Sentencia CA-358-12 — Registro 18032
Resumen
En primer instancia se declara con lugar las defensas previas consistentes en que la demanda se presentó fuera de los plazos establecidos y que se trate de actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa por tratarse de un acto firme, por lo que se declara inadmisible la demanda por existir causales de inadmisibilidad , se confirma en segunda instancia y en casación se anula la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...". Que revisada la resolución recurrida proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, de fecha 2 de febrero del 2012, donde confirma la de primera instancia que declara con lugar las defensas previas opuestas por la parte demandada, concernientes a: a) que la demanda se hubiera presentado fuera de los plazos respectivos; y, b) que se trate de actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa, por tratarse de un acto firme y a su vez declara inadmisible la demanda, porque considera que ha expirado el plazo para su presentación, bajo el criterio que dicha acción debió ser sometida al procedimiento especial establecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, consistente en la impugnación de cualquier acto sobre fijación o liquidación de impuestos, contribuciones, tasas, multas y demás rentas o créditos públicos definitivamente establecidos en vía administrativa y no fuere la administración la que demanda contra su propio acto.- II. Que si bien es cierto, en los artículos 103 al 107 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se determina el procedimiento especial a seguirse en los casos en materia tributaria o impositiva, dichas disposiciones no abarcan las multas impuestas por otras instituciones del Estado diferentes a las tributarias o fiscales que surgen de la aplicación de otras normativas no relacionadas con impuestos, contribuciones, tasas, multas y demás rentas o créditos públicos, dentro de las cuales participa el concepto de contribuyente previsto en el artículo 106 del citado cuerpo legal.- III. Que bajo esa premisa, la acción contra una multa impuesta por la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, derivada de una responsabilidad administrativa determinada bajo la Ley General del Ambiente, no puede ser sometida al procedimiento especial a que se refiere el numeral anterior, ni a los plazos reducidos a la mitad como lo señala el artículo 105 de dicha Ley, sino que al procedimiento ordinario que establece la misma legislación.- ..." Que entender y aplicar de otra forma dicha normativa hace más gravosa la situación de la persona que acciona y reclama la tutela judicial efectiva, implica que se le restringiría el derecho de acceso a la justicia al concedérsele menos tiempo para ejercer su derecho constitucional de petición. Que por el principio pro homine, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo define expresando que “en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e, inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos”[1], por ello, se debe acoger la vía más favorable a la referida tutela judicial efectiva.- V. Que si bien es cierto los tribunales de justicia han venido dando trámite a las acciones de este tipo bajo la modalidad del procedimiento especial, también lo es, que revisada la legislación especial en materia Contencioso Administrativa, la misma no desarrolla este tipo de situaciones y las limita a lo que es lo Tributario y Fiscal, por lo tanto no atinente a las multas impuestas fuera de ese orden, criterio que ya ha sido sustentado por este Tribunal en el expediente numero SL-476-11.- ..." Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- ..". Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- ..". Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- .." Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, procede anular la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.."
Legislación citada
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 103 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes de septiembre de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado ponente el último para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: Sociedad CONFECCIONES MONZINI S.A., representada en juicio por la abogada DELCY YARLENI BETANCOURT ARIAS; y, Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA), representado en juicio por el abogado ALBERTO GARCIA FORTIN.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda contraída a pedir la nulidad de un acto por estar viciado en derecho, se deje sin valor y efecto una serie de sanciones ilegales y arbitrarias, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas para el pleno restablecimiento, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán en fecha quince de abril del dos mil once, por la abogada DELCY YARLENI BETANCOURT ARIAS, actuando en su condición de apoderada de la Sociedad CONFECCIONES MONZINI, S.A., contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA), por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción que las oficinas de la Sociedad CONFECCIONES MONZINI, S.A., se encuentran en la zona de la Cañada, en Comayagüela, planta en la cual se realizan operaciones de confección de camisas con insumos, telas, hilos, botonaduras importados (maquila) para su exportación, misma que ha sido incorporada dentro de los beneficios del régimen de zona libre que otorga la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, por lo que la empresa ha dado fiel cumplimiento de las diversas disposiciones jurídicas a las cuales está sujeta en función de su naturaleza entre ellas la legislación ambiental, la cual ordena licenciamiento ambiental de aquellos proyectos según su categoría y atención de los criterios, por lo que el día doce de febrero del dos mil tres procedió a suscribir ante la SERNA un contrato de cumplimiento de medidas de normalización para la continuación de funciones de la fábrica, emitiendo a favor de la misma un certificado de auditoria ambiental teniendo una vigencia indefinida; en fecha veintisiete de julio de dos mil nueve, procedió a presentar la fábrica informe de cumplimiento de medidas ambientales bajo el cual los titulares de los proyectos informan a la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) el estado, avances y cumplimientos de las medidas suscritas en el contrato, realizando inspecciones por parte de dicha Dirección emitiendo informes donde se plasmaron una serie de incumplimientos al contrato, presentándose escrito de alegaciones, emitiendo un nuevo informe por parte de la DECA, en el cual hace referencia a incumplimientos a la medida 2 y 13 acápite 1 y 3 del suscrito contrato, imponiendo una sanción de L.101,000.00, por ser una falta grave, estipulada en el artículo 97 de la Ley General del Ambiente y 112 inciso b) del Reglamento, por lo que se presentó recurso de reposición declarándose sin lugar y dando el agotamiento del trámite administrativo, no existiendo causal alguna para la imposición de multas no determinando peligrosidad o daño causado, no observándose el procedimiento de ley.