Sentencia CA726-12 — Registro 2376
Resumen
En segunda instacia se revoca parcialmente la de primera instancia en cuanto al numeral Primero, en el sentido de no reconocerle las prestaciones laborales concedidas por el a-quo, por no corresponderle
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta sus cuatro motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO:La Casación se basa en el artículo 719 numeral 2; del Código Procesal Civil, consistente en la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. La Sentencia de Segunda Instancia y, que es motivo de impugnación se basó en que supuestamente fueron violados los presupuestos y procedimientos establecidos en la Ley de Servicio Civil y el Reglamento a la Ley de Servicio Civil, para proceder a la cancelación de la demandante, siendo expresamente y claramente establecido en el texto del mismo acuerdo que su cargo es de PUESTOEXCLUIDO, tal y como se puede observar en el contenido del precitado acuerdo, al no haberse observado el procedimiento para proceder a su cancelación, ignorando la Honorable Corte de Apelaciones y el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo que la demandante no estaba protegida por una Ley especial pues el cargo que ocupaba era de Subdirectora de la Dirección de Servicio Civil, cargo que depende de la Secretaria de Estado en el Despacho Presidencial, tal como consta en el acuerdo No. 064/DP/2009, de fecha 11 de agosto del año 2009, siendo este un PUESTO EXCLUIDO tal como lo expresa el contenido del mismo acuerdo de nombramiento, por lo tanto lo solicitado por la ahora demandante sin ninguna duda esta fuera de lugar, por no corresponderle ningún derecho en base a Ley, ya que el acuerdo de cancelación fue emitido por la autoridad correspondiente de acuerdo a las normas establecidas en nuestras leyes, en este sentido no se le deben reconocer ciertos derechos tal como se señala en las sentencias antes referidas, por lo que resulta claro Honorables Señores Magistrados que la señora MERLE ENID LAITANO BARAHONA, al ser notificada de su cancelación tal como se señala en los documentos del proceso, ella consintió el acto administrativo, mismo que es el acuerdo de cancelación por lo tanto un acto firme parala Administración Pública. Asimismo, queda comprobado que la Administración Publica, actuó apegado irrestrictamente al derecho, ya que el cargo que ella ocupaba es de libre nombramiento y remoción por lo que resulta inexplicable dicho reclamo judicial, por lo manifestado anteriormente”.- II.- Pero es el caso que el Censor en su primer motivo de casación comete los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) no le indica al Tribunal con claridad y precisión si la infracción se produjo por la falta de aplicación, por la aplicación indebida o por la interpretación errónea de la ley, cuando deviene obligado hacerlo de forma separada e independiente; y, b) es totalmente omiso de indicar la norma de derecho empleada para la solución del fondo del litigio, faltando así a la técnica casacional que impera en este recurso.- III.- El Infirmante en el segundo motivo de casación establece lo siguiente: “En cuanto al segundo motivo y al tenor de lo que dispone el Articulo 31 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que establece: “No se admitirá la Acción Contencioso Administrativo respecto de: Los Actos Firmes, es decir aquellos que no hayan sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos, así como los que sean reproducción de otros anteriores ya definitivos y firmes.” Además y de acuerdo a lo que preceptúa el artículo 80 de la Leyde la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que dice: Se declarara la inadmisibilidad en los casos siguientes, apreciados de oficio por el Juez: a)...b)...;c) Que tuviera por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa, al tenor del articulo 31.- Y en vista de tener pleno conocimiento que la ahora demandante fue nombrada en el cargo Sub-Directora dela Dirección de Servicio Civil dependiente de la Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia, en tal sentido rechazamos en lo que se refiere a la nulidad del acto, así como se ha mencionado anteriormente su cargo es de libre nombramiento y remoción por parte de la autoridad correspondiente”.-“.- En cuanto a lo expuesto por el Recurrente en su segundo motivo conlleva a la no prosperidad del mismo ya que se dedica a alegar una causal de inadmisibilidad de la acción y no un tipo de infracción a la ley susceptible del recurso de casación. Además omite por completo indicar el precepto autorizante en el cual considera comprendido su motivo de casación. Por las razones expuestas procede desestimar este segundo motivo” En cuanto al tercer motivo el Impetrante arguye lo siguiente: “Que de acuerdo a la pruebas presentadas y evacuadas en su oportunidad, se demostró que efectivamente la parte demandante SeñoraMERLE ENID LAITANO BARAHONA, se les respetaron sus derechos en todo momento en que laboro en dicho cargo, los cuales fueron aceptadas, asimismo las pruebas presentadas y evacuados oportunamente se demostró entre otros, que si efectivamente se realizo inspección a la Dirección de Servicio Civil, como medio de prueba propuesto por nuestra parte, donde se determino que el cargo que ocupa la parte demandante son cargos dependientes o nombrados por la Secretaria de la Presidencia, por lo tanto cargos de confianza y por ende excluidos del Régimen de Servicio Civil, por ser un Cargo establecido en la Ley y que por lo tanto fuera del Régimen de Servicio Civil.”.-VI.- Es de hacerle ver al proponente del recurso que en lo extraordinario del recurso que nos ocupa existe la exclusión de la revisión probatoria y tampoco se podrá instar la revisión de los hechos, solo en casos muy excepcionales. La omisión de indiciar a este Tribunal las normas de derecho violadas, así como el precepto autorizante de este motivo produce su inadmisión.- “ Y en el cuarto y último motivo el Abogado Carranza Polanco propone lo siguiente: “Finalmente queremos manifestar Señores Magistrados que si efectivamente la parte demandante al momento de la cancelación se encontraba en estado de embarazo, como se ha manifestado en varias ocasiones, también es cierto que en ningún momento ni por ninguna circunstancia comprobó que se le hayan violentado sus derechos, ya que la abogada Merle Enid Laitano Barahona, en ningún momento notifico o informe por ninguno de los medios a la autoridad nominadora que estaba embarazada, un hecho que en ese momento era imposible de poder conocer, circunstancia desconocida total y absolutamente por parte de la Autoridad Correspondiente, y no por situaciones que le corresponden a dicha Secretaria de Estado, sino mas bien porque no hubo información o comunicación de parte de la ahora demandante en que se le haya hecho saber a mi representada su estado de gravidez ya que como lo hemos dicho en reiteradas circunstancias se actuó apegado a derecho y no podía suponer tal hecho pues para poderlo comprobar tuvo que haber informado a su patrón sobre tal circunstancia, ya que la parte actora o demandante era a quien le correspondía probar lo que pedía, por lo tanto le correspondía la carga de la prueba, en ese sentido queremos manifestar que no se comprobó nada en el proceso es por tal razón el motivo del Recurso de Casación, por no estar conforme con el mismo fallo, para que ustedes honorables magistrados, puedan verter un pronunciamiento apegado a derecho y en base a lo que se acredito y no se acredito en la presente acción. La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al momento de emitir el fallo, motivo de esta Casación, no valoro así como tampoco lo hizo el Juzgado de Primera Instancia, pues se probó, que efectivamente se trata de un Puesto fuera de Servicio Civil, por lo tanto la demandante no está protegida por una Ley especial, como lo es la Ley de Servicio Civil y su Respectivo Reglamento, así como también no haber notificado en legal y debida su estado de embarazo, Honorables Magistrados, en tal sentido nos parece inaceptable que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, hiciera no valorara ni apreciara lo que señala el Artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que dice. Se declarara la inadmisibilidad en los casos siguientes, apreciados de oficio por el Juez, a)....b)....; c) Que tuviera por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa, al tenor del artículo 31, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- Además queremos señalar que el cargo que ocupaba la hoy demandante en el mismo son cargos dependientes o nombrados por la Secretaria de la Presidencia por lo tanto cargos de confianza excluidos del Régimen de Servicio Civil y establece en el mismo que son cargos de confianza en base al numeral 3 de la Ley de Servicio Civil, ya que señala taxativamente lo siguiente: ARTICULO 3: Las Disposiciones de esta Ley “NO”serán aplicables a los siguientes servidores públicos: a)… b) Al “PERSONAL” de la Secretaría General de la Presidencia de la Republica, y a los demás servidores que desempeñen cargos de confianza personal del Presidente de la República”, de acuerdo a esto, TODO EL PERSONAL, que labora para la Secretaría General de la Presidencia de la Republica, son TAXATIVAMENTE EXCLUIDOS del Régimen de Servicio Civil, y siendo que quedo debidamente demostrado que la demandante prestó sus servicios en el cargo de Sub-Directora de la Dirección de Servicio Civil, cargo que depende de la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, por lo tanto no le comprende su conocimiento, tal y como se ha dejado completamente claro y desarrollado en el presente recurso”.-“ El cargo en la forma expuesta no esta llamado a prosperar ya que no se le señala a este Tribunal ningún tipo de violación, el Censor no enmarca su motivo con una norma autorizante, no señala norma infringida y vuelve a hacer alegatos propios de instancia como las causales de inadmisbilidad de la demanda.- “ En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de abril de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado este último como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO y la Recurrida: Abogada MERLE ENID LAITANO BARAHONA, actuando en causa propia.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad parcial de un acto administrativo de carácter particular en materia personal por no ser el mismo conforme a derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y como medida para el pleno restablecimiento, se ordene el reintegro al cargo, pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que se produzcan en la secuela del juicio, y las costas, promovida por la Abogada MERLE ENID LAITANO BARAHONA, actuando en causa propia, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que fue nombrada en el cargo de Sub Directora de la Dirección General de Servicio Civil dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial a partir del 12 de agosto del año 2009; que en fecha 5 de julio de 2010, fue cancelada del cargo que venia desempeñando la demandante, violentando de esta manera el artículo 128 numeral 11 de la Constitución de la República, ya que la demandante se encontraba en estado de embarazo, hecho comprobado fehacientemente con la certificación médica y demás documentos que se acompañan.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, contestó dicha demanda señalando que la relación que existió con la demandante, se originó mediante Acuerdo de Nombramiento, el servicio que desempeñaba como Sub-Directora, es clasificado dentro del Servicio Excluido y en consecuencia no se encuentra amparado por el Régimen de Servicio Civil, de manera que no necesita invocarse ninguna causal de las establecidas en la Ley de Servicio Civil, para procede a la cancelación de un empleado que ocupe uno de los puestos de libre nombramiento y remoción por parte de la autoridad, lo que explica que en ningún momento se le pudieron violentar a la demandante derechos o garantías constitucionales; que en ningún momento la demandante notificó su estado de gravidez, por lo que ese extremo ha sido del total desconocimiento de las autoridades de la Secretaría del Despacho Presidencial y la Dirección General del Servicio Civil.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de octubre de dos mil once, dictó sentencia declarando parcialmente procedente la acción promovida por la Abogada señora Merle Enid Laitano Barahona en el único sentido de reconocerle las prestaciones laborales y los salarios dejados de percibir desde la fecha de la ilegal cancelación hasta el post parto, no se reconoce el reintegro como situación jurídica individualizada por estar acreditado que su cargo es de servicio excluido, por lo que la protección constitucional terminó al momento de llegar a término su embarazo; condenando al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial al pago a favor de la demandante los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que haya terminado su embarazo (post parto) más los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimotercer mes, decimocuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder si los hubiere dentro de su estado de gravidez o embarazo, sin costas; bajo el criterio que de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, específicamente el artículo 3, el cual ya establece las disposiciones de esta ley en cuanto no será aplicable a los servidores públicos y específicamente el literal f) que habla de los directores y sub directores generales que es el caso que nos ocupa ya que ha quedado acreditado en autos que la demandante fungió como Sub directora de la Dirección General de Servicio Civil relacionado con el articulo 9 del reglamento de la Ley de Servicio Civil, no obstante también ha quedado acreditado en autos que la demandante se encontraba en estado de embarazo y de acuerdo al articulo 128 constitucional numeral 11 establece “la mujer tiene derecho a descanso antes y después del parto, sin perdida de su trabajo ni de su salario; el periodo de lactancia tendrá derecho a un descanso por día para amamantar a sus hijos; el patrono no podrá dar por terminado el contrato de trabajo de la mujer grávida ni después del parto sin comprobar previamente una causa justa ante juez competente, en los casos y condiciones que señale la ley” habiéndose violentado en el presente caso un derecho constitucional por parte de la Secretaria de Estado del Despacho Presidencial.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha treinta y uno de mayo de dos mil doce, dictó sentencia revocando parcialmente la de primera instancia en cuanto al numeral Primero, en el sentido de no reconocerle las prestaciones laborales concedidas por el a-quo, por no corresponderle y confirmando todo lo demás de la sentencia apelada así como su aclaración, sin costas; bajo el criterio que el artículo 128 numeral 11 de nuestra Constitución relata que las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. La mujer tiene derecho a descanso antes y después del parto, sin pérdida de su trabajo ni de su salario. En el período de lactancia tendrá derecho a un descanso por día para amamantar a sus hijos. El patrono no podrá dar por terminado el contrato de trabajo de la mujer grávida ni después del parto, sin comprobar previamente una causa justa ante juez competente, en los casos y condiciones que señale la Ley; que en cuanto a las prestaciones concedidas por el Juez A-Quo, las mismas no le corresponden, en vista de que el cargo que desempeñaba la demandante es excluido del régimen de Servicio Civil.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogado OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO, presentó en fecha veintitrés de julio de dos mil doce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal contra la sentencia dictada en fecha treinta y uno de mayo de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 138-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.463-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha veinticuatro de julio de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- La Abogada MERLE ENID LAITANO BARAHONA, actuando en causa propia, en su condición de parte demandante, presentó en fecha catorce de agosto de dos mil doce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante éste alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha veintiocho y veintinueve de agosto de dos mil doce, los Abogados OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO y MERLE ENID LAITANO BARAHONA, respectivamente.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los Abogados OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO y MERLE ENID LAITANO BARAHONA, presentaron escrito en fecha treinta de agosto y cinco de septiembre de dos mil doce, personándose en concepto de parte Recurrente y recurrida respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta sus cuatro motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO: La Casación se basa en el artículo 719 numeral 2; del Código Procesal Civil, consistente en la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. La Sentencia de Segunda Instancia y, que es motivo de impugnación se basó en que supuestamente fueron violados los presupuestos y procedimientos establecidos en la Ley de Servicio Civil y el Reglamento a la Ley de Servicio Civil, para proceder a la cancelación de la demandante, siendo expresamente y claramente establecido en el texto del mismo acuerdo que su cargo es de PUESTO EXCLUIDO, tal y como se puede observar en el contenido del precitado acuerdo, al no haberse observado el procedimiento para proceder a su cancelación, ignorando la Honorable Corte de Apelaciones y el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo que la demandante no estaba protegida por una Ley especial pues el cargo que ocupaba era de Subdirectora de la Dirección de Servicio Civil, cargo que depende de la Secretaria de Estado en el Despacho Presidencial, tal como consta en el acuerdo No. 064/DP/2009, de fecha 11 de agosto del año 2009, siendo este un PUESTO EXCLUIDO tal como lo expresa el contenido del mismo acuerdo de nombramiento, por lo tanto lo solicitado por la ahora demandante sin ninguna duda esta fuera de lugar, por no corresponderle ningún derecho en base a Ley, ya que el acuerdo de cancelación fue emitido por la autoridad correspondiente de acuerdo a las normas establecidas en nuestras leyes, en este sentido no se le deben reconocer ciertos derechos tal como se señala en las sentencias antes referidas, por lo que resulta claro Honorables Señores Magistrados que la señora MERLE ENID LAITANO BARAHONA, al ser notificada de su cancelación tal como se señala en los documentos del proceso, ella consintió el acto administrativo, mismo que es el acuerdo de cancelación por lo tanto un acto firme para la Administración Pública. Asimismo, queda comprobado que la Administración Publica, actuó apegado irrestrictamente al derecho, ya que el cargo que ella ocupaba es de libre nombramiento y remoción por lo que resulta inexplicable dicho reclamo judicial, por lo manifestado anteriormente”.- II.- Pero es el caso que el Censor en su primer motivo de casación comete los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) no le indica al Tribunal con claridad y precisión si la infracción se produjo por la falta de aplicación, por la aplicación indebida o por la interpretación errónea de la ley, cuando deviene obligado hacerlo de forma separada e independiente; y, b) es totalmente omiso de indicar la norma de derecho empleada para la solución del fondo del litigio, faltando así a la técnica casacional que impera en este recurso.- III.- El Infirmante en el segundo motivo de casación establece lo siguiente: “En cuanto al segundo motivo y al tenor de lo que dispone el Articulo 31 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que establece: “No se admitirá la Acción Contencioso Administrativo respecto de: Los Actos Firmes, es decir aquellos que no hayan sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos, así como los que sean reproducción de otros anteriores ya definitivos y firmes.” Además y de acuerdo a lo que preceptúa el artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que dice: Se declarara la inadmisibilidad en los casos siguientes, apreciados de oficio por el Juez: a)...b)...;c) Que tuviera por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa, al tenor del articulo 31.- Y en vista de tener pleno conocimiento que la ahora demandante fue nombrada en el cargo Sub-Directora de la Dirección de Servicio Civil dependiente de la Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia, en tal sentido rechazamos en lo que se refiere a la nulidad del acto, así como se ha mencionado anteriormente su cargo es de libre nombramiento y remoción por parte de la autoridad correspondiente”.- IV.- En cuanto a lo expuesto por el Recurrente en su segundo motivo conlleva a la no prosperidad del mismo ya que se dedica a alegar una causal de inadmisibilidad de la acción y no un tipo de infracción a la ley susceptible del recurso de casación. Además omite por completo indicar el precepto autorizante en el cual considera comprendido su motivo de casación. Por las razones expuestas procede desestimar este segundo motivo.- V.- En cuanto al tercer motivo el Impetrante arguye lo siguiente: “Que de acuerdo a la pruebas presentadas y evacuadas en su oportunidad, se demostró que efectivamente la parte demandante Señora MERLE ENID LAITANO BARAHONA, se les respetaron sus derechos en todo momento en que laboro en dicho cargo, los cuales fueron aceptadas, asimismo las pruebas presentadas y evacuados oportunamente se demostró entre otros, que si efectivamente se realizo inspección a la Dirección de Servicio Civil, como medio de prueba propuesto por nuestra parte, donde se determino que el cargo que ocupa la parte demandante son cargos dependientes o nombrados por la Secretaria de la Presidencia, por lo tanto cargos de confianza y por ende excluidos del Régimen de Servicio Civil, por ser un Cargo establecido en la Ley y que por lo tanto fuera del Régimen de Servicio Civil.”.- VI.- Es de hacerle ver al proponente del recurso que en lo extraordinario del recurso que nos ocupa existe la exclusión de la revisión probatoria y tampoco se podrá instar la revisión de los hechos, solo en casos muy excepcionales. La omisión de indiciar a este Tribunal las normas de derecho violadas, así como el precepto autorizante de este motivo produce su inadmisión.- VII.- Y en el cuarto y último motivo el Abogado Carranza Polanco propone lo siguiente: “Finalmente queremos manifestar Señores Magistrados que si efectivamente la parte demandante al momento de la cancelación se encontraba en estado de embarazo, como se ha manifestado en varias ocasiones, también es cierto que en ningún momento ni por ninguna circunstancia comprobó que se le hayan violentado sus derechos, ya que la abogada Merle Enid Laitano Barahona, en ningún momento notifico o informe por ninguno de los medios a la autoridad nominadora que estaba embarazada, un hecho que en ese momento era imposible de poder conocer, circunstancia desconocida total y absolutamente por parte de la Autoridad Correspondiente, y no por situaciones que le corresponden a dicha Secretaria de Estado, sino mas bien porque no hubo información o comunicación de parte de la ahora demandante en que se le haya hecho saber a mi representada su estado de gravidez ya que como lo hemos dicho en reiteradas circunstancias se actuó apegado a derecho y no podía suponer tal hecho pues para poderlo comprobar tuvo que haber informado a su patrón sobre tal circunstancia, ya que la parte actora o demandante era a quien le correspondía probar lo que pedía, por lo tanto le correspondía la carga de la prueba, en ese sentido queremos manifestar que no se comprobó nada en el proceso es por tal razón el motivo del Recurso de Casación, por no estar conforme con el mismo fallo, para que ustedes honorables magistrados, puedan verter un pronunciamiento apegado a derecho y en base a lo que se acredito y no se acredito en la presente acción. La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al momento de emitir el fallo, motivo de esta Casación, no valoro así como tampoco lo hizo el Juzgado de Primera Instancia, pues se probó, que efectivamente se trata de un Puesto fuera de Servicio Civil, por lo tanto la demandante no está protegida por una Ley especial, como lo es la Ley de Servicio Civil y su Respectivo Reglamento, así como también no haber notificado en legal y debida su estado de embarazo, Honorables Magistrados, en tal sentido nos parece inaceptable que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, hiciera no valorara ni apreciara lo que señala el Artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que dice. Se declarara la inadmisibilidad en los casos siguientes, apreciados de oficio por el Juez, a)....b)....; c) Que tuviera por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa, al tenor del artículo 31, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- Además queremos señalar que el cargo que ocupaba la hoy demandante en el mismo son cargos dependientes o nombrados por la Secretaria de la Presidencia por lo tanto cargos de confianza excluidos del Régimen de Servicio Civil y establece en el mismo que son cargos de confianza en base al numeral 3 de la Ley de Servicio Civil, ya que señala taxativamente lo siguiente: ARTICULO 3: Las Disposiciones de esta Ley “NO” serán aplicables a los siguientes servidores públicos: a)… b) Al “PERSONAL” de la Secretaría General de la Presidencia de la Republica, y a los demás servidores que desempeñen cargos de confianza personal del Presidente de la República”, de acuerdo a esto, TODO EL PERSONAL, que labora para la Secretaría General de la Presidencia de la Republica, son TAXATIVAMENTE EXCLUIDOS del Régimen de Servicio Civil, y siendo que quedo debidamente demostrado que la demandante prestó sus servicios en el cargo de Sub-Directora de la Dirección de Servicio Civil, cargo que depende de la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, por lo tanto no le comprende su conocimiento, tal y como se ha dejado completamente claro y desarrollado en el presente recurso”.- VIII.- El cargo en la forma expuesta no esta llamado a prosperar ya que no se le señala a este Tribunal ningún tipo de violación, el Censor no enmarca su motivo con una norma autorizante, no señala norma infringida y vuelve a hacer alegatos propios de instancia como las causales de inadmisbilidad de la demanda.- IX.- En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, profiere el presente AUTO y DECLARA: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Abogado OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO, en su condición de apoderado de la parte demandada, en sus cuatro motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de Abril del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha tres de abril del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 726-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL