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Sentencia CA-104-13 — Registro 4089

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción promovida por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo tácito de la administración publica, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación del demandante, infringió el ordenamiento jurídico, en vista de que no se siguió totalmente el procedimiento legal establecido para emitir esta clase de actos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) omite el Recurrente señalar el precepto autorizante; b) insta, en la explicación del motivo, la revisión del material probatorio lo cual es vedado en este recurso extraordinario de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) omite explicar de que forma el sentenciador interpreto erróneamente la disposición señalada como violada y cual seria la interpretación correcta de la misma.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho días del mes de febrero del dos mil catorce, la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designada la primera ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería dependencia de la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, representada en juicio por el abogado ISRAEL ISAÍAS OSEGUERA COLINDRES; y, Recurrido: el señor JULIO HERNANDEZ CERRATO, representado en juicio por el abogado RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLON.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto particular de la administración publica por infracción del ordenamiento jurídico, que se reconozca la situación jurídica individualizada por haber lesionado derechos del administrado y para su pleno restablecimiento que se ordene el reintegro a su puesto de trabajo, los salarios dejados de percibir a partir del cese de la causa de suspensión y los aumentos otorgados en su ausencia, costas del juicio; promovida en fecha doce de mayo del dos mil nueve, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el señor JULIO HERNANDEZ CERRATO, mayor de edad, casado, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Dirección General de Migración y Extranjería dependencia de la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1) La parte demandante manifiesta que mediante acuerdo No. 457 de fecha 14 de octubre del año 1980, fue nombrado en el cargo de Auxiliar de Migración, en la Dirección General de Población, conocida hoy como Dirección General de Migración y Extranjería, desempeñándose hasta el año 2005, en esa misma Dirección como Delegado III, devengando un sueldo mensual. Que el veinte de abril del año dos mil cinco el Ministerio Público presentó ante el Juzgado de Letras Penal de la sección judicial de Tegucigalpa, un requerimiento fiscal en su contra por los delitos de abuso de autoridad, cohecho y lavado de activos. Que se le dictó auto de prisión en la audiencia inicial, razón por la cual se le suspendió del cargo que venía desempeñando en la Dirección General de Migración y Extranjería. Que en fechas 21, 28 y 30 de noviembre del año 2007, se desarrolló el juicio oral y público y en fecha 10 de diciembre del 2007 la Sala Primera del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, emitió la sentencia definitiva en la que se le absolvió de todos los cargos que le imputaba la Fiscalía del Ministerio Público. Que dicha sentencia adquirió el carácter de firme ya que el Ministerio Público no presentó recurso de casación. Que el último sueldo que recibió fue en el mes de abril del año dos mil cinco, en virtud de que fue suspendido del cargo que venia desempeñando, por medio de acuerdo de suspensión, que no le fue notificado. Que se le dictó una sentencia absolutoria y una vez que adquirió carácter de firme, en fecha veintisiete de febrero del año dos mil ocho, presentó solicitud por medio de su apoderado a la Dirección General de Migración a fin de que se le reintegrara al puesto que venia desempeñando, en virtud de haber cesado la causa por la cual se le había suspendido y de conformidad al artículo 289 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil era procedente su reintegro. Que el 27 de abril del año 2009 se le entregó a su apoderado el oficio No. DG-192-2009 de fecha 10 de marzo del 2009, de la Dirección General de Migración y Extranjería, argumentado en el referido oficio que el hecho de haberse decretado una sentencia absolutoria esta solo tiene competencia penal y no en materia administrativa. El comportamiento de la Administración Pública resulta inequívoco e incompatible con una voluntad distinta, produce los efectos de una resolución expresa, de conformidad al artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo es un acto tácito.- 2) La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Dirección General de Migración y Extranjería dependencia de la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, contestó la demanda, manifestando que estima improcedente lo solicitado, amparada en los señalamientos del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil, reformado conforme Decreto No.150-88 y que dicen: “El Servidor Público que haya sido detenido o puesto en prisión por resolución de Autoridad competente, mientras no obtenga su libertad será suspendido de su trabajo. El servidor deberá dar aviso al jefe de Personal de la Oficina en la cual labora dentro de los cinco días siguientes al que comenzó su detención o prisión y tendrá la obligación de retomar su trabajo dentro de los dos días siguientes de haber sido puesto en libertad, mas el término de la distancia en su caso.” “El incumplimiento de una de estas obligaciones, o la detención o prisión del servidor público por mas de seis meses, dará lugar a la cancelación del acuerdo de nombramiento sin responsabilidad para ninguna de las partes. Que el demandante no comunicó su situación legal al momento de ser privado o puesto en libertad, con lo que desestimó lo dispuesto en el referido articulo y en particular el prevenido, tocante a la obligación de reintegrarse a su puesto dentro de los dos días siguientes a su puesta en libertad. Que el demandante no hizo uso del término concedido para incorporarse o retornar a su trabajo una vez obtenida su carta de libertad, tal y como lo señala el artículo 56 reformado de la Ley de Servicio Civil, conforme Decreto No. 150-88.- 3) El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de junio del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción promovida por el señor JULIO HERNANDEZ CERRATO, por no ajustarse a derecho el acto administrativo tácito de la administración publica, reconociendo la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se resolvió reintegrar al demandante al cargo que en su momento ocupaba antes de la suspensión del cargo en la Dirección General de Migración y Extranjería como DELEGADO DE MIGRACION III según acción de personal. Condenando al Estado de Honduras, por medio de la Dirección General de Migración y Extranjería dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Interior y Población, al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha en que la autoridad nominadora resolvió la denegatoria de la solicitud de reingreso (10 de marzo del 2009) hasta la fecha en que esté restituido en su cargo, mas el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder hasta que sea reintegrado al cargo como DELEGADO DE MIGRACION III. Se decretó en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante. SIN COSTAS; bajo el criterio que la parte demandada tenia el conocimiento sobre los hechos imputados al demandante tal y como se acreditan con las oficios DRHO67-2007 Y DRH 007- 2008, y la acción de suspensión con fecha de efectividad 21 de abril del 2005; sobre la obligación de retornar a su lugar de trabajo, la solicitud de reingreso al puesto de trabajo por haber cesado la medida cautelar de suspensión en el ejercicio del cargo la cual fue presentada en fecha 27 de febrero del 2008, dos días después de haber obtenido su carta de libertad ya que la fecha en que la sentencia adquirió el carácter de firme fue el 25 de febrero del 2008. Que la parte demandada si tenía conocimiento de la situación del demandante y que el mismo fue declarado inocente, notificando a la parte demandada de la sentencia absolutoria firme dos días después de la firmeza de dicha sentencia en estricto apego a lo establecido en el artículo 56 de la Ley de Servicio Civil.- 4) La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cuatro de octubre del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar el recurso de apelación y confirmó la sentencia definitiva de fecha diecinueve de junio del dos mil doce, dictada por el A-Quo, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación del demandante, infringió el ordenamiento jurídico, en vista de que no se siguió totalmente el procedimiento legal establecido para emitir esta clase de actos, por lo que resulta procedente la acción interpuesta por el señor JULIO HERNANDEZ CERRATO, por no ajustarse a derecho el acto impugnado, y por lo consiguiente es nulo.- 5) La representación procesal de la parte demandada, abogado ISRAEL ISAÍAS OSEGUERA COLINDRES, presentó en fecha siete de noviembre del dos mil doce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia de fecha cuatro de octubre del dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.285-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 155-09 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha ocho de noviembre del dos mil doce, tener por interpuesto en tiempo y forma el presente recurso de casación, y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6) La representación procesal de la parte demandante, abogado RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLON, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, resolviendo la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, mediante providencia de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil doce, tener por pronunciado en tiempo y forma sobre la formalización del recurso de casación presentado y a la vez ordenó remitir a las partes las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución los abogados RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLON e ISRAEL ISAIAS OSEGUERA COLINDRES, en fechas seis y once de diciembre del año dos mil doce, respectivamente.- 7) Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLON e ISRAEL ISAIAS OSEGUERA COLINDRES, presentaron escritos de personamiento en fechas once y catorce de diciembre del año dos mil doce, en su condición de parte recurrida y recurrente respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia dictada en segunda instancia, y que el Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio.- DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Interpretación errónea de los Artículos 56 párrafo primero, de la Ley del Servicio Civil reformado conforme decreto No. 150-88, relacionado con los Artículos 196 y 197 del Reglamento de la misma Ley. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna totalmente la parte dispositiva de la Sentencia Impugnada. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El sentenciador aun sabiendo lo que establece la ley del servicio civil, donde manifiesta que el servidor publico una vez que haya sido detenido o puesto en libertad está obligado a dar aviso al jefe de personal en la cual labora dentro de los cinco días siguientes al que comenzó su detención o prisión y tendrá la obligación de retornar a su trabajo dentro de los dos días siguientes de haber sido puesto en libertad.-Mi representado el estado de Honduras no se encuentra documento alguno donde conste que el demandante haya notificado su detención por escrito dando Aviso de la detención, siguiendo con el procedimiento establecido, en la Ley de Servicio Civil, de conformidad con el artículo 56, y los artículos 196 y 197 de su Reglamento; En la Sentencia dictada en segunda instancia, confirma la sentencia de fecha diecinueve de junio del 2012, razón que motiva la interposición del Recurso de Casación.-”.- II.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) omite el Recurrente señalar el precepto autorizante; b) insta, en la explicación del motivo, la revisión del material probatorio lo cual es vedado en este recurso extraordinario de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) omite explicar de que forma el sentenciador interpreto erróneamente la disposición señalada como violada y cual seria la interpretación correcta de la misma.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días del mes de marzo del dos mil catorce; certificación del auto de fecha dieciocho de febrero del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 104-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL