Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CA-216-13 — Registro 4104

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho los actos administrativos impugnados consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que para la cancelación del demandante no se siguió el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"De nuevo el Impetrante en el anterior cargo, hace alusión al material probatorio y realiza alegatos propios de instancia, obviando señalar las normas procesales infringidas para el caso concreto e incluso invocando una norma ya derogada, como es el caso del artículo 327 del Código de Procedimientos Civiles y por ello, el motivo resulta inestimable.- V.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los dos motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- " Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.-"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho días del mes de febrero de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designada la primera ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: abogado MARCO JAVIER ALMENDAREZ LOPEZ, actuando en su condición de apoderado del Estado de Honduras; y, Recurrido: señor DANIEL JOSE CRUZ OSORTO, representado en juicio por el abogado RAMON PEDRO VINDEL WAINWRIGHT.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de unos actos administrativos de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas para su restablecimiento como ser el reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir a titulo de indemnización por daños y perjuicios, intereses y costas del juicio; promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el señor DANIEL JOSE CRUZ OSORTO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Interior y Población.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició a prestar sus servicios por nombramiento en la entonces Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, en fecha 24 de octubre del 2006, en el cargo de Encuadernación, en un programa con la Empresa Nacional de Artes Graficas (ENAG); mediante acuerdo del 29 de junio del 2010, se le canceló del cargo que desempeñaba con efectividad a partir del 16 de julio del 2010.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, contestó la demanda expresando que por parte de la autoridad administrativa se tiene un sistema racional de administración de personal y procede la cancelación del actor de esta demanda ya que está comprendido en las excepciones que establece el artículo 533 inciso b) de la Ley de Servicio Civil, por haber sido conforme a derecho y sin infringir el ordenamiento jurídico.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de agosto del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho los actos administrativos impugnados en consecuencia se anularon, reconociendo la situación jurídica individualizada y para el pleno restablecimiento resolvió adoptar el reintegro al demandante, condenando al pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que correspondan; bajo el criterio que no se probó que al demandante se le haya realizado la evaluación periódica respectiva para la cesantía, siendo distinta a la evaluación periódica que requiere la ley, al igual no acreditando la Autoridad Nominadora seguir el procedimiento para prescindir los servicios al afectado lo que hace que dicho acto infrinja el ordenamiento jurídico, se probó que el demandante tiene una denuncia por actos de corrupción estando pendiente el requerimiento fiscal no siendo suficiente para cancelarlo por cesantía, ya que el objeto de la misma es reducción de personal por cuestiones presupuestarias o para lograr una mayor eficacia económica y organización administrativa.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintinueve de noviembre del dos mi doce, dictó sentencia definitiva confirmando la sentencia del A quo; bajo el criterio que para la cancelación del demandante no se siguió el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, violentando el ordenamiento jurídico trayendo como consecuencia la anulación de los actos impugnados.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogado MARCO JAVIER ALMENDAREZ LOPEZ, en fecha veintiuno de enero del año dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintinueve de noviembre de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 335-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 464-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de veintidós de enero del año dos mil trece, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la demandante, abogado RAMON PEDRO VINDEL WAINWRIGTH, en fecha ocho de febrero de dos mil trece, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha once de febrero del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente y por vía telefónica de dicha resolución, en fechas quince de febrero y cinco de marzo del año dos mil trece, los abogados RAMON PEDRO VINDEL WAINWRIGTH y MARCO JAVIER ALMENDARES, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados RAMON PEDRO VINDEL WAINWRIGTH y MARCO JAVIER ALMENDARES, presentaron escritos en fechas veintiuno de febrero y seis de marzo del año dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente, dentro del término de ley.FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO: Este se encuentra comprendido en el numeral 2 del artículo 719 del Código Procesal Civil (SE IMPUGNA POR LA APLICACION E INTERPRETACION DE NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DE FONDO DEL LITIGIO) y la Ley impugnada por haber sido aplicada e interpretada en forma errónea para la solución del fondo del asunto es la Ley de Servicio Civil así como su Reglamento y más exactamente los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil y los artículos 187,188, 189 y 190 del Reglamento a la mencionada ley, lo anterior en vista que en sentencia de primera instancia de fecha 23 de agosto del año 2012, A quo considera en su sentencia que para el caso del despido del servidor público JOSE DANIEL CRUZ OSORTO no se realizo el proceso establecido en los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil y los artículos 187,188, 189 y 190 del Reglamento, resumido de otra manera que no se aplico correctamente el proceso de CESANTIA ya que no se efectué la evaluación periódica sino una evaluación para cesantía y Mediante Sentencia de fecha 29 de noviembre del año 2012 A Que mediante su considerando siete (7) expresa que del estudio y análisis en su conjunto concluye que la autoridad nominadora estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la ley de servicio civil y su Reglamento y dichas normas son las que ya señalamos expresamente y que se aplicaron para la solución del fondo del asunto, pero a nuestro criterio el proceso para la cancelación por cesantía fueron correctamente aplicados y donde podemos diferir es en la evaluación efectuada al empleado la cual nosotros le denominamos EVALUACION PARA CESANTIA y según fallo de primera instancia y ratificado en segunda instancia mediante la sentencia hoy impetrada, debió denominarse evaluación Periódica. CONCEPTO IMPUGNADO: Honorable Corte, la sentencia hoy recurrida en casación de fecha veintinueve de noviembre del año 2012 confirma el fallo de primera instancia dictado en fecha veintitrés de agosto del año 2012 por lo cual este impetrante entiende que al ser confirmada dicha sentencia de primera instancia lo que hace la Corte de Apelaciones es ratificar los criterios de A Quo, dicho de otra manera, A Quo considera que no se aplico correctamente el procedimiento para cesantía ordenado en los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil y los artículos 187,188, 189 y 190 del Reglamento, ya que la evaluación efectuada y que corre agregada al expediente administrativo no fue periódica, por su parte la Honorable Corte de Apelaciones en su fallo hoy recurrido mediante su considerando Siete (7) establece que del estudio y análisis en su conjunto tanto de las pruebas evacuadas como del expediente administrativo y los fundamentos de Derecho en que ambas partes apoyamos nuestras pretensiones, concluye que la autoridad nominadora estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para proceder a emitir el acuerdo de cancelación por cesantía, del Señor JOSE DANIEL CRUZ y al no hacerlo violo el ordenamiento jurídico establecido, pero a nuestro criterio tanto A Quo como A Que aplican e interpretan los articulo 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil en forma errónea para darle solución al fondo, ahora bien si le damos estudio y análisis al expediente administrativo así como a nuestros medios de prueba propuestos y evacuados concluimos en que realmente el proceso de cesantía aplicado al Señor JOSE DANIEL CRUZ fue ejecutado correctamente ya que se efectuó la evaluación, se solicito el dictamen de la Dirección General de Servicio Civil y estas actuaciones se comprobaron mediante medios de prueba documental e inspecciones realizadas, por todo lo anterior es que impugnamos la aplicación e interpretación que la Corte de Apelaciones hace de los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil ya que su interpretación y aplicación para darle solución al fondo del asunto es errónea y donde podemos diferir es en la evaluación efectuada al empleado la cual nosotros le denominamos EVALUACION PARA CESANTIA y según fallo de primera instancia y ratificado en segunda instancia mediante la sentencia hoy impetrada, debió denominarse evaluación Periódica, por todo lo anterior creemos que estamos ante el motivo de casación enmarcado en la causal comprendido en el numeral 2 del artículo 719 del Código Procesal Civil (IMPUGNACION POR LA APLICACION E INTERPRETACION DE NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DE FONDO DEL LITIGIO).”.- II.- Aparte de que el Censor del fallo indica que las normas señaladas como violadas han sido infringidas por su aplicación e interpretación, sin indicar con suficiente claridad el concepto preciso de la infracción alegada, es decir, cual es la interpretación correcta de las mismas, realiza alegatos propios de instancia y hace referencia a la valoración probatoria, lo cual es impropio en este extraordinario recurso, acorde a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; todo lo cual hace inadmisible el anterior cargo.- III.- El Recurrente expone como segundo motivo: “SEGUNDO MITIVO: Este se encuentra comprendido en el literal b) numeral 1 del artículo 719 del Código Procesal Civil (SE IMPUGNA POR LA APLICACION E INTERPRETACION DE NORMAS QUE REGULAN ACTOS Y GARANTIAS PROCESALES QUE PRODUJERON INDEFENSION) y la Ley impugnada por haber sido aplicada e interpretada en forma errónea es el Código de Procedimientos Civiles, exactamente en su artículo 327 , y la Constitución de la República mediante su artículo 80, lo anterior en vista que la sentencia hoy recurrida de fecha 29 de noviembre del año 2012, confirma el fallo de primera instancia emitido en fecha 23 de agosto del 2012 por A Quo y mediante dicho fallo a mi defendido el estado de Honduras se le VIOLO EL LEGITIMO DERECHO A LA DEFENSA, ya que A Quo mediante su fallo me indica que dos medios de prueba documentarles ( Comunicaciones) no se tenían por evacuados ya que habían sido cumplimentados fuera del nuevo término, pero en folio 256 de la pieza de primera instancia se puede observar el auto de fecha 30 de mayo del 2012, mediante el cual A Quo resolvía tener dichos medios de prueba POR CUMPLIMENTADOS, POR TODO LO CUAL ES ELOCUENTE QUE a Quo me dejo indefenso al admitir la complementación de un medio de prueba primero y luego en sentencia definitiva me indica que no se tienen por evacuado ya que si dicha acción judicial la hubiese efectuado mediante el auto de fecha 30 de mayo del 2012 yo la hubiese APELADO cosa que no hice y la Corte de Apelaciones al confirmar dicho fallo y no dar respuesta sobre dicho alegato hace suyo el considerando de A Quo por lo cual también me deja en indefensión. CONCEPTO IMPUGNADO: Honorable Corte, como ya expuse anteriormente y sabiendo que es la técnica o criterio aplicado desde el momento que la Corte de Apelaciones considera que el fallo de primera instancia esta conforme a derecho y no se expone sobre la violación al DERECHO DE DEFENSA que invoque en mi escrito de EXPRESION DE AGRAVIOS y más exactamente en el AGRAVIO PRIMERO referente a que A Quo en su sentencia de fecha 23 de agosto del año 2012 mediante el considerando Tres ( 3) resuelve que los numerales 1 y 2 del medio de prueba documental no se tienen por evacuados por haber sido cumplimentados fuera del nuevo término, desde ese momento la Corte de Apelaciones hace suyo dicha aplicación o criterio, por lo cual al efectuar dicha actuación incurre en la violación al derecho de defensa, por tal razón dicho fallo es objeto de casación basado en la causal hoy invocada , o sea POR LA APLICACION E INTERPRETACION DE NORMAS QUE REGULAN ACTOS Y GARANTIAS PROCESALES QUE PRODUJERON INDEFENSION y más exacta y precisamente dicho acto y garantía procesal que produjo indefensión se dio de la forma siguiente: Indica A quo mediante su considerando tercero (3), que se abrió el periodo probatorio y que únicamente la parte demandada propuso y evacuo pruebas y eso es cierto, así mismo indica en dicho considerando los medios de prueba propuestos y evacuados por nuestra parte, tal y como ser, el expediente administrativo, copia de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía de la Corrupción en contra del hoy demandante, Comunicación dirigida al Ministerio Publico especialmente a la Fiscalía contra la Corrupción en la cual claramente se establece que el delito tipificado y en el cual es participe el Señor DANIEL JOSE CRUZ, es el de Apropiación Indebida en contra de la Empresa Nacional de artes Graficas ( ENAG), también establece que se evacuo una inspección a la Empresa Nacional de Artes Graficas en la cual se constato que en el cargo del hoy demandante no se había nombrado otra persona, pero finalmente y esto si causa un gran agravio a mi representado el Estado de Honduras, y es cuando A quo indica “Es preciso señalar que los numerales 1 y2 del medio de prueba numero dos denominado documental por comunicación, no se tienen por evacuados en vista que fueron cumplimentados fuera del nuevo termino probatorio otorgado” es aquí donde el A Quo se equivoca ya que el nuevo periodo concedido única y exclusivamente para evacuar los medios que a nuestra parte le quedaron pendientes de evacuar por negligencia inexplicable del Juzgado, comenzó a correr el día veinticuatro de abril del 2012 y vencía el día quince de mayo del 2012 (Ver folio 200 de la primera pieza), ahora bien las comunicación en mención las estuve solicitando antes de la fecha de vencimiento y la escribiente encargada no las efectuaba por lo cual no podía llevarlas a su destino y es hasta el día 15 de mayo del 2012 que me son entregadas ( Ver folio 241 donde consta el recibido de las mismas por mi persona) por lo cual las mismas las entrego a las autoridades a quienes se les dirigen , pero nótese que en las inserciones jamás se les indica que termino tienen para cumplimentarlas, pues bien, en fecha 17 de mayo del 2012 el Ministerio Publico cumplimenta la comunicación enviada y el día 18 de mayo del 2012 el Juzgado recibe las comunicaciones cumplimentadas por la ENAG y la Dirección de Servicio Civil y el Juzgado mediante auto de fecha 30 de mayo del 2012 dicta el auto que literalmente dice “Por recibidas las Comunicaciones debidamente cumplimentadas procedentes de la Dirección General de Servicio Civil y la que se acompañan, las que se manda a agregar a sus antecedentes Articulo 134 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 80 y 85 del Código de Procedimientos Civiles.-CUMPLASE”, como se puede concluir A Quo al final del considerando tercero, me indica que no me admitió dos comunicaciones por haberlas evacuado fuero del nuevo término, pero antes de la etapa para conclusiones, mediante el auto ya indicado, me las tiene COMO DEBIDAMENTE CUMOPLIMENTAS y ordena se agreguen a sus antecedentes, por lo cual existe aquí una gran violación al derecho de defensa ya que si el juzgador mediante el auto de fecha 30 de mayo del 2012 me hubiese indicado o resuelto que los medios de prueba de comunicaciones no estaban cumplimentadas dentro del tiempo y me deniega la admisión, lo más probable hubiese sido, que yo hubiera apelado, pero no fue así, por otra parte y dentro de su profunda confusión y falta de análisis y estudio del expediente, A Quo tiene por admitido y analiza la comunicación cumplimentada por el Ministerio Publico, la cual también fue recibida por mi persona el día 15 de mayo del 2012 y entregada ese mismo día al ministerio público, el cual la cumplimento en fecha 17 de mayo del 2012 ( Ver Folio 243), por lo cual también dicha comunicación estaría cumplimentada extemporáneamente ya que el ultimo día del nuevo termino era el día 15 de mayo del 2012 y aun cuando las comunicaciones tienen fecha 10 de mayo del 2012 es de lato conocimiento que en esa fecha no estaban puestas en el expediente para ser enviadas ya que todavía el día 14 de mayo del 2012, yo fui a solicitarlas y no me las entregaron por no estar firmadas, por todo lo anterior es claro que A Quo me deja indefenso al exponer en su considerando tercero que no se tiene por evacuadas las mencionadas comunicaciones, violando con esto también el debido proceso ya que dichas comunicaciones anteriormente se habían tenido como DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADAS y si analizamos las mismas notaremos que con la comunicación dirigida a la Dirección General de Servicio Civil estaba comprobando que se solicito el dictamen favorable de dicha dirección para cancelar por cesantía al hoy demandado y con la comunicación dirigida la ENAG se comprobaba que la empresa al momento de cesantear al demandante sufría un déficit de más de Un millón de lempiras por lo cual tenía que recortar personal por razones de orden presupuestario tal y como lo faculta el articulo 53 letra a) de la Ley de Servicio Civil, pero con la confusión y violación al proceso que efectúa A Quo, dichos medios de prueba no fueron objeto de valoración probatoria, todo lo cual causa indefensión al estado de Honduras y la Corte de Apelaciones al indicar que dicho fallo esta apegado a derecho y lo confirma sin antes exponerse sobre dicho acto procesal que violo el derecho legitimo de defensa incurre en CAUSAL DE CASACION comprendido en el literal b) numeral 1 del artículo 719 del Código Procesal Civil (POR LA APLICACION E INTERPRETACION DE NORMAS QUE REGULAN ACTOS Y GARANTIAS PROCESALES QUE PRODUJERON INDEFENSION)...”.- IV.- De nuevo el Impetrante en el anterior cargo, hace alusión al material probatorio y realiza alegatos propios de instancia, obviando señalar las normas procesales infringidas para el caso concreto e incluso invocando una norma ya derogada, como es el caso del artículo 327 del Código de Procedimientos Civiles y por ello, el motivo resulta inestimable.- V.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los dos motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VI.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 200, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días del mes de marzo del dos mil catorce; certificación del auto de fecha dieciocho de febrero del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 216-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL