Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CA-364-13 — Registro 4069

Resumen

En primera instancia dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción promovida por el demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia bajo el criterio que la autoridad nominadora no siguió procedimiento alguno para cancelar al demandante, ya que para cancelar al demandante este tenía que ser evaluado por si no reunía los requisitos para el cargo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"El Censor no presenta una proposición jurídica válida, ya que en el concepto de la infracción primero establece que hay una omisión en cuanto a las disposiciones legales señaladas y al final del mismo acápite señala que hay una interpretación errónea de las normas de derecho; conceptos de violación distintos y con diferentes alcances jurídicos que no se pueden alegar en un mismo cargo. En consecuencia, resulta que el cargo en la forma expuesta no está llamado a prosperar por lo que procede su desestimación.- " En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- "

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los tres días del mes de junio de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado el segundo ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), representado en juicio por el abogado ERICK IVAN RODRIGUEZ FLORES; y, Recurrido: FREDY LEONEL FERNANDEZ GARCIA representado en juicio por la abogada CONCEPCIÓN CHÉVEZ VELÁSQUEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada del derecho subjetivo violado, reintegro al puesto del trabajo, pago de incrementos salariales, costas, promovida en fecha once de octubre del dos mil diez, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo Departamento de Francisco Morazán, por la abogada CONCEPCION CHEVEZ VELASQUEZ, en su condición de representante procesal del señor FREDY LEONEL FERNANDEZ GARCIA, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ETHEL DERAS ENAMORADO.ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifiesta que ingresó a laborar en la Dirección Ejecutiva de Ingresos en fecha 7 de octubre de 1994 en el cargo de Auditor, posteriormente en fecha 01 de noviembre del 2006, mediante Acuerdo Número 637/2006 fue ascendido al cargo de Supervisor de Auditoría de Campo, del Departamento de Auditoría, en la Región Centro Sur y al momento de su separación se desempeñaba funcionalmente en el cargo de Supervisor de Auditoria de la Región Nor-oriental de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Que con Acuerdo Número 237/2010 emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos el 22 de septiembre del 2010, y notificado el día 27 de Septiembre del 2010 el Ministro Director acuerda separarlo del cargo de Supervisor de Auditoría por no ser necesarios sus servicios, con el correspondiente pago total de sus prestaciones laborales. La Dirección Ejecutiva de Ingresos fundamenta su separación del cargo en el párrafo tercero del artículo 82 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalizaron del Gasto Público contenida en el Decreto 17/2010, al aplicar este precepto legal y al obviar los trámites ante la Dirección General del Servicio Civil violenta lo que establecen los artículos 256 y 257 de la Constitución de la República. Que con este acto se violenta el legítimo derecho de defensa, al no expresar en dicho acuerdo claramente la causa legal de su separación, por lo que la DEI no aplica la Ley del Servicio Civil ni procedimiento alguno, determinándose que el acto emitido por esta no es conforme a derecho. Que el acto impugnado se dictó en abierta infracción al ordenamiento jurídico, ya que fue separado de su puesto de trabajo sin constar en el acuerdo número 237/100 causal alguna y sin que la autoridad demandada sustente su separación en procedimiento legal alguno por lo cual al prescindir del procedimiento, el acto de su separación es nulo de pleno derecho conforme lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 34 literales b) y c).- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, manifiesta que el demandante ingresó a laborar en la Dirección Ejecutiva de Ingresos en fecha 7 de octubre de 1994, desempeñándose como Asesor al Contribuyente en la Sección de Atención al Contribuyente en la Región Centro Sur, no como AUDITOR. Posteriormente en fecha 01 de noviembre del 2006, mediante Acuerdo Número 637/2006, fue ascendido al cargo de Supervisor de Auditoría de Campo del Departamento de Auditoría, en la Región Centro Sur y se desempeñaba funcionalmente en el cargo de Supervisor de Auditoría de la Región Nor-occidental de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Que la autoridad administrativa en estricto apego a sus atribuciones determinó cancelar al demandante mediante el Acuerdo de Cancelación No. 237-2010, emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos el 22 de septiembre del 2010 y notificado el 27 de septiembre del 2010, donde consta que el Ministro Director acuerda separarlo del cargo de Supervisor de Auditoría, por considerar no ser necesarios sus servicios, con el correspondiente pago total de sus prestaciones laborales. Que no existe ninguna infracción a los preceptos constitucionales ni el ordenamiento jurídico en la emisión del acto administrativo impugnado, pues el Decreto Legislativo No.-17-2010 emitido por el Congreso Nacional de la República en el artículo No. 82 expresa que en los casos en que el personal no reúna los requisitos para el cargo, no apruebe o supere el proceso de evaluación, será separado de su cargo, conservando el derecho al pago de las prestaciones laborales correspondientes. Que las acciones de personal que se ejecuten durante los seis (6) meses a partir de la vigencia del Decreto Legislativo No.17-2010 emitido por el Congreso Nacional de la República en el artículo No. 82, no necesitan complementarse ante la Dirección General de Servicio Civil. Que la Dirección Ejecutiva de Ingresos hizo la cancelación de su acuerdo, fundamentada en el Decreto Legislativo No.17-2010 emitido por el Congreso Nacional de la República de Honduras y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 22 de abril del 2010, donde le otorga a la autoridad administrativa facultades para extinguir la relación laboral con cualquier servidor público, por lo tanto la conducta administrativa de la Dirección Ejecutiva de Ingresos al determinar cancelar al ciudadano FREDY LEONEL FERNANDEZ la hizo en observancia estricta a las leyes administrativas.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de enero del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción promovida por el demandante FREDY LEONEL FERNANDEZ GARCIA, representado en juicio por la abogada CONCEPCION CHEVEZ VELASQUEZ, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación número 237/2010 de fecha 22 de septiembre de 2010, emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, por medio del cual se canceló al demandante; anulando el acuerdo de cancelación número 237/2010 de fecha 22 de septiembre de 2010; reconociendo la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se resolvió el reintegro del demandante al cargo de Supervisor de Auditoría y como medida para su pleno restablecimiento se ordenó al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de suspensión del ejercicio del cargo hasta la fecha en que produzca el reintegro; condenando al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Finanzas, específicamente la Dirección Ejecutiva de Ingresos, al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que se produzca el reintegro mas el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder; se decretó en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora no indicó el motivo o causal de la cancelación del acuerdo; de igual manera no consta en autos que la autoridad nominadora haya dado cumplimiento a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, para proceder a la cancelación del demandante por cesantía o despido, infringiendo el ordenamiento jurídico por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido en la Ley y por ello a criterio de ese juzgador, es procedente declarar la nulidad de tal acuerdo de cancelación.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinticuatro de enero del dos mil trece dictó sentencia definitiva declarando sin lugar el Recurso de Apelación y CONFIRMÓ la sentencia definitiva dictada por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora no siguió procedimiento alguno para cancelar al demandante, ya que para cancelar al demandante este tenía que ser evaluado por si no reunía los requisitos para el cargo, o que no aprobara o superara el proceso de evaluación y consta de autos que el demandante no fue evaluado previo a su cancelación, lo que vuelve nulo el acto impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, el abogado ERICK IVAN RODRIGUEZ FLORES, presentó con fecha cinco de marzo del dos mil trece, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.249-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 591-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha seis de marzo del dos mil trece, tener por interpuesto en tiempo y forma el presente Recurso de Casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte demandada, abogada CONCEPCION CHEVEZ VELASQUEZ, presentó en fecha cinco de abril de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha ocho de abril de dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución, personalmente y por medio de teléfono celular, en fechas veinticuatro de abril y diecisiete de mayo del dos mil trece, los abogados CONCEPCION CHEVEZ VELASQUEZ y ERICK IVAN RODRIGUEZ FLORES, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados CONCEPCION CHEVEZ VELASQUEZ y ERICK IVAN RODRIGUEZ FLORES, presentaron escritos de personamiento en fechas dos y veintitrés de mayo del año dos mil trece, en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia dictada en segunda instancia y que el Recurrente fundamenta su primer y único motivo, manifestando lo siguiente: “Acuso la Sentencia recurrida de ser violatoria de la ley específicamente del 82 en relación con el articulo 86 de la LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DECRETO LEGISLATIVO 017-2010. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 719.2 CAUSALES DEL RECURSO, del Código Procesal Civil, que a la letra dice “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” CONCEPTO DE LA INFRACCION : El concepto de la infracción lo explico así: la Corte sentenciadora resuelve omitiendo las disposiciones legales señaladas, ya que se demostró en juicio la justa causa por medio la cual se cancelo al demandante, reconociéndole en su totalidad las prestaciones laborales y los derechos adquiridos que le correspondían, el Juez Ad-quem es del criterio que la autoridad nominadora para dictar el acuerdo de cancelación del demandante señor FREDY LEONEL FERNANDEZ GARCIA, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, y al no hacerlo violo el ordenamiento jurídico establecido, cuando lo cierto es que mi representado demostró fehacientemente que la cancelación del demandante se efectuó conforme a la ley vigente específicamente del 82 párrafo tercero de la LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DECRETO LEGISLATIVO 017-2010, misma exime a mi representado de complementar tramite alguno ante la Dirección General de Servicio Civil, cuando dicho tramite contravenga o retrase la acción tomada. Aunado a lo anterior es de relevante importancia señalar que en el mismo cuerpo legal estipula las disposiciones legales a derogar específicamente en su articulo 86 numeral 7) que literalmente dice: ARTICULO 86.- Derogar las Disposiciones legales siguientes: 1)...2)...3)...4).. .5)...6)...7) Quedan derogados los Decretos, Leyes o reglamentos que se oponen a las disposiciones establecidas en esta ley. Como ustedes pueden observar Honorables Magistrados es evidente que tanto el Juez A-quo y el Ad-quem lo hacen en abierta violación a la ley en virtud que en ningún momento toman en cuenta el procedimiento legalmente establecido y aplicado en la Ley precitada. Como es posible que tan Honorable Corte haya prescindido total y absolutamente de apreciar que se siguió el procedimiento legalmente establecido para la cancelación del demandante cuando la ley le asigna como función principal en esta materia especial la revisión del acto administrativo, función que no se cumple al omitir la Corte la aplicación de las disposiciones legales invocadas en este motivo ante la evidencia de estar demostrada la justa causa de la cancelación que es la de no ser necesarios sus servicios y de igual forma quedo demostrado que se le dio estricto cumplimiento al procedimiento legal requerido para emitir el acto administrativo. Por lo antes expuesto se colige que el Juzgador violento el ordenamiento jurídico al emitir una resolución judicial, interpretando erróneamente normas de Derecho al aducir que se violo el ordenamiento jurídico establecido, lo cual es motivo de este Recurso extraordinario de Casación, no ajustándose a Derecho para la solución objetiva del fondo del presente juicio.”.- II. Recuerda la Corte el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer si al dictarla el juez, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la Ley. Por ello se ha dicho, que en el recurso de casación se enfrentan la Ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.- III. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado esta Sala, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.- IV. Así mismo, tiene dicho la Sala, que es imperativo para el censor rebatir y, por consiguiente, desquiciar por la senda apropiada, todos los soportes jurídicos, probatorios y fácticos del fallo gravado, porque, el no hacerlo, implica que la presunción de acierto y legalidad que tiene aquel frente al recurso de casación, permanezca incólume con fundamento en los medios inatacados.- V. El Censor no presenta una proposición jurídica válida, ya que en el concepto de la infracción primero establece que hay una omisión en cuanto a las disposiciones legales señaladas y al final del mismo acápite señala que hay una interpretación errónea de las normas de derecho; conceptos de violación distintos y con diferentes alcances jurídicos que no se pueden alegar en un mismo cargo. En consecuencia, resulta que el cargo en la forma expuesta no está llamado a prosperar por lo que procede su desestimación.- VI. En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el abogado ERICK IVAN RODRIGUEZ FLORES, en su condición de apoderado de la parte demandada, en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de junio del dos mil catorce; certificación del auto de fecha tres de junio del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 364-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL