las leyes especiales sobre la materia.- IV.- Que también el artículo 679 del mismo Código, señala que los Juzgados de Letras de Trabajo conocerán en primera instancia, dentro de sus respectivas jurisdicciones: 1.- de todas las controversias que surjan del contrato de trabajo; 2.- de todos los juicios que se entablen para obtener la disolución de las Organizaciones Sociales; 3.- de las denuncias y cuestiones de carácter contencioso que ocurran con motivo de la aplicación de las disposiciones sobre reparación por riesgos profesionales; 4.- de los juzgamientos por faltas cometidas contra las leyes y reglamentos de trabajo o de previsión social, con facultad de aplicar las penas consiguientes; y, 5.- de todos los demás asuntos que determine ese Código.- V.- Que al analizarse la situación jurídica de lo expuesto en la normativa que antecede, se puede colegir que la jurisdicción laboral no tiene señalada la competencia para resolver las cuestiones relacionadas con la revisión de la legalidad o no de un acto administrativo laboral, como es el que pretende la parte actora; por ello es la jurisdicción contenciosa administrativa la que debe pronunciarse sobre la procedencia o no de la acción relacionada.- VI.- Que entender y aplicar de otra forma dicha normativa hace más gravosa la situación de la persona que acciona y reclama la tutela judicial efectiva, implica que se le restringiría el derecho de acceso a la justicia al remitírsele a una jurisdicción que no tiene atribuciones o facultades para resolver la pretensión planteada por el demandante.- VII.- Que por el principio pro homine, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo define expresando que “en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e, inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos”, por ello, se debe acoger la vía más favorable a la referida tutela judicial efectiva.- VIII.- Que si bien es cierto, el artículo 4 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, excluye del conocimiento de esa jurisdicción, entre otros, las cuestiones de orden laboral; también lo es, que en este tipo de situaciones, donde la pretensión del demandante es la revisión del acto administrativo emitido por la Secretaría del Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, por lo que el demandado es el Estado de Honduras y no el patrono o empleador de los trabajadores involucrados en la suspensión de los contratos de trabajo, entonces tal situación no tiene cabida en los procedimientos y trámites que conoce la jurisdicción laboral bajo la normativa vigente en esa materia, por lo que se debe acudir a la vía contenciosa administrativa.- IX.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- X.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- XI.- Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- XII.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, procede anular la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 82, 90 párrafo primero, 303 reformado, 304 reformado, 313 ordinal numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 100, 101, 102, 103, 664, 665 y 679 del Código del Trabajo; 22, 193, 197, 199, 214 numeral 2, 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 35 párrafo segundo, 89 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR el auto definitivo dictado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, de fecha 8 de marzo del 2012, visible a folios 7 al 10 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil catorce; certificación del auto de fecha dieciocho de marzo del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 420-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL