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Sentencia CA552-11 — Registro 2384

Resumen

En primera instancia se declara con lugar la demanda interpuesta por el demandante para que se declare la nulidad acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...“De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar en el grado supremo de la jerarquía judicial las resoluciones definitivas de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, ya sea por errores procesales anteriores a dichas resoluciones o producidos en las mismas, o bien por infracción de las normas jurídico-materiales aplicables al caso concreto; a la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca la correcta aplicación e interpretación del derecho, en este caso, administrativo, la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a esta parte del ordenamiento jurídico hondureño y la reparación del perjuicio que se hubiere causado, todo ello como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la ley. Por estas razones, para que la demanda casacional sea atendible en el fondo, primero debe reunir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- “” La Abogada NORMA ISABEL ALMENDÁREZ formula su primer motivo de la manera siguiente:“Violación del Artículo 119 y que se relaciona con el Artículo 34 Literal e) ambos dela Ley de Procedimiento Administrativo y relacionado también con el Articulo 8 numeral 2) de la Ley General de la Administración Publica; Esta violación se aplica a la causa de los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, y la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, contenida en el Artículo 719 Numeral 1 Literal b) y numeral 2 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este primer motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo antes mencionado, la infracción indicada se explica de la manera que sigue: Cuando expresamos los agravios de mérito, en el proceso del juicio durante la segunda instancia nos auxiliamos en forma precisa y concreta, además de las pruebas acreditadas en autos, del expediente administrativo y de los Artículos que sirvieron de fundamento. Por lo que para mayor ilustración de esa Honorable Corte explicaremos brevemente lo que sucede en la presente causa, El caso de autos se contrae a solicitar que se reconozca el valor de una mercadería que supuestamente era propiedad del demandante, y que fue según él mismo, extraviada en un Almacén Fiscal Privado y además solicitaba la indemnización de unos supuestos daños y perjuicios que al igual que la propiedad y perdida de la mercadería, los mismos en ningún momento se probaron.- El Juez AQuo en fecha ocho de Octubre de dos mil diez, dictó la nefasta Sentencia Definitiva en contra del Estado de Honduras, declarando procedente la acción promovida por el señor MIGUEL ASFURA SUAREZ, a pesar de que la pretendida acción se desprende de una serie de irregularidades que se sucedieron y que constaban en el expediente de mérito, sentencia que se basó básicamente en algunos elementos como ser: PRIMERO: Que no le es permitido a la Administración Pública anular de oficio, o a petición de parte Actos Administrativos que hayan adquirido firmeza, o en su caso hayan sido consentidos por los particulares.- El Juez Aquo, y por consiguiente el AQuen al confirmar la Sentencia de Primera Instancia obviaron referirse o están equivocados en su apreciación e interpretación respecto a lo establecido en el Articulo 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en vista que en el Capitulo I del titulo cuarto de la Ley de Procedimiento Administrativo establece como titulo REVISION DEL ACTO EN VIA ADMINISTRATIVA, este apartado habla sobre la revisión de oficio y se deduce que hay dos formas en que la Administración Publica puede anular un acto dictado por la misma y es que en el caso del Artículo 119, se refiere a aquellos actos como es el caso que nos ocupa en que la Administración puede declarar nulos cualquiera de los actos contenidos en el Articulo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y en ningún momento en este contenido se menciona que tal tramite debe hacerse ante los Órganos Jurisdiccionales, en vista que son actos nulos de pleno derecho en virtud que ya establece la Ley cuales son y la otra forma se encuentra contenido en los Artículos del 120 en adelante y si no, analicen lo que se desprende cuando el Articulo 120 inicia su redacción de la siguiente forma: “Articulo 120- En los demás casos….” o sea que los casos comprendidos en el Articulo 119 se refieren a otros distintos a los que se refiere el Artículo 120 en adelante; en cuanto el caso que nos ocupa, que según todos los antecedentes que se desprenden del Expediente de mérito, el mismo sí se subsume en el Articulo 119, del que podemos hacer un análisis de su contenido que arroja lo siguiente: en primer lugar habla de una declaración de nulidad, habla que se hará de oficio, habla que se hará en cualquier momento, habla que deberá ser hecho por el órgano que dicto el acto o por el superior jerárquico y finalmente dice que deberá hacerse con previo dictamen de la Procuraduría General de la Republica, en el caso que nos ocupa, lo que se realizo fue lo siguiente: una declaración de nulidad de la Resolución DAPL-1479-2003 de fecha 10 de marzo de 2003, que es la Resolución en donde se le había indebidamente reconocido el pago de la mercadería al solicitante y se rechaza el reconocimiento de lo que se refiere a la supuesta indemnización de daños y perjuicios pretendidos; siguiendo el patrón señalado en el Artículo 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo de cuáles son los actos que comprende para su nulidad la Resolución o Acto Administrativo referido, la Resolución DAPL-1479-2003 de fecha 10 de marzo de 2003, fue declarada nula, nulidad fue hecha de oficio por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, se hizo en cualquier momento dentro del Reclamo Administrativo, fue hecha por la Dirección Ejecutiva de Ingresos que es el órgano que dicto el acto, y finalmente se pidió opinión ante la Procuraduría General de la Republica para proceder a la anulación del acto. Como comprenderán Honorables Magistrados el caso expuesto ante vuestras eminencias, en la totalidad de los requisitos que señala el Artículo 119, de la Ley de Procedimiento Administrativo se subsume con lo practicado por la Dirección Ejecutiva de Ingresos y que constan en el Expediente de mérito, por tanto se rechazó en la expresión de agravios en el Recurso de Apelación la apreciación del A-Quo a través de la Sentencia de Primera Instancia de fecha 8 de octubre de 2010 y al confirmar la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo la Sentenciadictada por el Juzgado de Primera Instancia también rechazamos la emitida por la Corte referida en segunda Instancia o sea la sentencia de fecha 15 de abril de 2011. SEGUNDO: En cuanto al siguiente elemento que es la declaración de Lesividad, a la que se refirió el Juez A-Quo y que la Corte de Apelaciones comparte al confirmar la Sentencia emitida por este, continuamos manifestando que consideramos que están equivocados en su interpretación respecto a los actos que comprenden el Artículo 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo y en relación a este caso, pues del expediente Administrativo se desprende que mi representado a través de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, sí siguió el procedimiento para anular la Resolución DAPL-1479- 2003 de fecha 10 de marzo de 2003 y en relación a este caso la Ley no nos señala que debemos declarar la lesividad tal como sostiene el A-Quo y confirma la Corte de Apelaciones referida, en virtud de que la Resolución DAPL-1479-2003 de fecha 10 de marzo de 2003 es de los actos comprendidos en el Artículo 119 de la Ley ProcedimientoAdministrativo, en relación con el Artículo 34 de la misma Ley, en este caso en su inciso e) y el Artículo 8 numeral 2) de la Ley General de la Administración Pública, en vista que es tan patente la situación jurídica prevaleciente a favor del Estado de Honduras que la Procuraduría General de la República, instruyo a la Dirección Generalde Ingresos (DEI) para que se abstuviera de tramitar el Acuerdo Ejecutivo que el peticionario solicito y por el contrario iniciara un proceso de revisión del Acto Administrativo y lo declarara nulo, de conformidad con los fundamentos legales referidos anteriormente, debido a los vicios de que adolecía al violentar normas de orden público al determinar una indemnización que de ninguna manera le compete a la Administración Pública reconocer. TERCERO: En Cuanto al elemento que se refiere a locontenido en el Artículo 45 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y que como ya señale en el numeral primero que en el caso de autos que nos ocupa no le es aplicable el Artículo 45 referido, porque ¡a nulidad del Acto o sea la Resolución DAPL-1479-2003 de fecha 10 de marzo de 2003 no la está promoviendo la Administración y por ser un Acto Administrativo Nulo de Pleno Derecho, el mismo se subsume en lo contenido en el Articulo 119, por tanto no se debía agotar el tramite establecido en el Artículo 45 dela Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo CUARTO: En cuanto al elemento en que sostiene el fallo el A-Quo y que fue confirmado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo es la inobservancia del principio de la vinculación positiva a la Ley al realizar ciertas actuaciones fuera del marco jurídico facultare”- La Administración en ningún momento realizo actuaciones fuera del marco jurídico facultante, considerando que esta no estaba obligada a recurrir a la instancia jurisdiccional a solicitar la nulidad del acto emitido como es la Resolución DAPL-1479-2003 de fecha 10 de marzo de 2003, en vista que el Artículo 119 de la Ley Procedimiento Administrativo, en relación con el Artículo 34 de la misma Ley, en este caso en su inciso e) y el Artículo 8 numeral 2) de la Ley General de la Administración Pública, en sus contenidos ya señala cuales actos son nulos de pleno derecho. QUINTO: En Cuanto a lo expresado por el Juez A-Quo y confirmado por la Corte de Apelaciones referida “Que sí la Dirección Ejecutiva de Ingresos, consideró que no era obligación ni responsabilidad del Estado de Honduras pagar al DEMANDANTE el valor de la mercancía extraviada, sino que por el contrario era responsabilidad de éste; la DEI, o en su caso la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas tenía el camino terso y suficientemente amplio para declarar la Resolución DEI-DA PL-C-1479- 2003 que reconoce a favor del demandante tal derecho, como LESIVO A LOS INTERESES PUBLICOS, y posteriormente incoar la respectiva demanda CONTENCIOSO ADMINÍSTRATIVQ, Fue de nuestra apreciación el hecho de que la Administración Publica en ningún momento debía agotar el procedimiento establecido en el Artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en vista que lo que era aplicable en cuanto a la nulidad dela Resolución DEI-DAPL-C-1479- 2003, y así fue resuelto por la Procuraduría General dela República al hacer la consulta que era lo establecido en el Articulo 119 ya referido, que es el que aplica en las nulidades de pleno derecho, con lo que consideramos que en ningún momento lo actuado ha disminuido ni restringido los derechos y garantías de defensa del demandante, y mucho menos que se haya violentado el justo y debido proceso, reconocidos por la Constitución de la República en vista que lo actuado por la Administración Publica está apegado a derecho, en base a lo regulado en el Artículo 119, relacionado con el Articulo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo y en relación con el Artículo 8 de la Ley de la Administración Pública” Respecto al primer cargo, este Tribunal de Casación concluye que el mismo es inestimable por las siguientes razones: A) Se cita como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1) literal b) y numeral 2) del Código Procesal Civil, lo cual es incorrecto, ya que alude a dos tipos de violaciones que se debieron haber formulado de forma separada e independiente. B) En la estructura del motivo se alega la violación del artículo 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en relación con los artículos 34 de dicha Ley y 8 numeral 2) de la Ley General de la Administración Pública; pero, en la explicación del mismo, se hace mención de los artículos 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; imprecisión que no le permite a esta Sala orientar su examen casacional, pues no se deja claro si éstos dos últimos preceptos legales deben ser considerados como normas infringidas o como disposiciones relacionadas con aquellas que se estiman vulneradas. C) Se realizan alegatos de instancia.- “ La Impetrante formula su segundo motivo de la manera siguiente: “Violación del Artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; Esta violación se aplica a la causa de la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, contenida en el Artículo 719 Numeral 2.PRECEPTO AUTORIZANTE: Este segundo motivo de casación se encuentra comprendido en Artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo…”.-“En cuanto al segundo motivo, esta Sala es del criterio que el mismo también es inestimable, ya que se hace referencia al “artículo 719 numeral 2)”, sin señalar a qué cuerpo legal pertenece y se cita como precepto autorizante el artículo 45 de la Ley dela Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, olvidando que las causales de casación se encuentran establecidas en el artículo 719 del Código Procesal Civil.-“ El artículo 701 numeral 1 del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de defectos técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, lo que supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2 literal a y 724 del Código Procesal Civil. Contra este auto no cabe recurso alguno.- “. Que cualquier persona, que cause pérdida o deterioro a la mercadería que está bajo la custodia aduanera, será responsable ante el Estado por las sumas que éste tenga que pagar a los dueños, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que se pudiera deducir con arreglo a la ley, conforme lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Aduanas vigente.- “.- Por las razones que anteceden no procede la admisión del recurso de casación que antecede.-“

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiuno días del mes de mayo de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: Abogada NORMA ISABEL ALMENDAREZ, actuando en su condición de apoderada sustituta del ESTADO DE HONDURAS y el Recurrido: Señor MIGUEL ASFURA SUAREZ, representado en juicio por el Abogado JOSUE NAHUN CASTRO COREA.- OBJETO DEL PROCESO: Nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, se adopten medidas para su pleno restablecimiento, costas; promovida por el señor MIGUEL ASFURA SUAREZ, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, contra del ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada NORMA ISABEL ALMENDAREZ.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante, en el escrito de su acción manifiesta que en octubre del 2001, ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (D.E.I) formuló reclamo administrativo para que se le reconociera el valor de una mercadería depositada en el almacén de Depósito y Fiscales Sociedad Anónima (ALDEFISA), la que sin justificación alguna fue extraviada, causándole perjuicios económicos como dueño legitimo, dicha mercadería se quedoó en depósito bajo un certificado de depósito por endoso y sustitución del bono 1944; el 23 de julio del 2001 solicitó a la autoridad aduanera, se realizara investigación al haber detectado un faltante al momento de retirarla, siendo 142 cajas conteniendo 7340 prendas de vestir con un valor de USD68,544.03, se emitió una resolución DEI-DAPL-C-1479-2003 de fecha 10 de marzo del 2003, por parte de la Dirección Ejecutiva de Ingresos declarando parcialmente con lugar el reclamo hecho por el demandante en cuanto a la pérdida de la mercadería pero no al pago de los daños y perjuicios solicitados.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS/ SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, contesta la demanda manifestando que se comprobó que la mercadería fue retirada por la apoderada de la empresa VIDRIOS NACIONALES S.A (VINASA) quien le cedió los derechos al señor TITO GALEL VASQUEZ COELLO Y este endoso al demandante, mediante certificados de deposito y bonos de prenda, emitidos por el almacén ALDEFISA a la que se le responsabiliza de sustituir bono de prenda extraviado con el que se realizo el retiro de la mercadería, siendo competencia del Estado a través de la Dirección Ejecutiva de Ingresos específicamente aduanas, el control de la mercadería para efectos de los impuestos y siendo los responsables del deterioro o perdida de la mercadería son por falta de eficiencia en la guarda y conservación de ALDEFISA, siendo el único responsable y no el Estado de Honduras causándole perjuicios.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha ocho de octubre del dos mil diez, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, anula totalmente las resoluciones DEI-DAPL-F+4555-2005 Y DEI-DAPL-C-1479, reconoce la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se toma la medida de dejar incólume la misma y que se proceda a su ejecución, bajo el criterio que la resolución que se emitió a favor del demandante de pagar la mercadería extraviada, ha emitido un acto que disminuye y restringe los derechos y garantías de defensa y debido proceso reconocido por la Constitución de la Republica.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha quince de abril del 2011, dictó sentencia definitiva confirmando al sentencia del A-quo, bajo el criterio que el anular el demandado de oficio la resolución administrativa firme que concede derecho a terceros conlleva a que dichas actuaciones administrativas sean nulas de pleno derecho, ya que entran en la causa de nulidad señaladas en el articulo 34 letra a) de la Ley de Procedimiento Administrativo.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogada NORMA ISABEL ALMENDAREZ, en fecha catorce de junio del año dos mil once, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal contra la sentencia dictada, en fecha quince de abril de dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 267-2010, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número Exp. 367-2006 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de diecisiete de junio del año dos mil once, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandante, Abogado JOSUE NAHUN CASTRO COREA, en fecha dieciocho de agosto de dos mil once, presentó escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diecinueve de agosto del año dos mil once, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante ese alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución en fecha siete de septiembre del año dos mil once, el Abogado JOSUE NAHUN CASTRO COREA y en fecha seis de octubre del dos mil once, la Abogada NORMA ISABEL ALMENDAREZ.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, la Abogada NORMA ISABEL ALMENDAREZ, presentó escrito en fecha once de octubre del año dos mil once, personándose en concepto de parte recurrente.- 9.- Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar en el grado supremo de la jerarquía judicial las resoluciones definitivas de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, ya sea por errores procesales anteriores a dichas resoluciones o producidos en las mismas, o bien por infracción de las normas jurídico-materiales aplicables al caso concreto; a la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca la correcta aplicación e interpretación del derecho, en este caso, administrativo, la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a esta parte del ordenamiento jurídico hondureño y la reparación del perjuicio que se hubiere causado, todo ello como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la ley. Por estas razones, para que la demanda casacional sea atendible en el fondo, primero debe reunir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- II.- La Abogada NORMA ISABEL ALMENDÁREZ formula su primer motivo de la manera siguiente: “Violación del Artículo 119 y que se relaciona con el Artículo 34 Literal e) ambos de la Ley de Procedimiento Administrativo y relacionado también con el Articulo 8 numeral 2) de la Ley General de la Administración Publica; Esta violación se aplica a la causa de los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, y la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, contenida en el Artículo 719 Numeral 1 Literal b) y numeral 2 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este primer motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo antes mencionado, la infracción indicada se explica de la manera que sigue: Cuando expresamos los agravios de mérito, en el proceso del juicio durante la segunda instancia nos auxiliamos en forma precisa y concreta, además de las pruebas acreditadas en autos, del expediente administrativo y de los Artículos que sirvieron de fundamento. Por lo que para mayor ilustración de esa Honorable Corte explicaremos brevemente lo que sucede en la presente causa, El caso de autos se contrae a solicitar que se reconozca el valor de una mercadería que supuestamente era propiedad del demandante, y que fue según él mismo, extraviada en un Almacén Fiscal Privado y además solicitaba la indemnización de unos supuestos daños y perjuicios que al igual que la propiedad y perdida de la mercadería, los mismos en ningún momento se probaron.- El Juez AQuo en fecha ocho de Octubre de dos mil diez, dictó la nefasta Sentencia Definitiva en contra del Estado de Honduras, declarando procedente la acción promovida por el señor MIGUEL ASFURA SUAREZ, a pesar de que la pretendida acción se desprende de una serie de irregularidades que se sucedieron y que constaban en el expediente de mérito, sentencia que se basó básicamente en algunos elementos como ser: PRIMERO: Que no le es permitido a la Administración Pública anular de oficio, o a petición de parte Actos Administrativos que hayan adquirido firmeza, o en su caso hayan sido consentidos por los particulares.- El Juez Aquo, y por consiguiente el AQuen al confirmar la Sentencia de Primera Instancia obviaron referirse o están equivocados en su apreciación e interpretación respecto a lo establecido en el Articulo 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en vista que en el Capitulo I del titulo cuarto de la Ley de Procedimiento Administrativo establece como titulo REVISION DEL ACTO EN VIA ADMINISTRATIVA, este apartado habla sobre la revisión de oficio y se deduce que hay dos formas en que la Administración Publica puede anular un acto dictado por la misma y es que en el caso del Artículo 119, se refiere a aquellos actos como es el caso que nos ocupa en que la Administración puede declarar nulos cualquiera de los actos contenidos en el Articulo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y en ningún momento en este contenido se menciona que tal tramite debe hacerse ante los Órganos Jurisdiccionales, en vista que son actos nulos de pleno derecho en virtud que ya establece la Ley cuales son y la otra forma se encuentra contenido en los Artículos del 120 en adelante y si no, analicen lo que se desprende cuando el Articulo 120 inicia su redacción de la siguiente forma: “Articulo 120- En los demás casos….” o sea que los casos comprendidos en el Articulo 119 se refieren a otros distintos a los que se refiere el Artículo 120 en adelante; en cuanto el caso que nos ocupa, que según todos los antecedentes que se desprenden del Expediente de mérito, el mismo sí se subsume en el Articulo 119, del que podemos hacer un análisis de su contenido que arroja lo siguiente: en primer lugar habla de una declaración de nulidad, habla que se hará de oficio, habla que se hará en cualquier momento, habla que deberá ser hecho por el órgano que dicto el acto o por el superior jerárquico y finalmente dice que deberá hacerse con previo dictamen de la Procuraduría General de la Republica, en el caso que nos ocupa, lo que se realizo fue lo siguiente: una declaración de nulidad de la Resolución DAPL-1479-2003 de fecha 10 de marzo de 2003, que es la Resolución en donde se le había indebidamente reconocido el pago de la mercadería al solicitante y se rechaza el reconocimiento de lo que se refiere a la supuesta indemnización de daños y perjuicios pretendidos; siguiendo el patrón señalado en el Artículo 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo de cuáles son los actos que comprende para su nulidad la Resolución o Acto Administrativo referido, la Resolución DAPL-1479-2003 de fecha 10 de marzo de 2003, fue declarada nula, nulidad fue hecha de oficio por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, se hizo en cualquier momento dentro del Reclamo Administrativo, fue hecha por la Dirección Ejecutiva de Ingresos que es el órgano que dicto el acto, y finalmente se pidió opinión ante la Procuraduría General de la Republica para proceder a la anulación del acto. Como comprenderán Honorables Magistrados el caso expuesto ante vuestras eminencias, en la totalidad de los requisitos que señala el Artículo 119, de la Ley de Procedimiento Administrativo se subsume con lo practicado por la Dirección Ejecutiva de Ingresos y que constan en el Expediente de mérito, por tanto se rechazó en la expresión de agravios en el Recurso de Apelación la apreciación del A-Quo a través de la Sentencia de Primera Instancia de fecha 8 de octubre de 2010 y al confirmar la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia también rechazamos la emitida por la Corte referida en segunda Instancia o sea la sentencia de fecha 15 de abril de 2011. SEGUNDO: En cuanto al siguiente elemento que es la declaración de Lesividad, a la que se refirió el Juez A-Quo y que la Corte de Apelaciones comparte al confirmar la Sentencia emitida por este, continuamos manifestando que consideramos que están equivocados en su interpretación respecto a los actos que comprenden el Artículo 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo y en relación a este caso, pues del expediente Administrativo se desprende que mi representado a través de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, sí siguió el procedimiento para anular la Resolución DAPL-1479- 2003 de fecha 10 de marzo de 2003 y en relación a este caso la Ley no nos señala que debemos declarar la lesividad tal como sostiene el A-Quo y confirma la Corte de Apelaciones referida, en virtud de que la Resolución DAPL-1479-2003 de fecha 10 de marzo de 2003 es de los actos comprendidos en el Artículo 119 de la Ley Procedimiento Administrativo, en relación con el Artículo 34 de la misma Ley, en este caso en su inciso e) y el Artículo 8 numeral 2) de la Ley General de la Administración Pública, en vista que es tan patente la situación jurídica prevaleciente a favor del Estado de Honduras que la Procuraduría General de la República, instruyo a la Dirección General de Ingresos (DEI) para que se abstuviera de tramitar el Acuerdo Ejecutivo que el peticionario solicito y por el contrario iniciara un proceso de revisión del Acto Administrativo y lo declarara nulo, de conformidad con los fundamentos legales referidos anteriormente, debido a los vicios de que adolecía al violentar normas de orden público al determinar una indemnización que de ninguna manera le compete a la Administración Pública reconocer. TERCERO: En Cuanto al elemento que se refiere a lo contenido en el Artículo 45 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y que como ya señale en el numeral primero que en el caso de autos que nos ocupa no le es aplicable el Artículo 45 referido, porque ¡a nulidad del Acto o sea la Resolución DAPL-1479-2003 de fecha 10 de marzo de 2003 no la está promoviendo la Administración y por ser un Acto Administrativo Nulo de Pleno Derecho, el mismo se subsume en lo contenido en el Articulo 119, por tanto no se debía agotar el tramite establecido en el Artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo CUARTO: En cuanto al elemento en que sostiene el fallo el A-Quo y que fue confirmado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo es la inobservancia del principio de la vinculación positiva a la Ley al realizar ciertas actuaciones fuera del marco jurídico facultare”- La Administración en ningún momento realizo actuaciones fuera del marco jurídico facultante, considerando que esta no estaba obligada a recurrir a la instancia jurisdiccional a solicitar la nulidad del acto emitido como es la Resolución DAPL-1479-2003 de fecha 10 de marzo de 2003, en vista que el Artículo 119 de la Ley Procedimiento Administrativo, en relación con el Artículo 34 de la misma Ley, en este caso en su inciso e) y el Artículo 8 numeral 2) de la Ley General de la Administración Pública, en sus contenidos ya señala cuales actos son nulos de pleno derecho. QUINTO: En Cuanto a lo expresado por el Juez A-Quo y confirmado por la Corte de Apelaciones referida “Que sí la Dirección Ejecutiva de Ingresos, consideró que no era obligación ni responsabilidad del Estado de Honduras pagar al DEMANDANTE el valor de la mercancía extraviada, sino que por el contrario era responsabilidad de éste; la DEI, o en su caso la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas tenía el camino terso y suficientemente amplio para declarar la Resolución DEI-DA PL-C-1479- 2003 que reconoce a favor del demandante tal derecho, como LESIVO A LOS INTERESES PUBLICOS, y posteriormente incoar la respectiva demanda CONTENCIOSO ADMINÍSTRATIVQ, Fue de nuestra apreciación el hecho de que la Administración Publica en ningún momento debía agotar el procedimiento establecido en el Artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en vista que lo que era aplicable en cuanto a la nulidad de la Resolución DEI-DAPL-C-1479- 2003, y así fue resuelto por la Procuraduría General de la República al hacer la consulta que era lo establecido en el Articulo 119 ya referido, que es el que aplica en las nulidades de pleno derecho, con lo que consideramos que en ningún momento lo actuado ha disminuido ni restringido los derechos y garantías de defensa del demandante, y mucho menos que se haya violentado el justo y debido proceso, reconocidos por la Constitución de la República en vista que lo actuado por la Administración Publica está apegado a derecho, en base a lo regulado en el Artículo 119, relacionado con el Articulo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo y en relación con el Artículo 8 de la Ley de la Administración Pública”.- III.- Respecto al primer cargo, este Tribunal de Casación concluye que el mismo es inestimable por las siguientes razones: A) Se cita como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1) literal b) y numeral 2) del Código Procesal Civil, lo cual es incorrecto, ya que alude a dos tipos de violaciones que se debieron haber formulado de forma separada e independiente. B) En la estructura del motivo se alega la violación del artículo 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en relación con los artículos 34 de dicha Ley y 8 numeral 2) de la Ley General de la Administración Pública; pero, en la explicación del mismo, se hace mención de los artículos 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; imprecisión que no le permite a esta Sala orientar su examen casacional, pues no se deja claro si éstos dos últimos preceptos legales deben ser considerados como normas infringidas o como disposiciones relacionadas con aquellas que se estiman vulneradas. C) Se realizan alegatos de instancia.- IV.- La Impetrante formula su segundo motivo de la manera siguiente: “Violación del Artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; Esta violación se aplica a la causa de la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, contenida en el Artículo 719 Numeral 2. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este segundo motivo de casación se encuentra comprendido en Artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo…”.- V.- En cuanto al segundo motivo, esta Sala es del criterio que el mismo también es inestimable, ya que se hace referencia al “artículo 719 numeral 2)”, sin señalar a qué cuerpo legal pertenece y se cita como precepto autorizante el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, olvidando que las causales de casación se encuentran establecidas en el artículo 719 del Código Procesal Civil.- VI.- El artículo 701 numeral 1 del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de defectos técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, lo que supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2 literal a y 724 del Código Procesal Civil. Contra este auto no cabe recurso alguno.- VII. Que cualquier persona, que cause pérdida o deterioro a la mercadería que está bajo la custodia aduanera, será responsable ante el Estado por las sumas que éste tenga que pagar a los dueños, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que se pudiera deducir con arreglo a la ley, conforme lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Aduanas vigente.- VIII.- Por las razones que anteceden no procede la admisión del recurso de casación que antecede.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 46 de la Ley de Aduanas; 89, 129 literal c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190 numeral 1), 193 numeral 2) literal b), 197, 199, 700, 701 numeral 1), 703, 704, 716, 717, 719 numeral 1) literal c), 720 numeral 2), 721 numeral 2), 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) Declarar INADMISIBLE el recurso de casación de que se ha hecho mérito, en sus dos motivos. 2) Declarar FIRME la sentencia recurrida. 3) SIN COSTAS por estimar que existió razón suficiente para litigar. Y MANDA: Ordenar se remitan las actuaciones de instancia, junto con la certificación de esta resolución, al órgano jurisdiccional de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días del mes de junio del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha veintiuno de Mayo del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 552-11.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL