Sentencia CA-399-13 — Registro 4022
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que la autoridad nominadora no siguió el procedimiento para cancelar por cesantía a la demandante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- V. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación en su único motivo
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés días del mes de septiembre de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la entonces SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACION, ahora SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN, representado en juicio por el abogado JOSUE DANIEL BARAHONA ANDINO; y, Recurrido: la señora ANA ROSARIO LOBO JUAREZ, representada en juicio por el abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda de reintegro, pago de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales, nulidad del acto administrativo, que se declare el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, que se dicten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento, quebrantamiento de las formalidades esenciales del procedimiento administrativo, que se declare la ilegalidad de los actos administrativos, daños y perjuicios, intereses, costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de junio del año dos mil once, por el abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, en su condición de apoderado de la señora ANA ROSARIO LOBO JUAREZ, mayor de edad, casada, hondureña y con domicilio en Juticalpa, Departamento de Olancho, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACION, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifiesta en el escrito de su acción que comenzó a laborar con el demandado el 1 de julio del 2006, en el puesto de oficinista mecanógrafo en la unidad de Gobernación Departamental del Departamento de Olancho, según acción de personal No.234-2006 de la Dirección General de Servicio Civil que contiene el acuerdo de nombramiento 723-2006 de fecha 27 de junio del 2006, que el 39 de abril del 2011 el Secretario de Estado en los Despachos de Interior y Población, mediante acuerdo No.1059-2011, la canceló por cesantía efectivo a partir del 16 de mayo del 2011, que no se le cumplieron los requisitos exigidos por la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, así como haber sido notificada en la misma fecha en que fue cancelada.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS por medio de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACION, contestó dicha demanda señalando que al emitir el acuerdo de cancelación, fue actuando apegado a derecho, en vista que la cesantía se enmarca en el artículo 53 letra b) de la Ley de Servicio Civil, ya que se realizó por reducción de servicio o de personal para obtener una mas eficaz y económica organización administrativa, amparado en el artículo 188 de la Ley de Servicio Civil, que establece que antes de ejecutarse la cesantía deberá de consultarse al Consejo de Servicio Civil, que establece que antes de ejecutarse la cesantía deberá consultarse al Consejo de Servicio Civil acerca de su procedencia, el cual se realizo mediante oficio 150-DSM de fecha 4 de abril de 2011, solicitud que el referido consejo, mediante oficio 060-CSC-11 del 28 de abril de 2011, determino procedente, por tanto la acción impugnada por la demandante no constituye infracción o violación alguna al ordenamiento jurídico, que la notificación realizada a la demandante de su acuerdo de cancelación, fue realizada conforme a derecho, en vista que se decreto en base a lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Procedimiento Administrativo.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veintidós de agosto del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, reconociendo la situación jurídica individualizada y para el pleno restablecimiento se resolvió adoptar el reintegro de la demandante a su puesto de trabajo, condenando al demandado al pago a favor de la demandante, en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir, decretando la nulidad del acto por el cual se haya nombrado al sustituto de la demandante.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diecisiete de enero del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que la autoridad nominadora no siguió el procedimiento para cancelar por cesantía a la demandante.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado JOSUE DANIEL BARAHONA ANDINO, en fecha doce de febrero del año dos mil trece, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha diecisiete de enero del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.377-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.294-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha trece de febrero del año dos mil trece, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, presentó en fecha dos de mayo del año dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha tres de mayo del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el termino que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución los abogados JOSUE DANIEL BARAHONA ANDINO y PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados JOSUE DANIEL BARAHONA ANDINO y PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, presentaron escritos en fecha tres de junio del año dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrente y recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su motivo único, manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación errónea de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, en vista que mi representado el Estado de Honduras, cumplió con el Proceso de Cancelación por Cesantía a favor de la demandante. DISPOSICION INFRINGIDA: Estimo como infringido el procedimiento de cancelación por cesantía establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento por interpretación errónea. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fechal7 de enero de 2013. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al interponer el Recurso de Apelación, expresamos los agravios que la sentencia de primera instancia causa a mi representado, en vista que en apego a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento mi representada, cumplió a cabalidad el Proceso de Cancelación por Cesantía a favor del demandante, como se pudo constatar a través del Acuerdo No. 1059-2011 de fecha 29 de abril de 2011 contentivo de la acción de personal No.57-2011 con efectividad a partir del 16 de mayo de 2011 acordando en la parte final del mismo “Efectuar el Movimiento de personal detallado y AUTORIZADO por la Dirección General de Servicio Civil en la Acción No.57- 2011”. La Ley de Servicio Civil es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones de servicio entre el servidor público y los diferentes órganos del sector estatal, conteniendo dicho ordenamiento jurídico dos regímenes muy claramente diferenciados por los cuales la administración pública puede prescindir de los servicios de sus empleados siendo estos: Régimen de Cancelación por Despido y el Régimen de Cancelación por Cesantía, ambos con una serie de requisitos que forzosamente la Administración Pública debe cumplir; Sin embargo la Ley de Servicio Civil y su Reglamento tienen como finalidad establecer un sistema racional de administración de personal en el Servicio Público, regulando las relaciones entre los servidores públicos y el Estado. La Sentencia objeto del presente Recurso, no se encuentra ajustada a derecho, en vista que la misma expresa que mi representado el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia ahora Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, no dio cumplimiento a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para proceder a la cancelación de la ahora demandante por cesantía, extremo alejado de la verdad debido a que mi representado el Estado de Honduras cumplió con el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil pues al efectuar el procedimiento de cancelación por cesantía persigue una reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. De manera pues, que la interpretación que hace el Tribunal Sentenciador del procedimiento para efectuar cancelación por cesantía establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, es errónea por lo que procede se case la sentencia.”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no expresa la o las normas de derecho cuya infracción sustente el motivo; b) no precisa ni justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; c) insta la revisión de los hechos, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) formula alegatos de instancia.- III. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo 2° de nuestra Constitución. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- V. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su motivo único. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de octubre del dos mil catorce; certificación del auto de fecha veintitrés de septiembre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 399-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL