Sentencia CA72-12 — Registro 2377
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelacion de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que en el Considerando Primero, con respecto al Acuerdo de cancelación No. 088-2007 de fecha 28 de diciembre del año 2007, dictado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad, podemos demostrar que en ningún momento hay infracción del ordenamiento Jurídico, mucho menos exceso de Poder ya que el mismo fue dictado siguiendo las atribuciones que la Ley de Propiedad consigna en su artículo 11 numerales 1, 2 y 7. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c, del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”.
SEGUNDO: En el Considerando Tercero, para proceder a la cancelación de la señora EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO, como dice este Honorable Tribunal no se consulto a la Dirección de Servicio Civil por dos Razones Fundamentales: 1) El Instituto de la Propiedad no se rige por el Régimen de Servicio Civil, si no que por el Reglamento de Personal el cual fue aprobado por el Consejo Directivo de la Institución, según acuerdo No. 037-2005, hecho este que esta Honorable Corte de Apelaciones desconoce al momento de dictar esta sentencia. 2) La cancelación de la señora EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO, fue dictada por la Autoridad Competente en base al DECRETO EJECUTIVO PCM-30-2007, el cual era de aplicación inmediata, no se tenía que observar un procedimiento previo para proceder a la cancelación del puesto de trabajo, ya que el mismo acuerdo claramente establece que era por Razones Económicas Presupuestarias.TERCERO: El Considerando número Cuatro de esta sentencia, no se ajusta a Derecho, pues hasta la saciedad lo hemos repetido y sostenido, que el Instituto de la Propiedad no se RIGE pro la Ley de Servicio Civil, sino que por el Reglamento de Personal que fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedaden fecha 31 de mayo del 2005 según Acuerdo No 037-2005. Con las claras atribuciones que le confiere la Ley de Propiedad. CUARTO: El Considerando número Quinto de esta sentencia, vuelvo y repito que no se ha violado ningún ordenamiento jurídico al momento de cancelar a la ciudadana EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO, mucho menos existió exceso de poder ya que la autoridad que emitió dicho acto lo hizo en estricta observancia a la Ley de Propiedad basándose en las atribuciones que la misma le Ley le confiere para este tipo de actos. QUINTO: El Considerando número Seis de esta sentencia, es muy parco, sin ningún análisis profundo al confirmar la sentencia apelada, hecho este que no es aceptado ya que como se establece en el acuerdo de cancelación dictado por razones estrictamente presupuestarias, por lo consiguiente no cabe un reintegro, sino en todo caso el pago de sus prestaciones, por lo que esperamos que sea rectificado por esta Honorable Corte Suprema de Justicia.
CONCLUSION: Con los medios de prueba aportados y evacuados, con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, se acredito fehacientemente que el abuso de autoridad relacionada en la presente demanda es Inexistente que como consecuencia, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizo causa legal válida, siguiendo el cumplimiento del decreto Ejecutivo No. PCM-30-2007 y lo establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad y la Ley de Propiedad, para la cancelación de los empleados y servidores del Instituto de la Propiedad sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el artículo 14 numeral 3 de la Ley de Propiedad, Artículos 206,207, 208, 719 literal c, del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la Forma y Contenido de la Sentencia.”.- “Que el Censor en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica del recurso de casación, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado, ya que en ninguno de los numerales señala que norma fue infringida faltándole claridad y precisión por tal omisión, incluso, en el acápite que denomina “Conclusión, en el precepto autorizante alude a una nulidad. Además hace referencia al material probatorio, lo cual resulta improcedente de conformidad a lo dispuesto en el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- “ En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes de mayo de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el último como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: Abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA, actuando en su condición de apoderada del Instituto de la Propiedad y el Recurrido: Señora EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO, representada en juicio por la Abogada EDITH GABRIELA DAVILA FONTECHA.- OBJETO DEL PROCESO: Nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, medidas para su restablecimiento como ser el reintegro, pago salarios dejados de percibir y demas derechos, costas, promovida por la señora EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, contra el Instituto de la Propiedad, representado en juicio por la Abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante, en el escrito de su acción manifiesta que prestaba servicios para el Instituto de la Propiedad en el cargo de Auxiliar de Auditoria desde el 18 de julio del 2006, en fecha 28 de diciembre del 2007 se le entregó el acuerdo de cancelación efectivo a parir del 2 de enero del 2008 sin mencionar justa causa de despido o cesantía estipulada, violando el procedimiento a seguir ordenado en la Ley de Servicio Civil.- 2.- La parte demandada, EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contesta la demanda rechazando todo lo que se alega por la parte demandante.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha once de enero del 2012, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, por no ajustarse a Derecho el acto administrativo impugnado, reconoce la situación jurídica individualizada y para el pleno restablecimiento resuelve adoptar el reintegro a la demandante, como auxiliar de auditoria del Instituto de la Propiedad, condenar al mismo al pago en concepto de daños y perjuicios de los salarios dejados de percibir desde la fecha del acuerdo de cancelación hasta que sea restituida en su cargo, mas los incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto y vacaciones, se decreta la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado sustituto, bajo el criterio que al no hacer mención en el reglamento de personal del Instituto de la propiedad sobre la cancelación por cesantía debía seguir lo estipulado en la Ley de Servicio Civil, según lo establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, en consecuencia el acto está viciado de nulidad, por haber sido dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento ordenado en la Ley, no se alegó causa válida ni legal, sin observar las normas y procedimiento establecidos en el reglamento de personal del Instituto de la Propiedad, en su articulo 68 que estipula los casos podrá dar por terminado un nombramiento y se debe seguir el procedimiento establecido en el articulo 71 del mismo reglamento que establece la sanción en la falta grave cometida no habiéndole realizado dicha sanción ni la audiencia de descargo respectiva para defenderse al demandante.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 22 de junio del 2011, dictó sentencia definitiva confirmando la sentencia del A quo, bajo el criterio que el demandado alega como causal de cancelación razones económicas, presupuestarias, basados en el decreto PCM-30-2007, dicho decreto lo único que establece es que todas las plazas vacantes o las que quedaren por cancelación o ascenso deben ser canceladas, lo cual si fue pro razones económicas se debió seguir el procedimiento respectivo de cancelación por cesantía que establece la Ley de Servicio civil y la demandada congelo no cancelo dicha plaza.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA, en fecha trece de septiembre del año dos mil once, escrito de interposición y formalización de recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal contra la Sentencia dictada, en fecha veintidós de junio de dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 157-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el numero Exp. 015-08 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de catorce de septiembre del año dos mil once, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandante, Abogada EDITH GABRIELA DAVILA FONTECHA, en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once, presentó escrito de contestación del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil once, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificada personalmente de dicha resolución en fecha once de enero del año dos mil doce, la Abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA y en fecha diecinueve de enero del dos mil doce, se notifico a la Abogada EDITH GABRIELA DAVILA FONTENCHA, por medio de vía telefónica.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, la Abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA, presentó escrito en fecha dieciséis de enero del dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrente, dentro del término de ley y en fecha nueve de febrero del dos mil doce se le venció el término legal a la recurrida sin haberse personado.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que en el Considerando Primero, con respecto al Acuerdo de cancelación No. 088-2007 de fecha 28 de diciembre del año 2007, dictado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad, podemos demostrar que en ningún momento hay infracción del ordenamiento Jurídico, mucho menos exceso de Poder ya que el mismo fue dictado siguiendo las atribuciones que la Ley de Propiedad consigna en su artículo 11 numerales 1, 2 y 7. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c, del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. SEGUNDO: En el Considerando Tercero, para proceder a la cancelación de la señora EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO, como dice este Honorable Tribunal no se consulto a la Dirección de Servicio Civil por dos Razones Fundamentales: 1) El Instituto de la Propiedad no se rige por el Régimen de Servicio Civil, si no que por el Reglamento de Personal el cual fue aprobado por el Consejo Directivo de la Institución, según acuerdo No. 037-2005, hecho este que esta Honorable Corte de Apelaciones desconoce al momento de dictar esta sentencia. 2) La cancelación de la señora EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO, fue dictada por la Autoridad Competente en base al DECRETO EJECUTIVO PCM-30-2007, el cual era de aplicación inmediata, no se tenía que observar un procedimiento previo para proceder a la cancelación del puesto de trabajo, ya que el mismo acuerdo claramente establece que era por Razones Económicas Presupuestarias. TERCERO: El Considerando número Cuatro de esta sentencia, no se ajusta a Derecho, pues hasta la saciedad lo hemos repetido y sostenido, que el Instituto de la Propiedad no se RIGE pro la Ley de Servicio Civil, sino que por el Reglamento de Personal que fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad en fecha 31 de mayo del 2005 según Acuerdo No 037-2005. Con las claras atribuciones que le confiere la Ley de Propiedad. CUARTO: El Considerando número Quinto de esta sentencia, vuelvo y repito que no se ha violado ningún ordenamiento jurídico al momento de cancelar a la ciudadana EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO, mucho menos existió exceso de poder ya que la autoridad que emitió dicho acto lo hizo en estricta observancia a la Ley de Propiedad basándose en las atribuciones que la misma le Ley le confiere para este tipo de actos. QUINTO: El Considerando número Seis de esta sentencia, es muy parco, sin ningún análisis profundo al confirmar la sentencia apelada, hecho este que no es aceptado ya que como se establece en el acuerdo de cancelación dictado por razones estrictamente presupuestarias, por lo consiguiente no cabe un reintegro, sino en todo caso el pago de sus prestaciones, por lo que esperamos que sea rectificado por esta Honorable Corte Suprema de Justicia. CONCLUSION: Con los medios de prueba aportados y evacuados, con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, se acredito fehacientemente que el abuso de autoridad relacionada en la presente demanda es Inexistente que como consecuencia, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizo causa legal válida, siguiendo el cumplimiento del decreto Ejecutivo No. PCM-30-2007 y lo establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad y la Ley de Propiedad, para la cancelación de los empleados y servidores del Instituto de la Propiedad sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el artículo 14 numeral 3 de la Ley de Propiedad, Artículos 206,207, 208, 719 literal c, del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la Forma y Contenido de la Sentencia.”.- II.- Que el Censor en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica del recurso de casación, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado, ya que en ninguno de los numerales señala que norma fue infringida faltándole claridad y precisión por tal omisión, incluso, en el acápite que denomina “Conclusión, en el precepto autorizante alude a una nulidad. Además hace referencia al material probatorio, lo cual resulta improcedente de conformidad a lo dispuesto en el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- III.- En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA, en su condición de apoderada de la parte demandada. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días del mes de Mayo del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha catorce de Mayo del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 72-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL