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Sentencia CA-378-13 — Registro 4003

Resumen

En primera instancia se declara procedente la la acción interpuesta por el demandante por no estar ajustado a derecho, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que del estudio y análisis de las leyes aplicables al caso de autos, así como de la sentencia apelada, se concluye que la misma está dictada conforme a derecho, en vista que la demandante tiene derecho al pago del zonaje solicitado, derecho que le otorga la Ley y Reglamento del Estatuto del Médico Empleado y reconocido por la demandada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"El cargo en la forma expuesta resulta inadmisible ya que la Recurrente señala en la explicación del motivo los artículos 364 de la Constitución de la República y 727.4 del Código Proceso Civil, disposiciones que no fueron señaladas como infringidas ni relacionadas en la formulación del cargo, restándole claridad y precisión al motivo. Es importante establecer que el ad-quem, al momento de dictar la sentencia, ha cumplido los requisitos formales de las normas citadas como violadas, por ende las mismas fueron aplicadas.- " Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil, relacionado con lo dispuesto en el artículo 721 numeral 2) del mismo cuerpo legal.- "Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de agosto de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado ponente el último para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, representado en juicio por la abogada MARÍA LIDIA COLLINS LINARES; y, Recurrida: la señora ANA FRANCIA RAMOS VALDIVIA, representada en juicio por el abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de la situación jurídica individualizada y como medida para su pleno restablecimiento se reconozca y pague el sonaje adeudado desde la fecha de inicio de la relación laboral como médico empleado, se condene al pago de intereses, costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, por la señora ANA FRANCIA RAMOS VALDIVIA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que en fecha 21 de abril de 2006, presentó reclamo administrativo en la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, para que conforme la Ley del Estatuto del Médico Empleado y su Reglamento se le cancelaran los valores correspondientes al zonaje adeudado, desde la fecha en que comenzó a prestar los servicios en el Centro de Salud del Municipio de San José, Departamento de Choluteca, el 19 de octubre del 2000, en el que fue nombrada mediante Acuerdo número 1372 de fecha 18 de diciembre del 2000, hasta el mes de septiembre del 2005, ya que hasta esa última fecha se le incluyó en su salario mensual tal derecho, no pagándole lo anterior; que el reclamo administrativo en referencia se difirió sin ninguna justificación válida, más allá de los sesenta (60) días hábiles que señala el artículo 84 literal b) de la Ley de Procedimiento Administrativo, para que la resolución que se dictara fuera notificada, por lo que la demandante solicitó pronta resolución y hasta la Afirmativa Ficta, pero tuvo conocimiento de que la Asesoría Legal de esa Secretaría de Estado fue de la opinión de que se resolviera favorable el reclamo e inclusive se procedió a emitir resolución 238-2007-SS de fecha 27 de noviembre del 2007, declarando CON LUGAR el Reclamo Administrativo y ordenando se le pagara los valores adeudados a la demandante desde el 19 de octubre del 2000 al 3 de octubre del 2004 y del 6 de julio al 30 de septiembre del 2005, según consta en la certificación que obra agregada al expediente registrado bajo el No.134-06, de la cual se adjunta copia; no obstante lo anterior, de forma irregular al apoderado de la demandante lo que se le notificó en fecha 3 de marzo del 2008, siempre bajo el mismo número pero con fecha 14 de enero del 2008, es la resolución proferida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud en la que se declara SIN LUGAR, “en virtud de no encontrarse apegado a derecho por contravención a las normas presupuestarias correspondientes vigentes”, contra la cual se interpuso el recurso de reposición debidamente motivado en fecha 05 de ese mismo mes y año, el cual también fue denegado mediante providencia del 10 de marzo del 2008, la cual fue notificada hasta el 16 de abril del presente año, aduciéndose que era inexistente la resolución recurrida, cuando fue la misma Secretaría General que modificó en la certificación de la resolución emitida, la fecha de tal acto administrativo, que en todo caso resultaba indudable que era contra esa resolución la que se interponía el recurso y por ello se solicitó su revisión, lo cual también fue desestimado; que de la simple lectura del acto que hoy se impugna, se desprende la infracción plena al ordenamiento jurídico, ya que la aplicación de ese débil fundamento presupuestario en la motivación del acto impugnado, la sustitución o cambio de la resolución favorable por una que declara sin lugar el reclamo y las demás actuaciones irregulares efectuadas por ciertos funcionarios de la Secretaría de Estado, ocasiona que en ello dicha resolución se haya emitido contrariando lo establecido en el artículo 8 numeral 4) de la Ley General de la Administración Pública, por lo que se han ejecutado actos que restringen los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, por tal razón se configura el acto que hoy se impugna en el supuesto establecido en el articulo 34 letra e) de la Ley de Procedimiento Administrativo, y al estar comprendido en dicha causal, ocasiona que el acto sea nulo, como efectivamente así lo es.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, contestó dicha demanda señalando que la resolución Nº 238-07-SS emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, que declara sin lugar la petición para que se le hiciera efectivo el pago del zonaje a la demandante, fue emitida siguiendo los lineamientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, esto es que, cada actuación realizada durante la tramitación del reclamo administrativo, se hizo dentro de los plazos señalados para cada una, como así lo expresa el artículo 45: “Los plazos empezarán a correr desde el día siguiente en que tuviere lugar la notificación del acto que se trate” relacionado con el artículo 46 que dice: “Para todos los plazos establecidos en días se computarán únicamente los días hábiles administrativos...”; lo anterior significa que en dichos plazos no se incluyen los días sábados, domingos, feriados nacionales decretados por Ley y los que mandare que vaquen las oficinas públicas, como lo prescribe el artículo 47 de la susodicha Ley; que la resolución fue emitida valorando los preceptos legales aplicables al caso sin tomarse en consideración la opinión vertida en el Dictamen Número 308-2007 de fecha 19 de septiembre del 2007, emitida por la Dirección Legal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, ya que según la Ley de Procedimiento Administrativo es obligatorio más no vinculante con la Resolución considerándose únicamente una orientación para la autoridad nominadora que conoce del asunto sometido a su consideración, cabe aclarar que si bien es cierto que se emitió una resolución con fecha 27 de noviembre del 2007 que declaró con lugar la petición planteada por la demandante, no es menos cierto que la misma se dejó sin valor y efecto para emitirse una nueva decisión declarando sin lugar sus pretensiones con el fin que el funcionario de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud no fuera objeto de las sanciones civiles, penales y administrativas establecidas en las Leyes, al no tener una base jurídica sustentable a la cuestión planteada como es el Acuerdo Ministerial exigido en el artículo 4 del Acuerdo Número 0214 de fecha 6 de noviembre de 1997, que sirva para autorizar la erogación de dichos pagos previa petición planteada por el interesado.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de marzo de dos mil once, dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por la demandante, por no ajustarse a derecho el acto impugnado, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud Pública, en consecuencia se anuló totalmente; reconociendo la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se adoptaron las siguientes medidas: a) reconocer y pagarle a la demandante los valores que corresponden a zonaje de acuerdo a lo establecido en los artículos 44 y 64 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado y su respectivo Reglamento, desde la fecha de inicio de su relación laboral (19 de octubre de 2000 hasta el mes de septiembre de 2005) a dicha cantidad resultante se le debe aplicar los intereses legales correspondientes; b) condenar al Estado de Honduras, a reconocer y pagar a la demandante el valor que en concepto de zonaje que le corresponde; valor que se difiere su cálculo hasta el momento de ejecución de la sentencia debido a que no se encuentran en el expediente elementos que coadyuven a su cuantificación, sin costas; bajo el criterio que es un hecho aceptado por la parte demandada que, por el lugar donde presta sus servicios la demandante, a esta le corresponde el beneficio del zonaje y el único punto de discusión sobre dicho asunto está enfocado en determinar si le es aplicable tal beneficio en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y hasta el mes de septiembre del año 2005, ya que a partir del mes de octubre de dicho año se le autorizó el pago del mismo según acuerdo Nº 4444 de fecha 26 de octubre de 2005, en tal orden de ideas, el artículo 44 del Estatuto del Médico Empleado y el artículo 64 de su Reglamento establecen el derecho del médico empleado a recibir un 25% adicional a su sueldo por concepto de zonaje, cuando se desempeñe en lugares de índole rural, inhóspitos, de difícil acceso o zonas fronterizas, siendo así, no cabe duda alguna que tal derecho de los Médicos que se desempeñen en esos lugares no debe estar restringido o condicionado a la existencia de una asignación presupuestaria, pues de antemano se entiende que si en la Ley se plasmó tal derecho, previamente se hicieron las previsiones presupuestarias para tal fin; que en cuanto a que la demandante no realizó el cobro de su zonaje en los años anteriores a octubre de 2005, es bueno apuntar que ni el Estatuto del Médico ni su Reglamento regulan de una u otra forma que sea el médico el que tenga que solicitar su pago, ya que el mismo por ser un mandamiento de Ley debe ser pagado por la Secretaría de Salud junto con el sueldo o salario ordinario que devenga el médico, no siendo necesario que esté solicitando su pago a la Secretaría de Salud, pues la obligada a hacerlo es dicha institución, sin esperar a que se le pida.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha seis de diciembre de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que del estudio y análisis de las leyes aplicables al caso de autos, así como de la sentencia apelada, se concluye que la misma está dictada conforme a derecho, en vista que la demandante tiene derecho al pago del zonaje solicitado, derecho que le otorga la Ley y Reglamento del Estatuto del Médico Empleado y reconocido por la demandada, al pagarle a la demandante desde el año 2005 dicho derecho, laborando en el mismo lugar donde ha laborado incluso los años en que no se le ha pagado el mismo; que en cuanto al alegato de la apelante de falta de asignación presupuestaria para el pago del derecho solicitado por la demandante, si bien es cierto, no podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias, también es cierto, que el derecho solicitado por la demandante es otorgado por una Ley emitida en legal y debida forma, por lo cual, no se está haciendo ningún pago fuera de lo presupuestado, ya que toda obligación establecida en una Ley debe estar asignada en el presupuesto, siendo dicho pago conforme a derecho y si no se realizó el mismo mensualmente como corresponde, no es atinente a la demandante, ni es una causal para perder el derecho que tiene a que se le haga el pago relacionado.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada MARÍA LIDIA COLLINS LINARES, presentó en fecha veintisiete de febrero de dos mil trece, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha seis de diciembre de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.268-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 128-08 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil trece, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte demandante, abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, presentó en fecha siete de mayo de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha ocho de mayo de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución los abogados HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON y MARÍA LIDIA COLLINS LINARES, en fecha veintisiete de mayo de dos mil trece.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, la abogada MARÍA LIDIA COLLINS LINARES, presentó escrito en fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrente, sin haberse personado el recurrido.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.-I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta un único motivo manifestando lo siguiente: “Se impugna la falta de aplicación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Estimo como disposiciones legales infringidas los artículos 200.1 y 2 letra c), y 207 del Código Procesal Civil por falta de aplicación. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1 letra c) del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugnan todos los pronunciamientos de la sentencia, con la salvedad de la parte en que declara sin costas. EXPLICACION DEL MOTIVO. El articulo 200.1 y 2 letra c) del Código Procesal Civil el que literalmente dice: “Articulo 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará a la forma siguiente: a)... b) En los antecedentes de hecho se consignarán con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban resolverse, las pruebas que se hubieren propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso. c) En los fundamentos de derecho se expresaran, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables. d)...” Y el artículo 207, MOTIVACION, del mismo Código Procesal Civil expresa: “1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en su conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. La sentencia en cuestión tiene como fundamentación de derecho la motivación siguiente: “CONSIDERANDO: (5): Que consta en autos que la demandante no recurrió debidamente el acto impugnado, ya que esta interpuso recurso de reposición contra una resolución de fecha 20 de febrero del 2008, resolución esta que no existe, motivo por el cual le fue denegado su recurso. CONSIDERANDO (6): Que es importante señalar que mi Representado el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, QUE DECLARA SIN LUGAR el Reclamo Administrativo presentado por la Señora ANA FRANCIA RAMOS VALDIVIA, fue emitida conforme a derecho sin violación a Normas Legales Vigentes, pues la Constitución de la República en su artículo 364 claramente establece: “No podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias, los infractores serán responsables Civil, Penal y Administrativamente, de lo que se colige que a pesar que la Ley del Estatuto del Medico Empleado y su Reglamento el cual debe cumplirse obligatoriamente en cuanto al derecho al Pago de Sonajeé, no es menos cierto que esta es una Norma Secundaria y nunca puede estar por encima de la Norma Suprema que es la Constitución de la República aplicada en el artículo 364 de las Responsabilidades de los Funcionarios Públicos. CONSIDERANDO (7): Que la Ley de Procedimiento Administrativo establece que los Actos Administrativos serán dictados por el Órgano Competente, respetando los procedimientos previstos en el Ordenamiento Jurídico, y que son anulables los Actos que incurran en cualquier infracción del Ordenamiento Jurídico, incluso el exceso de poder y en el presente caso, consta en autos que la demandada no dio estricto cumplimiento al Régimen Jurídico aplicable al caso.” De la lectura de los considerandos anteriores, que sirven de motivación al Tribunal de Segunda Instancia para confirmar la sentencia del A quo pone de manifiesto una motivación con omisión de las normas que han debido aplicarse en la solución del presente caso, habida cuenta que expresa que la demandada, o sea el ESTADO DE HONDURAS por medio de la Secretaría de Salud no dio estricto cumplimiento al Régimen Jurídico aplicable al caso. Es cierto que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es revisora de los actos de la Administración Pública, pero los Tribunales Superiores, en este caso la Corte Suprema de Justicia es revisora de las resoluciones que dictan los inferiores y fácilmente puede llegar a la conclusión inequívoca que la sentencia recurrida de casación es defectuosa en su motivación. Al leer la sentencia impetrada encontramos que en su texto se cita el artículo 200 del Código Procesal Civil que se refiere al contenido formal de las sentencias, pero en lo que respecta al caso que nos ocupa, es la mera cita del mencionado artículo 200 porque no se expresa en forma concreta cuales son las normas jurídicas aplicables al caso, y no aplica tampoco el artículo 207 del mismo cuerpo legal precitado. ¿Cómo podría refutarse la aplicación de normas jurídicas que presuntamente han debido aplicarse en la sentencia si el mismo Tribunal que afirma como necesaria su aplicación para la resolución del caso en cuestión, no dice cuáles son? De lo anterior resulta evidente que la sentencia infringe por falta de aplicación los artículos 200.1 y 2 letra c) y 207, ambos del Código Procesal Civil y procede en consecuencia que ese Honorable Tribunal resuelva este recurso conforme lo dispone el artículo 727.4 del mismo Código, el que reza así: “ARTICULO 727. CONTENIDO DE LA DECISION. ESTIMACION. Si se estimara el recurso de casación, en una sola sentencia, la Corte Suprema de Justicia casará la resolución recurrida y resolverá conforme a derecho: 1... 2... 3... 4. Si se apreciara infracción de las normas reguladoras de la sentencia, la Corte Suprema de Justicia dictará la nueva sentencia salvo que el defecto consista en la omisión o defectuosa motivación fáctica, o en la omisión de pronunciamiento, en cuyo caso reenviará el expediente a la Corte de Apelaciones para que dicte nueva sentencia en el plazo de quince (15) días. 5...” Siendo entonces, señores Magistrados, que la sentencia se sustenta en la falta de motivación, en vista de ello se hace necesario que se case la sentencia recurrida”.- II. El cargo en la forma expuesta resulta inadmisible ya que la Recurrente señala en la explicación del motivo los artículos 364 de la Constitución de la República y 727.4 del Código Proceso Civil, disposiciones que no fueron señaladas como infringidas ni relacionadas en la formulación del cargo, restándole claridad y precisión al motivo. Es importante establecer que el ad-quem, al momento de dictar la sentencia, ha cumplido los requisitos formales de las normas citadas como violadas, por ende las mismas fueron aplicadas.- III. Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil, relacionado con lo dispuesto en el artículo 721 numeral 2) del mismo cuerpo legal.- IV. Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral

  1. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de septiembre del dos mil catorce; certificación del auto de fecha veintiséis de agosto del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 378-13.

DORIS SUYAPA FIGUEROA VALLADARES

RECEPTORA ADSCRITA

SECRETARIA GENERAL