Sentencia CA505-11 — Registro 2344
Resumen
El recurrente interpuso en primer instancia la demanda para el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas necesarias para su pleno restablecimiento
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."En el presente motivo se encuentra infringido el Artículo 6 del Código Tributario en su segundo párrafo…”.- IV.- Que es el caso que el concepto de infracción formulada por el Impetrante en ambos motivos tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado, se deja de aplicar la disposición que lo regula, por haberla ignorado el sentenciador o por no haberle reconocido validez; pero en el presente caso el ad quem si le ha dado tal reconocimiento de modo que de la simple lectura de la redacción del fallo puede entenderse lógicamente que si la utilizó al producir los efectos que la norma contempla y que lo llevó al convencimiento de la decisión plasmada de que la aportación solidaria no constituye un gasto deducible del impuesto sobre la renta, por lo tanto no podemos entender que exista falta de aplicación de los preceptos legales señalados por el Censor.- V.- Que por las razones anteriormente expuestas, no procede la admisión de los dos motivos de casación invocados..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., quince de enero del dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha cinco de mayo del dos mil once, por el Abogado JORGE WILFREDO FONSECA ALVARADO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de apoderado de la Sociedad Financiera BANCO ATLANTIDA S.A., en relación a la demanda contraída a pedir la nulidad de pleno derecho o en su defecto la anulación de actos administrativos de la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas necesarias para su pleno restablecimiento, promovida en fecha diez de octubre de dos mil siete, ante el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo de Francisco Morazán, por el Abogado RENE PINEDA MEJIA, actuando en su condición de apoderado Legal de la Sociedad Financiera BANCO ATLANTIDA S.A., contra el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, por medio de su Procuradora General de la República en ese entonces, señora ROSA AMERICA MIRANDA DE GALO, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña y de éste domicilio.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel Nacional, en fecha veinte de agosto del dos mil nueve, mediante la cual falló REVOCANDO la sentencia de fecha cinco de febrero del dos mil nueve, dictada por el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSCAR ROLANDO MONTOYA, en su condición de apoderado legal Estado de Honduras a través de la Secretaría de Finanzas.- SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva de fecha cinco de febrero de dos mil nueve, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que aparece del folio ciento ochenta y dos (182) al folio número ciento ochenta y nueve (189) de la pieza principal de autos.- TERCERO: Declarar improcedente la acción incoada por la Sociedad Mercantil BANCOS ATLANTIDA, SA., por encontrarse ajustados a derecho las resoluciones número DE-DL-3602- 2007 de fecha 9 de mayo de dos mil siete (2007), emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la resolución número A.L.282/2007 de fecha once (11) de septiembre de dos mil siete (2007), emitida por al Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas y que obra a folio numero ciento seis (106) y ciento treinta y siete (137) respectivamente de la pieza principal de autos… SIN COSTAS”. Y el Tribunal de primera instancia en sentencia resolvió así: “FALLA: PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la acción iniciada, ante este Tribunal de Justicia, por la sociedad mercantil BANCO ATLANTIDA, S.A. SEGUNDO: Pronunciar que los actos administrativos recurridos mediante la presente acción no fueron dictados conforme a derecho pues infringen el ordenamiento jurídico y por lo tanto anula totalmente las resoluciones numero DEI-DL-3602-2007 de fecha 9 de mayo de 2007, emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la resolución numero A.L. 282/2007 de fecha 11 de setiembre de 2007, emitida por la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas. TERCERO: Reconocer a favor de la demandante la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento, le reconoce el derecho a que se le devuelva la cantidad de CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS (L. 5, 749,241.00), en concepto del pago en exceso de Impuesto Sobre la Renta, más los intereses devengados desde el momento de su depósito hasta el día de su devolución. Es opción del demandante optar por la entrega de la nota de crédito en lugar de la devolución ordenada. CUARTO: Eximir de costas a la parte demandada, por haber tenido motivos racionales para defenderse en el presente proceso… SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante, la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA, S.A., manifiesta que es una sociedad anónima, constituida bajo las leyes de Honduras, cuya finalidad es la de prestar servicios de intermediación financiera en todas las ramas y autorizada para ejercer actividades de lícito comercio en el país. Que el Congreso Nacional emitió el decreto 51-2003 que contiene la Ley de Equidad Tributaria, vigente desde el 10 de abril de 2003, por lo que presentó sus declaraciones juradas de ingresos correspondientes a 2003 y 2004, habiendo incluido en las mismas el Aporte Solidario Temporal, por la cantidad de L. 7,350,593.00 y L. 11,813,549.00, para los años fiscales 2003 y 2004 respectivamente, para hacer un total pagado de L.19,164,142.00. Refiere que dichos valores no fueron deducidos de la renta neta gravable de Banco Atlántida S.A. en el momento de la presentación de declaraciones, por no haber definido esta situación de deducción la autoridad administrativa, ocasionando que se pagara en exceso por impuesto sobre la renta la suma de L.5,749,241.00 equivalente al 30% calculado sobre el Aporte Solidario Temporal enterado al Fisco. Lo anterior provocó que Banco Atlántida, S.A. presentara ante la DEI petición para que se le devolviera o se le extendiera nota de crédito por el Impuesto pagado de más en la suma antes señalada. La petición fue denegada mediante resolución número DEI-DL-3602-2007, de fecha 9 de mayo del presente año, emitida por la DEI, luego recurrió ante la Secretaria de Finanzas en Apelación el cual también fue declarada sin lugar mediante resolución N° A.L. 282/2007 de fecha 11 de septiembre de 2007. Que los argumentos consignados por la Autoridad Administrativa para denegar su derecho son débiles, pobres, incongruentes e ilegales, pues hacen uso de suposiciones y de erróneas interpretaciones pretendiendo hacer prevalecer que el Aporte Solidario Temporal, es lo mismo que el Impuesto Sobre la Renta y que por ello no es deducible de la Renta Bruta del Contribuyente, pues según el artículo 11 letra e) de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, menciona que son deducibles las sumas que se paguen por concepto de impuestos y contribuciones, excepto el Impuesto Sobre la Renta. Asimismo la DEI está violando lo señalado en el artículo 6 párrafo segundo del Código Tributario, ya que la DEI abusa de la interpretación extensiva y analógica, contraviniendo la Ley al decir que la Aportación Solidaria Temporal es una especie de sobre tasa y que no es un impuesto nuevo sino que un cargo que se aplica al exceso de la renta neta gravable superior a un millón de Lempiras. Que la DEI en su afán de mantener su equivocado criterio sobre la deducibilidad del Aporte Solidario Temporal de la Renta Bruta del Contribuyente, pretende afianzarse en el contenido del Oficio N-UPEG-084-Q4, de fecha 12 de abril de 2004, emitido por el Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas en donde se establecieron criterios absurdos y contradictorios, pues el Impuesto Sobre la Renta, está constituido por ser un tributo permanente, establecido por una Ley en 1949, con reformas en 1955 y 1963, en cambio el Aporte Solidario Temporal es una contribución decretada en el año 2003 con carácter temporal, es decir una duración limitada. El artículo 22 de la Ley de Equidad Tributaria, al crear el Aporte Solidario Temporal, no consigna prohibición alguna en cuanto a que este aporte no es deducible de la renta bruta, como si ocurre con la Ley del Activo Neto, en donde el legislador expresamente estipuló la prohibición de que no podía este impuesto rebajarse de la renta bruta. Esto nos hace concluir en que el Aporte Solidario Temporal, si puede deducirse por no estar prohibido por su ley. Considera de suma importancia expresar que el Congreso Nacional emitió el Decreto 195-2006, contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, en cuya disposiciones generales, se incluyó como articulo 100 lo siguiente: Prorrogar hasta el año 2007 la obligación de pago de la Aportación Solidaria Temporal establecida y regulada en el articulo 22 de la Ley de Equidad Tributaria contenida en el Decreto N° 51-2003 del 3 de abril de 2003. Dicha Aportación Solidaria es considerada como deducible de la renta bruta gravable para efectos del pago del Impuesto sobre la Renta.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, manifiesta que la demandante presentó las respectivas declaraciones juradas correspondientes al año 2003, por la cantidad de L.7,350,593.00 y para el año 2004, por la cantidad de L.11,813,549.00 con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 22 de la Ley de Equidad Tributaria contenida en el decreto N° 51-03 emitido por el Congreso Nacional de a República respecto al aporte solidario temporal, pero es falso que aun no se haya definido esta situación por parte de la DEI de hacer la deducción del Impuesto sobre la Renta del valor antes descrito, por considerar que al hacerlo se estarían violando las normas legales aplicables al caso. Que se aplicó lo enunciado en el Decreto N° 51-2003, emitido por el Congreso Nacional. Que las Resoluciones N° 3602-2007 del 9 de mayo de 2007 y 282-2007 del 11 de septiembre de 2007 fueron emitidas siguiendo los lineamientos establecidos en el Decreto N° 51-2003 contentivo de la Ley de Equidad Tributaria relacionado con el Articulo 11 literal e) de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. También dice que no ha habido violación a las normas legales vigentes, mucho menos la señalada en el articulo 6 párrafo segundo del Código Tributario, pues se está aplicando la interpretación estricta y no la extensiva o análoga en las resoluciones emitidas, por lo tanto se siguieron los lineamientos establecidos en las respectivas leyes vigentes sin ninguna violación a ellas, así que el contenido del oficio PEG-084-04 del 12 de abril de 2004, emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, relacionado con la circular SNPL 107-2003 de fecha 5 de junio de 2003, emitido por la DEI definen los criterios y parámetros para la aplicación de los impuestos. Que además es de lato conocimiento que el Impuesto sobre la Renta es un impuesto permanente calculado en base a las utilidades que perciban las personas naturales y jurídicas y que el Aporte Solidario Temporal ya define los parámetros y criterios para la aplicación de los impuestos que administra conforme a las Leyes; que debido a que el Congreso mediante Decreto 195-2006, artículos 100 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, prorroga el Impuesto Aportación Solidaria Temporal hasta el 2007, en el que se determina que dicha aportación solidaria es considerada como deducible de la Renta Bruta Gravable para efectos del pago del Impuesto Sobre la Renta establecidos a partir de 2007 y no como lo plantea el demandante que dicho concepto no esta relacionándose con la prorroga sino que abarca todo lo que es considerado como Aporte Solidario Temporal, el mandato legal no es limitante para un año especifico, pues su redacción esta hecha de manera clara y precisa o sea que es aplicable su deducibilidad a todo lo que se conceptualice como Aporte Solidario Temporal durante el periodo de vigencia. Al haberse prorrogado la Aportación Solidara para el periodo 2007, contiene la prerrogativa de ser deducible de la Renta Neta Gravable, para efectos del pago de Impuesto sobre la Renta, pero únicamente para el año 2007 y no para los años 2003 a 2006.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo, en fecha 5 de febrero del 2009, dictó sentencia declarando PROCEDENTE la acción iniciada ante este Tribunal de Justicia y que los actos administrativos recurridos no fueron dictados conforme a Derecho pues infringen el ordenamiento jurídico y por lo tanto anula totalmente las resoluciones número DEI-DL-3602-2007 de fecha 9 de mayo de 2007, emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la resolución numero A.L. 282/2007 de fecha 11 de septiembre de 2007, emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. Reconocer a favor de la demandante la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento, le reconoce el derecho a que se le devuelva la cantidad de CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS (L.5,749,241.00), en concepto del pago en exceso de Impuesto sobre la Renta, más los intereses devengados desde el momento de su depósito hasta el día de su devolución. Es opción del demandante optar por la entrega de la nota de crédito en lugar de la devolución ordenada, sin costas; bajo el criterio de que la Aportación Solidaria Temporal es una obligación fiscal que legalmente representa un gasto ordinario y necesario del período contributivo respectivo para las personas con respecto a quienes fue creada. Dicha Aportación es pagada en la producción de la renta y no es Impuesto sSobre la Renta sencillamente porque el Legislador no lo refirió así, aunque establezca para su cuantificación y forma de pago, elementos propios del Impuesto Sobre la Renta —como lo son su hecho generador y su forma de pago- no es Impuesto Sobre la Renta. Por otro lado el legislador le ha otorgado a dicha carga fiscal otros elementos que lo vuelven único y lo diferencia de forma clara del Impuesto Sobre la Renta, como lo son la temporalidad y su porcentaje. De forma independiente a la nomenclatura que tenga, lo cierto es que la Aportación Solidaria Temporal representa una obligación fiscal cuyo pago representa, dentro del período de su vigencia, un gasto ordinario y necesario del período contributivo dentro del cual se exige. También se desprende que la declaración de Impuesto sobre la Renta y Aportación Solidaria Temporal N° 35010139464 y 35010153150, en las que constan los pagos realizados por la demandante en concepto de Aportación Solidaria Temporal por la cantidad de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 11,813,549.85) para el periodo fiscal 2004 y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (L. 7,350,592.94), para el período fiscal 2003, pagos que debieron haber sido deducidos de la renta neta gravable de la demandante para efecto de cálculo de pago del Impuesto Sobre la Renta y la Administración demandada no lo hizo.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 20 de agosto del 2009, dictó sentencia declarando CON LUGAR el recurso de apelación y REVOCAR la sentencia definitiva de fecha cinco de febrero de dos mil nueve, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central y que aparece del folio ciento ochenta y dos (182) al folio número ciento ochenta y nueve (189) de la pieza principal de autos.- Asimismo declarar improcedente la acción incoada por la sociedad mercantil BANCO ATLANTIDA, S.A., por encontrarse ajustadas a Derecho las resoluciones número DE-DL-3602- 2007 de fecha 9 de mayo de dos mil siete (2007), emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la resolución número A.L. 282/2007 de fecha once (11) de septiembre de dos mil siete (2007), emitida por al Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas y que obran a folio número ciento seis (106) y ciento treinta y siete (137) respectivamente de la pieza principal de autos, sin costas; bajo el criterio de que el impuesto sobre la renta es un tributo permanente, consignado en la ley respectiva en 1963, en cambio la Aportación Solidaria Temporal es un tributo creado mediante el Decreto N° 51-2003 con carácter eminentemente temporal con duración hasta el 2006, por consiguiente no constituye un gasto deducible de la Renta Neta Gravable para efectos del Impuesto Sobre la Renta, porque es un cargo que se aplica al exceso de la renta neta gravable cuando excede de un millón, carece de fundamento que el legislador aplique un cargo adicional del 5% a las referidas empresas, para que el mismo sea deducible. Que la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es un impuesto anual que grava la totalidad de los ingresos captados durante el periodo anual y no fraccionando este período en meses, como pretende el demandante, es hasta el treinta y uno de diciembre de cada año, cuando el contribuyente determina su renta gravable, surgiendo su obligación tributaria, el hecho de que durante el año realice pagos a cuenta constituye la satisfacción de anticipos a su obligación tributaria, asimismo al ser objeto de prórroga la aportación solidaria temporal para el período del dos mil siete (2007), contiene la prerrogativa de ser deducible de la renta neta gravable, para los efectos del pago del Impuesto sobre la Renta, pero únicamente para ese año impositivo, no así para los años anteriores al dos mil tres (2003) al dos mil seis (2006).- 5.- En fecha 5 de mayo del 2011, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado JORGE WILFREDO FONSECA ALVARADO, de generales y condición ya señaladas, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación.- 6.- En fecha veintiuno de octubre del dos mil once, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado JORGE WILFREDO FONSECA ALVARADO, de generales y condición ya señaladas y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al Fiscal del Despacho por el término de diez días para que emitiera su dictamen; haciéndolo dicho funcionario en fecha 1 de febrero del 2012, de la siguiente manera: “OPINION Con base en las razones expuestas, el Ministerio Público dictamina desfavorable a la admisión del recurso en sus dos motivos”.- 7.- Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación a la Ley, en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado JORGE WILFREDO FONSECA ALVARADO, formula el primer motivo de casación de la siguiente manera: “VIOLACION DE LEY POR OMISION O FALTA DE APLICACIÓN DE LA MISMA. PRECEPTO AUTORIZANTE...- Artículo 903, preámbulo y Nº. 1 del Código de Procedimientos Civiles en lo concerniente a la violación. DISPOSICIONES INFRINGIDAS...-En el presente motivo se encuentra infringido el Artículo 11, Literal e) de la Ley del impuesto Sobre la Renta en relación con el Artículo 22 del Decreto Nº. 51-2003, que contiene la Ley de Equidad Tributaria, con el Artículo 6, del Decreto No. 22-94 que contiene el Código Tributario.”.- III.- Que el Censor en el segundo motivo esgrime: “VIOLACIÓN DE LEY POR OMISION O FALTA DE APLICACIÓN DE LA MISMA. PRECEPTO AUTORIZANTE…- Articulo 903, preámbulo y No. 1 del Código de Procedimientos Civiles en lo concerniente a la violación. DISPOSICIONES INFRINGIDAS…— En el presente motivo se encuentra infringido el Artículo 6 del Código Tributario en su segundo párrafo…”.- IV.- Que es el caso que el concepto de infracción formulada por el Impetrante en ambos motivos tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado, se deja de aplicar la disposición que lo regula, por haberla ignorado el sentenciador o por no haberle reconocido validez; pero en el presente caso el ad quem si le ha dado tal reconocimiento de modo que de la simple lectura de la redacción del fallo puede entenderse lógicamente que si la utilizó al producir los efectos que la norma contempla y que lo llevó al convencimiento de la decisión plasmada de que la aportación solidaria no constituye un gasto deducible del impuesto sobre la renta, por lo tanto no podemos entender que exista falta de aplicación de los preceptos legales señalados por el Censor.- V.- Que por las razones anteriormente expuestas, no procede la admisión de los dos motivos de casación invocados.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, vista la opinión del Fiscal, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 916 y 920 numeral 2) del Código de Procedimientos Civiles; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS por haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días del mes de Enero del Dos Mil Trece; Certificación del auto de fecha quince de enero del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 505-11.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL