Sentencia CA491-12 — Registro 2364
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción y por no estar ajustado a derceho el acto administartivo impugando, consistente en el acuerdo de cancelación en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que la recurrente fundamenta su motivo manifestando lo siguiente: “UNICO MOTIVO: Infracción por violación o falta de aplicación e interpretación de las normas de Derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, en cuanto a la interpretación de los Artículos 53 de la Ley del Servicio Civil, 278 y 279 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil produciéndose la ilegalidad de la resolución por no estar apegada a derecho, al considerar que el acto administrativo impugnado no fue dictado conforme a derecho, ya que la cancelación por cesantía de cual fue objeto la demandante se enmarco dentro de los procedimientos establecidos en la Ley. Por lo que el perjuicio sufrido por el Estado con motivo de la infracción a las normas de derecho imperativas es evidente según se desprende de la lectura del proceso venido a conocimiento a este Honorable Tribunal Superior de Justicia. NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTAN EL MOTIVO. El Artículo 53 de la Ley de Servicio Civil establece que se podrá cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General, siempre que el consejo del servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede la Cesantía por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones calificadas que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que a continuación se indica: b) Reducción de Servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. Artículo 278 del Reglamento de la Leydel Servicio Civil en el cual se establece cuando precede la Cesantía de uno o más servidores públicos por las siguientes razones: b) reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. Artículo 279 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil: Antes de decretarse la cesantía, es necesario primeramente consultar al Consejo del Servicio Civil, si procede o no, justificándola en las causas establecidas en el artículo 278. Luego se deberá comunicar por escrito a la Dirección General la cancelación de los servidores que serán cesanteados con los nombres, apellidos, direcciones, cargos de estos y demás datos en el respectivo formulario de acción de personal. En el caso que nos ocupa hay una clara infracción a la normas de derecho empleadas donde se demostró por esta representación legal del Estado que el acto de la Cesantía aplicada a la demandante fue realizado siguiendo el procedimiento establecido en la Ley y Reglamento de Servicio Civil, habiéndose presentado al proceso las pruebas que sustentan la cancelación por cesantía de la demandante la cual fue realizada siguiendo los parámetros legales establecidos para ese fin. Mi representado en ningún momento violo el ordenamiento jurídico ya que la cancelación por cesantía se ajusto a derecho pues su fundamento se encuentra regulado en el artículo 53 inciso b) de la Ley del Servicio Civil, en relación a los artículos 278 b), 279 y 284 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil. Habiéndose seguido el procedimiento indicado para cancelar por cesantía a los servidores públicos y el cual se preceptúa en la Ley de Servicio Civil y su reglamento de aplicación, habiéndose comprendido esta cancelación por cesantía en el Artículo 53 numeral b) reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa” Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) indica la Recurrente cómo concepto de la infracción la “violación o falta de aplicación e interpretación de las normas de Derecho empleadas para la solución del fondo del litigio”, siendo dos formas distintas de infringir la Ley que debieron ser expuestas en forma separada e independiente; b) insta en su explicación del motivo la revisión del material probatorio lo cual no es permitido conforme a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y c) realiza alegatos de instancia inapropiados en la formulación del cargo.-III.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de marzo del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, representada en juicio por la Abogada CLARISSA MARGARITA DOMINGUEZ CHAVEZ y Recurrido: La señora WENDY MARGOTH GARAY VARELA, representado en juicio por el Abogado OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX.- OBJETO DEL PROCESO: Que la demandante se contrae a pedir la nulidad de un acto administrativo de carácter particular consistente en el acuerdo No. 0853-SE-lO, por violentar derechos y garantías fundamentales, se declare no ser conforme a derecho por desconocer el legitimo derecho a la defensa y por infracción del ordenamiento jurídico nacional, se reconozca una situación jurídica individualizada, se solicita el reconocimiento y aplicación de medida cautelar necesaria para el pleno restablecimiento de derechos como ser la suspensión del acto administrativo impugnado, reintegro de un cargo, pagos de salarios dejados de percibir, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dieciocho de mayo del dos mil diez, por la señora WENDY MARGOTH GARAY VARELA, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante en el escrito de su demanda manifiesta que fue nombrada mediante acuerdo en forma permanente el día 3 de abril del año 2006, en el cargo de oficial de personal III, en la Dirección Departamental de Educación de Yoro, dependencia desconcentrada, de la Secretaría de Educación, posteriormente el día 28 de abril del año 2006, sorpresivamente se le notifica el acuerdo No. 0853-SE-10, de su cancelación por cesantía el que supuestamente es efectivo a partir del 30 de abril del mismo año; manifiesta que en ningún momento se le notificó la comisión de alguna de las faltas establecidas en los artículos 42 y 47, de la ley de servicio civil, ni los procedimientos que establecen los artículos 53, 54 y 55, de esta misma ley; y 113 y 154 de su reglamento, ni fue llamada para una audiencia de descargo como lo tipifican los artículos 48, y 49 del mismo cuerpo legal, 116 y 119, del reglamento, para conocer de dichas supuestas faltas y proceder a su defensa en descargo de las mismas. Que el Secretario de Estado en los Despachos de Educación, al dictar el acuerdo No. 0853-SE-lO, infringió la constitución de la republica en sus artículos: 60 párrafo II y III, 61, 62, 63, 64, 82, 89, 90, 94, 95, 129, 165, 321, 322, 323, 324, 325, 326 y 327; Ley General de Administración Publica en sus artículos: 5, 8, numerales 2, 3 y 4; 118 numeral 1, y 124, Ley Procedimientos Comunes en sus artículos: 24, 25, 30, 31, 34 letras B), C), CH), y E); 35, 40, letra A, 59, 60, 61, 62 y 64; Ley de Servicio Civil en sus artículos: 116, 119, 145, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 187, 188, 189, 190, 191. Por lo tanto, el acuerdo No. 0853-SE-10, emitido además de injusto, es violatorio del legítimo derecho a la defensa y de la garantía constitucional del debido proceso.- 2.- La parte demandada el Estado de Honduras, manifiesta que se opone a las pretensiones del demandante, en virtud de alegar, que el acto administrativo dictado mediante acuerdo No. 0853-SE-l0, de fecha 15 de abril del 2010, esta emitido en estricto apego a la ley y el derecho.- 3.- Que el Juzgado de letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 25 de agosto del 2011, mediante sentencia definitiva declaró procedente la acción y Anula el acuerdo de cancelación número 0853-SE-10, reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se resuelve el reintegro del demandante al cargo que ostentaba al momento de su separación o a otro de igual o mejor categoría, y que se le paguen los salarios dejados de percibir hasta el momento que sea reinstalado al mismo cargo que ocupaba o a otro de igual o mejor categoría, reconociéndole el beneficio de aumento de salarios futuros y se decreta la nulidad del acto por el cual se hubiere designado al sustituto de la demandante, tal y como lo estipula el Articulo 113 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin costas; Bajo el criterio de que en los Artículos 53 y 54 de la Ley del Servicio Civil, se establece el Procedimiento a Seguir para Cancelar por Cesantía a un Servidor Público, mismo que, en el caso que nos ocupa, NO FUE cumplido a cabalidad, infringiéndose por las siguientes razones: A) No se le practicó al Demandante, evaluación alguna de sus servicios, siendo esto un requisito imprescindible, pues la figura de la Cesantía de personal esta instituida con el objeto de obtener una más eficaz y económica organización administrativa, razón por la cual al no aparecer en autos una evaluación en la que se demuestre que el trabajo realizado por el Demandante no se enmarca dentro de los parámetros de la eficiencia administrativa que se busca, no se justifica la procedencia de la aplicación de dicha figura; y B) No se tomó en cuenta su profesionalismo o experiencia adquirida durante los Años de Servicio del Mismo (14 años en el presente caso).- 4.- Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 9 de febrero del 2012, mediante sentencia definitiva declaró SIN LUGAR el recurso de apelación y confirma la sentencia venida en apelación, sin costas; Bajo el criterio que esta debidamente probado de autos que la autoridad nominadora no siguió la totalidad del procedimiento que ordena la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para cancelar por cesantía a la demandante, por lo que nos encontramos ante un acto administrativo viciado de nulidad, por haberse dictado con infracción del ordenamiento jurídico, en consecuencia la nulidad del mismo decretada por el A-Quo es correcta.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, representada en juicio por la Abogada CLARISSA MARGARITA DOMINGUEZ CHAVEZ, presentó en fecha 2 de mayo del 2012, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha 9 de febrero del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 24-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 031-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- 6.- Mediante providencia de fecha 2 de mayo del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente Recurso de Casación, y acordó dar copia del escrito de mérito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX, apoderado de la señora WENDY MARGOTH GARAY VARELA, presentó en fecha 23 de mayo del 2012, escrito de contestación del Recurso de Casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 25 de mayo del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución el Abogado OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX, apoderado de la parte demandante, en fecha 28 de mayo del 2012 y la Abogada CLARISSA MARGARITA DOMINGUEZ CHAVEZ, apoderada de la parte demandada, en fecha 6 de junio del 2012.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX, apoderado de la parte demandante, presentó escrito de personamiento en fecha 18 de junio del 2012, en concepto de parte recurrida y la Abogada CLARISSA MARGARITA DOMINGUEZ CHAVEZ, apoderada de la parte demandada, presentó escrito de personamiento en fecha 27 de julio del 2012, en concepto de parte recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que la recurrente fundamenta su motivo manifestando lo siguiente: “UNICO MOTIVO: Infracción por violación o falta de aplicación e interpretación de las normas de Derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, en cuanto a la interpretación de los Artículos 53 de la Ley del Servicio Civil, 278 y 279 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil produciéndose la ilegalidad de la resolución por no estar apegada a derecho, al considerar que el acto administrativo impugnado no fue dictado conforme a derecho, ya que la cancelación por cesantía de cual fue objeto la demandante se enmarco dentro de los procedimientos establecidos en la Ley. Por lo que el perjuicio sufrido por el Estado con motivo de la infracción a las normas de derecho imperativas es evidente según se desprende de la lectura del proceso venido a conocimiento a este Honorable Tribunal Superior de Justicia. NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTAN EL MOTIVO. El Artículo 53 de la Ley de Servicio Civil establece que se podrá cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General, siempre que el consejo del servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede la Cesantía por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones calificadas que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que a continuación se indica: b) Reducción de Servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. Artículo 278 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil en el cual se establece cuando precede la Cesantía de uno o más servidores públicos por las siguientes razones: b) reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. Artículo 279 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil: Antes de decretarse la cesantía, es necesario primeramente consultar al Consejo del Servicio Civil, si procede o no, justificándola en las causas establecidas en el artículo 278. Luego se deberá comunicar por escrito a la Dirección General la cancelación de los servidores que serán cesanteados con los nombres, apellidos, direcciones, cargos de estos y demás datos en el respectivo formulario de acción de personal. En el caso que nos ocupa hay una clara infracción a la normas de derecho empleadas donde se demostró por esta representación legal del Estado que el acto de la Cesantía aplicada a la demandante fue realizado siguiendo el procedimiento establecido en la Ley y Reglamento de Servicio Civil, habiéndose presentado al proceso las pruebas que sustentan la cancelación por cesantía de la demandante la cual fue realizada siguiendo los parámetros legales establecidos para ese fin. Mi representado en ningún momento violo el ordenamiento jurídico ya que la cancelación por cesantía se ajusto a derecho pues su fundamento se encuentra regulado en el artículo 53 inciso b) de la Ley del Servicio Civil, en relación a los artículos 278 b), 279 y 284 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil. Habiéndose seguido el procedimiento indicado para cancelar por cesantía a los servidores públicos y el cual se preceptúa en la Ley de Servicio Civil y su reglamento de aplicación, habiéndose comprendido esta cancelación por cesantía en el Artículo 53 numeral b) reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa”.- II.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) indica la Recurrente cómo concepto de la infracción la “violación o falta de aplicación e interpretación de las normas de Derecho empleadas para la solución del fondo del litigio”, siendo dos formas distintas de infringir la Ley que debieron ser expuestas en forma separada e independiente; b) insta en su explicación del motivo la revisión del material probatorio lo cual no es permitido conforme a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y c) realiza alegatos de instancia inapropiados en la formulación del cargo.- III.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 numeral 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la abogada CLARISSA MARGARITA DOMINGUEZ CHAVEZ, en su condición de apoderada de la parte demandada en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de Abril del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha cinco de marzo del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 491-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL