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Sentencia CA-311-13 — Registro 4067

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el demandante por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que para prescindir de los servicios de las personas afectadas, la autoridad nominadora deberá tomar en cuenta los resultados de la evaluación periódica de los servicios de cada una de ellas, y enviara dentro del plazo improrrogable de siete días hábiles a la Dirección General

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes: a) omite el Impetrante establecer con precisión el concepto de la infracción o sea, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma señalada como infringida; y, b) en la explicación del motivo alude a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil, sin embargo, tal disposición no fue señalada como infringida en la formulación del mismo.". Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil, relacionados con lo dispuesto en el 721 numeral 2) del mismo cuerpo legal.- “ Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.-

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

General de de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil catorce, de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado ponente el último para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de de Estado en los Despachos de Finanzas, representado en juicio por el abogado OSCAR ROLANDO MONTOYA; y, Recurrido: el señor EDGARDO CANTILLANO CHAVEZ, representado en juicio por la abogada BÁRBARA REYES SALINAS.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia de personal para que declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular por no ser conforme a derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, la adopción de medidas para su pleno restablecimiento entre ellas se ordene el reintegro al cargo, pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, así como otros aumentos o beneficios que reciban los demás servidores públicos en ausencia del demandante, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, por el señor EDGARDO CANTILLANO CHAVEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de de Estado en los Despachos de Finanzas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que fue nombrado mediante acuerdo de nombramiento No.325/2006 del 27 de julio del 2006, emitido por de Estado en los Despachos de Finanzas, comenzando a laborar el 23 de octubre del 2006, como servidor público para de Ingresos, órgano administrativo dependiente de dicha Secretaría, en el cargo de Jefe de en de Santa Bárbara de ; que mediante acuerdo No.0120/2010 de fecha 15 de abril del 2010, fue cancelado del puesto que venía desempeñando, sin que se le invocara causa o motivo alguno de los establecidos en de Servicio Civil para tal efecto; que conforme el artículo 53 de de Servicio Civil, para que la autoridad nominadora pueda cancelar a un servidor público debe acreditar que el motivo de su cancelación es la reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario, o bien, la reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, circunstancias que la autoridad nominadora en ningún momento acreditó previo a la cancelación del demandante, infringiendo en consecuencia la norma jurídica citada.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de de Estado en los Despachos de Finanzas, contestó dicha demanda señalando que mediante acuerdo No.0120/2010 de fecha 15 de abril de 2010, el demandante fue cancelado del cargo que venía desempeñando, rechazándose lo alegado por el demandante cuando aduce que para su cancelación “no se le invocó causa o motivo alguno de los establecidos en del Servicio Civil para tal efecto”, en virtud que dicha ley no le era aplicable, puesto que el cargo del cual fue cancelado el demandante era un cargo de confianza y por lo tanto excluido del Régimen de Servicio Civil, según lo establecido en el artículo 76 párrafo tercero de de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público contenida en el Decreto Legislativo No. 17-20 10 de fecha 22 de abril del 2010, de lo que se colige que el demandante fue removido de su cargo otorgándosele todos sus derechos laborales y que no se puede reintegrar al cargo, en cumplimiento a la norma jurídica aplicable a su caso concreto, siendo lo anterior una potestad clara de la demandada.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de julio de dos mil doce, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el demandante por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación No.120-2010, de fecha 15 de abril del año 2010, emitido por de Estado en el Despacho de Finanzas, específicamente de Ingresos, por medio del cual se canceló al demandante, anulando dicho acuerdo de cancelación; reconoció la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se resolvió el reintegro del demandante al cargo de Jefe de en de Santa Bárbara de y como medida para su pleno restablecimiento se ordenó el pago de los salarios dejados de percibir; condenó al Estado de Honduras, al pago de los salarios dejados de percibir, más el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora no dio cumplimiento a lo establecido en de Servicio Civil y su reglamento, para proceder a la cancelación del demandante por cesantía o despido, por lo que infringe el ordenamiento jurídico por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido en y por ello a criterio de ese juzgador, es procedente declarar la nulidad de tal acuerdo de cancelación.- 4.- de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diez de enero de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que para prescindir de los servicios de las personas afectadas, la autoridad nominadora deberá tomar en cuenta los resultados de la evaluación periódica de los servicios de cada una de ellas, y enviara dentro del plazo improrrogable de siete días hábiles a , la nómina del o de los cesanteados para inscribirlos en lugar preferente en las respectivas listas de reingreso, en todo caso los servidores afectados por la cesantía podrán reclamar ante el Consejo del Servicio Civil, cuando en su opinión no se configure ninguna de las causales de despido que se establecen; que la autoridad nominadora estaba obligada para emitir el acuerdo de cancelación por cesantía del recurrente ha seguir totalmente el procedimiento legal establecido en del Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de actos administrativos y de no hacerlo violó el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia, que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogado OSCAR ROLANDO MONTOYA, presentó en fecha veintiuno de febrero de dos mil trece, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha diez de enero de dos mil trece, por de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 362-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 313-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veintidós de febrero de dos mil trece, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte demandante, abogada BARBARA REYES SALINAS, presentó en fecha catorce de marzo de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diecisiete de marzo de dos mil trece, por de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha veintiuno de marzo y dieciocho de abril de dos mil trece, los abogados BARBARA REYES SALINAS y OSCAR ROLANDO MONTOYA, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el abogado OSCAR ROLANDO MONTOYA, presentó escrito en fecha veintitrés de abril de dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “EXPRESION DE LAS NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA EL MOTIVO DE CASACION MOTIVO: En el presente motivo se encuentra infringidos los artículos 76 párrafo tercero de de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Nacionalización del Gasto Publico, y 82 párrafo tercero de la misma Ley. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que a la letra dice “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. EXPLICACION DE : Existe violación a la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleada para la solución del fondo del litigio, en vista que el Considerando (7) de recurrida, invoca que el puesto que desempeñaba el Señor Edgardo Cantillano Chavez, “no es excluido del régimen de Servicio Civil, ya que no esta dentro de los que estipula el articulo 3 de de Servicio Civil, como excluidos de dicho régimen”, al respecto, la aplicación de dicha norma tergiversa y disminuye los derechos de mi representada al obviar las normas que regulan en forma especial, como lo es de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Nacionalización del Gasto Publico, Decreto 17-2010 y específicamente los artículos 76 párrafo tercero que regula: “Las Direcciones antes mencionadas se consideran cargos de confianza, pudiendo ser removidos de sus cargos libremente por el Director Ejecutivo, gozan de todos sus derechos laborales, a excepción de la estabilidad en sus cargos. Esta misma disposición será aplicable a los Administradores y Sub-Administradores Regionales, Administradores y Sub-Administradores de Aduanas, y Jefes de Oficinas Tributarias.”; y en relación con el articulo 82 en su párrafo tercero establece: “Para los efectos aquí señalados, las acciones de personal que se ejecuten durante los seis (6) meses a partir de la vigencia del presente Decreto, no necesitan complementar tramite alguno ante de Servicio Civil, cuando dicho tramite contravenga retrase la acción tomada, de lo que se colige que el Ad-quem no es congruente con lo aseverado en tal Considerando.”.- II. Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes: a) omite el Impetrante establecer con precisión el concepto de la infracción o sea, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma señalada como infringida; y, b) en la explicación del motivo alude a lo dispuesto en el artículo 3 de de Servicio Civil, sin embargo, tal disposición no fue señalada como infringida en la formulación del mismo.- III. Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil, relacionados con lo dispuesto en el 721 numeral 2) del mismo cuerpo legal.- IV. Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de de ; 7 y 8 de de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de de de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de de Justicia, RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME recurrida y dictada por de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.Extendida en de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de agosto del dos mil catorce; certificación del auto de fecha veintinueve de julio del dos mil catorce, recaído en el Recurso de Casación número 311-13.LUCILA CRUZ MENÉNDEZSECRETARIA GENERAL