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), contestó dicha demanda señalando que como consecuencia de las inspecciones realizadas en las instalaciones físicas de la empresa, se dio como resultado el incumplimiento de lo establecido en el contrato suscrito y hasta el año 2008 la Sociedad CONFECCIONES MONZINI presentó el primer informe de cumplimiento de medidas ambientales estando obligada a presentar en forma trimestral a partir del 2003 al 2007.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha ocho de septiembre de dos mil once, dictó auto definitivo desestimando la defensa previa establecida en el artículo 80 letra e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, declarando con lugar las defensas previas consistentes en que la demanda se presentó fuera de los plazos establecidos y que se trate de actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa por tratarse de un acto firme, por lo que se declara inadmisible la demanda por existir causales de inadmisibilidad y sin costas; bajo el criterio que la demanda se presentó fuera del plazo legal establecido ya que le finalizó el veintiocho de marzo y la presentó hasta el quince de abril, en cuanto al acto impugnado es un acto firme por lo cual no es susceptible de impugnación, ya que había prescrito el plazo para interponer la acción, de igual manera la demanda adolece de defectos formales que impiden verter sobre el fondo del asunto, ya que la demandante no acompañó el documento que acredita el pago o el arreglo correspondiente, estando establecido en el artículo 104 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, siendo un requisito anexo no formal, como lo es establecidos en el artículo 46 del mismo cuerpo legal.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dos de febrero del dos mil doce, dicto sentencia definitiva confirmando el auto definitivo dictado por el a-quo y sin costas; bajo el criterio que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece como requisito que al presentar una demanda en materia impositiva, acompañando el documento que acredite el pago en la oficina competente de la entidad de que se trate, de la cantidad respectivo o el arreglo de pago correspondiente, requisito que no fue cumplido por la demandante, no procediendo tal demanda.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogada DELCY YARLENI BETANCOURT ARIAS, en fecha nueve de marzo del dos mil doce, interpuso escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha dos de febrero del dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.308-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.210-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán resolviendo el ad-quem mediante providencia de fecha quince de marzo del dos mil doce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, presentó en fecha veintinueve de marzo del dos mil doce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diez de abril del dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas diecisiete y veintitrés de abril del dos mil doce, los abogados DELCY YARLENI BETANCOURT ARIAS y ALBERTO GARCIA FORTIN.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados DELCY YARLENI BETANCOURT ARIAS y ALBERTO GARCIA FORTIN, presentaron escritos en fechas veinte y veinticinco de abril del dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que revisada la resolución recurrida proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, de fecha 2 de febrero del 2012, donde confirma la de primera instancia que declara con lugar las defensas previas opuestas por la parte demandada, concernientes a: a) que la demanda se hubiera presentado fuera de los plazos respectivos; y, b) que se trate de actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa, por tratarse de un acto firme y a su vez declara inadmisible la demanda, porque considera que ha expirado el plazo para su presentación, bajo el criterio que dicha acción debió ser sometida al procedimiento especial establecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, consistente en la impugnación de cualquier acto sobre fijación o liquidación de impuestos, contribuciones, tasas, multas y demás rentas o créditos públicos definitivamente establecidos en vía administrativa y no fuere la administración la que demanda contra su propio acto.- II. Que si bien es cierto, en los artículos 103 al 107 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se determina el procedimiento especial a seguirse en los casos en materia tributaria o impositiva, dichas disposiciones no abarcan las multas impuestas por otras instituciones del Estado diferentes a las tributarias o fiscales que surgen de la aplicación de otras normativas no relacionadas con impuestos, contribuciones, tasas, multas y demás rentas o créditos públicos, dentro de las cuales participa el concepto de contribuyente previsto en el artículo 106 del citado cuerpo legal.- III. Que bajo esa premisa, la acción contra una multa impuesta por la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, derivada de una responsabilidad administrativa determinada bajo la Ley General del Ambiente, no puede ser sometida al procedimiento especial a que se refiere el numeral anterior, ni a los plazos reducidos a la mitad como lo señala el artículo 105 de dicha Ley, sino que al procedimiento ordinario que establece la misma legislación.- IV. Que entender y aplicar de otra forma dicha normativa hace más gravosa la situación de la persona que acciona y reclama la tutela judicial efectiva, implica que se le restringiría el derecho de acceso a la justicia al concedérsele menos tiempo para ejercer su derecho constitucional de petición. Que por el principio pro homine, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo define expresando que “en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e, inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos”[1], por ello, se debe acoger la vía más favorable a la referida tutela judicial efectiva.- V. Que si bien es cierto los tribunales de justicia han venido dando trámite a las acciones de este tipo bajo la modalidad del procedimiento especial, también lo es, que revisada la legislación especial en materia Contencioso Administrativa, la misma no desarrolla este tipo de situaciones y las limita a lo que es lo Tributario y Fiscal, por lo tanto no atinente a las multas impuestas fuera de ese orden, criterio que ya ha sido sustentado por este Tribunal en el expediente numero SL-476-11.- VI. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- VII. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VIII. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- IX. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, procede anular la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 82, 90 párrafo primero, 303 reformado, 304 reformado, 313 ordinal numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 22, 193, 197, 199, 214 numeral 2), 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 35 párrafo segundo, 89, 103, 105, 106, 107 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, de fecha 2 de febrero del 2012, visible a folios 10 al 15 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de octubre del dos mil catorce; certificación del auto de fecha treinta de septiembre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 358-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
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