Sentencia CA615-12 — Registro 2365
Resumen
En primera instancia se decalara procedente la acción interpuesta por el demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto el Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “La Casación se basa en el artículo 719 numeral 2; Consistente en la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. La Sentencia de Segunda Instancia y, que es motivo de impugnación se basó en que supuestamente fueron violados los presupuestos y procedimientos establecidos en la Ley de Servicio Civil, para proceder a la cancelación de la demandante, al no haberse seguido procedimiento para proceder a su cancelación, olvidando la Honorable de Apelaciones y el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo que la demandante en ningún momento acredito su condición de Servidora Pública, de acuerdo a como lo señala La Ley de Servicio Civil y, su Reglamento, debido a que no consta en ningún momento que la misma haya ingresado al sistema, ya que tanto para su nombramiento como para su cancelación, no se llevó a cabo procedimiento alguno pues se trata de un Puesto considerado desde el punto de vista de la Ley, como Excluido. La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al momento de emitir el fallo, motivo de esta Casación, no valoro así como tampoco lo hizo el Juzgado de Primera Instancia, pues se probó hasta la saciedad, que efectivamente se trata de un Puesto fuera de Servicio Civil, por lo tanto la demandante no está protegida por la Leyespecial, como lo es la Ley de Servicio Civil y su Respectivo Reglamento, Honorables Magistrados, como es posible que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, y la Corte de Apelaciones hiciera una mala apreciación de lo que señala el Articulo número 3 de la Ley de Servicio Civil, ya que señala taxativamente lo siguiente: ARTICULO 3: Las Disposiciones de esta Ley “NO” serán aplicables a los siguientes servidores públicos: a) b) Al “PERSONAL” de la Secretaría General de la Presidencia de la Republica, y a los demás servidores que desempeñen cargos de confianza personal del Presidente de la República”, de acuerdo a esto, TODO EL PERSONAL, que labora para la Secretaría General de la Presidencia de la Republica, sonTAXATIVAMENTE EXCLUIDOS del Régimen de Servicio Civil, y siendo que quedo debidamente demostrado que la demandante laboro para la Comisión Presidencial de Modernización del Estado, institución ya derogada y que estuvo adscrita directamente a la Secretaría del Despacho Presidencial, por lo tanto no le comprende su conocimiento, tal y como se ha dejado completamente claro y desarrollado en el presente caso, así mismo se encuentra agregado en el expediente judicial de mérito el “DECRETO LEGISLATIVO número 286-2009, publicado en el Diario Oficial “LA GACETA”, bajo el número 32,129 de fecha 02 de Febrero de 2010, Contentivo de la Ley para el Establecimiento de una Visión de País yla Adopción de un Plan de Nación para Honduras y, como ya se manifestó tanto en el Acuerdo de Nombramiento como en el de Cancelación los cuales son contundentes, en el sentido que la demandante presto sus servicios para la Comisión Presidencial para la Modernización del Estado y, esta dependencia fue derogada por Ley, mediante el artículo 40 del Decreto Legislativo antes enunciado, así mismo deroga el decreto 190-91 de fecha 11 de Diciembre de 1991 contentivo de la Ley para la Modernización del Estado, por lo cual este extremo ha sido de vital importancia en el presente caso y el cual al momento de dictarse la Sentencia Definitiva que se conocerá en Apelación no se consideró y se ordenó un IMPROCEDENTE REINTEGRO, en un puesto INEXISTENTE”.-“Que en cuanto al único motivo expuesto por el Recurrente, el mismo resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) no señala las disposiciones violadas por el juzgador; b) tampoco es preciso en el concepto de la infracción, ya que no determina si es por la falta, indebida aplicación o la interpretación errónea de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio; y, c) en su explicación hace referencia al material probatorio y la valoración del mismo, lo cual no es permitido conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- “ Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido dicho precepto en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cinco días del mes de marzo del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL representado en juicio por el Abogado EDWIN NATAN PINTO FLORES.- OBJETO DEL PROCESO: Que el demandante se contrae a pedir se declare la nulidad de una acto administrativo, la cancelación ilegal e injustificada de que fue objeto sin que se le pagaran los derechos e indemnizaciones laborales, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas para su restablecimiento se adopte el reintegro pago en concepto de salarios dejados de percibir por ser nulo el acto administrativo y costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de mayo del dos mil diez por la señora GUMERCINDA ROSADO CRUZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción que inicio su relación de trabajo con el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, en fecha 28 de mayo del 2010, en el puesto de aseadora, fue cancelada mediante acuerdo 070-A-DP-2010 de fecha 10 de mayo del dos mil diez, considerando que se han violentado normas procedimentales. SOLICITA: se declare la nulidad de una acto administrativo, la cancelación ilegal e injustificada de que fue objeto sin que se le pagaran los derechos e indemnizaciones laborales, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas para su restablecimiento se adopte el reintegro pago en concepto de salarios dejados de percibir por ser nulo el acto administrativo y costas del juicio.- 2.- La parte demandada el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, contestó señalando que acepta parcialmente los hechos de la demanda alegando en su defensa que no se ha establecido en el acuerdo que este haya sido por tiempo indeterminado, y que la demandante se desempeñaba en un puesto excluido por lo que la permanencia de la citada en el mismo quedaba a discrecionalidad de la autoridad nominadora.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva en fecha treinta de septiembre del dos mil once, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por la Señora GUMERCINDA ROSADO CRUZ, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación numero 070-A-DP-2010, de fecha 6 de mayo del 2010 emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, en consecuencia se anula totalmente.- SEGUNDO Se reconoce la situación jurídica individualizada de la demandante, y para el pleno restablecimiento de la misma, se adoptan las siguientes medidas: 1) Se ordena el reintegro de la demandante al cargo que ocupaba al momento de su cancelación.- 2) Se condena al Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho Presidencial al pago a favor de la demandante señora GUMERCINDA ROSADO CRUZ, de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que esta sea restituida en su cargo, más el pago de los beneficios obtenidos en ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, bonos y vacaciones.- TERCERO: Asimismo se decreta la nulidad del acto administrativos por medio del cual se nombro al sustituto de la demandante, si así fuere el caso.- … SIN COSTAS”. Bajo el criterio que del estudio y análisis en su conjunto, de las pruebas presentadas por las partes, del expediente administrativo y de los fundamentos de derecho en que ambas partes apoyaron sus alegatos, se observa de la revisión de la pieza de autos que si bien es cierto que al momento de emitirse el acuerdo de nombramiento, como el de cancelación a la parte demandante en su redacción dice en el cargo de aseadora (puesto excluido) también es cierto que dicho puesto no esta contemplado como cargo excluido en el articulo 3 de la Ley de Servicio Civil y 9 de su Reglamento, o sea que ya la ley y su Reglamento señalan taxativamente cuales son los puestos excluidos, no estando entre ellos el de aseadora, o sea que a la parte demandante si le es aplicable la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por lo que el acto administrativo se dicto infringiendo el ordenamiento jurídico.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel Nacional, en fecha quince de marzo del dos mil doce dicto sentencia definitiva, mediante el cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado EDWIN NATAN PINTO FLORES, en su condición de apoderado legal del Estado de Honduras a través de la Secretaría de la presidencia; CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha treinta de septiembre del dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Sin costas. Bajo el criterio que del estudio y análisis en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes así como el expediente administrativo y de los fundamentos de derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones la Corte de Apelaciones observa y concluye que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación de la demandante estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de acuerdos y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por la demandante resulta ser procedente.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogado EDWIN NATAN PINTO FLORES, presentó en fecha dieciocho (18) de mayo del dos mil once (2012), escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación, contra la sentencia de fecha quince (15) de marzo del dos mil doce (2012), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 063-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 306-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha veinticuatro (24) de mayo del dos mil doce (2012), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente Recurso de Casación, y ordenó dar copia del escrito de merito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, el Abogado RONEY ORLANDO BARAHONA SIERRA, presentó en fecha veinte (20) de junio de dos mil doce (2012), escrito de contestación del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintidós (22) de junio del dos mil doce (2012), por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución el Abogado EDWIN NATAN PINTO, apoderado de la parte demandada, en fecha diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012), y mediante tabla de avisos el Abogado RONEY ORLANDO BARAHONA , apoderado de la parte demandante, en fecha veintisiete (21) de julio del dos mil doce (2012).- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado EDWIN NATAN PINTO FLORES, presentó escrito de personamiento en fecha veinte (20) de julio del dos mil doce (2012), en concepto de parte recurrente y al Abogado RONEY ORLANDO BARAHONA, presentó escrito de personamiento en fecha treinta y uno (31) de julio del dos mil doce (2012) en concepto de parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto el Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “La Casación se basa en el artículo 719 numeral 2; Consistente en la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. La Sentencia de Segunda Instancia y, que es motivo de impugnación se basó en que supuestamente fueron violados los presupuestos y procedimientos establecidos en la Ley de Servicio Civil, para proceder a la cancelación de la demandante, al no haberse seguido procedimiento para proceder a su cancelación, olvidando la Honorable de Apelaciones y el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo que la demandante en ningún momento acredito su condición de Servidora Pública, de acuerdo a como lo señala La Ley de Servicio Civil y, su Reglamento, debido a que no consta en ningún momento que la misma haya ingresado al sistema, ya que tanto para su nombramiento como para su cancelación, no se llevó a cabo procedimiento alguno pues se trata de un Puesto considerado desde el punto de vista de la Ley, como Excluido. La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al momento de emitir el fallo, motivo de esta Casación, no valoro así como tampoco lo hizo el Juzgado de Primera Instancia, pues se probó hasta la saciedad, que efectivamente se trata de un Puesto fuera de Servicio Civil, por lo tanto la demandante no está protegida por la Ley especial, como lo es la Ley de Servicio Civil y su Respectivo Reglamento, Honorables Magistrados, como es posible que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, y la Corte de Apelaciones hiciera una mala apreciación de lo que señala el Articulo número 3 de la Ley de Servicio Civil, ya que señala taxativamente lo siguiente: ARTICULO 3: Las Disposiciones de esta Ley “NO” serán aplicables a los siguientes servidores públicos: a) b) Al “PERSONAL” de la Secretaría General de la Presidencia de la Republica, y a los demás servidores que desempeñen cargos de confianza personal del Presidente de la República”, de acuerdo a esto, TODO EL PERSONAL, que labora para la Secretaría General de la Presidencia de la Republica, son TAXATIVAMENTE EXCLUIDOS del Régimen de Servicio Civil, y siendo que quedo debidamente demostrado que la demandante laboro para la Comisión Presidencial de Modernización del Estado, institución ya derogada y que estuvo adscrita directamente a la Secretaría del Despacho Presidencial, por lo tanto no le comprende su conocimiento, tal y como se ha dejado completamente claro y desarrollado en el presente caso, así mismo se encuentra agregado en el expediente judicial de mérito el “DECRETO LEGISLATIVO número 286-2009, publicado en el Diario Oficial “LA GACETA”, bajo el número 32,129 de fecha 02 de Febrero de 2010, Contentivo de la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras y, como ya se manifestó tanto en el Acuerdo de Nombramiento como en el de Cancelación los cuales son contundentes, en el sentido que la demandante presto sus servicios para la Comisión Presidencial para la Modernización del Estado y, esta dependencia fue derogada por Ley, mediante el artículo 40 del Decreto Legislativo antes enunciado, así mismo deroga el decreto 190-91 de fecha 11 de Diciembre de 1991 contentivo de la Ley para la Modernización del Estado, por lo cual este extremo ha sido de vital importancia en el presente caso y el cual al momento de dictarse la Sentencia Definitiva que se conocerá en Apelación no se consideró y se ordenó un IMPROCEDENTE REINTEGRO, en un puesto INEXISTENTE”.- II.- Que en cuanto al único motivo expuesto por el Recurrente, el mismo resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) no señala las disposiciones violadas por el juzgador; b) tampoco es preciso en el concepto de la infracción, ya que no determina si es por la falta, indebida aplicación o la interpretación errónea de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio; y, c) en su explicación hace referencia al material probatorio y la valoración del mismo, lo cual no es permitido conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido dicho precepto en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de Abril del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha cinco de marzo del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 615-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL