Sentencia CA-303-12 — Registro 4066
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, declarando ilegal el acto administrativo impugnado y se determinó la responsabilidad patrimonial del Estado de Honduras en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que se hizo constar una manifestación expresa de una voluntad inequívoca por parte de la entidad estatal demandada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por lo siguiente: a) no precisa si la infracción es por falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de la norma citada como violada; b) solicita la revisión del material probatorio, impropio en este extraordinario recurso conforme lo determina el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) omite indicar el precepto autorizante en que considera comprendido dicho motivo
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
Adscrita a de de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de junio de dos mil catorce, de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado el segundo ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), representado en juicio por la abogada DORIS ALICIA MADRID LEZEMA; y, Recurrido: la sociedad TELEUNSA, S. DE R.L, representada en juicio por el abogado MARVIN GERARDO MATAMOROS.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para la nulidad de un acto administrativo, que se declare la ilegalidad y nulidad del acto, reconocimiento de una situación jurídica individualizada derivada de la responsabilidad patrimonial, pago de daños y perjuicios, costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Francisco Morazán, por el abogado MARVIN GERARDO MATAMOROS, apoderado de la sociedad TELEUNSA, S. DE R.L, contra DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que , S. DE R.L, es la operadora de la frecuencia de canal 30 de televisión, en el ejercicio de sus derechos como operador de los servicios de radiodifusión interpuso denuncia en fecha 5 de noviembre del 2008, ante DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), a raíz que la compañía “Cable Color” había retirado de su sistema las trasmisiones del canal 30, resulta que CONATEL ha guardado silencio sobre la denuncia interpuesta y hasta el 22 de abril del 2009, emitió auto de admisión de la misma, en una clara manifestación de retardo malicioso en admitir y dar trámite a la petición, con negligencia absoluta sin darle el trámite correspondiente, provocando perjuicio al canal 30, la demandada mostró una celeridad excepcional al darle tramite expedito a una nota presentada por “Cable Color” dándole respuesta en un lapso de diez días autorizando la inspección solicitada en dicha nota para corroborar los niveles de recepción del canal 30, sin citar a la sociedad TELEUNSA, S. DE R.L, se realizó la supuesta inspección que dio lugar a que el Presidente de CONATEL unilateralmente constatara y autorizara a “Cable Color” para retirar de ese sistema de cable la señal del canal 30 de todo el país, a pesar que la supuesta inspección solo se realizó en el trasmisor de la ciudad de Tegucigalpa, no así en las demás ciudades del país, violentando los procedimientos y leyes del ordenamiento jurídico, causándole perjuicios patrimoniales y dañándole la imagen mercantil a la demandante, inculpando a CONATEL por sus acciones ya que no actuó dentro del marco de las obligaciones que impone, el acto impugnado es la resolución AS 367/10 de fecha 23 de septiembre del 2010, en la cual declara sin lugar el reclamo administrativo.- 2.- La parte demandada, DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), contestó dicha demanda señalando que de acuerdo a lo establecido en emitió resolución NR006/05 mediante la cual resolvió establecer que los operadores del servicio de televisión por suscripción de cable deberán incorporan gratuitamente los canales hondureños de televisión abierta de libre recepción debidamente autorizados por CONATEL, siempre y cuando la señal pueda ser captada con los niveles mínimos procesables de señal, actuando como ente regulador garantizando los derechos contenidos en el Decreto Legislativo 219-04 de fecha 29 de diciembre del 2004, se ha tratado de citar a la empresa “Cable Color” para darle traslado sobre la denuncia sin tener éxito en la citación, apersonándose en varias ocasiones al domicilio de la denunciada sin concretar la diligencia por no ubicar a la persona, dichas actuaciones eximen de cualquier responsabilidad que se pretenda en contra de CONATEL, el artículo 80 del Reglamento General de del Sector de Telecomunicaciones faculta para la inspección realizada, en la cual se constató que no tenia los niveles mínimos de señal exigida, por lo tanto no se podía incluir en la programación del sistema de televisión de suscripción por cable, no procediendo los daños y perjuicios en virtud que la empresa demandante no cumplía con los estándares mínimos, en fecha 25 de mayo del 2006, impuso multa a la sociedad Cable Color S.A. en su condición de operador del sistema de televisión por suscripción de cable, por haber incumplido lo dispuesto en la resolución NR 06/05, la cual se tipifica como infracción muy grave en cuanto a los controles técnicos del servicio de televisión por suscripción de cable, siendo impugnada la multa ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha doce de octubre del dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, declarando ilegal el acto administrativo impugnado y se determinó la responsabilidad patrimonial del Estado de Honduras por medio de DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), reconociendo al efecto, la situación jurídica individualizada de la empresa TELEUNSA S. DE R.L. y como medida para su pleno restablecimiento se condenó a la parte vencida en juicio al pago de la cantidad de TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (L.33,890,397.51) en concepto de daños y perjuicios ocasionados en el año del 2011, por los actos y omisiones ilícitos cometidos por el ente regulador de las comunicaciones, sin costas; bajo el criterio que “Cable Color” actuó conforme a una decisión adoptada y notificada por CONATEL mediante nota firmada por el Presidente en el que notificaba a la empresa “Cable Color” para que tuviese libertad plena para retirar de sus sistemas de televisión por cable, las trasmisiones del canal 30, circunstancia que en efecto fue materializada, por tanto la responsabilidad recae sobre quien en el marco de sus atribuciones y abusando de ellas permitió mediante autorización expresa que infringía la ley en forma manifiesta.- 4.- de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, en fecha veinticinco de enero del dos mil doce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo y sin costas; bajo el criterio que se hizo constar una manifestación expresa de una voluntad inequívoca por parte de la entidad estatal demandada a través de la nota del 18 de abril del 2008, que ocasiona daños y perjuicios a la sociedad mercantil demandante ya que va en contra de sus obligaciones como ente regulador de frecuencias, al dejar al libre arbitrio de otra, la inclusión o no del canal de televisión al que esta autorizado a explotar la sociedad mercantil demandante.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada DORIS ALICIA MADRID LEZAMA, en fecha cinco de marzo del dos mil doce, presentó escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha veinticinco de enero del dos mil doce, por de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 309-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 623-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha doce de marzo del dos mil doce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la demandante, abogado MARVIN GERARDO MATAMOROS RAUDALES, presentó en fecha nueve de abril del dos mil doce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha once de abril del dos mil doce, por de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha trece de abril del dos mil doce, los abogados MARVIN GERARDO MATAMOROS RAUDALES y DORIS ALICIA MADRID LEZAMA.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados DORIS ALICIA MADRID LEZAMA y MARVIN GERARDO MATAMOROS RAUDALES, presentaron escritos en fecha diecisiete de abril del dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrente y recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la abogada DORIS ALICIA MADRID LEZEMA, fundamenta su primer y único motivo manifestando lo siguiente: “Se impugna la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. DISPOSICION INFRINGIDA: Se considera infringido el artículo 208 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil por incongruencia de la sentencia con la demanda y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, así como por incongruencia con las declaraciones sobre todos los puntos litigiosos que fueron objeto del debate. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO O PARTE DE EL QUE SE IMPUGNA: Se impugnan los numerales PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO de la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia, misma que fue CONFIRMADA por el Ad quem en la sentencia de fecha veinticinco (25) de febrero de 2012, en su numeral SEGUNDO. CONCEPTO DE : La sociedad mercantil denominada TELEUNSA S. de R.L. presentó demanda contra de Telecomunicaciones (CONATEL) reclamando la nulidad de un acto administrativo emitido por , identificado como 367/10 de fecha 23 de septiembre de 2010, así como el reconocimiento de la situación jurídica individualizada derivada de la responsabilidad patrimonial de CONATEL. La demandante, desde su demanda (hecho segundo) viene pretendiendo una responsabilidad patrimonial del Estado derivada de una supuesta omisión en su obligación legal de obrar para garantizar el cumplimiento del Decreto 219- 2004 y de una nota emitida por el entonces Presidente de CONATEL, Abogado Rasel Tome, en fecha 18 de abril de 2008, situaciones que incluso fueron señalados como el nexo de causalidad que daba lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado, (hecho sexto de la demanda, acápite ALCANCE DE INDIVIDUALIZADA y PETICION) y que han venido sustentando en todas las etapas procesales como pretensiones de la demandante. No obstante lo anterior, desde la etapa probatoria la representación legal de CONATEL ha venido demostrando entre otras cosas, los alcances de la correspondencia de fecha 18 de abril de 2008, en el sentido que jamás fue para TODO EL PAIS, como lo ha pretendido la demandante, sino únicamente en de Tegucigalpa. Resulta que, producto de la pretensión a todos rasgos antojadiza y onerosa de la demandante, se practicó un Peritaje que a parte de no ser objetivo e imparcial, calculo daños y perjuicios a favor de la demandante por haber afectado la proyección televisiva de TELEUNSA S.de R.L al no estar integrado canal 30 en el sistema de cable CABLE COLOR en todo el país, a pesar de que CONATEL demostró fehacientemente que JAMAS se dejó a la libertad de Cable Color la inclusión de canal 30 en todo el país, sino mas bien únicamente en de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, pues resultaría contradictoria ya que la diligencia inspectiva, que además corroboró que TELEUNSA no reunía los niveles mínimos procesables de señal para que pueda ser incorporado en un sistema de cable, se ejecutó solamente en Tegucigalpa. La sentencia de primera instancia que fue confirmada por el Ad quem cita: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE , incoada por el Abogado MARVIN GERARDO MATAMOROS quien actúa en su condición de apoderado judicial de TELEUNSA S. de R.L operadora de la frecuencia de canal 30 de televisión; SEGUNDO: Se declara ilegal el acto administrativo impugnado consistente en la resolución AS 367/10 DE FECHA 23 de septiembre DEL 2010 emitida por de Telecomunicaciones (CONATEL), acto que se ANULA TOTALMENTE; TERCERO: Se determina judicialmente, la responsabilidad patrimonial del Estado de Honduras por medio de de Telecomunicaciones (CONATEL), reconociendo al efecto, la situación jurídica individualizada de 5. de R.L y como medida para su pleno restablecimiento se CONDENA a la parte vencida en juicio, al pago de la cantidad de TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (L.33,890.397,51) en concepto de daños y perjuicios ocasionados hasta el presente año (2011) por los actos y omisiones ilícitos cometidos por este ente regulador de las telecomunicaciones en perjuicio de la demandante. Y MANDA:... NOTIFIQUESE.-” Contra esa sentencia de primera instancia, se interpuso recurso de apelación y se pidió la revocación de la sentencia por valoraciones erróneas que el Juez A quo realizó de la prueba aportada por la demandada, y que desvirtuaban el calculo establecido por el peritaje en cuanto a la aplicación de los daños y perjuicios, mismos que resultan injustos y excesivamente onerosos para el Estado, en virtud que los mismos se calculan a partir de la emisión de una nota por parte de CONATEL en fecha 18 de abril de 2008 y además arroja daños y perjuicios en base a una disminución que a nivel nacional ha tenido canal 30 de televisión con respecto a su proyección televisiva, y la representación legal de CONATEL en su oportunidad probó que dicha nota como se desprende desde su primer párrafo, solamente tenia alcances para la ciudad de Tegucigalpa, que fue donde se realizaron las diligencias inspectivas. No obstante lo anterior el Ad quem obvio también estas circunstancias y fallá así: “PRIMERO: Declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado BRIAN ASDRUBAL AGUILAR HERNANDEZ apoderado legal en su momento de de Telecomunicaciones (CONATEL). SEGUNDO CONFIRMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha doce de octubre de dos mil once, y que corre agregada a folios números novecientos veinte (920) al folio numero novecientos veintisiete inclusive (927) de la primera pieza de autos.- Y MANDA:... NOTIFIQUESE.-”Es contra esta sentencia que formalizamos el presente Recurso de Casación, ya que como se ha expuesto, la sentencia recurrida resulta incongruente con las demandas y con las pretensiones deducidas oportunamente en juicio, así como todos los puntos litigiosos que fueron objeto del debate. Por otro lado, es importante señalar que de la parte dispositiva del fallo impugnado y que confirma la sentencia de primera instancia, se desprende honorable Corte, un hecho imposibilita el cumplimiento del fallo, por la falta claridad y precisan de ambas sentencias, así como de congruencia con las pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, situación que expongo a continuación: El demandante, desde su escrito de demanda (hecho segundo) viene pretendiendo una responsabilidad patrimonial del Estado derivada de una supuesta omisión en su obligación legal de obrar para garantizar el cumplimiento del Decreto 219-2004 y de una nota emitida por el entonces Presidente de CONATEL, Abogado Rasel Tome, en fecha 18 de abril de 2008, situaciones que fueron señalados como el nexo de causalidad que daba lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, el Juez A quo en su sentencia de primera instancia falló así: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE , incoada por el Abogado MARVIN GERARDO MATAMOROS quien actúa en su condición de apoderado judicial de TELEUNSA 5. de R. L operadora de la frecuencia de canal 30 de televisión; SEGUNDO: Se declara ilegal el acto administrativo impugnado consistente en la resolución AS 367/10 DE FECHA 23 de septiembre del 2010 emitida por de Telecomunicaciones (CONATEL), acto que se ANULA TOTALMENTE; TERCERO: Se determina judicialmente, la responsabilidad patrimonial del Estado de Honduras por medio de de Telecomunicaciones (CONATEL), reconociendo al efecto, la situación jurídica individualizada de S. de R.L y como medida para su pleno restablecimiento se CONDENA a la parte vencida en juicio, al pago de la cantidad de TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (L.33,890.397,51) en concepto de daños y perjuicios ocasionados hasta el presente año (2011) por los actos y omisiones ilícitos cometidos por este ente regulador de las telecomunicaciones en perjuicio de la demandante. Y MANDA:... NOTIFIQUESE.-”, Y que el Ad quem confirmó así: PRIMERO: Declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado BRIAN ASDRUBAL AGUILAR HERNANDEZ apoderado legal en su momento de de Telecomunicaciones (CONATEL).- SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha doce de octubre de dos mil once, y que corre agregada a folios números novecientos veinte (920) al folio numero novecientos veintisiete inclusive (927) de la primera pieza de autos.- Y MANDA:... NOTIFIQUESE.- Como puede observarse ninguna de las sentencias en su parte dispositiva contiene declaraciones en cuanto a la nulidad del acto identificado como la nota de fecha 18 de abril de 2008, el que a pesar que la demandante señala como ilegal y como nexo causal de la responsabilidad patrimonial del Estado que reclama; y en los considerandos de ambas sentencias se le señala de ilegal e imperfecto, por carecer de los requisitos que manda la ley para la emisión de un acto administrativo, así como causante de daños y perjuicios a la sociedad mercantil demandante ya que va dicho acto va en contra de las obligaciones como ente regulador de frecuencias, al dejar al libre arbitrio de otra, la inclusión o no del canal de televisión al que esta autorizado explotar la sociedad mercantil demandante; sin embargo la parte dispositiva del fallo impugnado no lo declara así, dejándolo por ende aplicable y válido, por lo que el fallo impugnado al confirmar el de primera instancia ha obviado lo dispuesto en los artículos: 206, 208 del Código de Procedimientos Civiles. Por todo lo anteriormente expuesto, resulta contradictorio el reconocimiento de daños y perjuicios a partir de la emisión del acto identificado como la nota de fecha 18 de abril de 2008, y cuya nulidad o anulabilidad del mismo, no ha sido declarado por autoridad competente”.- II. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por lo siguiente: a) no precisa si la infracción es por falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de la norma citada como violada; b) solicita la revisión del material probatorio, impropio en este extraordinario recurso conforme lo determina el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) omite indicar el precepto autorizante en que considera comprendido dicho motivo.- III. Que también solicita lo siguiente: “NULIDAD SUBSIDIARIA. , al emitir su fallo en fecha 25 de enero de 2012, CONFIRMA una sentencia que no cita ley sustantiva en que fundamenta la sentencia, particularmente en relación al derecho que supuestamente se violento al Demandante y por lo cual la parte actora exige el reconocimiento de una situación jurídica individualizada; pues por el contrario cita solamente normas que sustentan la condena de daños y perjuicios como medida de reconocimiento de dicha situación jurídica individualizada; por lo que se ha violentado el deber inexcusable que tienen los Tribunales de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido (Iura novit curia). Por lo anterior procede que se anule la sentencia que hoy impugnamos, a efecto de que dicho tribunal proceda de conformidad a Derecho”.- IV. No procede la solicitud de nulidad del fallo recurrido ya que siendo el de segunda instancia confirmatorio del proferido por el a-quo, hizo suyas las motivaciones y fundamentos del primero; asimismo se advierte de que los mismos contienen la fundamentación jurídica necesaria y suficiente para el tipo de resolución recaída; además, no se aprecia ninguna situación que afectare el debido proceso o el derecho de defensa de las partes.- V. Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el único motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VI. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere acto que ejecuten fuera de es nulo e implica responsabilidad. Si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe en perjuicio de particulares, será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo. Además, es competencia de los órganos fiscalizadores del Estado, velar porque se deduzca la responsabilidad de los funcionarios infractores del ordenamiento jurídico.- VII. Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación formalizado, sin lugar la nulidad solicitada, dejar por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: de Justicia, por unanimidad de votos de Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5), 316 reformados, 321, 323 y 324 de de ; 7 y 8 de de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de de de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su primer y único motivo. 2º) DECLARAR SIN LUGAR la nulidad solicitada por 3°) DECLARAR FIRME recurrida y dictada por de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 4º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. 6°) Librar atenta certificación del fallo al Tribunal Superior de Cuentas, para los efectos legales correspondientes. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.Extendida en de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de julio del dos mil catorce; certificación del auto de fecha diez de junio del dos mil catorce, recaído en el Recurso de Casación número 303-12.DORIS SUYAPA FIGUEROA VALLADARESRECEPTORA ADSCRITA SECRETARIA GENERAL