Sentencia CA537-12 — Registro 2371
Resumen
En segunda instancia se revoca la sentencia dictada por el juzgado,declarando improcedente la acción incoada por la parte demandante, por estar ajustado a derecho el acto administrativo consistente en contrato de arrendamiento de un predio de terreno concedido a una empresa para cultivo de camarón
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO: DISPOSICION LEGAL INFRINGIDA.- El artículo 68, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por haber en la apreciación de las pruebas error de derecho.- El que literalmente dice: Artículo 68.- El Juzgado podrá recibir el proceso a prueba cuando exista disconformidad en los hechos y éstos fuesen de indudable trascendencia, a su juicio, para la resolución del caso, siempre que en la demanda o contestación se expresen con claridad los puntos de hecho sobre los cuales haya de versar la prueba. CONCEPTO Y DETALLES DE LA INFRACCION: PRECEPTO AUTORIZANTE. El artículo 719 inciso 2) del Código Procesal Civil, que literalmente dice: IGUALMENTE, SE PODRA IMPUGNAR LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DE FONDO DEL LITIGIO. DETALLES DE LA INFRACCIÓN: La determino en el considerando cinco y seis de la sentencia recurrida que entre otros determinó el AQUEM: CONSIDERANDO (5) Que del estudio y análisis del presente caso de autos se desprende que el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes ordena que si al finalizar dicho periodo no se iniciado el proyecto se producirá de pleno derecho la resolución del mismo y asimismo ordena quedar prohibido al arrendatario sub-arrendar el predio objeto del contrato, salvo que la Procuraduría General de la República lo autorice, extremos estos últimos que fueron incumplidos por el demandante, ya que mediante Inspección se acreditó que el terreno no fue explotado en el periodo señalado y que se subarrendó el terreno sin previa autorización de la Procuraduría General de la Repúb1ica.”- “” Que como consta de autos el demandante incumplió las cláusulas 7 y 8 del Contrato de Arrendamiento, motivo por el cual la administración estaba en su derecho de proceder a declarar resuelto el mismo, en consecuencia se desprende que la acción es improcedente, por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado” Honorable Corte Suprema, consideramos, expresamos y ratificamos que el AQUEM, emite FALLO, sin que se haya revisado los hechos y pruebas que al efecto se desprendió la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, hace una interpretación errónea del fondo del asunto, por lo siguiente, nuestra patrocinada la sociedad INVERSIONES DEL GOLFO, S. DE R.L., a través de su Representante Legal, realizó acciones y comenzó el proyecto del cultivo del camarón, al efecto se inscribieron en el Registro de la Propiedad de la Circunscripción de Choluteca y al margen del asiento respectivo las mejoras al predio concedido en Arrendamiento, situación esta que está acreditada de autos en la primera pieza, además teniendo suficiente conocimiento de las condiciones del Contrato suscrito específicamente la determinada en el numeral ocho (8) que dice, queda prohibido al arrendataria subarrendar el predio objeto del contrato, salvo que la Procuraduría General de la República expresamente lo autorice, siempre se respeto tal determinación y que fue probada también en su momento procesal.(el subrayado es del suscrito). Honorable Corte, situaciones como la plasmada es la que nos conlleven o ha la mayoría de la población a no creer en ciertos aspectos y acciones efectuados por la administración y en el caso particular la decisión de un Tribunal Colegiado, como el que nos ocupa, que la Honorable Corte de Apelaciones determina que los extremos fueron incumplidos por no haber explotado en el tiempo estipulado como se dejó plasmado mediante una inspección que se realizó, situación que no fue probada ni tampoco aparece en autos haberse realizado o que la sociedad INVERSIONES DEL GOLFO, S. DE R.L., haya realizado tal o cual acto, irresponsable criterio del juzgador al establecer además que se subarrendó el terreno sin la debida autorización de la Procuraduría General de la República, si en la primera pieza de autos no existe contrato de subarrendamiento alguno, ni tampoco se inspeccionó en el Registro de la Propiedad respectivo la inscripción del subarrendamiento, tal como lo hace creer el AQUEM en el considerando alegado.- Para que pueda surtir efecto determinado Subarrendamiento probado y que corra agregado a los autos, este debe de constar como lo establece el artículo 321 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado por analogía en su momento procesal al procedimiento administrativo al determinar: bajo la denominación de Instrumentos o Documentos Públicos se comprenden: 1° Las Escrituras Publicas otorgadas con arreglo a derecho y señores Magistrados, tal documento no existe ni. tampoco fue probado como lo hace creer corno concluyente el Tribunal .Juzgador.- Es más no tomaron en cuenta las mejoras que inscritas que fueron y probadas en el momento procesal oportuno, realizó mi patrocinada, mismas que si se derivan de un documento Público y autentico, encontrándose al margen del asiento de la inscripción del comentado contrato de arrendamiento. SEGUNDO MOTIVO: DISPOSICION LEGAL INFRINGIDA.- El artículo 68, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por haber en la apreciación de las pruebas error de derecho.- El que literalmente dice: Artículo 68.- El Juzgado podrá recibir el proceso a prueba cuando exista disconformidad en los hechos y éstos fuesen de indudable trascendencia, a su juicio, para la resolución del caso, siempre que en la demanda o contestación se expresen con claridad los puntos de hecho sobre los cuales haya de versar la prueba. CONCEPTO Y DETALLES DE LA INFRACCION: PRECEPTO AUTORIZANTE. El artículo 719 inciso 2) del Código Procesal Civil, que literalmente dice: IGUALMENTE, SE PODRÁ IMPUGNAR LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DEFONDO DEL LITIGIO. DETALLES DE LA INFRACCION: La determino en el. considerando numero siete (7) de la sentencia recurrida, al referir: “) Que asimismo si confrontamos la parte actora en su escrito de demanda con la sentencia definitiva dictada por el A-Quo se desprende que no existe congruencia de la misma, ya que de la revisión del escrito de demanda el demandante solamente pide la nulidad de un acto administrativo sin designar con precisión el mismo, y en ningún momento solícita se le reconozca situación jurídica individualizada, en este caso de daños y perjuicios, ya que su única relación en dicho sentido es en el acápite de cuantía de la demanda, motivo por el cual el A.-Quo no podía conceder indemnización de daños y perjuicios por no haberlo solicitado el demandante.” Honorable Corte Suprema, consideramos irresponsable y alejado a derecho el criterio vertido en el Considerando Siete, al apreciar por parte de la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que solamente se pidió la Nulidad del Acto Administrativo dictado porla Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, cuando en la pretensión promovida contra el Estado de Honduras, además de pedir la Nulidad del Acto Administrativo se determinó la situación jurídica individualizada, al solicitar la condena de daños y perjuicios por el lucro cesante y daño emergente causado por tal acto; el Código Civil en su artículo 1365 nos establece: “La indemnización de daños y perjuicios comprende no solo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.” Y nos apoya la pretensión y quedó demostrado en la primera pieza de autos el contenido del artículo 1366 del mismo Código, que entre otros determina: “Los daños y perjuicios que de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento...” de que sirve a mi patrocinada que solamente se Anule el acto administrativo dictado por la administración publica, sin pedir el resarcimiento de los perjuicios causados; demostrado en autos está haberse inscrito en el Registro respectivo las mejoras efectuadas al predio concedido en Arrendamiento, la principal acción que todo ciudadano hondureño al recurrir a la Justicia es que se le reconozca en el caso que nos ocupa, EL LUCRO CESANTE DEJADO DE PERCIBIR; y al haberse ANULADO EL ACTO ADMINISTRATIVO que en su momento fue dictado al margen de la ley, restringiendo derechos consagrados en la Constitución de la República, deviene el pago de daños y perjuicios que como se estila en el procedimiento administrativo se tendrán que cuantificar y establecer su minuta en el momento de la ejecución de la sentencia de primera instancia, por el motivo de estar pendiente recursos como el que nos ocupa”.-II.- Que el Recurrente en los dos motivos que anteceden incurre en una serie de defectos técnicos que los vuelven inadmisibles, a saber: a) se aduce la violación del artículo 68 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sin precisar si la misma proviene de falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de dicha norma; b) pretende que se revise la interpretación y valoración de las pruebas, alegando error de derecho, lo cual no procede en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) ataca a los considerandos del fallo y no a su parte resolutiva.- III.- Que el Impetrante en su tercer motivo expone: “DISPOSICION LEGAL INFRINGIDA.- Lo determino en los artículos 187 numeral tercero y 190 del Código de Procedimientos Civiles, que literalmente dicen: “Artículo 187 Las sentencias definitivas contendrán, con claridad y concisión posibles: 1°... ,2°... ,3°, En los considerandos la apreciación, de los puntos de derechos fijados por las partes, dando las razones y fundamentos legales que se estimen procedente para el fallo que haya de dictarse.- y Artículo 190 Las sentencias deben ser claras precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.”, esta norma anunciada, Honorable Corte Suprema, aunque ya está derogada con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, se aplica por ser al momento de dictarse la Sentencia tenía suficiente relación con el procedimiento seguido.- Al respecto también nos apoyamos en lo dispuesto en el artículo 200 del Código Procesal Civil en todo su contenido. CONCEPTO Y DETALLES DE LA INFRACCION. PRECEPTO AUTORIZANTE.- Lo establezco en el artículo 719, inciso numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil, que refiere: SE PODRÁN IMPUGNAR LA APLICACION EINTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN: a)...b...)c) LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA.- Honorables Magistrados, basta leer la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, dictada en fecha nueve de Febrero del año dos mil doce, para establecer la contradicción que contiene: en el último considerando determina: “CONSIDERANDO: Que esta Corte concluye que la sentencia definitiva venida en Apelación debe ser revocada por no estar dictada conforme a derecho ya que concede pretensiones no solicitadas por las partes y asimismo por constar de autos que el Acto Administrativo impugnado se encuentra conforme a derecho”; por lo tanto la SENTENCIA NO ES CLARA NI CONGRUENTE, contradiciéndose totalmente en los hechos y apreciaciones legales que se dieron en la secuela del juicio; por lo que procede el Recurso de Casación por los motivos alegados, para culminar es totalmente contradictoria en todas sus partes la Sentenciadictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, por lo que da a lugar que CASE la misma por las razones antes apuntadas en los motivos y preceptos alegados en las presente.”.- “ Que en el motivo que antecede se incurreen defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, como son: a) no indica con precisión el concepto de la infracción, ya que no establece si es por falta de aplicación, aplicación indebida o la errónea interpretación de las normas procesales que cita; b) se alega que el fallo recurrido es contradictorio, sin explicar ni fundamentar su posición, limitándose a señalar que la sentencia no es clara ni congruente.- “ Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los tres motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.-“ Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra esteAuto no cabe recurso alguno.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los tres días del mes de abril de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: INVERSIONES DEL GOLFO, S. DE R.L., representado en juicio por el Abogado JOHEL ANTONIO ZELAYA ALVAREZ y el Recurrido: ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA, representada en juicio por el Abogado SANTOS JAIME VALLADARES SIERRA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria en la que se solicita se anule acto administrativo mediante el cual se otorga contrato de arrendamiento de un predio de terreno concedido a una empresa para cultivo de camarón, notificación defectuosa, promovida por el Abogado PEDRO ANTONIO NUÑEZ VELASQUEZ, en su condición de apoderado legal de la sociedad INVERSIONES DEL GOLFO, S. DE R.L., representada en juicio por el Abogado JOHEL ANTONIO ZELAYA ALVAREZ, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA representada en juicio por el Abogado SANTOS JAIME VALLADARES SIERRA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que el 7 de agosto del año 2004, la demandada declaró sin lugar el recurso de reposición, mismo que no fue notificado de una forma correcta, por consiguiente se presentó la presente demanda, dado por enterado hasta la fecha, que el Secretario refrendó una notificación que no reúne los requisitos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo, en sus artículos 49, 87 y 88, por lo cual se vieron en la obligación de notificarse personalmente. El 11 de junio del año 1992 el Estado de Honduras concedió arrendamiento de un predio de 14.19 hectáreas en el lugar conocido como las Moras, Aldea de Guapinol, Marcovia, Choluteca, a la empresa INVERSIONES DEL GOLFO S. de R.L. para la explotación del camarón, por el término de 10 años prorrogables a partir de la celebración de la relación contractual, por lo que el 5 de agosto de 1994 se suscribió mediante instrumento 466 ante los oficios del Notario Juan F. Barón Lupiac, el contrato de arrendamiento otorgado por el Abogado Jorge Alberto Reyes Díaz, en su condición de Procurador General de la República a favor de la demandante, contrato registrado en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Choluteca, bajo el N°95 del tomo 86. En el Contrato suscrito se determinaron entre otras las siguientes condiciones: 1) No alterar el Bosque Manglar. 7) El período de iniciar operaciones será de un año contado desde la fecha de la suscripción de la escritura del contrato de arrendamiento. 8) No se puede subarrendar, salvo que se autorizado. Al efecto de respetarlos se procedió a realizar una vez suscrito el contrato de mérito, mejoras en el predio en mención, ya que antes estaba siendo aprovechado de manera artesanal, por lo que se procedió a la construcción de bordes, levantamiento topográfico, construcción de compuertas, construcción de estaciones de bombeo, mejoras inscritas al margen del asiento que se inscribió el contrato de arrendamiento. El objeto a solicitar por medio de esta instancia resuelta de la ilegal forma en que la Procuraduría General de la República para otorgarles el predio dado a los demandantes emitido en fecha 16 de noviembre de 1998 de manera unilateral para que por medio de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, se le concediera a la sociedad HONDURAS MARITIMA S.A., resultan los siguientes actos ilegales: 1) Dejar sin valor y efecto el referido contrato de arrendamiento otorgado a la señora Yolanda Alcira Funez de Martínez, debido al incumplimiento del mismo. 2) Y siendo que el terreno que nos ocupa ya es explotado por el señor Henry Arévalo, es prudente aprovechar esa inversión, resolución tomada en base al adefesio jurídico siguiente: a) Que a la fecha de otorgamiento de la Escritura Pública a favor de la señora Yolanda Alcira Funes el 5 de agosto de 1994 y que desde esa fecha no inicio ni ha iniciado operaciones de explotación, por lo que podrá determinarse que todo lo actuado en dicho procedimiento es falto de verdad, por haberse inscrito mejoras. b) Que la señora Yolanda Funez no cumplió con las cláusulas mencionadas pues es evidente que el terreno no fue explotado, y que estaba siendo explotado por el señor Henri Arévalo, quien lo recibió en arrendamiento, sin haber la demandante solicitado la correspondiente autorización, hecho considerado falso pues la demandante no ha puesto en subarrendamiento el terreno, pues no le es permitido. Que ante la Secretaría de Agricultura y Ganadería se presentó la nulidad de la resolución dictada en acto administrativo el 14 de octubre del 2003, que se registro bajo el expediente N°865-03, lo que motivo para que en fecha 6 de julio del año 2004, la Secretaría de Agricultura y Ganadería emitiera la resolución que entre otros dice: “Declarar sin lugar la solicitud de nulidad de la resolución dictada en acto administrativo, el cual se concedió la concesión de un predio, que el 6 de agosto del año 2004 la Secretaría de Agricultura y Ganadería confirmó dicha resolución, declarando sin lugar el recurso de reposición interpuesto.- 2.- La parte demandada, ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA, contestó dicha demanda señalando que el 6 de agosto del año 2004, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la Sociedad Inversiones del Golfo, S. de R.L., que el apoderado de la parte demandante manifiesta que la notificación de la denegación del referido recurso es defectuosa, pues cabe señalar que esta defensa en representación del Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería acredita en el expediente 865-03, que dicha notificación se efectúo cumpliendo el ordenamiento jurídico, la cual reúne todos los requisitos, por lo tanto la Secretaría demandada, ha actuado conforme a Derecho, sin infringir ningún ordenamiento jurídico, como pretende hacerlo ver la parte demandante, para justificar la presentación extemporánea de la demanda. El Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en fecha 6 de julio del año 2004, emitió resolución en la cual resuelve declarar sin lugar la solicitud de nulidad de la resolución dictada en acto administrativo, en el cual se concedió la concesión de un predio en arrendamiento para la explotación y cultivo de camarón, a la Sociedad Mercantil denominada HONDURAS MARITIMA S.A.; resolución que se derivó del expediente administrativo No 905-99 que es de carácter firme.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, en fecha veintitrés de julio del año dos mil siete dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por la parte demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en consecuencia se anula totalmente dicha resolución, reconoce la situación jurídica del demandante y para su pleno restablecimiento condena al Estado de Honduras a pagarle al demandante el valor correspondiente a los daños y perjuicios consistentes en el valor de las mejoras introducidas por la demandante, así como el valor correspondiente a las cantidades que en concepto de utilidad dicha empresa ha dejado de percibir durante el tiempo en que debía estar en vigencia la concesión, debiéndose para tal efecto calcular dicho valor de acuerdo a las estimaciones de producción y venta de camarón proyectadas para dicho período. Criterio: que la Procuraduría General de la República al cancelar el contrato que contenía las condiciones de la concesión de explotación del camarón conferida a la empresa INVERSIONES DEL GOLFO S. DE R.L. por incumplimiento de las cláusulas 7 y 8 no ha seguido el procedimiento de la figura jurídica de Lesividad y obviamente ha infringido con su decisión el ordenamiento jurídico, ocasionando al administrado–beneficiado de la concesión, daños a sus derechos derivados de la misma, conllevando con tal actitud la anulación de tal resolución y el reconocimiento de la situación jurídica reclamada, en cuanto a las defensas previas, este no las presentó en el momento y por medio de la figura jurídica acertados.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha nueve de febrero del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar el recurso de apelación, revocar la sentencia definitiva de fecha 23 de julio del año 2007, declara improcedente la acción incoada por la parte demandante, por estar ajustado a derecho, sin costas. Criterio: que el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes ordena que si al finalizar dicho periodo no se ha iniciado el proyecto se producirá de pleno derecho la resolución del mismo y asimismo ordena quedar prohibido al arrendatario sub-arrendar el predio objeto del contrato, salvo que la Procuraduría General expresamente lo autorice, extremos que fueron incumplidos por el demandante, ya que mediante inspección se acreditó que el terreno no fue explotado en el período señalado y que se sub-arrendó el terreno sin previa autorización por parte de la Procuraduría General de la República, constando en autos el demandante incumplió las cláusulas 7 y 8 del contrato de arrendamiento, motivo por el cual la administración estaba en su derecho de proceder a declarar resuelto el mismo, en consecuencia se desprende que la acción es improcedente por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado JOHEL ANTONIO ZELAYA ALVAREZ, en fecha nueve de mayo del año dos mil doce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada, en fecha nueve de febrero del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.221-2007, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 052-2005 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha catorce de mayo del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandada, ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, representada en juicio por el Abogado SANTOS JAIME VALLADARES SIERRA, presentó, en fecha trece de junio del año dos mil doce escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha catorce de junio del año dos mil doce por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el termino que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificada personalmente de dicha resolución en fecha dieciocho de junio del año dos mil doce el Abogado SANTOS JAIME VALLADARES SIERRA, y en fecha diecinueve de junio del año dos mil doce, el Abogado JOHEL ANTONIO ZELAYA ALVAREZ.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado SANTOS JAIME VALLADARES SIERRA, presentó escrito en fecha diecinueve de junio del año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrida.- 9.- Que el Abogado JOHEL ANTONIO ZELAYA ALVAREZ, presentó escrito en fecha veintidós de junio del año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO: DISPOSICION LEGAL INFRINGIDA.- El artículo 68, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por haber en la apreciación de las pruebas error de derecho.- El que literalmente dice: Artículo 68.- El Juzgado podrá recibir el proceso a prueba cuando exista disconformidad en los hechos y éstos fuesen de indudable trascendencia, a su juicio, para la resolución del caso, siempre que en la demanda o contestación se expresen con claridad los puntos de hecho sobre los cuales haya de versar la prueba. CONCEPTO Y DETALLES DE LA INFRACCION: PRECEPTO AUTORIZANTE. El artículo 719 inciso 2) del Código Procesal Civil, que literalmente dice: IGUALMENTE, SE PODRA IMPUGNAR LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DE FONDO DEL LITIGIO. DETALLES DE LA INFRACCIÓN: La determino en el considerando cinco y seis de la sentencia recurrida que entre otros determinó el AQUEM: CONSIDERANDO (5) Que del estudio y análisis del presente caso de autos se desprende que el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes ordena que si al finalizar dicho periodo no se iniciado el proyecto se producirá de pleno derecho la resolución del mismo y asimismo ordena quedar prohibido al arrendatario sub-arrendar el predio objeto del contrato, salvo que la Procuraduría General de la República lo autorice, extremos estos últimos que fueron incumplidos por el demandante, ya que mediante Inspección se acreditó que el terreno no fue explotado en el periodo señalado y que se subarrendó el terreno sin previa autorización de la Procuraduría General de la Repúb1ica.”- “CONSIDERANDO (6) Que como consta de autos el demandante incumplió las cláusulas 7 y 8 del Contrato de Arrendamiento, motivo por el cual la administración estaba en su derecho de proceder a declarar resuelto el mismo, en consecuencia se desprende que la acción es improcedente, por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado” Honorable Corte Suprema, consideramos, expresamos y ratificamos que el AQUEM, emite FALLO, sin que se haya revisado los hechos y pruebas que al efecto se desprendió la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, hace una interpretación errónea del fondo del asunto, por lo siguiente, nuestra patrocinada la sociedad INVERSIONES DEL GOLFO, S. DE R.L., a través de su Representante Legal, realizó acciones y comenzó el proyecto del cultivo del camarón, al efecto se inscribieron en el Registro de la Propiedad de la Circunscripción de Choluteca y al margen del asiento respectivo las mejoras al predio concedido en Arrendamiento, situación esta que está acreditada de autos en la primera pieza, además teniendo suficiente conocimiento de las condiciones del Contrato suscrito específicamente la determinada en el numeral ocho (8) que dice, queda prohibido al arrendataria subarrendar el predio objeto del contrato, salvo que la Procuraduría General de la República expresamente lo autorice, siempre se respeto tal determinación y que fue probada también en su momento procesal.(el subrayado es del suscrito). Honorable Corte, situaciones como la plasmada es la que nos conlleven o ha la mayoría de la población a no creer en ciertos aspectos y acciones efectuados por la administración y en el caso particular la decisión de un Tribunal Colegiado, como el que nos ocupa, que la Honorable Corte de Apelaciones determina que los extremos fueron incumplidos por no haber explotado en el tiempo estipulado como se dejó plasmado mediante una inspección que se realizó, situación que no fue probada ni tampoco aparece en autos haberse realizado o que la sociedad INVERSIONES DEL GOLFO, S. DE R.L., haya realizado tal o cual acto, irresponsable criterio del juzgador al establecer además que se subarrendó el terreno sin la debida autorización de la Procuraduría General de la República, si en la primera pieza de autos no existe contrato de subarrendamiento alguno, ni tampoco se inspeccionó en el Registro de la Propiedad respectivo la inscripción del subarrendamiento, tal como lo hace creer el AQUEM en el considerando alegado.- Para que pueda surtir efecto determinado Subarrendamiento probado y que corra agregado a los autos, este debe de constar como lo establece el artículo 321 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado por analogía en su momento procesal al procedimiento administrativo al determinar: bajo la denominación de Instrumentos o Documentos Públicos se comprenden: 1° Las Escrituras Publicas otorgadas con arreglo a derecho y señores Magistrados, tal documento no existe ni. tampoco fue probado como lo hace creer corno concluyente el Tribunal .Juzgador.- Es más no tomaron en cuenta las mejoras que inscritas que fueron y probadas en el momento procesal oportuno, realizó mi patrocinada, mismas que si se derivan de un documento Público y autentico, encontrándose al margen del asiento de la inscripción del comentado contrato de arrendamiento. SEGUNDO MOTIVO: DISPOSICION LEGAL INFRINGIDA.- El artículo 68, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por haber en la apreciación de las pruebas error de derecho.- El que literalmente dice: Artículo 68.- El Juzgado podrá recibir el proceso a prueba cuando exista disconformidad en los hechos y éstos fuesen de indudable trascendencia, a su juicio, para la resolución del caso, siempre que en la demanda o contestación se expresen con claridad los puntos de hecho sobre los cuales haya de versar la prueba. CONCEPTO Y DETALLES DE LA INFRACCION: PRECEPTO AUTORIZANTE. El artículo 719 inciso 2) del Código Procesal Civil, que literalmente dice: IGUALMENTE, SE PODRÁ IMPUGNAR LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DE FONDO DEL LITIGIO. DETALLES DE LA INFRACCION: La determino en el. considerando numero siete (7) de la sentencia recurrida, al referir: “CONSIDERANDO (7) Que asimismo si confrontamos la parte actora en su escrito de demanda con la sentencia definitiva dictada por el A-Quo se desprende que no existe congruencia de la misma, ya que de la revisión del escrito de demanda el demandante solamente pide la nulidad de un acto administrativo sin designar con precisión el mismo, y en ningún momento solícita se le reconozca situación jurídica individualizada, en este caso de daños y perjuicios, ya que su única relación en dicho sentido es en el acápite de cuantía de la demanda, motivo por el cual el A.-Quo no podía conceder indemnización de daños y perjuicios por no haberlo solicitado el demandante.” Honorable Corte Suprema, consideramos irresponsable y alejado a derecho el criterio vertido en el Considerando Siete, al apreciar por parte de la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que solamente se pidió la Nulidad del Acto Administrativo dictado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, cuando en la pretensión promovida contra el Estado de Honduras, además de pedir la Nulidad del Acto Administrativo se determinó la situación jurídica individualizada, al solicitar la condena de daños y perjuicios por el lucro cesante y daño emergente causado por tal acto; el Código Civil en su artículo 1365 nos establece: “La indemnización de daños y perjuicios comprende no solo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.” Y nos apoya la pretensión y quedó demostrado en la primera pieza de autos el contenido del artículo 1366 del mismo Código, que entre otros determina: “Los daños y perjuicios que de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento...” de que sirve a mi patrocinada que solamente se Anule el acto administrativo dictado por la administración publica, sin pedir el resarcimiento de los perjuicios causados; demostrado en autos está haberse inscrito en el Registro respectivo las mejoras efectuadas al predio concedido en Arrendamiento, la principal acción que todo ciudadano hondureño al recurrir a la Justicia es que se le reconozca en el caso que nos ocupa, EL LUCRO CESANTE DEJADO DE PERCIBIR; y al haberse ANULADO EL ACTO ADMINISTRATIVO que en su momento fue dictado al margen de la ley, restringiendo derechos consagrados en la Constitución de la República, deviene el pago de daños y perjuicios que como se estila en el procedimiento administrativo se tendrán que cuantificar y establecer su minuta en el momento de la ejecución de la sentencia de primera instancia, por el motivo de estar pendiente recursos como el que nos ocupa”.- II.- Que el Recurrente en los dos motivos que anteceden incurre en una serie de defectos técnicos que los vuelven inadmisibles, a saber: a) se aduce la violación del artículo 68 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sin precisar si la misma proviene de falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de dicha norma; b) pretende que se revise la interpretación y valoración de las pruebas, alegando error de derecho, lo cual no procede en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) ataca a los considerandos del fallo y no a su parte resolutiva.- III.- Que el Impetrante en su tercer motivo expone: “DISPOSICION LEGAL INFRINGIDA.- Lo determino en los artículos 187 numeral tercero y 190 del Código de Procedimientos Civiles, que literalmente dicen: “Artículo 187 Las sentencias definitivas contendrán, con claridad y concisión posibles: 1°... ,2°... ,3°, En los considerandos la apreciación, de los puntos de derechos fijados por las partes, dando las razones y fundamentos legales que se estimen procedente para el fallo que haya de dictarse.- y Artículo 190 Las sentencias deben ser claras precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.”, esta norma anunciada, Honorable Corte Suprema, aunque ya está derogada con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, se aplica por ser al momento de dictarse la Sentencia tenía suficiente relación con el procedimiento seguido.- Al respecto también nos apoyamos en lo dispuesto en el artículo 200 del Código Procesal Civil en todo su contenido. CONCEPTO Y DETALLES DE LA INFRACCION. PRECEPTO AUTORIZANTE.- Lo establezco en el artículo 719, inciso numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil, que refiere: SE PODRÁN IMPUGNAR LA APLICACION E INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN: a)...b...)c) LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA.- Honorables Magistrados, basta leer la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, dictada en fecha nueve de Febrero del año dos mil doce, para establecer la contradicción que contiene: en el último considerando determina: “CONSIDERANDO: Que esta Corte concluye que la sentencia definitiva venida en Apelación debe ser revocada por no estar dictada conforme a derecho ya que concede pretensiones no solicitadas por las partes y asimismo por constar de autos que el Acto Administrativo impugnado se encuentra conforme a derecho”; por lo tanto la SENTENCIA NO ES CLARA NI CONGRUENTE, contradiciéndose totalmente en los hechos y apreciaciones legales que se dieron en la secuela del juicio; por lo que procede el Recurso de Casación por los motivos alegados, para culminar es totalmente contradictoria en todas sus partes la Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, por lo que da a lugar que CASE la misma por las razones antes apuntadas en los motivos y preceptos alegados en las presente.”.- IV.- Que en el motivo que antecede se incurre en defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, como son: a) no indica con precisión el concepto de la infracción, ya que no establece si es por falta de aplicación, aplicación indebida o la errónea interpretación de las normas procesales que cita; b) se alega que el fallo recurrido es contradictorio, sin explicar ni fundamentar su posición, limitándose a señalar que la sentencia no es clara ni congruente.- V.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los tres motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.-VI.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 200, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciocho días del mes de Abril del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha tres de abril del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 537-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL