Sentencia CA526-11 — Registro 2359
Resumen
Se declara la nulidad de oficio de la sentencia dictada por la Corte de apelaciones
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que revisada la resolución recurrida y de conformidad al control de oficio de la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la Ley, se aprecia que el fallo del Ad quem no es susceptible del recurso extraordinario de casación ya que el mismo no tiene el carácter o condición de definitivo, y no pone término al pleito, porque se limita a anular la sentencia del a-quo, por lo que al señalar en su parte dispositiva que contra el fallo dictado procede el recurso de casación como si fuese una decisión que haga imposible la continuación del proceso, ha provocado la nulidad del mismo, debiendo reponerse las actuaciones al estado en que se cometió tal infracción.- VI.- Que conforme con el Código Procesal Civil, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el Recurrente.- VII.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días del mes de febrero de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES, representado en juicio por el Abogado RONAL EDUARDO DERAS MONTES y el Recurrido: MELISSA MARIA DISCUA BUEZO, representada en juicio por el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal de que fue objeto y como medida para el restablecimiento del derecho subjetivo violado, que se condene al reintegro al trabajo, pago de salarios caídos, costas, promovida por la señora MELISSA MARIA DISCUA BUEZO, representada en juicio por el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, contra EL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES representada en juicio por el Abogado RONAL EDUARDO DERAS MONTES.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que empezó a prestar sus servicios nombrada mediante acuerdo No.1396-SRH de fecha 20 de septiembre de 2006, efectivo a partir del 29 de septiembre de 2006, devengando un salario promedio mensual de USD4,930.05; que la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores le concedió vacaciones del 23 de junio al 24 de julio del año 2008, conforme oficio No.400-SRH de fecha 2 de mayo de 2008; que estando en su período de vacaciones se le notificó mediante oficio No.666-SRH de fecha 8 de julio de 2008, su acuerdo de cancelación No.940-SRH de fecha 24 de junio de 2008, efectivo a partir del 31 de julio de 2008, por el cual se le cancelaba del cargo de Agente Consular en la representación de Nueva Orleáns, Estados Unidos de América, sin seguir procedimiento alguno, ya que no se le llamó a la correspondiente audiencia de descargos, ni se le invocó causal alguna de despido y su puesto está protegido por la Ley de Servicio Civil. Solicita la nulidad consistente en el acuerdo No.940-SRH de fecha 24 de junio de 2008, que se reconozca su situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal de que fue objeto y como medida para el restablecimiento del derecho subjetivo violado se condene al reintegro al trabajo.- 2.- La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES, contestó dicha demanda señalando que la demandante inició su relación laboral con la demandada a partir del 8 de mayo de 2006, mediante Contrato de Prestación de Servicios Profesionales en el cargo de Auxiliar Jurídico, vigente al 31 de julio de 2006, afectando con su nombramiento la cuenta especial No.11101-01-000351-2, sub cuenta 4, Programa de Demarcación de Límites Marítimos de Honduras, rechazando lo aducido por la demandante al decir que empezó a prestar sus servicios mediante acuerdo 1398-SRH de fecha 20 de noviembre de 2006 por ser falso ya que empezó mediante contrato de servicios mediante acuerdo 1398-SRH de fecha 20 de noviembre de 2006, siendo falso lo que ella manifiesta de la forma en que comenzó a laborar, así como es falso los ascensos que manifiesta haber obtenido, al contrario la demandante renunció al cargo temporal de Auxiliar Jurídico, renuncia aceptada con efectividad a partir del 29 de septiembre de 2006; se rechazan los argumentos planteados por la demandante al decir que “No se siguió procedimiento alguno como ser el Derecho de defensa por no habérsele llamado a audiencia de descargos” en virtud de que el acuerdo No.797-SRH de fecha 14 de abril de 2007, se plasmó que la plaza estaba clasificada como puesto excluido del Régimen del Servicio Civil, ya que las personas que ocupen estos puestos serán regidos por la Ley de Servicio Exterior de Honduras, la demandante al recibir el acuerdo de ascenso al cargo de Segundo Secretario de la Representación Diplomática de Honduras en Francia se dio por enterada que el mismo era un puesto clasificado como excluido y que no estaba protegido por el régimen del Servicio Civil por lo cual la autoridad nominadora, con facultades suficientes, sin más trámites, en cualquier tiempo y sin causa podía removerla del cargo.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, en fecha diez de enero del año dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando Improcedente la Acción Incoada por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, sin perjuicio del derecho que le otorga el artículo 4 (reformado e interpretado) de la Ley de Servicio Civil, a que se le paguen las indemnizaciones que por Ley le corresponden por el tiempo laborado. Criterio: el reintegro solicitado por la demandante no es procedente ya que la autoridad nominadora, si tenía facultades para cancelar el acuerdo de nombramiento de la demandante sin realizar el procedimiento de despido, pero como se establece, si a reconocer sus derechos laborales por todos los años de servicios prestados, ya que a la demandante no se le interrumpía su antigüedad o continuidad en la relación de trabajo, por haber sido objeto de cambio por ascenso a un puesto excluido, conservando su derecho a percibir las indemnizaciones que de conformidad con la ley le corresponden.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha once de mayo del año dos mil once, dictó sentencia anulando de oficio la sentencia dictada por el Juez A-Quo. Criterio: los servidores públicos que fueren objeto de cambio de servicio por ascenso y otro movimiento a puesto excluido, o estando en el, reingresen al sistema, seguirán sujetos al régimen del Servicio Civil sin que ello interrumpa la antigüedad o continuidad de la relación de trabajo, conservando el derecho a percibir las indemnizaciones que de conformidad con la ley le corresponda, cuando fueren cancelados o despedidos sin justa causa.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogado RONAL EDUARDO DERAS MONTES, en fecha diez de junio del año dos mil once, interpuso escrito de interposición y formalización de recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal contra la sentencia dictada, en fecha once de mayo del año dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.111-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 211-08 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha diecinueve de julio del año dos mil once, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandante, MELISSA MARIA DISCUA BUEZO, representada en juicio por el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, presentó, en fecha trece de septiembre del año dos mil once, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha catorce de septiembre del año dos mil once por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, declarando haberlo presentado en forma pero no en tiempo el pronunciamiento sobre el recurso de casación planteado, por lo cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificada personalmente de dicha resolución en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil nueve el Abogado RONAL EDUARDO DERAS MONTES y en fecha cuatro de octubre del año dos mil once, el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado RONAL EDUARDO DERAS MONTES, presentó escrito en fecha 20 de septiembre del 2012, personándose en concepto de parte Recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- III.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- IV.- Que la Corte de Apelaciones de la Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional en fecha 11 de mayo de 2011, dispuso anular de oficio la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, argumentando que los servidores públicos que fueren objeto de cambio de servicio por ascenso u otro movimiento a puesto excluido, o estando en el reingrese al sistema, seguirán sujetos al régimen de servicio civil sin que ello interrumpa la antigüedad o continuidad de la relación de trabajo, conservando el derecho a percibir indemnizaciones que de conformidad con la Ley le corresponda, cuando fueren cancelados o despedidos sin justa causa; y mandando que: “CONTRA LA PRESENTE SENTENCIA PROCEDE EL RECURSO DE CASACION EL QUE DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DENTRO DE LOS VEINTE (20) DIAS SIGUIENTES AL DE LA NOTIFICACION DEL PRESENTE FALLO…” .- V.- Que revisada la resolución recurrida y de conformidad al control de oficio de la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la Ley, se aprecia que el fallo del Ad quem no es susceptible del recurso extraordinario de casación ya que el mismo no tiene el carácter o condición de definitivo, y no pone término al pleito, porque se limita a anular la sentencia del a-quo, por lo que al señalar en su parte dispositiva que contra el fallo dictado procede el recurso de casación como si fuese una decisión que haga imposible la continuación del proceso, ha provocado la nulidad del mismo, debiendo reponerse las actuaciones al estado en que se cometió tal infracción.- VI.- Que conforme con el Código Procesal Civil, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el Recurrente.- VII.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, vista la opinión del Fiscal, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 8 número 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 119, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública 9, 11, 1586, y 1589 del Código Civil; 193, 197 numeral 2, 211, 212, 214 y 701 numeral 3) del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) ANULAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, de fecha 11 de mayo de 2011, visible a folios once (11) al doce (12) de la segunda pieza. 2) Exhortar a la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo observar mayor diligencia y cuidado en los asuntos sometidos a su conocimiento.- Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de Febrero del Dos Mil Trece; Certificación del auto de fecha doce de Febrero del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 526-11.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL