Sentencia CA-215-13 — Registro 4054
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo, mediante el cual se ordenó trasladar de manera ilegal al demandante, en segunda instancia se confirma la sentencia considerando que dicho acto impugnado ha sido dictado con evidente exceso de poder, en vista de que el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN), no tiene dentro de su competencia la facultad de trasladar a sus funcionarios.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Sin embargo el casacionista hace absoluto silencio de las razones que lo hacen recurrir ante esta jurisdicción, al no establecer que infracción ha agraviado a su representado con la decisión impetrada. No se ocupa en determinar porque la sentencia que está recurriendo se encuentra estructurada con indebida aplicación de la forma o contenido, al alcance de la causal contenida Artículo 719 del Código Procesal Civil invocado como precepto autorizante. Tampoco determina si la violación de las normas que cita es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea y sumado a lo anteriormente motivado, es de recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia, siendo evidente que el cargo se ve afecto a lo establecido en el articulo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil, por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para la interposición y formalización del recurso de casación.- “ En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice y en consecuencia es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida y ordenar la remisión de las actuaciones al órgano de procedencia”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de octubre de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designada ponente la primera para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN), representado en juicio por el abogado JOSÉ ROBERTO ALVARADO GÁLVEZ; y, Recurrido: el señor RAÚL EDGARDO DEL CID MARTÍNEZ, representado en juicio por el abogado ERNESTO ALONSO BOQUÍN REYES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial para la declaración de no ser conforme a derecho y la anulación de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por la separación de un cargo obtenido mediante ascenso y trasladado a un cargo de menor categoría y como medidas para el pleno restablecimiento el pago de las prestaciones y demás derechos laborales, pago de los salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor RAÚL EDGARDO DEL CID MARTÍNEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN), por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación de servicio con la demandada mediante Contrato de Servicios Profesionales No.013-2001 de fecha dieciocho de enero de dos mil uno, en el cargo de Auxiliar de Laboratorio, dicha relación de servicio se extendió de manera consecutiva mediante posteriores contratos bajo la misma modalidad, hasta llegar al nombramiento mediante acuerdo, posteriormente el demandante fue ascendido del cargo de Jefe del Departamento de Finanzas y Fiscalización Minera al de Gerente Administrativo de DEFOMIN, resultando después de diez años de servicios y ascensos, la separación del cargo de Gerente Administrativo y su traslado de manera interina e indefinida al Departamento de Laboratorio como Gerente de Control de Calidad de Muestras, lo cual constituye una degradación inequívoca y malintencionada del cargo por ser trasladado a un puesto de menor categoría; la posibilidad de ejecutar una acción de traslado no se contempla dentro del “Reglamento del Sistema de Nomenclatura, Clasificación y de Remuneración de Cargos, Disposiciones Disciplinarias y Contratación Administrativa de la DEFOMIN”, pues si bien es cierto el artículo 5 de dicho Reglamento establece como facultad del Director Ejecutivo la libre remoción, ésta debe entenderse como la facultad de nombrar, suspender o destituir, establecida en el artículo 10 del mismo Reglamento, pero nunca como una facultad de traslado, que solo está previsto en el Reglamento de la Ley de Servicio Civil para cargos de una misma clase o puesto, grado o nivel salarial y con los procedimientos legales establecidos.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN), contestó dicha demanda señalando que el Director Ejecutivo en uso de las atribuciones que le confiere la Ley procedió mediante Acuerdo No.10-2011 de fecha veintiocho de enero de dos mil once, a trasladar al demandante del cargo de la Gerencia Administrativa al de la Gerencia de Control de Calidad de Muestras conservando el rango y sin ninguna desmejora salarial por lo que no existe la disminución de categoría que afirma el demandante en el líbelo de la demanda; que el demandante recibió su acuerdo de traslado interino el veintiocho de enero de dos mil once y quien a partir del treinta y uno de enero del mismo año, ya no volvió a presentarse a laborar a Defomin, procediéndose a levantar actas para constatar esa injustificada ausencia; posteriormente el demandante mediante nota de fecha siete de febrero del mismo año, procedió a dar por finalizada la relación de empleado público que mantenía con la demandada, por lo que este tipo de actuaciones no está contemplada como un Derecho en el artículo 38 en la Ley de Servicio Civil ni mucho menos de su Reglamento y sólo se encuentran contempladas en el Código del Trabajo, legislación que es foránea a esta jurisdicción; la acción que ha ejercitado el demandante y que él mismo denomina como “especial” no es la idónea para atacar este tipo de actos administrativos (traslado de cargo) por tal razón, en la defensa previa interpuesta se ha recalcado lo improcedente de la presente acción ya que la acción en materia personal es contra los actos de cancelación de los servidores públicos y en este caso el demandante nunca ha sido cancelado o separado del cargo, de ahí que el ataque que realiza por medio de la presente demanda contra el acuerdo de traslado no son susceptibles por esta vía.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de junio de dos mil doce, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo No.10-2011 de fecha veintiocho de enero de dos mil once, mediante el cual se ordenó trasladar de manera ilegal al demandante, pues dicho traslado a criterio del Tribunal tiene efecto de cancelación al amparo del artículo 63 numeral 6 del Reglamento del Sistema de Nomenclatura, Clasificación y de Remuneración de Cargos, Disposiciones Disciplinarias y Contratación Administrativa; reconoció la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento resolvió reconocerle el derecho al pago de sus prestaciones laborales, consistentes en la indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, hasta un máximo de quince (15) años en concepto de auxilio de cesantía, así como un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de dos años en concepto de preaviso, en base a lo estipulado en el decreto No.99-97 que interpreta el artículo 38 de la Ley de Servicio Civil y demás derechos que le pudieran corresponder, tal y como décimo cuarto, décimo tercer mes de salario, vacaciones, ajustes salariales, beneficios, más el pago en concepto de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectividad del acto tácito de cancelación el veintiocho de enero de dos mil once, hasta la fecha en que el presente fallo adquiera el carácter de firme; declaró extinguida la relación laboral existente entre el demandante y el Estado de Honduras a través de la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN), sin costas; bajo el criterio que se ha podido acreditar que en el presente caso de autos, el acto administrativo impugnado ha sido emitido con evidente exceso de poder, en vista que el Director Ejecutivo de DEFOMIN no tiene dentro de su competencia la facultad de trasladar a sus funcionarios, por lo cual el traslado mismo es ilegal, siendo evidente que la demandada al emitir el acuerdo número 10-2011, mediante el cual traslada al demandante del cargo de Gerente Administrativo de DEFOMIN al departamento de laboratorio, específicamente al puesto de Gerente de Control de Calidad de Muestras, lo ha realizado ejerciendo potestades para fines distintos a los fijados por la ley, en vista que de acuerdo al artículo 5 del Reglamento del Sistema de Nomenclatura, Clasificación y de Remuneración de Cargos, Disposiciones Disciplinarias y Contratación Administrativa, el cargo al cual trasladan al demandante es de menor jerarquía, lo que demuestra que el acto impugnado también fue emitido sin seguir total y absolutamente el procedimiento establecido.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cuatro de octubre de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora al dictar el acto administrativo impugnado consistente en el Acuerdo No.10-2011 de fecha veintiocho de enero de dos mil once, mediante el cual se ordena trasladar al demandante señor Raúl Edgardo Del Cid Martínez, del cargo de Gerente Administrativo de DEFOMIN al Departamento de Laboratorio, específicamente al puesto de Gerente de Control de Calidad de Muestras, dicho acto impugnado ha sido dictado con evidente exceso de poder, en vista de que el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN), no tiene dentro de su competencia la facultad de trasladar a sus funcionarios y de conformidad al artículo 5 del Reglamento del Sistema de Nomenclatura, Clasificación y de Remuneración de Cargos, Disposiciones Disciplinarias y Contratación Administrativa, el cargo al cual se hizo el traslado es de menor jerarquía, y por lo expuesto, para emitir el acuerdo precitado no siguió total y absolutamente el procedimiento legal establecido para dictar esta clase de actos, por lo que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, por lo consiguiente es nulo.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado JOSÉ ROBERTO ALVARADO GÁLVEZ, presentó en fecha veintinueve de noviembre de dos mil doce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha cuatro de octubre de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 267-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 073-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha cinco de diciembre de dos mil doce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogado ERNESTO ALONSO BOQUÍN REYES, presentó en fecha veinticinco de enero de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintiocho de enero de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas diecinueve de febrero y cinco de marzo de dos mil trece, los abogados ERNESTO ALONSO BOQUÍN REYES y JOSÉ ROBERTO ALVARADO GÁLVEZ, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados ERNESTO ALONSO BOQUÍN REYES y JOSÉ ROBERTO ALVARADO GÁLVEZ, presentaron escritos en fechas veinticinco de febrero y once de marzo de dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Autoriza este motivo de casación el ordinal segundo del artículo 719 del Código Procesal Civil aplicable por disposición del artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La sentencia impugnada aplica al caso subjudice, el artículo 63 del Reglamento del Sistema de Nomenclatura, Clasificación y de Remuneración de Cargos, Disposiciones Disciplinarias y Contratación Administrativa, normativa jurídica que no es la aplicable al caso ya que al tenor de lo que establece el artículo 256 de la Constitución de la República, el Régimen de Servicio Civil regulas las relaciones de empleo entre El Estado y los servidores públicos. En este sentido el artículo 31 párrafo primero del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo claramente establece que el personal de los entes desconcentrados estará sujeto al Régimen de Servicio Civil y el artículo 92 de la Ley General de Minería crea a la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería como una entidad desconcentrada de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente. De lo anterior se colige sin ningún esfuerzo que el Régimen de Servicio Civil es la normativa aplicable y no el Reglamento del Sistema de Nomenclatura, Clasificación y de Remuneración de Cargos, Disposiciones Disciplinarias y Contratación Administrativa. Este último reglamento no puede ser válido por que infringe abiertamente lo que dispone los artículos 40 incisos b) y ch) y 41 la Ley de Procedimiento Administrativo ya que este reglamento invade atribuciones del Poder Legislativo a regular las relaciones de empleo de un órgano desconcentrado (art. 40 inciso b) y vulnera lo que establece el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo (art. 40 inciso c) que un acto general emitido por órgano superior (El Presidente en Consejo de Ministros) que preceptúa que el Régimen de Servicio Civil es el aplicable en los órganos desconcentrados. El artículo 38 de la Ley de Servicio Civil, como el reglamento de la misma, determina los derechos de los empleados públicos y entre ellos ninguno facultad a los empleados a poner fin a la relación de empleo con el Estado. Si un acto de la administración pública da origen a la relación de empleo solo otro acto de igual naturaleza le puede poner fin pero jamás un acto del administrado y esto fue lo que ocurrió en autos ya que el demandante mediante nota de 07 de febrero de 2011 procedió a dar por finalizada la relación de empleado público que mantenía con la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN) pero en la demanda dirige su acción contra el acto administrativo contenido en el Acuerdo No. 10-2011 de fecha 28 de enero de 2011 el que lo traslada de manera interina del cargo de la Gerencia Administrativa al de la Gerencia de Control de Calidad de Muestras que no es un acto de cancelación por lo que la sentencia recurrida ha hecho derivar consecuencias legales como el pago de prestaciones laborales y salarios dejados de percibir de un acto administrativo del cual no puede derivarse tales conceptos. Lo expuesto es suficiente para que se case la sentencia recurrida...”.- II. Sin embargo el casacionista hace absoluto silencio de las razones que lo hacen recurrir ante esta jurisdicción, al no establecer que infracción ha agraviado a su representado con la decisión impetrada. No se ocupa en determinar porque la sentencia que está recurriendo se encuentra estructurada con indebida aplicación de la forma o contenido, al alcance de la causal contenida Artículo 719 del Código Procesal Civil invocado como precepto autorizante. Tampoco determina si la violación de las normas que cita es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea y sumado a lo anteriormente motivado, es de recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia, siendo evidente que el cargo se ve afecto a lo establecido en el articulo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil, por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para la interposición y formalización del recurso de casación.- III. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice y en consecuencia es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida y ordenar la remisión de las actuaciones al órgano de procedencia.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 200, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia emite AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de noviembre del dos mil catorce; certificación del auto de fecha veintiocho de octubre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 215-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL