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Sentencia CA-161-13 — Registro 4000

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"El cargo en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica correcta en virtud de que el Censor alega dos formas distintas de violar la ley, cuando lo correcto es hacerlo de forma separada e independiente. Aunado a lo anterior, el Impetrante en su explicación realiza alegatos propios de instancia. Tales defectos producen que el motivo sea desestimado para su admisión.-". Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- "Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, representado en juicio por el abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA; y, Recurrido: DAGOBERTO SANDOVAL CASTELLANOS, representado en juicio por el abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para el pleno restablecimiento se solicita se decrete el reintegro al puesto de trabajo o a otro de igual categoría y salario, pago de los salarios caídos desde la ilegal e injusta cancelación hasta la fecha en que se ejecute el reintegro solicitado, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, por el señor DAGOBERTO SANDOVAL CASTELLANOS, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que mediante acuerdo No.236/2006 de fecha 27 de junio de 2006, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, fue nombrado en el cargo de Jefe del Departamento de Asistencia al Contribuyente de la Administración Regional, Región Centro Sur en la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), posteriormente en fecha 29 de julio de 2010, se le comunicó al demandante el acuerdo No.129/2010 de fecha 27 de julio de 2010, emitido por el Director Ejecutivo de la DEI, por el cual se resolvió su separación del cargo con base en el artículo 83 párrafo tercero del Decreto Legislativo No.17-2010 del 22 de abril de 2010, señalándole la demandada como causal ya no ser necesarios sus servicios y reconociéndole el pago total de las prestaciones laborales, no obstante lo anterior, en forma tácita se dejó sin efecto el acuerdo de separación antes mencionado, pues en fecha 17 de agosto de 2010, se le notificó mediante oficio 150-RRHH-2010 del Departamento de Recursos Humanos de la DEI, que ya no sería cancelado, sino que sería trasladado al Departamento de Revisión de Casos del Departamento de Auditoría dentro de la misma DEI, pero en fecha 27 de agosto de 2010, nuevamente se le notificó al demandante la separación fundada en el acuerdo 129-2010, es decir con el mismo número y contenido del acuerdo de separación en mención, pero ahora de fecha 25 de agosto de 2010; que el acuerdo de cancelación del demandante se fundó en el artículo 82 párrafo tercero de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, señalándole entre las causales señaladas en estos artículos la de que ya no son necesarios sus servicios, esta causal es totalmente falsa, pues en el cargo que el demandante venía desempeñando se nombró a otra persona, lo que demuestra que los servicios para desempeñar dicho cargo si son necesarios.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, contestó dicha demanda señalando que el demandante fue separado del cargo mediante acuerdo No.129-2010 de fecha 27 de julio de 2010, emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), en base a las disposiciones contenidas en el artículo 83 párrafos segundo y tercero del Decreto Legislativo No.17-2010 de fecha 22 de abril de 2010, y bajo la observancia de las disposiciones contenidas en el artículo 82 párrafos segundo y tercero de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público y que se refiere a lo siguiente: “El personal de la actual Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), continuará desempeñando sus labores y responsabilidades, respetándoseles los derechos adquiridos, sin perjuicio de la evaluación de meritos y revisión del cumplimiento de requisitos a que se deben someter de conformidad al Estatuto Laboral de la Carrera Administrativa y Aduanera. En los casos en que el personal no reúna los requisitos del cargo, no apruebe o supere el proceso de evaluación o ya no sean necesarios sus servicios, debe ser separado del cargo conservando el derecho al pago de las prestaciones laborales que le correspondan de conformidad con la ley. Para los efectos aquí señalados, las acciones de personal que se ejecuten durante seis (6) meses a partir de la fecha de vigencia del presente decreto, no necesitan completar trámite alguna ante la Dirección General del Servicio Civil, cuando dicho trámite contravenga o retrase la acción tomada”, de esta manera faculta expresamente al Director de la DEI, para efectuar la separación de los cargos a los empleados de la institución, como es el caso del demandante; que en relación con lo manifestado por el demandante respecto a que la parte demandada dejó sin valor y efecto las disposiciones contenidas en el Acuerdo 129-2010 de fecha 27 de julio de 2010, ya que no consta documentación que acredite que ello aconteció.3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de junio de dos mil doce, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación No.129-2010, de fecha 25 de agosto de 2010, emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, por medio del cual se canceló al demandante, en consecuencia se anuló totalmente, reconociendo la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se resolvió adoptar el reintegro del demandante al cargo que ocupaba, el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de separación del ejercicio del cargo hasta la fecha en que se produzca el reintegro, más el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, sin costas; bajo el criterio que con los medios de prueba aportados y evacuados así como el expediente administrativo que obran en el expediente judicial, la parte demandada no pudo acreditar elementos indispensables para proceder con la separación del ahora demandante en su cargo, ya que dicha separación debe de sustentarse en hechos y antecedentes que le sirvan de causa, ya sea porque no reúne los requisitos para el cargo o porque no aprobó el proceso de evaluación exigidos.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha seis de septiembre de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo en su artículo 31 establece que sin perjuicio de lo que las leyes dispongan, el personal de los Órganos Desconcentrados estará sujeto al Régimen de Servicio Civil; asimismo el artículo 71 del Decreto 17-2010 establece que se crea la Dirección Ejecutiva de Ingresos como una entidad desconcentrada bajo un régimen laboral especial, con autonomía funcional, técnica, financiera, administrativa adscrita a la Secretaría de Finanzas y que el mismo Decreto habla de la creación de un régimen especial laboral de la carrera de la administración tributaria y aduanera para los funcionarios y empleados de la DEI, en consecuencia, el personal de la DEI, está sujeto al Régimen de Servicio Civil por mandato de la Ley; que la demandada en ningún momento del juicio acredito fehacientemente que el demandante haya cometido alguna falta grave, por lo que su cancelación se materializo sin prueba alguna o causa válida para ser cancelado de su puesto de trabajo, el cual de manera expresa se establece en que circunstancia se puede dar la cancelación o separación como lo que establece la Ley de Servicio Civil y su reglamento para este caso.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, presento en fecha uno de octubre de dos mil doce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha seis de septiembre de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 256-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 532-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha tres de octubre de dos mil doce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA, presentó en fecha trece de noviembre de dos mil doce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha catorce de noviembre de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas once de enero y quince de febrero de dos mil trece, los abogados RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA y MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, en auto de fecha veintinueve de abril de dos mil trece, se tuvo por personado al abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, como apoderado de la parte recurrente, y de declaro precluído el plazo concedido y dejado de utilizar por el abogado RICARDO ENRIQUE BUESO, apoderado de la parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer y único motivo, manifestando lo siguiente: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del Artículo 719 CAUSALES DEL RECURSO, del Código Procesal Civil, que a la letra dice “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de FONDO del litigio.” DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En el presente motivo se encuentran infringidos los artículos: 35 de la Ley de la Jurisdicción de Lo Contencioso Administrativo, y artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles.- Artículo 82 párrafo segundo de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público Decreto Legislativo 017-2010; artículo 36 de La ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público Decreto Legislativo 113-2011, relacionados con el artículo 64 de la Constitución de la República de Honduras.- Y artículo 208 del nuevo Código Procesal Civil.- CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACION: PRIMERO: La Honorable CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO mediante Fallo definitivo y unánime de votos dictado en fecha seis (06) de Septiembre del año dos mil doce (2012), (consta segunda pieza de autos) por el cual en su acápite Primero declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el demandado (Estado de Honduras), y posteriormente el Juez Ad-Quem HACE SUYA la Sentencia Definitiva que se dictó en Primera Instancia el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán dieciocho (18) de Junio del año Dos mil doce (2012), que corre agregada a pieza principal de autos, ya que el Ad-Quem literalmente confirma dicha sentencia definitiva de Primera Instancia, lo cual es objeto de nuestro Recurso de Casación, en virtud Honorables Magistrados que tanto el Juez Ad-Quem como el A-quo dictaron sentencias de manera muy similar ó idénticas, fundamentando enfáticamente su Sentencia en el artículo 64 de la Constitución de la República de Honduras, FUNDAMENTO DE DERECHO QUE NUNCA MENCIONÓ NI ALEGÓ EL DEMANDANTE EN SU PRETENSIÓN, ESCRITO DE DEMANDA, PRUEBAS, NI EN CONCLUSIONES, a diferencia que el Ad-quem si lo incluye y agrega en su sentencia, introduciendo así un argumento nuevo, no establecido en la demanda, siendo utilizado dicho artículo 64 en los considerandos de la sentencia recurrida para fundamentar la misma, infringiendo así el Ad-quem directamente los artículos 35 de la Ley de la Jurisdicción de Lo Contencioso Administrativo, y solo para ilustración dicen: “La jurisdicción de lo contencioso-administrativo juzgará dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición”; y en artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles: “Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate”. Y artículo 208 del nuevo Código Procesal Civil que dice: CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. SEGUNDO: Asimismo el Juez Ad-Quem al confirmar la sentencia del A-Quo infringe también la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público Decreto Legislativo 017-2010, mismo que faculta al Señor Ministro Director Ejecutivo de Ingresos para cancelar o separar del Cargo a un empleado de la Institución, siendo sumamente clara en su artículo 82 PÁRRAFO SEGUNDO: “O CUANDO NO SEAN NECESARIOS SUS SERVICIOS”, Y SU PÁRRAFO TERCERO que dice: “PARA LOS EFECTOS AQUI SEÑALADOS, LAS ACCIONES DE PERSONAL QUE SE EJECUTEN DURANTE LOS SEIS MESES A PARTIR DE LA VIGENCIA DEL PRESENTE DECRETO, NO NECESITAN COMPLEMENTAR TRAMITE ALGUNO ANTE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL...”.- Asimismo el artículo 36 de La ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público Decreto Legislativo 113-2011, da ampliación de dicho plazo por 36 meses más. * Con lo anterior expuesto Honorables Magistrados, el Juez Ad-Quem al confirmar la sentencia del A-quo, hizo caso omiso a lo preceptuado en ambas Leyes antes relacionadas, quien ignoró todo conocimiento legal a la existencia de dicho Ordenamiento Jurídico al obviarlo en su fallo, y por ende desestimó el mismo, sin darle la mínima apreciación para emitir su sentencia, lo cual infringe las Leyes ya precitadas, pero si incluyendo agumentos legales nuevos ajenos a la pretensión del demandante. En base a lo anterior se colige, que el Juzgador violentó el ordenamiento jurídico al emitir una resolución judicial, interpretando erróneamente normas de Derecho de fondo, al adecuar la Ley en contra del Estado de Honduras, lo cual es motivo de este Recurso, no ajustándose a Derecho para la solución objetiva del fondo del presente Juicio. Al confirmar el Juez Ad-Quem la sentencia del A-quo prácticamente hace suya dicha sentencia, lo que deja a trasluz su consentimiento de que la Autoridad Judicial puede verter opiniones análogas, adicionales, nuevas, a la real pretensión consignada en el escrito de demanda, pues simple y sencillamente el demandante nunca mencionó, ni relacionó el artículo 64 de la Constitución de la República de Honduras en su pretensión de demanda, lo cual puede ser revisado a simple vista por la Honorable Corte”.- II. El cargo en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica correcta en virtud de que el Censor alega dos formas distintas de violar la ley, cuando lo correcto es hacerlo de forma separada e independiente. Aunado a lo anterior, el Impetrante en su explicación realiza alegatos propios de instancia. Tales defectos producen que el motivo sea desestimado para su admisión.- III. Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV. Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su primer y único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de septiembre del dos mil catorce; certificación del auto de fecha veintinueve de agosto del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 161-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL