Sentencia CA616-12 — Registro 2385
Resumen
En segunda instancia se revoca la sentencia dictada por el juzgado, declarando procedente la acción del demandante en la que se contrae a pedir la declaratoria de ilegalidad y la nulidad de actos administrativos de carácter particular
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que en el Considerando Primero, con respecto al Acuerdo de cancelación No. 088-2007 de fecha 28 de diciembre del año 2007, dictado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad, podemos demostrar que en ningún momento hay infracción del ordenamiento Jurídico, mucho menos exceso de Poder ya que el mismo fue dictado siguiendo las atribuciones que la Ley de Propiedad consigna en su artículo 11 numerales 1, 2 y 7. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c, del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”.
SEGUNDO: En el Considerando Tercero, para proceder a la cancelación de la señora EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO, como dice este Honorable Tribunal no se consulto a la Dirección de Servicio Civil por dos Razones Fundamentales: 1) El Instituto de la Propiedad no se rige por el Régimen de Servicio Civil, si no que por el Reglamento de Personal el cual fue aprobado por el Consejo Directivo de la Institución, según acuerdo No. 037-2005, hecho este que esta Honorable Corte de Apelaciones desconoce al momento de dictar esta sentencia. 2) La cancelación de la señora EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO, fue dictada por la Autoridad Competente en base al DECRETO EJECUTIVO PCM-30-2007, el cual era de aplicación inmediata, no se tenía que observar un procedimiento previo para proceder a la cancelación del puesto de trabajo, ya que el mismo acuerdo claramente establece que era por Razones Económicas Presupuestarias.TERCERO: El Considerando número Cuatro de esta sentencia, no se ajusta a Derecho, pues hasta la saciedad lo hemos repetido y sostenido, que el Instituto de la Propiedad no se RIGE pro la Ley de Servicio Civil, sino que por el Reglamento de Personal que fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedaden fecha 31 de mayo del 2005 según Acuerdo No 037-2005. Con las claras atribuciones que le confiere la Ley de Propiedad. CUARTO: El Considerando número Quinto de esta sentencia, vuelvo y repito que no se ha violado ningún ordenamiento jurídico al momento de cancelar a la ciudadana EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO, mucho menos existió exceso de poder ya que la autoridad que emitió dicho acto lo hizo en estricta observancia a la Ley de Propiedad basándose en las atribuciones que la misma le Ley le confiere para este tipo de actos. QUINTO: El Considerando número Seis de esta sentencia, es muy parco, sin ningún análisis profundo al confirmar la sentencia apelada, hecho este que no es aceptado ya que como se establece en el acuerdo de cancelación dictado por razones estrictamente presupuestarias, por lo consiguiente no cabe un reintegro, sino en todo caso el pago de sus prestaciones, por lo que esperamos que sea rectificado por esta Honorable Corte Suprema de Justicia.
CONCLUSION: Con los medios de prueba aportados y evacuados, con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, se acredito fehacientemente que el abuso de autoridad relacionada en la presente demanda es Inexistente que como consecuencia, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizo causa legal válida, siguiendo el cumplimiento del decreto Ejecutivo No. PCM-30-2007 y lo establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad y la Ley de Propiedad, para la cancelación de los empleados y servidores del Instituto de la Propiedad sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el artículo 14 numeral 3 de la Ley de Propiedad, Artículos 206,207, 208, 719 literal c, del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la Forma y Contenido de la Sentencia.”.- “Que el Censor en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica del recurso de casación, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado, ya que en ninguno de los numerales señala que norma fue infringida faltándole claridad y precisión por tal omisión, incluso, en el acápite que denomina “Conclusión, en el precepto autorizante alude a una nulidad. Además hace referencia al material probatorio, lo cual resulta improcedente de conformidad a lo dispuesto en el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- “ En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de mayo del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), representado en juicio por el Abogado CESAR AUGUSTO GIRON LANZA y el Recurrido: La señora MARIA VICTORIA BAQUEDANO S., en representación de sus mejores hijos ANGEL MAURICIO, MARIELA DAGSARI, RICARDO ANTONIO, YANORI ELIZABETH Y JARVIN ALEXANDER, todos de apellidos VASQUEZ VAQUEDANO, representado en juicio por el Abogado EFRAIN FLORES HERNANDEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Que el demandante se contrae a pedir la declaratoria de ilegalidad y la nulidad de actos administrativos de carácter particular, que declaran sin lugar el reclamo administrativo de indemnización de daños y perjuicios causados por la muerte del señor RICARDO ANTONIO VASQUEZ, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado EFRAIN FLORES HERNANDEZ, quién actúa en su condición de apoderado de la señora MARIA VICTORIA BAQUEDANO S., en representación de sus mejores hijos ANGEL MAURICIO, MARIELA DAGSARI, RICARDO ANTONIO, YANORI ELIZABETH Y JARVIN ALEXANDER, todos de apellidos VASQUEZ VAQUEDANO, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), representado en juicio por el Abogado CESAR AUGUSTO GIRON LANZA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifiesta que el señor Ricardo Antonio Vásquez Martínez, se encontraba en casa de su señora madre y cuando se dispuso a cortar las ramas de un árbol de nance que rozada con la línea primaria de un tendido de eléctrico que sobre el árbol pasaba, lo que ocasionaba muchas chispas temiendo quemara su casa. Por tal razón tomó la determinación de cortar las referidas ramas, con la fatalidad de morir electrocutado. Expone el Apoderado demandante que la muerte del señor Ricardo Antonio Vasquez Martinez, se debió a la negligencia e irresponsabilidad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Choluteca, a través de sus empleados y trabajadores por no tomar las medidas de seguridad adecuadas y haber evitado que este hecho sufriera consecuencias lamentables al no darle mantenimiento al árbol, cuando dichas ramas rozaban los cables por donde estos pasaban.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), manifiesta que no tiene ninguna responsabilidad en las causas que originaron la muerte del señor Ricardo Antonio Vásquez Martinez, ya que si bien es cierto tiene la obligación de darle mantenimiento a las líneas de conducción de energía eléctrica en cuanto a podar las ramas de los árboles que rocen las mismas, no es menos cierto que existe prohibición de sembrar plantaciones que perturben o dañen dichas líneas, mucho menos sembrar árboles que pongan en peligro la vida de los mismos habitantes del predio que tengan una servidumbre de Eléctroducto; por lo que la ENEE no tiene ninguna responsabilidad en su muerte, ya que fue por su propia negligencia o quizás ignorancia al no percatarse de las consecuencias que le acarrearía el hecho de subirse a cortar las ramas de un árbol, sin ninguna protección que lo aislara del arco energizado como de la humedad del suelo.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 11 de abril del 2011, dictó sentencia definitiva declarando IMPROCEDENTE la Acción y Confirma los actos administrativos impugnados por estar ajustados a derecho y exime a la demandada, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE, a pagar los conceptos reclamados por el demandante en cuanto se refieren a INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS; bajo el criterio que es un hecho aceptado por la parte demandada que es obligación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica darle el mantenimiento a la línea de conducción de energía, en cuanto a se refiere al corte de las ramas que rozan con los cables de energía; y si es así, no se entiende como un ciudadano sin los conocimiento técnicos mínimos requeridos, pueda relevar a los técnicos de la Estatal Eléctrica en dicha función que obviamente lleva un altísimo riesgo de sufrir quemaduras, y en caso extremo la muerte, como la sucedida al señor Ricardo Antonio Vásquez. Asimismo, no se justifica que el ciudadano Ricardo Antonio Vásquez, si consideraba que el contacto de las ramas de un árbol con las líneas de conducción eléctrica podrían amenazar con incendiar la casa de su señora madre, no denunció esa situación a las autoridades de la ENEE, para que procedieran a hacer las enmiendas técnicas del caso; situación que no se aprecia ni en el expediente administrativo ni en el judicial. Tal omisión del señor Ricardo Antonio Vásquez, que junto con su decisión de cortar él mismo las ramas del árbol, exonera de responsabilidad a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en el suceso que a la postre lo costó la vida.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 15 de agosto del 2011, dictó sentencia definitiva declarando Con Lugar el Recurso de Apelación, REVOCAR la Sentencia Definitiva de merito, y declarar PROCEDENTE la acción incoada por la señora MARIA VICTORIA BAQUEDANO S. en representación de sus menores hijos ANGEL MAURICIO, MARIELA DAGSARI, RICARDO ANTONIO, YANORY ELIZABETH Y JARVIN ALEXANDER, todos de apellidos VASQUEZ BAQUEDANO, y en consecuencia anular los actos administrativos que han dado origen a la presente demanda por no estar dictados conforme a derecho y como Reconocimiento de la Situación Jurídica Individualizada, condenar al Estado de Honduras a través de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) a pagar a la demandante en concepto de Indemnización por Daños y Perjuicios por la cantidad de TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRSCIENTOS ONCE LEMPIRAS (L.13.572.311.00) en concepto de daños y perjuicios, sin costas; bajo el criterio que la parte demandada (ENEE) ha reconocido expresamente que dentro de sus obligaciones se encuentra darle mantenimiento a las líneas de conducción de energía eléctrica; y en cuanto a podar las ramas que rocen los cables..., precisamente el mantenimiento consiste en supervisar por medio de los técnicos de la ENEE, que los árboles no hagan contacto con esas líneas, y en cuanto a la prohibición de sembrar plantaciones, el demandado no probó que después de instaladas las líneas fue sembrado el árbol de nance dentro de la propiedad privada de la madre del hoy occiso, para que la infracción a la prohibición sea atribuible al Señor Ricardo Antonio Martínez Vásquez. Que si la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) hubiese cumplido con la obligación de dar mantenimiento adecuado a las líneas de conducción de energía eléctrica, las ramas del árbol jamás hubiesen entrado en contacto con dichas líneas, y el señor Martínez Vásquez no sustituyó las funciones de los técnicos de la estatal eléctrica, simplemente trató de evitar el incendio que se hubiese producido a consecuencia de las chispas que expedían las líneas conductoras de electricidad que estaban en contacto con el árbol.- Además el señor Martínez Vásquez no estaba en su casa de habitación sino de visita en la casa de su madre, por lo tanto no tenía conocimiento de la falla que existía, no siendo tampoco obligación del usuario detectar dicha falla, sino como admite la demandada: “ES OBLIGACION DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DAR MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DE CODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA”.- 5.- La representación procesal de la demandada, el Abogado CESAR AUGUSTO GIRON LANZA, en su condición de apoderado de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), presentó con fecha 4 de octubre del 2011, escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia de fecha 15 de agosto del 2011, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 208-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número Exp. 040-09 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha 28 de octubre del 2011, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto en tiempo y forma el presente Recurso de Casación, y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- Que mediante providencia de fecha 10 de enero del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, se declaró tener por pronunciado en tiempo y forma sobre la formalización del recurso de casación presentado por el Abogado EFRAIN FLORES HERNANDEZ, en su condición de apoderado recurrido y a la vez ordenó remitir a las partes las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificada a ambas partes dicha resolución como parte demandante, Abogado EFRAIN FLORES HERNANDEZ, en fecha 3 de febrero de 2012 y a la parte demandada, Abogado CESAR AUGUSTO GIRON LANZA, en fecha 15 de febrero de 2012.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado EFRAIN FLORES HERNANDEZ, en su condición de apoderado parte demandante, presentó escrito de personamiento en fecha 10 de febrero del 2012, en concepto de parte recurrida, y el Abogado CESAR AUGUSTO GIRON LANZA, personándose en concepto de parte recurrente en fecha 21 de febrero del 2012.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que revisada la resolución recurrida proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional de fecha 15 de Agosto del 2011, visible a folios 13 al 17 de la segunda pieza, donde revoca la de primera instancia, aparece que la misma ha sido dictada durante la vigencia del Código Procesal Civil, por lo cual el Tribunal ad-quem estaba obligado a resolver conforme lo señalado en los artículos 79 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 200, 206, 207, 208 y 245 del Código anteriormente citado, es decir, debió analizar y valorar la prueba propuesta y practicada en el proceso, explicar y motivar las razones que lo llevaron a tomar la decisión, determinar los fundamentos legales en que basa la condena impuesta, como la cuantificación de la misma, entre otros.- II.- Que la Corte recurrida impone en dicho fallo como condena a la parte demandada, el pago de una indemnización por daños y perjuicios, sin explicar de donde surge el monto que por esos conceptos le impone; si bien hace mención a la Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico y su Reglamento, para indicar únicamente que dichos ordenamientos establecen “…las normas a seguir para proteger la Seguridad de las personas y de sus bienes cuando estos usuarios del Servicio Eléctrico o cuando sin serlo pueden ser afectados por las instalaciones de dicho servicio”, no cita ni precisa las disposiciones aplicables de dichos textos jurídicos y que se encuentren relacionadas con el asunto sometido a su consideración, en este caso concreto que el señor Martínez Vásquez no estaba en su casa de habitación sino de visita en la casa de su madre y no se denunció esa situación a las autoridades de la ENEE para hacer las enmiendas técnicas del caso.- III.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IV.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- VII.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, procede anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 82, 90 párrafo primero, 303 reformado, 304 reformado, 313 ordinal numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 22, 193, 200, 206, 207, 208 y 245 del Código Procesal Civil; 35 párrafo segundo, 89 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, de fecha 15 de agosto del 2011, visible a folios trece (13) al diecisiete (17) de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de Mayo del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha siete de Mayo del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 616-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL