Sentencia CA-129-13 — Registro 3962
Resumen
En primer instancia se declara procedente la acción promovida por el demandante, por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado, identificado como el acuerdo de cancelación por cesantía, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704, 721 numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que existe establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no atiende el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (ver sentencia Expediente 516-12)..."
Legislación citada
- Ley del Servicio Civil, art. 53 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Servicio Civil, art. 53 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de diciembre de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designado ponente el último para el conocimiento y redacción de la resolución del Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, representado en juicio por el Abogado JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES; y, Recurrido: el abogado GREGORIO TORRES ELVIR, apoderado del señor HERNAN MARADIAGA FIGUEROA.- OBJETO DEL PROCESO: Que el demandante se contrae a pedir se declare la nulidad de una acto administrativo de carácter particular por no ser conforme a derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal de que fue objeto y como medida para el pleno restablecimiento de los derechos, que se le reintegre al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, con el reconocimiento de beneficios otorgados a los demás empleados en ausencia como ser incrementos salariales, decimotercero y decimocuarto mes, bonos y vacaciones y el pago de los sueldos dejados de percibir y costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en el Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de mayo del dos mil once por el señor HERNAN MARADIAGA FIGUEROA, contra EL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifiesta en el escrito de su acción que inició su relación de trabajo con la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DEPACHOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en fecha 13 de marzo del 2008, mediante acuerdo de nombramiento número 73-08, desempeñándose en el cargo de Auxiliar de Inspector de Empresas, siendo cancelado por cesantía del cargo a partir del 27 de abril del 2011, mediante acuerdo número 050-2011 de fecha 27 de abril del 2011, devengaba un salario mensual de L.9,412.00; considerando que no se observó el procedimiento que la Ley de Servicio Civil y su Reglamento establecen como ser la reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario y la reducción de servicios o de personal para obtener una mas eficaz y económica organización administrativa, excepciones que al caso particular no se observaron.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó señalando que acepta parcialmente los hechos de la demanda, y alega en su defensa que rechaza la pretensión del demandante, en vista de que el acto sobre el cual reclama nulidad, consistente en el acuerdo de cancelación se encuentra apegado a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y que si no se le han cancelado los derechos que conforme a Ley le corresponden, es por que el demandante se ha negado a realizar el tramite previsto para ello.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de agosto del dos mil doce, dictó sentencia definitiva que en su parte conducente dice: “RESUELVE: PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Acción promovida por el ciudadano HERNAN MARADIAGA FIGUEROA, por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado, identificado como el Acuerdo de cancelación por Cesantía No. 050-2011 de fecha trece (13) de abril del 201. En consecuencia SE ANULA TOTALMENTE, por haber sido emitido prescindiendo total y absolutamente el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para cancelar a un Servidor Publico, por cesantía.- SEGUNDO: Reconocer la situación Jurídica Individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se Resuelve: 1) Adoptar el Reintegro del demandante HERNAN MARADIAGA FIGUEROA, al cargo de AUXILIAR DE INSPECTOR DE EMPRESAS, debe reintegrarse a otro puesto de igual categoría y en las mismas condiciones. 2) Condenar al Estado de Honduras, por el acto realizado por de la Secretaria de Estado en los Despachos de Industria y Comercio al pago a favor del demandante HERNAN MARADIAGA FIGUEROA, los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva, (treinta de abril 2011), hasta la fecha en que sea ejecutado el presente fallo, mas el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, decimocuarto mes, décimo tercer mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que les pudieran corresponder.- TERCERO: Se decreta, en su caso, la nulidad del Acto Administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto (a) del demandante.- CUARTO: Condenar al Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Industria y Comercio, a reconocer, ejecutar y pagar al demandante HERNAN MARADIAGA FIGUEROA, los conceptos señalados en los numerales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO de este fallo.- QUINTO: Se exime del pago de costas a la parte demandada, vencida en juicio por tener motivos suficientes para litigar.- SEXTO: Contra la presente Sentencia Definitiva, proceda el Recurso de Apelación el que debe interponerse ante este tribunal dentro del termino de diez días hábiles siguientes, a la notificación de este fallo.” Bajo el criterio que de la apreciación de los hechos alegados, las pruebas practicadas y los fundamentos de derecho en que las partes apoyan sus pretensiones se ha comprobado que en el presente caso hubo infracción al ordenamiento jurídico al emitirse el acto impugnado al haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en la ley para cancelar a un servidor publico por cesantía.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintinueve de noviembre del dos mil doce, dictó sentencia definitiva mediante la cual falló declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES, en su condición de apoderado legal del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Industria y Comercio; CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha diez de agosto del dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Sin costas. Bajo el criterio que del estudio y análisis en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes, así como del expediente administrativo y de los fundamentos de derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones la Corte de Apelaciones observa y concluye que la autoridad nominadora para dictar el Acuerdo de Cancelación del demandante está obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de actos y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES, en fecha once de enero del dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia dictada en fecha veintinueve de noviembre del dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 358-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 224-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, el abogado GREGORIO TORRES ELVIR, presentó en fecha veintiuno de enero de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintinueve de enero del dos mil trece por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución en fechas treinta y treinta y uno de enero de dos mil trece los abogados GREGORIO TORRES ELVIR y JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dicto providencia en fecha quince de abril del dos mil trece, teniendo por personados en tiempo y forma a los abogados GREGORIO TORRES ELVIR, apoderado del señor HERNAN MARADAGA FIGUEROA como recurrido y JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto el recurso de casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. DISPOSICION INFRINGIDA: Artículo 53, de la Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna la parte dispositiva de la sentencia recurrida en cuanto debió declarar con lugar el recurso de apelación, en el segundo pronunciamiento revocar la sentencia recurrida y en el pronunciamiento tercero declarar improcedente la acción por encontrarse dictado conforme a derecho el acto administrativo impugnado. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El Articulo 53, de la Ley de Servicio Civil, establece con claridad meridiana que la autoridad nominadora podrá cancelar el nombramiento de uno o mas servidores públicos previa comunicación por escrito a la Dirección General siempre que el Consejo de Servicio Civil al evacuar la consulta correspondiente estime que procede la Cesantía por encontrarse comprendida en alguna de las excepciones calificadas, que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que en el caso que nos ocupa corresponde así se hizo. En tal sentido el Acuerdo de Cancelación No. 050-2011 vigente a partir del 30 de abril de 2011, fue emitido por esta Secretaría de Estado, después de escuchar el parecer favorable del Consejo de Servicio Civil, y comunicar tal decisión a la Dirección de Servicio Civil, aplicando el Articulo 53 de la Ley de Servicio Civil.”.- II. Que en el cargo que antecede el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) olvida que el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil contiene dos literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, que era menester precisar; y, b) no explica ni justifica la incidencia de la norma señalada como violada en el sentido de la resolución impugnada, limitándose a exponer que es por su “interpretación”.- III. Que existe establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no atiende el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (ver sentencia Expediente 516-12).- IV. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- V. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido, que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5), 316 reformados, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia.- Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de diciembre del dos mil catorce; certificación del auto de fecha dos de diciembre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 129-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL