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Sentencia CA-360-12 — Registro 3969

Resumen

En primer instancia se declara improcedente la acción incoada por ajustarse a Derecho los actos administrativos impugnados identificados como la resoluciones emitidas por la Secretaría, se confirma en segunda instancia bajo el criterio que el reclamo administrativo debió presentarse en el término de 60 días, lo que demuestra contundentemente que la acción para reclamar el derecho al reajuste salarial concedido se encuentra prescrito

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

forzar la estimación de los hechos aceptados por las partes, cuando ello incluye instar la revisión de los hechos en el proceso, actividad que esta vedada para este Tribunal en este extraordinario recurso, en mérito de lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; además, las disposiciones constitucionales estimadas como infringidas por falta de aplicación, no pueden sustentar por sí la solución del fondo del litigio, cuando el argumento del juzgador, es que operó la prescripción del reajuste salarial reclamado

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiún días del mes de noviembre de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designada ponente la primera para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: HILDA MARGARITA FLORES GONZALEZ, JULIO CESAR PETIT MEMBREÑO, FEDERICO IZAGUIRRE Y OTROS, representado en juicio por el abogado LUIS ALONSO BARAHONA ZUNIGA y el Recurrido: ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria para la declaración de no ser conforme a derecho y la anulación de unos actos administrativos, reconocimiento de una situación jurídica individualizada de reajuste salarial y colaterales en forma retroactiva más intereses legales y la adopción de las medidas necesarias para su pleno restablecimiento, promovida por el Abogado LUIS ALONSO BARAHONA ZUNIGA, en representación de los señores HILDA MARGARITA FLORES GONZALES, JULIO CESAR PETIT MEMBREÑO, FEDERICO IZAGUIRRE, DORIS SOFIA MARTINEZ Y OTROS, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD representada en juicio por el Abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ.- I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción que mediante Acuerdo No.10-2004 de fecha 12 de Abril del 2004 publicado en el Diario Oficial la Gaceta de fecha 7 de Mayo del 2004, se aprobó el “ACUERDO SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y LAS ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO CENTRAL de fecha 25 de Marzo del 2004”; mediante el cual el Gobierno de la República reconoce y ratifica su obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, los tratados, convenciones, leyes y demás disposiciones legales aplicables a los servidores públicos que se desempeñen en las dependencias del Estado, por tanto puso a disposición de los sectores representativos de los servidores públicos el techo establecido en el presupuesto general de ingresos y egresos para atender los incrementos a su salario ordinario, decimotercero, decimocuarto mes y vacaciones (colaterales) correspondiente al año 2004; se acordó que la distribución convenida aplicaba a aquellos servidores públicos cuyo salario ordinario mensual no sobrepasaba la cantidad de diez mil lempiras y que sería efectivo a partir del 01 de abril del 2004; los colaterales en el 2004, se aplicaría a un periodo de nueve meses y por lo tanto generaría un salario ordinario mayor al establecido en las proyecciones presupuestarias para el año 2005 y sería deducido del techo fiscal proyectado para el aumento al salario ordinario y colaterales del año fiscal 2005. La distribución del aumento del salario que era de seiscientos siete lempiras para los empleados de la Dirección General de la Policía Preventiva y otras Direcciones, no se cumplió por parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, ya que solamente se les aumentó cuatrocientos lempiras restando la cantidad de doscientos siete lempiras, todo en contraposición a lo autorizado por el Gobierno Central en el Acuerdo Ejecutivo. Del mismo Acuerdo, el Gobierno Central otorgó en el año 2005 otro aumento de seiscientos cincuenta y tres lempiras para los empleados del Gobierno Central, pero a los empleados de la Dirección General de la Policía Preventiva y las otras Direcciones que cuentan con personal auxiliar, solamente se les hizo efectivo la cantidad de cuatrocientos lempiras haciendo falta la cantidad de doscientos cincuenta y tres lempiras para cumplir fielmente con lo estipulado por el Gobierno Central mediante acuerdo con las Organizaciones Representativas de los Empleados Públicos. Que en fecha 06 de Febrero del 2009 se presentó ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, “RECLAMO ADMINISTRATIVO PARA QUE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD PAGUE REAJUSTE DE SALARIOS Y ADEMAS EN FORMA RETROACTIVA. Una vez admitido el reclamo y seguido el trámite correspondiente, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad emitió la Resolución SEDS059-2010 de fecha ocho de junio del dos mil diez, mediante la cual resuelve declarar sin lugar por improcedente el reclamo administrativo, por ser extemporáneo en virtud de haber prescrito el derecho a ejercer la acción; lo cual es improcedente en vista de que lo pactado en el Acuerdo es una obligación impuesta por el mismo Gobierno a sus mismas dependencias, por lo que no puede el mismo Estado una vez obligado a cumplir con un mandato constitucional, evadir su responsabilidad alegando prescripción de sus mismos actos en perjuicio de los particulares. Que el Acuerdo No.10-2004 de fecha 12 de Abril del 2004 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta de fecha 7 de Mayo del 2004, es Ley entre las partes y es por eso que aun tiene su vigencia, el hecho de que unas de las partes, en este caso el Estado, no haya cumplimentado con lo preceptuado en este acuerdo, no exime al administrado para exigir el cumplimiento de su obligación y cuando por causas no imputables a éste, se pretende alegar prescripción a pesar de que en la misma resolución impugnada se establece que según Dictamen de la Procuraduría General de la República de fecha 10 de Febrero del 2010 “no se aprecia que se hayan efectuado por parte de las autoridades correspondientes, los trámites y las solemnidades necesarias para incorporar los aumentos salariales acordados de que se trata al Presupuesto General de la República”, mas bien por el contrario, al aferrarse la administración a este alegato de prescripción, puede hacer incurrir en responsabilidad penal y administrativa al funcionario responsable de la demora. Que con el reclamo presentado quedó resuelto el hecho que en efecto mis representados si han tenido derecho al reajuste salarial, ya que la Secretaría de Seguridad, mediante la resolución impugnada SEDS-059-2010 de fecha ocho de junio del dos mil diez, establece literalmente lo siguiente: “Que los peticionarios son empleados auxiliares administrativos que se encuentran asignados en la Dirección Nacional de la Policía Preventiva y en la Dirección General de Investigación Criminal y que por ende les correspondían los mismos derechos que a los demás empleados del Poder Ejecutivo, según el Acuerdo suscrito entre el Gobierno y las Organizaciones Representativas de los Empleados Públicos del Gobierno Central, en el cual se aprobó un incremento salarial para todos los servidores públicos que devengaban un salario menor a los diez mil Lempiras, el cual se hizo efectivo a partir del uno de abril del año dos mil cuatro, aumento equivalente a seiscientos siete lempiras exactos, y en el año dos mil cinco el monto equivalente a seiscientos cincuenta lempiras exactos.” por lo que hay un reconocimiento expreso de dicha Secretaría de Estado en el derecho de mis representados a obtener el aumento establecido. Por lo que es evidente que por la negativa de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad se ha alterado el espíritu de las leyes que dieron origen el Acuerdo No.10-2004 de fecha 12 de Abril del 2004, publicado en el Diario Oficial la Gaceta de fecha 7 de Mayo del 2004, mediante el cual se aprobó el “ACUERDO SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y LAS ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS DEL GOBIERNO CENTRAL de fecha 25 de Marzo del año 2004”; lo que implica que se declare la nulidad de los actos impugnados. Continua alegando que contra la Resolución SEDS-059-2010 de fecha ocho de junio del dos mil diez, se interpuesto en tiempo y forma recurso de reposición, mismo que fue declarado sin lugar mediante resolución SEDS142-2010 de fecha siete de octubre del dos mil diez, misma que fue notificada a finales del mes de octubre de este año, por lo que se interpone en tiempo y forma la presente demanda.