Sentencia CA-395-13 — Registro 4070
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por la demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, en segunda instancia bajo el criterio que el Acto Impugnado fue emitido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en las Leyes aplicables, ya que no consta en autos, ni fue acreditado mediante la prueba respectiva, que se haya seguido procedimiento alguno, ni en base a la Ley de Servicio Civil
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"En consecuencia resulta que el recurso en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica completa ya que la Censora omite en su totalidad estructurar correctamente un motivo de casación, más bien hace alegatos de instancia y relaciona el material probatorio cuando es limitado y excepcional hacerlo por esta vía.-". Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- " Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad. Si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo. Consecuentemente es competencia de los órganos fiscalizadores del Estado, velar porque se deduzca la responsabilidad de los funcionarios infractores del ordenamiento jurídico"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de junio de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado el segundo ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD representado en juicio por la abogada LESLIE SOEI PINEDA GALLARDO; y, Recurrida: NORMA XEOMARA LOPEZ MEDINA representada en juicio por la abogada SANDRA REGINA MEJIA LOPEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de unos actos administrativos, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, reintegro al puesto del trabajo, pago de salarios dejados de percibir, pago de derechos adquiridos decimotercer mes, decimocuarto mes, vacaciones, costas, promovida en fecha veintisiete de julio del dos mil diez, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, por la señora NORMA XEOMARA LOPEZ MEDINA, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña, con domicilio en el Municipio de La Paz, Departamento de La Paz, contra EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, por medio de su representante legal de ese entonces, señor POMPEYO BONILLA REYES.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifiesta que inició labores con el Estado de Honduras por medio del Instituto de la Propiedad el 19 de junio de 2006, en el cargo de Registradora Adjunta según acuerdo número 436-2006; posteriormente se le nombró en el cargo de Registradora Titular según acuerdo número 033-2009 a partir del 01 de agosto de 2009. Que en fecha 12 de julio de 2010 y con efectividad a partir del 14 de julio, recibió nota en donde se le notificó que a partir de ese día se daba por terminada la relación contractual de trabajo entre su persona y el Instituto de la Propiedad, por el abogado Walter Jonathan Morel, Sub-Gerente de Recursos Humanos, mediante acuerdo número 042-2010. Que el acuerdo de despido, le fue notificado defectuosamente en fecha 12 de julio de 2010, aunque en dicha notificación se le consigna 12 de julio de 2009, actos administrativos que violan totalmente lo establecido en la ley de Procedimiento Administrativo artículos 89 y 90, en virtud de haberse emitido por persona absolutamente incompetente, prescindiendo totalmente del procedimiento, con evidente exceso y abuso de poder, en violación a las garantías constitucionales del derecho al trabajo, derecho a la estabilidad laboral, derecho al debido proceso y derecho a la defensa, siendo ilegal e injusto. Que de acuerdo a la Ley de Propiedad contenida en el Decreto Legislativo 82-2004, los Sub-Gerentes de Recursos Humanos no tienen facultades para notificar actos administrativos para ello existe una Secretaría General; que el acuerdo de cancelación carece de causal o motivo para haberle despedido, ya que no ha cometido ninguna falta, ni fue sometida a ningún procedimiento legal para haber sido escuchada en audiencia de descargo, previa citación imputando falta alguna, violando totalmente los derechos y garantías constitucionales, del debido proceso y el derecho de defensa.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, manifiesta que la demandante fue nombrada en el cargo de Registradora Titular en las Oficinas Regionales del Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil de la ciudad de Comayagua, según Acuerdo No.436-2006 de fecha 15 de junio del 2006. Que mediante Acuerdo No.042-2010 de fecha doce 12 de julio 2010, emitido por la Dirección General de Registro, la demandante fue cancelada del cargo de Registradora Titular, siendo efectiva la cancelación a partir del 15 del mismo mes. Que se rechaza totalmente el argumento de la demandante en cuanto a la existencia de una notificación defectuosa y que el Instituto de la Propiedad no dio cumplimiento a la Ley de Procedimiento Administrativo en los artículos 89 y 90 de dicha Ley, olvidándose de lo establecido en el artículo 91 de dicha Ley, por lo cual consintió dicha notificación defectuosa al interponer su demanda. Que la Sub-Gerencia de Recursos Humanos en ningún momento canceló a la demandante simplemente cumplió instrucciones de la autoridad competente que procedió a emitir el acuerdo de cancelación, ya que es el mismo procedimiento que se realiza al momento de nombramiento. Que la Autoridad Administrativa al cancelar el nombramiento de la demandante actuó conforme a lo que establece el artículo 14 numerales 1) y 3) de la Ley de Propiedad; el acto administrativo dictado por el Instituto de la Propiedad, donde determina cancelar a la demandante lo hizo en estricta observancia a los procedimientos establecidos en el Reglamento de Personal y la Ley de Propiedad.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de septiembre del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción promovida por la demandante Norma Xeomara López Medina, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación número 042-2010, de fecha doce de julio de dos mil diez, emitido por el Instituto de la Propiedad, por medio del cual se canceló a la demandante; anulando el acuerdo de cancelación número 042-2010; reconociendo la situación jurídica individualizada de la demandante y para su pleno restablecimiento se ordenó el reintegro al cargo que ocupaba como Registradora Titular, en la ciudad de Comayagua, dependiente de la Dirección General de Registro del Instituto de la Propiedad; condenando al Estado de Honduras, a través del Instituto de la Propiedad, al pago a favor de la demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que sea efectivo el reintegro, más los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder; se decretó en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto de la demandante, si así fuera el caso, sin costas; bajo el criterio que el acto administrativo por el cual se canceló a la demandante de su puesto de trabajo se realizó infringiendo lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, ya que como se sabe, para que la autoridad nominadora emita un acuerdo de cancelación de un servidor público, esta tiene que sujetarse al Principio de Legalidad, siguiendo el procedimiento que ordena la Ley y respetando las garantías del servidor público, procedimiento mismo que fue obviado al no indicar el motivo o causal de la cancelación del acuerdo; ni seguir el procedimiento establecido en el anticuo 71 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, no dando de esta manera la autoridad nominadora, cumplimiento a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento ni al precitado reglamento, para proceder a la cancelación de la demandante por cesantía o despido o cualquier otra causa justificada, por lo que es procedente declarar la nulidad de tal acuerdo de cancelación número 042-2010 emitido por el Instituto de la Propiedad.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha siete de marzo del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar el Recurso de Apelación y confirmó la sentencia del A-Quo, sin costas; bajo el criterio que el Acto Impugnado fue emitido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en las Leyes aplicables, ya que no consta en autos, ni fue acreditado mediante la prueba respectiva, que se haya seguido procedimiento alguno, ni en base a la Ley de Servicio Civil, ni con fundamento en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad. Que para que los Directores Generales puedan remover el personal a su cargo, deben hacerlo con la legalidad y el procedimiento que las leyes respectivas establecen y en el presente caso, el Acto Impugnado está viciado de nulidad al prescindirse totalmente, para su emisión, del procedimiento establecido.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada LESLIE SOEI PINEDA GALLARDO, presentó con fecha dieciséis de abril del año dos mil trece, escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia de fecha siete de marzo del dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.067-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 414-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veintitrés de abril del dos mil trece, tener por interpuesto en tiempo y forma el presente Recurso de Casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- Que la representación procesal de la parte demandante, abogada SANDRA REGINA MEJIA LOPEZ, presentó en fecha dos de mayo de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, resolviendo la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, mediante providencia de fecha tres de mayo de dos mil trece, tener por pronunciado en tiempo y forma sobre la formalización del recurso de casación presentado y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificadas dicha resolución las abogada SANDRA REGINA MEJIA LOPEZ y LESLIE SOEI PINEDA, en fechas trece y diecisiete de mayo del dos mil trece, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, las abogadas SANDRA REGINA MEJIA LOPEZ y LESLIE SOEI PINEDA, presentaron escritos de personamiento en fechas quince y veintitrés de mayo del año dos mil trece, en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta sus motivos manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que en el Considerando Primero, con respecto al Acuerdo de cancelación No. 042-2010 de fecha 12 (1) de julio del año dos mil Diez (2010), dictado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto de la Propiedad, podemos demostrar que en ningún momento hay infracción del ordenamiento Jurídico, mucho menos exceso de Poder ya que el mismo fue dictado siguiendo las atribuciones que la Ley de Propiedad consigna en su artículo 11 numerales 1, 2 y 7.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el Artículo 719 literal C, del Código Procesal Civil que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. SEGUNDO: EN EL CONSIDERANDO TERCERO, para proceder a la cancelación de la Señora NORMA XEOMARA LOPEZ MEDINA, como dice este Honorable Tribunal no se consulto a la Dirección de Servicio Civil por dos Razones Fundamentales: 1)El Instituto de la Propiedad no se rige por el Régimen de Servicio Civil, si no que por el Reglamento de Personal el cual fue aprobado por el Consejo Directivo de la Institución, según acuerdo No. 037-2005, hecho este que esta Honorable Corte de Apelaciones desconoce al momento de dictar esta Sentencia. SEGUNDO: EL CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO; de esta Sentencia, no se ajusta a Derecho, pues hasta la saciedad lo hemos repetido y sostenido, que el Instituto de la Propiedad no se RIGE por la Ley de Servicio Civil, sino que por el Reglamento de Personal que fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad en fecha 31 de mayo del 2005 según Acuerdo No 037-2005. Con las claras atribuciones que le confiere la Ley de Propiedad. TERCERO: EL CONSIDERANDO NÚMERO QUINTO; de esta sentencia, vuelvo y repito que no se ha violado ningún ordenamiento jurídico al momento de cancelar a la Ciudadana NORMA XEOMARA LOPEZ MEDINA, mucho menos existió exceso de poder ya que la autoridad que emitió dicho acto lo hizo en estricta observancia a la Ley de Propiedad basándose en las atribuciones que la misma le Ley le confiere para este tipo de actos. CUARTO: EL CONSIDERANDO NÚMERO SEIS; de esta sentencia, es muy parco, sin ningún análisis profundo al confirmar la sentencia apelada, hecho este que no es aceptado ya que como se establece en el acuerdo de cancelación dictado por razones estrictamente presupuestarias, por lo consiguiente no cabe un reintegro, sino en todo caso el pago de sus prestaciones, por lo que esperamos que sea rectificado por esta Honorable Corte Suprema de Justicia. CONCLUSION: Con los medios de prueba aportados y evacuados, con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, se acredito fehacientemente que el abuso de autoridad relacionada en la presente demanda es Inexistente que como consecuencia, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizo causa legal válida, siguiendo el cumplimiento del decreto Ejecutivo No. PCM-30-2007 y lo establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad y la Ley de Propiedad, para la cancelación de los empleados y servidores del Instituto de la Propiedad sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el artículo 14 numeral 3 de la Ley de Propiedad, Artículos 206,207, 208, 719 literal c, del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la Forma y Contenido de la Sentencia.”.- II. Recuerda la Corte el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juez, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello, se ha dicho, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.- III. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado esta Sala, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.- IV. En consecuencia resulta que el recurso en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica completa ya que la Censora omite en su totalidad estructurar correctamente un motivo de casación, más bien hace alegatos de instancia y relaciona el material probatorio cuando es limitado y excepcional hacerlo por esta vía.- V. Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VI. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad. Si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo. Consecuentemente es competencia de los órganos fiscalizadores del Estado, velar porque se deduzca la responsabilidad de los funcionarios infractores del ordenamiento jurídico.- VII. En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se ponga en conocimiento del presente fallo al Tribunal Superior de Cuentas, para los efectos legales consiguientes. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiún días del mes de julio del dos mil catorce; certificación del auto de fecha diez de junio del dos mil catorce, recaído en el Recurso de Casación número 395-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL