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Sentencia CA-270-13 — Registro 4091

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que la autoridad nominadora para dictar el acuerdo de cancelación por cesantía de la demandante, para emitir esa clase de acuerdos estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"En consecuencia resulta que el recurso en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica completa ya que el Censor omite en su totalidad estructurar correctamente un motivo de casación, más bien hace alegatos de instancia y relaciona el material probatorio cuando es limitado y excepcional hacerlo por esta vía.-" Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días del mes de agosto de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado el último ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por el abogado RUBEN DARIO PONCE AMAYA; y, Recurrido: la señora VILMA YADIRA ANDINO VILCHEZ, representada en juicio por el abogado JORGE DARWIN TURCIOS SANTOS.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la declaratoria de no ser conforme a derecho y anulación de un acto administrativo de carácter particular, que se reconozca una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas para el pleno restablecimiento de la misma, más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que conforme a las normas procesales vigentes quede firme la sentencia condenatoria respectiva, costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha veinte de septiembre del año dos mil doce, por la señora VILMA YADIRA ANDINO VILCHEZ, mayor de edad, casada, Licenciada en Derecho, hondureña y de este domicilio, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción que comenzó a laborar con el demandado el 6 de abril del año 2006, mediante acuerdo No.355-2006, que el 22 de julio de 2010 fue notificada de la terminación de la relación laboral, haciéndole entrega del acuerdo No.120-2010, en donde se hacía efectiva la cancelación de la relación contractual a partir del 22 de julio del 2010, cancelando su acuerdo a partir de esa fecha, apoyándose en fundamentos de derecho que contravienen a las garantías constitucionales señaladas en el artículo 129 de la Constitución.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda señalando que rechaza todos los hechos alegados por la demandante, argumentando que el Acuerdo de Cancelación fue dictado siguiendo el procedimiento legal correspondiente.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en fecha treinta de mayo del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, emitido por la Dirección General de Registros del Instituto de la Propiedad, reconociendo la situación jurídica individualizada de la demandante y para el pleno restablecimiento resolvió adoptar el reintegro de la demandante al cargo en el cual fue nombrada y del cual fue cancelada, condenando al demandado al pago a favor de la demandante en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir, desde la fecha de efectividad del acuerdo de cancelación, 23 de julio del 2010, hasta la fecha en que sea restituida en su cargo, más el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia, se decreta en su caso la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante; bajo el criterio que quedó demostrado con las pruebas aportadas por las partes, que el Acto Administrativo impugnado fue dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento ordenado en la Ley de Servicio Civil y su reglamento, así como en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad para cancelar por cesantía o por despido a los demandantes.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinte de septiembre del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que la autoridad nominadora para dictar el acuerdo de cancelación por cesantía de la demandante, para emitir esa clase de acuerdos estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y al no hacerlo violó el ordenamiento legal, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por la demandante resultara ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogado RUBEN DARIO PONCE AMAYA, en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil doce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha veinte de septiembre del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.272-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 470-2010, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha treinta de noviembre del año dos mil doce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte demandante, abogado JORGE DARWIN TURCIOS SANTOS, presentó en fecha cinco de febrero del año dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha cinco de febrero del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución en fecha 5 de febrero del año 2013, el abogado JORGE DARWIN TURCIOS SANTOS, y mediante vía telefónica en fecha 5 de marzo del año 2013, el abogado RUBEN DARIO PONCE.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el abogado JORGE DARWIN TURCIOS SANTOS, presentó escrito en fecha veintiocho de febrero del año dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrida y el abogado RUBEN DARIO PONCE, presentó escrito en fecha ocho de marzo de dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que el Magistrado ponente en ninguno de sus considerandos argumenta o se pronuncia sobre lo solicitado en mi expresión de agravios, en cuanto a lo argumentado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo donde establece lo siguiente: “Declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación, interpuesto por el Abogado RUBEN DARlO PONCE AMA YA en su condición de apoderado legal del Instituto de la Propiedad.- SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha treinta de Mayo de dos mil doce..” SEGUNDO: Que en sus considerandos la Honorable Corte no debate ninguna disposición ni alegato en contra de mi expresión de agravios en el numeral SEGUNDO dicha cancelación si se llevo a cabo el debido proceso para hacer efectivo la cancelación de la Señora VILMA YADIRA ANDINO VILCHEZ, en virtud de que el mismo se fundamento precisamente en el articulo 53 inciso b) de la Ley de Servicio Civil, y que no es más que una de las excepciones calificadas que la Ley le concede a la Autoridad Nominadora, como ser la reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización Administrativa. TERCERO: Que en dicha sentencia en dicho fallo Número Cuarto: se decreta en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto de la demandante; en tal caso lo que llevo a efectuar la cancelación del demandante no fue para contratar nuevo personal puesto que al cargo no se ha hecho efectivo sustitución alguna. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c), del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. Tal inobservancia de los Honorables Magistrados, que en todo caso, lo que se debió conceder, son los derechos que le corresponden de acuerdo a los salarios dejados de percibir; que el demandante pretende hacer ver como un empleado que ha cumplido con sus deberes como empleado del Instituto de la Propiedad; asimismo que si se siguió el debido proceso para proceder con el despido. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el Artículo 194 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil; Artículos 206, 207, 208, 719 literal c), del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA.”.- II. Recuerda la Corte el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juez, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello, se ha dicho, que en el recurso de casación se enfrentan la Ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.- III. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado esta Sala, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.- IV. En consecuencia resulta que el recurso en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica completa ya que el Censor omite en su totalidad estructurar correctamente un motivo de casación, más bien hace alegatos de instancia y relaciona el material probatorio cuando es limitado y excepcional hacerlo por esta vía.- V. Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VI. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad. Si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la Ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que estos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo. Consecuentemente, es competencia de los órganos fiscalizadores del Estado, velar porque se deduzca la responsabilidad de los funcionarios infractores del ordenamiento jurídico.- VII. En razón de lo anterior, consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se ponga en conocimiento del presente fallo al Tribunal Superior de Cuentas, para los efectos legales consiguientes. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días del mes de agosto del dos mil catorce; certificación del auto de fecha doce de agosto del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 270-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

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