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, contestó dicha demanda señalando que los demandantes expresan que no se les cumplió con el aumento por parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, argumentando que faltan a la verdad, pues consta en documentos que se acordó con los demandantes que el aumento sería de L.400.00, que fue establecido mediante acuerdo ejecutivo No.0337-2004 del 26 de mayo del 2004, razón por la cual sólo se les incrementó dicha cantidad, misma que fue pagada a los demandantes, siendo por ellos aceptada. El reclamo administrativo por ellos presentado fue declarado sin lugar por haber sigo interpuesto en forma extemporánea ya que habían transcurrido más de 4 años para hacer valer su derecho. El gobierno otorgó dicho aumento en el 2004, sin embargo el acuerdo tenía sus limitantes, entre los cuales establecía que sería aplicable sólo a aquellos empleados públicos que devengaban un salario menos a L.10,000.00 y los demandantes pretenden hacer creer que por el hecho de que la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad estableció en la resolución SEDS-059-2010, de fecha 8 de junio del 2010 que los peticionarios son empleados del Poder Ejecutivo, que se encuentran asignados a la Dirección Nacional de Policía Preventiva y en la Dirección General de Investigación Criminal, por ende les corresponde los mismos derechos que a los empleados del Poder Ejecutivo; que a los hoy demandantes no se les está restringiendo ningún derecho, sin embargo, lo que no puede ignorarse es que los acuerdos que sirvieron de base jurídica, tienen su vigencia de ejecución desde el 2004 – 2005, en este sentido nos encontramos que la Ley de Servicio Civil, establece que los derechos y acciones, a favor del servidor público prescribieron en el término de 60 días hábiles desde que pudieran hacerse efectivos.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de agosto del año dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción incoada por ajustarse a Derecho los actos administrativos impugnados identificados como la resoluciones SEDS-59-2010 y SEDS-142-2010, que declara sin lugar el recurso de reposición interpuesto, ambas emitidas por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad; absuelve al Estado de Honduras del pago por los conceptos reclamados por los demandantes, se exime del pago de costas a la parte vencida en juicio. Criterio: que en la presente causa ha operado la prescripción del derecho de los demandantes para reclamar el reajuste de su salario ya que los empleados de la Secretaría de Seguridad se rigen por la Ley del Servicio Civil, prescripción que opera ya que la solicitud del reajuste del salario fue presentado 5 años después de emitido el acuerdo 10-2004 del 12 de abril del 2004, el que según los demandantes era el que les otorgaba el derecho al incremento salarial y que analizado el acuerdo 0337-2004 del 26 de mayo del 2004, en éste se acuerda un aumento salarial para el año 2004 al personal de la Secretaría de Seguridad únicamente de L.400.00 mensuales, efectivo de manera retroactiva desde el mes de enero del 2004, aumento también aplicado para el año 2005, dicho acto administrativo de carácter general, era el acto que las partes debieron impugnar, si consideraban que el mismo violentaba o restringía derechos.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinticinco de enero del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que el el reclamo administrativo debió presentarse en el término de 60 días, lo que demuestra contundentemente que la acción para reclamar el derecho al reajuste salarial concedido se encuentra prescrito, así como también el Código Civil establece que por el transcurso de dos años, prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de cualquier pago, que debieron hacerse por años o plazo mas breves, dentro del cual se establece otra forma y término de prescripción, para el caso de autos en ambos casos opera la prescripción.- 5. La representación procesal de la parte demandante, Abogado LUIS ALONSO BARAHONA ZUNIGA, en fecha seis de marzo del año dos mil doce, interpuso escrito de interposición y formalización de recurso de casación por infracción de ley ó doctrina legal contra la sentencia dictada, en fecha veinticinco de enero del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 292-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 669-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem mediante providencia de fecha ocho de marzo del año dos mil doce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal del recurrido, el ESTADO DE HONDURAS, representada en juicio por el abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ, presentó, en fecha veintidós de marzo del año dos mil doce escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha once de abril del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha trece de abril del año dos mil doce el abogado LUIS ALONSO BARAHONA ZUNIGA, y en fecha diecisiete de abril del año dos mil doce, el abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó autos de fecha veintitrés de julio del año dos mil doce, teniendo por personados a los abogados LUIS ALONSO BARAHONA ZUNIGA y OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ, en concepto de parte recurrente y recurrida respectivamente.- II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto el recurso de casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta un primer motivo, manifestando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida por INTERPRETACIÓN ERRONEA del artículo 57 párrafo primero de la Ley del Servicio Civil reformado mediante Decreto 198- 93 del 1 de octubre de 1993, publicado en la Gaceta 27-172 del 14 de Octubre DE 1993; relacionado con los artículos 17 del Código Civil, 38 preámbulo, párrafo primero del literal a), reformado de la Ley del Servicio Civil, 48 preámbulo literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 207 párrafo primero del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: el presente motivo se sustenta en el artículo 719 preámbulo, numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La sentencia impugnada, que confirma la de primer grado, funda su decisión de declarar improcedente la demanda, basándose en lo dispuesto en el artículo 57 reformado de la Ley del Servicio Civil, considerando prescrita la acción, para reclamar el derecho de ajuste de salario de los año 2004 y 2005; derecho conferido por el Gobierno Central a todos los servidores públicos, incluyendo a mis poderdantes en su condición de empleados de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, mediante Decreto No. 10-2004 del 12 de abril del 2004, que contiene el convenio suscrito entre el Gobierno y los representantes de las Organizaciones de los Empleados Públicos.- El AdQuem interpreta erróneamente el artículo 57 primer párrafo reformado ya relacionado, pues equivocadamente entiende, que los demandantes debieron promover la acción dentro de los sesenta (60) días que establece la disposición mencionada, ya sea a partir del Decreto No. 10-2004 del 12 de Abril del 2004 o a partir del Acuerdo Ejecutivo No. 0337-2004 del 26 de mayo de 2004, acto éste que de manera unilateral y arbitraria disminuyó el derecho ya reconocido en el convenio relacionado.- Sin embargo, la disposición precitada establece en con claridad meridiana lo siguiente: “Dicho término comenzara a contarse desde la fecha en que se hubiere notificado al servidor público la resolución que lo afecta”.- El párrafo expuesto no amerita mayor esfuerzo mental pues los actos administrativos impugnados son las resoluciones No. SEDS-59-2010 DE FECHA DE 8 DE JUNIO DEL 2010 y SEDS142-2010 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DEL 2010, actos que deniegan el reclamo administrativo promovido por mis representados en cuanto a un ajuste parcial de salario de los años 2004 y 2005, emitidos por la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, contra los cuales en tiempo y forma se promovió la acción ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para su anulación dentro del término ordinario de treinta (30) días hábiles que señala la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- Como se puede observar el Tribual de segunda instancia interpreta erróneamente el artículo 57 reformado de la Ley del Servicio Civil, pues de ninguna manera se ha impugnado el Acuerdo No.10-2004 del 12 de Abril del 2004 publicado en el Diario Oficial 0337-2004 del 26 de mayo de 2004, en vista que estos actos no afectan los intereses de mis representados, sino por el contrario, les otorgan derechos.- El Ad-Quem interpreta erróneamente el artículo 57 reformado de la Ley del Servicio Civil, al considerar que la prescripción opera a partir del momento en que no se hicieron efectivos esos derechos establecidos y disminuidos en los actos administrativos antes relacionados (Acuerdos), sin embargo, de los términos de la referida disposición interpretada erróneamente en la sentencia impugnada, se desprende, que el término de prescripción es a partir de la notificación de las resoluciones negativas dictadas por la Administración Pública en las cuales se negó el derecho de ajuste salarial reclamado, como aconteció en el caso de mérito, en perjuicio de derecho jurídicamente protegido como es el ajuste de salario y colaterales en los años 2004 y 2005 y posteriores de conformidad al derecho al salario consignado en el artículo 38 preámbulo, párrafo primero literal a) de la Ley del Servicio Civil, el cual es un derecho de tracto sucesivo y de carácter constitucional y humano.- De lo expuesto se desprende que el Ad-Quem ha interpretado erróneamente el articulo señalado en la formulación del cargo, por ende solicito la admisión del presente motivo y proceder conforme a derecho”.- 2. Que el cargo antes expuesto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: alude a la interpretación errónea del artículo 57 párrafo primero reformado de la Ley de Servicio Civil, pero en su explicación más bien se hace referencia a otras situaciones jurídicas no vinculadas con dicha forma de interpretar la norma, ya que si se acepta que resultaba aplicable al caso, lo lógico es que tuviera las consecuencias y efectos que de la misma se derivan, es decir, el fundamento de que operó la prescripción de lo reclamado; además, confusamente cuestiona el término mediante el cual comienza a correr la prescripción señalada, realizando señalamientos sobre la impugnación del acto administrativo.- 3. Que en el segundo motivo se esgrime: “Acuso a la sentencia recurrida por aplicación indebida de los artículos 2265 y 2295 inciso 1 y 2 del Código Civil en relación con el artículo 228 preámbulo, numeral 4 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo se sustenta en el artículo 719 Preámbulo, numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La sentencia impugnada ha invocado indebidamente los artículos 2265 y 2295 inciso 1 y 2 del Código Civil, el primero define el carácter general de la prescripción de los derecho y acciones, para todas persona en los casos que determine la Ley, y la segunda establece la prescripción de dos (2) años para el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 1) “La de satisfacer el precio de los arriendos, sean estos de fincas rusticas o de fincas urbanas. 2) “La de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazo más breves”; Tales artículos evidentemente no calzan con la acción o pretensión accesoria de ajuste salarial parcial de los años 2004 y 2005, establecida en las presentes diligencias, pues se refieren a pago de arriendos y pagos por otras situaciones de naturaleza civil y no administrativas, que no tiene relación con la acción de reclamar créditos privilegiados a favor de trabajadores, en todo caso si la normativa del Código Civil fuere aplicable la idónea para el presente caso sería lo dispuesto en el artículo 2292 del mismo cuerpo legal que al efecto consigna: “La acciones personales que no tengan señalado término especial prescriben a los diez años”, de lo cual se deriva que no existiría la prescripción alegada por la parte demandada, pues desde el establecimiento del derecho al ajuste salarial (Acuerdo No.10-2004 del 12 de Abril del 2004) publicado en el Diario Oficial febrero del 2009) no han transcurrido más de diez (10) años como puede corroborarse fácilmente.- En todo caso estas normas de orden civil fueron aplicadas indebidamente por el Ad-Quem en la sentencia impugnada, pues existe normativa laboral que determina con claridad en que caso y como procede la prescripción al efecto se expresa lo siguiente: Si bien es cierto la sentencia impugnada cita en su parte dispositiva los artículos 39 y 49 de la Ley de Salario Mínimo contenida en el Decreto 103, Gaceta No. 20,390 del 3 de Junio de 1971, no los aplica ni interpreta en el contexto de la sentencia y por ende para decidir en el fallo. El primero de dichos artículos dispone en su párrafo primero, el derecho que tiene todo trabajador a obtener un salario mínimo y cuando este derecho sea conculcado recibiendo el trabajador sumas inferiores, lo faculta para reclamarlas, dicho derecho prescribirá en dos años contados a la fecha en que ocurrió la causa de conformidad al artículo 43 del mismo cuerpo legal.- El derecho al ajuste de salario reconocido por la parte demandada es un derecho de carácter progresivo, pues si se hubiese otorgado como debe ser, los demandantes al día de hoy estuvieran devengándolos, por tanto ese derecho les comprende desde la fecha del reclamo por los dos años anteriores y sería prescrito por el resto en consecuencia.- De lo anterior se colige que los artículos del Código Civil, fueron aplicados indebidamente en la sentencia impugnada y que las aplicables al caso concreto son las normas laborales del salario mínimo, sin perjuicio de lo dispuesto en 2292 del Código Civil ya citado si el criterio de este Honorable Tribunal fuera similar al del Tribunal de alzada.- Por lo expuesto procede la admisión del presente motivo”.- 4. Que el segundo cargo resulta inamisible en razón de lo siguiente: en su explicación hace referencia a los artículos 39 y 49 de la Ley del Salario Mínimo y 2292 del Código Civil, no enunciados en su formulación, que si bien se señalan como sustitutivos de las normas señaladas como aplicadas indebidamente, tampoco guardan armonía con el objeto de la pretensión debatida por la parte demandante, el cual incluye el reajuste salarial a partir del 1 de abril del 2004 y no se limita a los dos últimos años anteriores al reclamo administrativo, que se hace referencia como fundamento de fondo del motivo.- 5. Que en el tercer motivo se indica lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria a la Ley por falta de aplicación de los artículos 128 preámbulo, numeral 4), 64 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo se sustenta en el artículo 719 Preámbulo, numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Es un hecho no discutido y aceptado por las partes, que a los Empleados del Poder Ejecutivo incluyendo al personal Auxiliar de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, mediante Acuerdo No. 10-2004 de fecha 12 de Abril del 2004, suscrito entre el Estado y la Organizaciones Representativas de los Empleados Públicos, donde a los servidores del Estado que no devengaran más L. 10,000.00, se les otorgó un incremento salarial en los años 2004 (L. 607.00) y en el 2005 (L. 653.00) y sus colaterales, mismo que se hizo efectivo a todos los empleados del Poder Ejecutivo, sin embargo fue parcial para los empleados de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, ya que para el año 2004 sólo se pagó L. 400.00 quedando un saldo de L. 207.00 y para el 2005 se pagó L. 400.00 quedando un saldo L. 253.00.- Este incumplimiento basado en un acto unilateral de la Administración Pública es arbitrario en virtud de que de disminuyo el derecho al ajuste salarial consagrado en el acuerdo pactado, adoleciendo de nulidad absoluta de conformidad con los artículo 64 y 128 preámbulo numeral 4, de la Constitución de la República, pues no se hizo en forma completa, derecho sobre el cual no existe discusión y ser un crédito de carácter privilegiado, pues la parte contraria ha aceptado la existencia del mismo.- De lo anterior se concluye que Ad-Quem, debió aplicar en la sentencia impugnada los artículos antes mencionados y relacionados en la formulación del cargo rebelándose ante lo dispuesto claramente en ellos.- Por lo antes mencionado pido proceder a la admisión del presente cargo”.- 6. Que en el cargo que antecede, el Impetrante pretende forzar la estimación de los hechos aceptados por las partes, cuando ello incluye instar la revisión de los hechos en el proceso, actividad que esta vedada para este Tribunal en este extraordinario recurso, en mérito de lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; además, las disposiciones constitucionales estimadas como infringidas por falta de aplicación, no pueden sustentar por sí la solución del fondo del litigio, cuando el argumento del juzgador, es que operó la prescripción del reajuste salarial reclamado.- 7. Que en el Cuarto motivo, el impetrante se refiere a lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida por violación del artículo 200 numeral 2) preámbulo literal b) y c), y 207 numeral 1) del Código Procesal Civil en relación a los artículos 57 párrafo primero de la Ley del Servicio Civil reformado mediante Decreto 198-93 del 1 de octubre de 1993, publicado en la Gaceta 27-172 del 14 de Octubre de 1993 y Artículos 2265 párrafo primero 2295 numeral 2 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: EL presente motivo se sustenta en el artículo 719 preámbulo, numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil, en relación con el 720 numeral 2) del mismo Código. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. El tribunal Ad-Quen hace suya la sentencia de primer grado, por ende se fundamenta en el mismo argumento de la prescripción establecida en artículo 57 reformado de la Ley del Servicio Civil y artículos 2265 párrafo primero 2295 numeral 2 del Código Civil.- El Ad-Quo omite parcialmente en los antecedentes de hecho y por consecuencia lógica en la fundamentación de derecho, referirse a que la parte demandada presentó DEFENSAS PREVIAS BAJO LA MISMA ARGUMENTACIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, resolviendo declarar sin lugar las mismas, mediante sentencia interlocutoria recaída en dicha cuestión incidental.- No obstante lo anterior y sin hacer un razonamiento lógico y motivado en Sentencia Definitiva de fecha 23 de Agosto del 2011, (ver folios 265 al 273) cambia de criterio y fundamenta su decisión en las disposiciones legales que en Sentencia Interlocutoria de Defensas Previas consideró no eran aplicables al caso de mérito de igual forma lo hace la sentencia de segundo grado.- La omisión relacionada evidentemente afecta el acto producido (la sentencia) por violación del artículo 200 numeral 2) preámbulo literal b) y c), y 207 numeral 1) del Código Procesal Civil.- Por principio de razonamiento lógico el Juzgador debió establecer en la sentencia este aspecto ya que la misma incide en el resultado de la resolución final, pues mediante un razonamiento lógico se debe indicar, él porque en la sentencia interlocutoria se tiene el criterio de que no procede la prescripción alegada por la parte demandada y en la sentencia definitiva se tiene el criterio de que si procede, cuando el alegato ha sido el mismo en todo el proceso, reduciéndose la controversia a este aspecto de puro derecho.- La sentencia del A-Quo confirmada por el Tribunal de alzada, carece de suficiente motivación lo que trae como consecuencia, una ostensible contradicción al momento de resolverse la contienda, cuando el sentido común y la lógica nos indica que la sentencia definitiva debió tener el mismo resultado que la sentencia interlocutoria, porque ser el mismo argumento planteado por parte demandada, no existiendo ningún otro hecho, prueba o elemento nuevo en el proceso que determinen un fallo diferente al dictado en dicha sentencia.- Por lo expuesto solicito se revise y cumpla con la norma adjetiva citada en la sentencia, pero no aplicada en la misma, y que dicha corrección sea conforme con los principios de la motivación de la sentencia que produzcan un fallo lógico con relación a las normas que garantizan los actos del proceso en pro del debido proceso y el derecho de defensa de mis poderdantes.- La omisión parcial sobre el contenido formal de la sentencia del A-Quo, en cuanto a la omisión de referirse a las defensas previas en los antecedentes de hecho y en la fundamentación de derecho, determinan lo insuficiente y el carácter ilógico de lo fallado, que evidentemente afectan el debido proceso y el derecho de defensa de la parte demandante al no dictarse un acto conforme a los requisitos que señala la norma procedimental en la formulación del cargo.- Por lo expuesto pido la admisión del presente motivo y proceder conforme a derecho”.- 8. Que el cargo antes expuesto resulta inadmisible ya que el Impetrante cuestiona la forma y contenido de la sentencia recurrida, aludiéndose a que no se tomó en consideración en los antecedentes de hecho y la fundamentación de derecho lo concerniente a la defensa previa opuesta por la demandada, lo que en su concepto determina lo insuficiente y el carácter ilógico de lo fallado, cuando en su oportunidad, sobre dicho tema en la resolución interlocutoria del a-quo del 27 de mayo del 2011, claramente se estableció que el tema del alegato de la prescripción sería analizado en el fondo del juicio, tal y como lo realizó el juzgador. En adición, revisada la resolución recurrida, resulta que el fallo del Ad quem es congruente con las pretensiones oportunamente deducidas y con el objeto del proceso al confirmar el criterio en cuanto a la prescripción del derecho alegado por la demandada, ya que no se debe confundir la prescripción de la acción que en términos generales es la que faculta la Ley a conocer en el proceso judicial, cuando la demanda se promueve fuera de los términos legales y que en esta materia no es mas que la firmeza del acto administrativo y la prescripción del derecho que se reclama que fue lo resuelto en fallo impugnado, por lo que no era necesario incluir en el mismo el tema de lo debatido en las defensas previas.- 9. Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- 10. Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus cuatro motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir.- 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días del mes de diciembre del dos mil catorce; certificación del auto de fecha veintiuno de noviembre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 360-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL