Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CA-398-13 — Registro 4021

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que la falta imputada no fue debidamente apreciada, ya que al existir falta de méritos por el hecho imputado la sanción no está sujeta a despido, siendo la correcta una sanción leve

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Cabe señalar que el casacionista no es claro en el escrito que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia en la interposición del recurso de casación puesto que en la formulación de ambos cargos expone el concepto de falta de aplicación, sin embargo en la explicación del primero aduce que el ad-quem a “mal interpretado” la norma constitucional, manifestación que implica el señalamientos de dos conceptos distintos de violar la ley: la falta de aplicación y la interpretación errónea que debieron formularse en forma separada e independiente y en el segundo expone que el ad-quem ha reproducido el error de interpretación y aplicación del derecho lo cual, determina que el mismo carezca de claridad y precisión; y por otra parte, en ninguno de los dos cargos establece en qué consiste la inaplicación, cuál seria su debida aplicación y qué precepto legal se ha visto vulnerado por la que considera es una aplicación incorrecta, volviendo la causa del recurso carente de un thema decidendi que pueda alcanzar un pronunciamiento judicial concreto. Asimismo, en ambos cargos ataca las consideraciones de la sentencia, sin embargo es sabido que con este recurso extraordinario se debe dirigir el ataque contra la parte dispositiva de la sentencia puesto que de ella se deriva el ataque a los fundamentos primarios de la censura y como consecuencia de éste, también rebatir los secundarios, resultando inapropiado únicamente el ataque a las consideraciones como pronunciamientos de la misma. Por las motivaciones mencionadas es evidente que estos dos cargos se ven afectos a lo establecido en el articulo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil, por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para la interposición y formalización del recurso de casación civil.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designada ponente la primera para el conocimiento y redacción de la resolución del recurso de casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: abogado ESTEBAN ENRIQUE HERNANDEZ GARAY, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad y, Recurrido: el señor RIGOBERTO SUAZO MEJIA, representado en juicio por el abogado JOSE ARMANDO ESPINAL.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda de nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, medida para su pleno restablecimiento se solicita el pago de sus derechos más los salarios dejados de percibir y costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor RIGOBERTO SUAZO MEJIA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que comenzó a trabajar en fecha uno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, en el cargo de Agente de Investigación de la Dirección de Investigación Criminal (DIC), siendo ascendido a Sub Inspector de Policía de Investigación; en fecha veintiséis de noviembre del dos mil ocho se le hizo entrega del oficio que contenía el acuerdo de cancelación de su nombramiento, efectivo a partir del treinta de noviembre del dos mil ocho, sin causa justificada ni se siguió el procedimiento establecido en la ley, siendo extemporánea la aplicación de sanción alguna ya que se le imputaba una falta cometida sin expresarla con claridad.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad, contestó dicha demanda señalando que para realizar la cancelación del demandante se siguió el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, realizando investigaciones y citándole a audiencia de descargo en fecha trece de agosto del dos mil ocho con el fin de desvirtuar los hechos imputados, sin lograr el demandante desvanecer los mismos, ya que cometió la falta grave consistente en mala conducta del servidor policial, por lo que se le aplicó la sanción correspondiente de cancelación de su cargo.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de septiembre del dos mil doce, dictó sentencia resolutiva en la cual declara procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en consecuencia se anula, reconoce la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento ordena el pago de sus derechos laborales más los salarios dejados de percibir, condenando al Estado a realizar los pagos y sin costas; bajo el criterio que en relación a la prescripción alegada por el apoderado de la parte demandante cabe mencionar que en la Ley de la Policía contenida en el Decreto 156-98 aplicada en el caso no regula la prescripción, por lo tanto se aplica lo establecido en la Ley de Servicio Civil por analogía, puesto que la Autoridad Nominadora tuvo conocimiento de la falta en fecha veintiocho de julio del dos mil ocho, siendo emitido el acuerdo de cancelación el veinticinco de noviembre del dos mil ocho, cuatro meses después, existiendo la prescripción alegada.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha siete de febrero de dos mil trece, dictó sentencia declarando sin lugar el recurso de apelación por la parte demandada, CONFIRMANDO la sentencia del A-quo y sin costas, bajo el criterio que la falta imputada no fue debidamente apreciada, ya que al existir falta de méritos por el hecho imputado la sanción no está sujeta a despido, siendo la correcta una sanción leve, violentando los principios de inocencia, defensa y debido proceso, viciando de nulidad el acto impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogado ESTEBAN ENRIQUE HERNANDEZ GARAY, en fecha uno de abril del año dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha siete de febrero del dos mil trece por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.371-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 345-2008 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6.- La representación procesal de la parte demandante, el abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, presentó en fecha seis de mayo de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha ocho de mayo del dos mil trece por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante ese Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha dieciséis de mayo del dos mil trece, el abogado JOSE ARMANDO ESPINAL y el veinte de mayo del dos mil trece, el abogado ESTEBAN ENRIQUE HERNANDEZ GARAY.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, en fecha diecisiete de mayo del dos mil trece y el veintidós de mayo del dos mil trece, el abogado ESTEBAN ENRIQUE HERNANDEZ GARAY, presentaron escritos, respectivamente, personándose en concepto de parte Recurrida y Recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia y que el Recurrente fundamenta un primer motivo en la forma siguiente: “Se impugna la aplicación e interpretación de las normas de Derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, de conformidad al articulo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, siendo el mismo supletorio a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo al tenor de sus artículos 89 y 134. DISPOSICIONES INFRINGIDAS Infracción por violación o falta de aplicación del artículo 80, del Decreto 156-98, Ley Orgánica de la Policía Nacional (antecesora de la actual Ley Orgánica, Decreto 67-2008), de los artículos 184, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República y del artículo 74 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. PRECEPTO AUTORIZANTE Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA Se impugna el fundamento de Derecho contenido en el CONSIDERANDO (5) de la sentencia recurrida (énfasis nuestro): “Que en consecuencia a criterio de esta Corte de Apelaciones el acto administrativo impugnado es contrario a derecho, como bien lo decreto el A-Quo, y a la vez se comparte el pago de las prestaciones laborales del demandante y salarios dejados de percibir decretados por el juez como reconocimiento de su situación jurídica individualizada, esto porque esto es un derecho constitucional que no lo puede restringir una ley especial, con las excepciones claras que señala el ordenamiento jurídico.” CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN Dicho considerando es pronunciado por la Corte de Apelaciones en atención a nuestro argumento que independientemente del mérito del reclamo del demandante, en primera instancia se decretó una indemnización que excede el límite establecido por la Ley, específicamente el artículo 80 del Decreto 156-98, en aquel entonces la Ley Orgánica de Policía Nacional vigente. Dicha disposición legal dispone (énfasis nuestro) que se: “[...] dará derecho al servidor a reclamar el pago de las indemnizaciones reglamentarias, calculadas desde la fecha de notificación de la terminación del servicio hasta la fecha en que la correspondiente sentencia adquiera el carácter de firme. La indemnización no podrá exceder del equivalente al salario de un (1) año.” Consecuentemente, al haberse fallado que la indemnización será contada a partir del momento de la cancelación hasta la fecha de la sentencia, habiendo transcurrido casi cuatro (4) años entre ambos eventos, se cometió un exceso al conceder al demandante una indemnización superior al monto permitido por la Ley vigente, que es de un (1) año de salario máximo. No obstante, la Corte de Apelaciones eligió ignorar, sin fundamento legal alguno, el ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso concreto, optando por emitir una vaga e insustancial aseveración según la cual el monto de la indemnización laboral (distinto de la indemnización en si) es un derecho constitucional que no puede ser restringido por una ley especial. Al respecto, manifestamos que el alegato de la Corte de Apelaciones constituye una senda mal interpretación del texto constitucional, el cual si bien contempla la figura de las indemnizaciones laborales, en ningún momento establece un límite ni máximo ni mínimo para las mismas, lo cual significa que pueden ser reguladas por medio de las leyes especiales, tal como así lo hace el Decreto 156-98, no que éstas sean ilimitadas. En particular tomamos nota que la Corte de Apelaciones utiliza la palabra “restringir” para hacer referencia al artículo 80 del Decreto 156-98, siendo esto un error al tener en cuenta que dicha disposición no coarta ni impide el derecho a percibir indemnizaciones laborales, sino que únicamente regula el monto máximo de las mismas para evitar un excesivo perjuicio al Estado, habiendo sido ésta claramente la intención del legislador al crear este ordenamiento jurídico. Se observa además que este pronunciamiento por parte de la Corte de Apelaciones equivale a decretar la inconstitucionalidad del Decreto 156-98. Esto se conforma como una flagrante contravención a lo estipulado por nuestra Carta Magna, ya que no corresponde a las Cortes de Apelaciones de la República el determinar si una Ley es o no inconstitucional, siendo esta una facultad exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de conformidad a los artículos 184, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República y en especial el 74 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que lee (énfasis nuestro): “DEL CONOCIMIENTO EXCLUSIVO. Únicamente la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución en los casos concretos sometidos a su conocimiento, tiene la facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de inconstitucionalidad y conforme a los artículos 184, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución, y del control previo de constitucionalidad previsto en el Artículo 216 de la misma.” Con lo anterior en cuenta, se aprecia que en ningún momento puede la Corte de Apelaciones presumir la inconstitucionalidad de una norma, en virtud que la misma únicamente puede ser declarada mediante sentencia firme emitida por la Corte Suprema de Justicia y publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” según lo estipula el artículo 316 de la Constitución de la República y 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.

Consecuentemente, el contenido del Decreto 156-98 con respecto al monto máximo que puede percibir un policía en concepto de indemnizaciones laborales no puede ser desatendido por mero capricho de la Corte de Apelaciones, siendo el mismo parte del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso concreto y encontrándose el Juzgador en obligación de aplicarlo.”.- II.- Que en el segundo motivo se esgrime: “Se impugna la aplicación e interpretación de las normas de Derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, de conformidad al artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, siendo el mismo supletorio a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo al tenor de sus artículos 89 y 134. DISPOSICIONES INFRINGIDAS. Infracción por violación o falta de aplicación del artículo 88 del Decreto 156-98, Ley Orgánica de la Policía Nacional (antecesora de la actual Ley Orgánica, Decreto 67-2008). PRECEPTO AUTORIZANTE. Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna el fundamento de Derecho contenido en el CONSIDERANDO (4) de la sentencia recurrida (énfasis nuestro): “Que al analizar el presente caso de autos, se comparte el criterio del A-Quo en el sentido que la falta imputada al demandante no fue debidamente apreciada, ya que al existir falta de méritos por el hecho a él imputado, la sanción por la falta cometida al ya no ser sujeta al despido, tenía que ser otra sanción que no fuera la de falta muy grave que le fue aplicada, violentando con este & principio de inocencia, defensa y del debido proceso en menoscabo del demandante” CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN Se observa que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones, reproduce el error de interpretación y aplicación del Derecho cometido en primera instancia, al vincular erróneamente la responsabilidad administrativa con la penal, siendo las mismas independientes por mandato de Ley. El precitado CONSIDERANDO (4) de la sentencia de segunda instancia menciona que se comparte el criterio del A-Quo en cuanto a que no existen méritos para imputar la comisión de la falta que dio origen al despido del demandante, sin brindar mayor fundamento ni claridad al respecto, por lo cual nos remitimos al CONSIDERANDO 14 de la sentencia de primera instancia en el cual se dilucida dicho punto, resumiéndose la posición del Juzgador en que no procede determinar la responsabilidad administrativa del demandante al no existir responsabilidad penal por los hechos cometidos (lo cual se dedujo por un testimonio en el cual se menciona la opinión de un fiscal de turno, más no la propia opinión del desconocido fiscal), sin detenerse el Juez siquiera un momento para realizar su propio análisis a los hechos. Lo anterior es contrario a lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto 156-98 que lee (énfasis nuestro: “El ejercicio de una acción penal pública y la civil derivada de la misma contra un policía no impedirá que simultáneamente, se inicie la investigación administrativa necesaria para aplicarle el régimen disciplinario.” Esto claramente significa que el resultado de un procedimiento no incide en el resultado del otro, tal como sucedió en el caso que nos ocupa en que aun si las acciones del demandante no podían tipificarse como un delito de cohecho, si concurrían suficientes motivos para que fuese declarado responsable administrativamente de cometer una falta que ameritaba el despido, precisamente por ser los conceptos de DELITO DE COHECHO y MALA CONDUCTA COMO FALTA ADMINISTRATIVA completamente distintos e independientes, siendo indebidamente confundidos, por lo cual vincular la responsabilidad administrativa del demandante a la penal se configura como una incorrecta aplicación e interpretación de las normas legales aplicables al presente litigio y en ningún momento se puede considerar inválido el despido del demandante, al haber actuado mi representado en estricto apego a la normativa jurídica aplicable.”.- III. Cabe señalar que el casacionista no es claro en el escrito que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia en la interposición del recurso de casación puesto que en la formulación de ambos cargos expone el concepto de falta de aplicación, sin embargo en la explicación del primero aduce que el ad-quem a “mal interpretado” la norma constitucional, manifestación que implica el señalamientos de dos conceptos distintos de violar la ley: la falta de aplicación y la interpretación errónea que debieron formularse en forma separada e independiente y en el segundo expone que el ad-quem ha reproducido el error de interpretación y aplicación del derecho lo cual, determina que el mismo carezca de claridad y precisión; y por otra parte, en ninguno de los dos cargos establece en qué consiste la inaplicación, cuál seria su debida aplicación y qué precepto legal se ha visto vulnerado por la que considera es una aplicación incorrecta, volviendo la causa del recurso carente de un thema decidendi que pueda alcanzar un pronunciamiento judicial concreto. Asimismo, en ambos cargos ataca las consideraciones de la sentencia, sin embargo es sabido que con este recurso extraordinario se debe dirigir el ataque contra la parte dispositiva de la sentencia puesto que de ella se deriva el ataque a los fundamentos primarios de la censura y como consecuencia de éste, también rebatir los secundarios, resultando inapropiado únicamente el ataque a las consideraciones como pronunciamientos de la misma. Por las motivaciones mencionadas es evidente que estos dos cargos se ven afectos a lo establecido en el articulo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil, por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para la interposición y formalización del recurso de casación civil.- IV.- Que en el tercer cargo se alude: “Se impugna la aplicación e interpretación de las normas de Derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, de conformidad al artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil, en lo que se refiere a la forma y contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS. Infracción por violación o falta de aplicación del artículo 206 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. Artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil. IDENTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se señala el acápite denominado “FUNDAMENTOS DE DERECHO” en su totalidad como el pronunciamiento impugnado. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN Se observa que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones no reúne los requisitos internos de la sentencia, en particular los enunciados en el numeral 1 del artículo 296 del Código Procesal Civil, ya que la misma no es clara ni precisa ni exhaustiva. Con apenas dos párrafos (los considerandos 4 y 5, que son los únicos con verdadero contenido), dicha sentencia no comienza a ofrecer un argumento coherente que desvanezca los alegatos que hemos ofrecido en contra de la sentencia de primera instancia. Apréciese que, sin haber explicación alguna, la sentencia de la Corte de Apelaciones omite referirse a lo expresado en los agravios tercero y cuarto de nuestro escrito de apelación, en lo referente al error en la valoración de la prueba al momento de calificar la falta cometida por el demandante y a la incorrecta aplicación del principio de analogía en lo que respecta a la prescripción para el despido, ignorando por completo lo alegado, aún cuando la obligación del Juzgador es la de analizar todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por las partes en un litigio, así como las pruebas presentadas por ellas, para poder llegar a la verdad en el juicio, por ende, la sentencia que actualmente impugnamos no puede bajo ningún concepto considerarse como clara, precisa o exhaustiva, por lo cual no llena los requisitos internos de toda sentencia de conformidad al ordenamiento jurídico aplicable.”.- V.- Que este tercer cargo también resulta inadmisible puesto que el censor tampoco es claro y preciso cuando formula el cargo de la siguiente manera: “Se impugna la aplicación e interpretación de las normas de Derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, de conformidad al artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil, en lo que se refiere a la forma y contenido de la sentencia”, siendo lo correcto conforme el precepto autorizante señalado la impugnación de la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido. Por otra parte, en la explicación del mismo insta la revisión e interpretación del material probatorio lo cual resulta vedado de conformidad a lo dispuesto en el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; mencionando en el desarrollo del motivo el artículo 296 del Código Procesal Civil, en su numeral 1), disposición que en la formulación no fue indicado como infringido; y, finalmente, al igual que en los anteriores cargos, el casasionista comete la imprecisión de identificar como pronunciamientos de la sentencia que se impugnan, “todos los fundamentos de la sentencia” siendo el caso que el ataque debe dirigirse primariamente contra la parte dispositiva de la sentencia que contiene los fundamentos esenciales, aunque como consecuencia de ese ataque también deban ser rebatidos los secundarios, pero no en la forma expuesta.- VI.- En síntesis, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación. En primer lugar, unifica dos causales de casación opuestas entre si en cuanto a su alcance. En segundo lugar, no determina la infracción concreta que amparan las causales utilizadas y en tercer lugar, no identifica con total precisión el pronunciamiento o la parte de él que está impugnando, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el casacionista debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que a sus intereses le causa una sentencia impetrada. Adicionalmente se señala al recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la Casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2 del Código Procesal Civil, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal de Casación las cuestiones jurídicas atinentes de un modo preciso y razonado ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VII. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723, numeral 2 literal a), relacionado con el 721 numeral 6) del Código Procesal Civil. Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 6) 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE:

  1. NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de enero del dos mil quince; certificación del auto de fecha quince de diciembre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 398-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL