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Sentencia CA-337-13 — Registro 4290

Resumen

En segunda instancia se revocó la sentencia declarando procedente la acción incoada por la demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación por cesantía

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que el anterior cargo resulta ser inadmisible, ya que se señala como violada por interpretación errónea, una norma que no fue aplicada por el ad-quem y a la fecha del fallo la misma ya estaba derogada; en adición, en el desarrollo del motivo no explica ni justifica la incidencia de la disposición estimada infringida en el sentido de la resolución recurrida, como también realiza señalamientos que resultan ser alejados del objeto del proceso y por ende no es posible determinar el objeto del debate, como el hecho de indicar que el fallo del ad-quem confirmó el de primera instancia, cuando al contrario lo revocó. Por otra parte, le falta claridad y precisión en la explicación del cargo puesto que omite señalar el contenido de las normas citadas al consignar únicamente “…copiar del código hasta debate…copia del Código Procesal Civil hasta pleito…”.-

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala a la Censora del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado ponente la primera para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la abogada SIDIA NEREYDA HERNANDEZ ROMERO; y, Recurrida: la señora LOURDES JACQUELINE RODRIGUEZ ESPINOZA, representada en juicio por la abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda de nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia personal por ser un acto ilegal, arbitrario e injusto que consiste en la nulidad de la acción de cesantía o despido injustificado con acción de personal por cesantía No.0890 efectiva a partir del 15 de julio del 2011 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), reconocimiento de una situación jurídica individualizada, el reintegro al puesto de trabajo, pago de salarios caídos dejados de percibir y reconocimiento de aumentos en su ausencia, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la señora LOURDES JACQUELINE RODRIGUEZ ESPINOZA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la institución demandada el 3 de julio de 2006, nombrada bajo el sistema de jornal, en el puesto nominal de Capataz y posteriormente se le nombró por acuerdo a partir del 1 de abril del 2009, en el cargo de Conserje I; que en fecha 12 de julio de 2011, la institución demandada canceló a la demandante mediante acción de cesantía No.00059 a partir del 15 de julio de 2011, considerándose injusto, ilegal y arbitrario dicha cancelación, en virtud que la demandante no incurrió en las causales de despido establecidos en los artículos 47 y 53 de la Ley de Servicio Civil, ni en la nota de despido especifica las causales de despido, por otro lado no se le notificó el preaviso correspondiente previa a la cancelación, ya que de forma unilateral dio por terminada la relación laboral existente entre las partes, en donde se le notificó la separación del cargo, discriminando a la demandante por puras razones políticas sectarias.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), contestó dicha demanda señalando que la demandante fue cancelada mediante acción de personal No.00059, con fecha de efectividad del 15 de julio del 2011, por considerar que la institución demandada hizo uso de su facultad discrecional de efectuar movimiento en aplicación del artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, amparada en la delegación del Presidente de la República de firmar y remover acuerdos de personal regulados por dicha Ley y autorizada por la Dirección General de Servicio Civil, por lo que se rechaza rotundamente lo aseverado por la demandante en que su separación sea injusta, ilegal y arbitraria, ya que ésta no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de despido establecidas en la Ley de Servicio Civil, en virtud que al aplicársele la Ley de Servicio Civil el funcionario público queda expuesto en cualquier momento al movimiento de personal detallado y autorizado por la Dirección General de Servicio Civil, como también se rechaza que fue separada por razones político - sectarias y discriminatorias, condición esta que deberá ser probada por la demandante.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, dictó sentencia declarando inadmisible la demanda promovida por la señora Lourdes Jacqueline Rodríguez Espinoza, ya que el escrito de la demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en el fondo del asunto, al solicitar la nulidad de una acción de personal, sin costas; bajo el criterio que vistos y valorados los hechos de la demanda, la designación del acto impugnado, así como del escrito de alegatos que presentaran las partes, el suscrito Juez en aplicación del articulo 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que señala que el juez declarará de oficio la inadmisibilidad de la demanda, se aprecia que la demanda adolece de la causa de inadmisibilidad consistente en que “el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en el fondo”, ya que la parte demandante reitera como acto impugnado, la declaración de la nulidad de la Acción de Personal N.0890, que tal defecto por error o por desconocimiento de la parte demandante, en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es una causa de inadmisibilidad, ya que impide al juez poder pronunciarse en cuanto al fondo del asunto, por no ser la Acción de personal un acto susceptible de impugnación, esto al tenor de lo que señala el articulo 28 de LJCA, “solo son impugnables los actos definitivos de la Administración Pública que no sean susceptibles de ulterior recurso en vía administrativa”, que relacionado lo que señala la Ley General de la Administración Pública, en su articulo 116 “los actos de los órganos de la Administración Pública adoptaran la forma de Decretos, Acuerdo, Resoluciones o Providencias”; en materia de Personal como es el presente caso, el acto, la Administración Pública lo emite a través de un Acuerdo (articulo 118 LGAP), que es evidente que el acto impugnado deviene ser jurídicamente el Acuerdo de Cancelación No.0890 de fecha 12 de julio del 2011 y no la acción como señala la parte demandante ya que la acción de personal, es previo a la emisión del acuerdo de cancelación; así mismo es preciso dejar establecido que Acción de Personal no es sinónimo de Acuerdo, ya que cada uno tiene su propia naturaleza y función jurídica dentro del derecho administrativo.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinticuatro de enero de dos mil trece, dictó sentencia declarando con lugar el recurso de apelación y revocó la sentencia definitiva venida en apelación, en el sentido de declarar procedente la acción incoada por la señora Lourdes Jacqueline Rodríguez Espinoza por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación por cesantía N°890, de fecha 12 de julio del 2011, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, por lo cual se anula totalmente el mismo; reconocer la situación jurídica individualizada de la demandante y para su pleno restablecimiento se ordena el reintegro de la demandante al cargo que ostentaba en el momento de su cancelación y en concepto de daños y perjuicios se le paguen los salarios dejados de percibir, desde el momento de su cancelación hasta que la presente sentencia adquiera el carácter de firme, reconociéndole el beneficio de aumento de salarios realizados en su ausencia, sin costas; bajo el criterio que el a-quo declara inadmisible la acción porque el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en el fondo del asunto al solicitar la nulidad de una acción de personal, sin embargo, cuando concedió el plazo para alegaciones por considerar que existía una causa de inadmisibilidad lo hizo por que la acción ha sido contra actos no susceptibles de impugnación mediante la acción Contencioso Administrativa, situación que podría dejar en indefensión a la parte demandante, pero el demandante en el plazo concedido designó correctamente el acto impugnado, estando ambas causas de inadmisibilidad relacionadas con la designación del mismo, en tal virtud, al señalarse correctamente el acto impugnado y desaparecer la causa de inadmisibilidad apreciada, la acción es admisible y debe haber pronunciamiento sobre el fondo del asunto; el acto impugnado no fue dictado conforme a derecho ya que si bien es cierto, la Ley de Servicio Civil faculta a la Administración Pública de manera excepcional para que proceda a cancelar a uno o mas servidores públicos por medio de la cesantía, no es menos cierto, que la referida Ley también establece los requisitos y el procedimiento para que la autoridad nominadora pueda prescindir de los servicios de un servidor publico por dicha vía, no constando en autos se haya realizado totalmente el procedimiento para la cancelación de la demandante establecido en dicha Ley, por lo cual el acto impugnado se emitió infringiendo el ordenamiento jurídico aplicable, siendo por lo tanto nulo al haberse dictado sin seguir totalmente para su emisión el procedimiento establecido, ya que todas las disposiciones relacionadas a la cancelación por cesantía están vigentes, por lo cual son de obligatorio cumplimiento y solo el cumplimiento de una de ellas, como ser la consulta a Servicio Civil no implica el cumplimiento de todo el procedimiento establecido y en cuanto al alegato de la parte demandada que la demandante debió recurrir al Consejo de Servicio Civil para impugnar su cancelación, ya la Ley de esta Jurisdicción establece que las acciones que tuvieren por objeto actos de cancelación de servidores públicos, como es el caso de autos, se interpondrán sin recurso previo, es decir, sin agotar la vía administrativa, por lo que dicho alegato es improcedente.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogada SIDIA NEREYDA HERNANDEZ ROMERO, en fecha once de marzo de dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veinticuatro de enero de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 017-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 361-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ, presentó en fecha uno de abril de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dos de abril de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha quince de abril y trece de mayo de dos mil trece, las abogadas DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ y SIDIA NEREYDA HERNANDEZ ROMERO, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó providencia en fecha veintidós de julio de dos mil trece, teniendo por personada a la abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ como recurrida y por precluido el término concedido y dejado de utilizar por la abogada SIDIA NEREYDA HERNÁNDEZ como recurrente, en consecuencia se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia y que la recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Ser la Sentencia recurrida violatoria por interpretación errónea del Articulo 190 párrafo primero del Código de Procedimientos Civiles, en relación con el articulo 208 numeral 1 del Código Procesal Civil. Precepto Autorizante: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1 literal c) del código procesal civil. LA INFRACCIÓN LA EXPLICO ASI: El artículo 190 párrafo primero, establece “copiar del código hasta debate” De igual manera el artículo 208 numeral 1, reza: “copia del Código Procesal Civil hasta pleito” Siendo lo correcto haber interpretado: Que de acuerdo a que los sentencias deben de ser claras precisas y congruentes con las demandas y con los demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate Falla: PRIMERO: Declarar procedente la Acción promovida por la señora LOURDES YAQUELINE RODRIGUEZ ESPINOZA, por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo Impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación numero 890 de fecha 12 de Julio del año Dos mil once emitido por la Secretaria de Obras por medio de la cual se cancelo por cesantía al demandante.- SEGUNDO: reconocer la situación jurídica individualizada de la demandante y para su pleno restablecimiento al cargo que desempeñaba, y en concepto de daños se le paguen los salarios dejados de percibir.-TERCERO: se decreta en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual e haya nombrado al sustituto del demandante. En el caso que nos ocupa Honorable Corte, el Ad-quem, al confirmar el fallo de primera instancia lo hace suyo, y se coloca de rebeldía, cuando actuando fuera de las pretensiones del demandante y al margen de la ley, otorga a esta PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DE SU CANCELACION HASTA LA FECHA EN QUE ESTA SEA RESTITUIDA EN SU CARGO, MAS EL PAGO DE BENEFICIOS OBTENIDOS EN AUSENCIA COMO SER INCREMENTOS SALARIALES, AGUINALDO, DECIMO CUARTO BONOS Y VACACIONES, ASI COMO OTROS DERECHOS QUE LE PUDIERA CORRESPONDER._ DECRETANDO EN SU CASO LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, POR EL CUAL SE HARA NOMBRADO AL SUSTITUTO DEL DEMANDANTE. Razón por el cual procede se realice el control de la motivación fáctica de la sentencia, a efecto de revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico de la forma y contenido de la misma, por considerar que dicho control es determinante para que el fallo haya sido diferente. Siendo procedente por lo tanto Casar la sentencia impugnada en el presente motivo, o en su defecto ordenar que se anule la sentencia de primera instancia.”.- II. Que el anterior cargo resulta ser inadmisible, ya que se señala como violada por interpretación errónea, una norma que no fue aplicada por el ad-quem y a la fecha del fallo la misma ya estaba derogada; en adición, en el desarrollo del motivo no explica ni justifica la incidencia de la disposición estimada infringida en el sentido de la resolución recurrida, como también realiza señalamientos que resultan ser alejados del objeto del proceso y por ende no es posible determinar el objeto del debate, como el hecho de indicar que el fallo del ad-quem confirmó el de primera instancia, cuando al contrario lo revocó. Por otra parte, le falta claridad y precisión en la explicación del cargo puesto que omite señalar el contenido de las normas citadas al consignar únicamente “…copiar del código hasta debate…copia del Código Procesal Civil hasta pleito…”.- III. Que en el segundo motivo se alega: “Ser la Sentencia recurrida violatoria por interpretación errónea del artículo 55 de la Ley de Servicio Civil, en relación con el artículo 38 literal g), j) y k del mismo cuerpo de ley. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra Comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. LA INFRACCION LA EXPLICA ASI: El artículo 55 de la Ley de Servicio Civil preceptúa: “Siempre que la autoridad nominadora haga uso de los facultades excepcionales que le confiere el artículo 53 de esta Ley deberá cumplir con lo estatuido en los literales g) y j) del artículo 38 de la presente ley, en lo que proceda, sin perjuicio de los derechos que le correspondan”. A su vez el artículo 38 establece: “Los servidores públicos protegidos por esta Ley y sus Reglamentos gozarán de los derechos siguientes: a)...,b)..., c)...d)..., e)...; f)... g) A ser reintegrados a su antiguo puesto o a otro de igual categoría y salario, o ser indemnizados en aquellos casos en que fueren injustamente despedidos. Cuando el reintegro no fuere posible o no lo decida así el empleado despedido injustificadamente, tendrá derecho a una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de 15 años tomando como base el promedio de los últimos seis meses de salario devengado... Deberá agregarse asimismo, el valor correspondiente a un mes de sueldo en concepto de preaviso por cada año de servicio hasta un máximo de dos años. h)..., i)...; j) En caso de que los servidores públicos fueren cancelados sin justa causa tendrán derecho al pago de vacaciones, aguinaldo y cesantía proporcional. k).- Al pago de Salarios Caídos cuando el Servidor fuere despedido o cancelado de su cargo sin causa justificada, conforme a lo establecido en las leyes del Estado. De la interpretación de las precitadas normas legales, es fácil observar que el fallo dictado en primera instancia y que el Ad-quem hace suyo, es contradictorio en virtud que interpretando erróneamente lo preceptuado en el articulo 55 y 38 literal g) y j) de la ley de Servicios Civil._ Obliga a mi representado a reintegrar a la demandante sin concederle a éste decidir sobre la posibilidad del mismo… tal como lo indica el literal g), específicamente cuando reza “ Cuando el reintegro no fuere posible....” ._De igual manera en contradicción a lo preceptuado en el precitado artículo 55 referente a que se cumpla con lo estatuido en los literales g) y j) del artículo 38, el juzgador hace además aplicación del literal k) de dicho artículo. Condenando a mi representante al Pago de Salarios Dejados de percibir.- Otorgando a la demandante beneficios por dos conceptos sumamente diferentes y excluyentes entre sí. Procede el Pago de los salarios caídos o dejados de percibir, únicamente cuando se ha prescindido de los servicios del trabajador de conformidad a lo preceptuado en el Artículo 47 de la Ley de Servicio Civil y sin ninguna responsabilidad en el pago de prestaciones. Por lo anteriormente expuesto cabe manifestar que al haber la Corte acusada interpretado la normativa jurídica de la forma en que lo hizo se colocó en rebeldía, razón por la cual procede se case la sentencia impugnada en el presente motivo, o en su defecto se ordene se anule la Sentencia de primera instancia.”.- IV. Que en este segundo cargo la Recurrente también incurre en defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, puesto que alega interpretación errónea del artículo 55 de la Ley de Servicio Civil, mismo que no fue aplicado en la sentencia recurrida, por ello no podía ser interpretado erróneamente como se sostiene; invoca en su explicación el artículo 47 de la Ley de Ley de Servicio Civil, la cual no fue incluida como norma violada o relacionada en su formulación y nuevamente cae en la imprecisión de manifestar que el ad-quem hizo suyo el fallo dictado por el ad-quo.- V. Que como tercer cargo se argumenta: “Ser la Sentencia recurrida violatoria interpretación errónea del artículo 54 de la Ley de Servicio Civil, en relación con el artículo 282 de su Reglamento. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. LA INFRACCIÓN LA EXPLICO ASÍ: En su fallo el A-quo a efecto Anular el Acuerdo de Cancelación de la demandante, utiliza como solución de fondo la normativa jurídica establecida en el artículo 54 de la Ley de Servicio Civil, misma que el Ad-quem hace suya al CONFIRMAR dicho fallo.- ya que a tal efecto en su CONSIDERADO CINCO (5) manifiesta: “copiarlo” La interpretación errónea del artículo 54 de la ley de Servicio Civil, se produce cuando se interpreta únicamente el párrafo primero del mismo y se ignora su párrafo final.- Párrafo mediante el cual se establece: “En todo caso los servidores afectados por la cesantía podrán reclamar ante el Consejo de Servicio Civil, cuando en su opinión no se configure ninguna de las causales de despido que se establecen en el articulo 54 (error articulo 53).- Y de igual manera en la fundamentación de su fallo emplea el artículo 282 del Reglamento de la Ley; pero hace caso omiso de su contenido mismo que a la literalidad reza: “El Servidor Público, que considere, que la Cesantía no fue hecha por las Causales enumeradas en el artículo 53 de la Ley y/o con inobservancia del procedimiento establecido, podrá recurrir al Consejo, en el término improrrogable de diez días contados a partir de la fecha del Acuerdo Cancelación”. Como en el caso que nos ocupa el demandante no alegó ni mucho menos acredito haber hecho uso de tal derecho, para que la Corte Sentenciadora hubiese emitido un fallo de conforme a Ley en atención de los precitados artículos, debió haberse pronunciado bajo los siguientes términos: Que si bien es cierto que del estudio del expediente Administrativo que Constituye prueba en Juicio, y de las pruebas presentadas y evacuadas oportunamente se concluye que no corre agregada documentación pertinente que refleje el hecho de que se le haya realizado la evaluación periódica respectiva a la demandante, la cual es obligatoria, en razón que la disposición que la ordena se encuentra vigente, así como el hecho que no se haya tomado en cuenta sus años de servicio y el envío por parte de la autoridad nominadora, de la nomina de la cesanteada la Dirección General de Servicio Civil para ser inscrita con derecho preferente en el registro de reingreso.- Así como de no haber realizado el procedimiento tal como lo establecen los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil y los artículos 278, 280 y 281 de su Reglamento de aplicación. No es menos cierto que la demandante convalidó el acto supuestamente infringido, al no acreditar haber hecho uso de las facultades que le brinda el artículo 54 de la ley de Servicio Civil en ser párrafo final, ni de las facultades que le ofrece el artículo 282 del reglamento de dicha Ley, por lo tanto la Anulación del acuerdo de cesantía reclamando. Por lo anteriormente expuesto cabe manifestar Honorable Magistrado, que al haber la Corte Acusado interpretado la normativa Jurídica de la forma en que lo hizo, se colocó en rebeldía y al haber Anulado totalmente el Acuerdo por medio del cual se canceló por Cesantía a la demandante, causó daños y perjuicios en el presupuesto de mi representado, obligándolo a transgredir normas constitucionales y presupuestarias.- Razón por la cual procede casar la Sentencia impugnada en el presente motivo, o en su defecto mandar que se anule la sentencia de primera instancia.”.- VI. Que tampoco puede ser admitido el cargo que antecede, en virtud de que la Impetrante nuevamente incurre en imprecisiones y defectos técnicos en su formulación, puesto que el artículo 54 de la Ley de Servicio Civil que invoca como violado por interpretación errónea desarrolla situaciones con alcances jurídicos distintos por lo que se debió precisar a cuál de ellas se refiere y más aún en el caso de que los servidores públicos afectados por la cesantía pueden reclamar ante el Consejo del Servicio Civil, puesto que dicho escenario fue derogado tácitamente por la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en las disposiciones relativas a materia de personal contenidas en los artículos 108 al 113; amén de lo anterior, en su desarrollo alude a normas no enunciadas en su formulación, como es el caso de los artículos 53 de la Ley de Servicio Civil, 278, 280 y 281 de su Reglamento.- VII. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala a la Censora del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VIII. Por otra parte, conforme lo dispone el Artículo 723 numeral 2, literal b) el recurso se podrá inadmitir por haberse desestimado en el fondo otros recursos sustancialamente iguales, recordando al efecto a la recurrente que la Sala Laboral Contencioso Administrativa tiene establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar no atiende el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (ver sentencias expedientes SL 516-12, SL 129-13 y SL 145-13), sin que esta Sala entienda que la censora haya logrado sustentar motiviadamente criterios jurídicos que permitan la evolución de la línea jurisprudencial mantenida por la Sala.- IX. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literales a) y b) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE:

  1. NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de febrero del dos mil quince; certificación del auto de fecha quince de diciembre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 337-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL