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Sentencia CA490-12 — Registro 2363

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por la demandante, en virtud de no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto el Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente:“LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS EN DICHA SENTENCIA PARA LA SOLUCION DEL FONDO DEL LITIGIO, la cual se hace de la manera siguiente: CAUSALES INVOCADAS. Numeral Dos (2) del artículo 719 del Código Procesal Civil, impugnar la aplicación e interpretación de las normas Derecho empleada para la solución de fondo del litigio. MOTIVO. UNICO MOTIVO: Infracción por violación o falta de aplicación e interpretación de las normas de Derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, en cuanto a la interpretación de los Artículos 53 de la Ley del Servicio Civil, 278 y 279 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil produciéndose la ilegalidad de la resolución por no estar apegada a derecho, al considerar que el acto administrativo impugnado no fue dictado conforme a derecho, ya que la cancelación por cesantía de cual fue objeto la demandante se enmarco dentro de los procedimientos establecidos en la Ley. Por lo que el perjuicio sufrido por el Estado con motivo de la infracción a las normas de derecho imperativas es evidente según se desprende de la lectura del proceso venido a conocimiento a este Honorable Tribunal Superior de Justicia. NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTAN EL MOTIVO El Artículo 53 de la Ley de Servicio Civil establece que se podrá cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General, siempre que el consejo del servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede la Cesantía por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones calificadas que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que a continuación se indica: b) Reducción de Servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. Artículo 278 del Reglamento de la Leydel Servicio Civil en el cual se establece cuando precede la Cesantía de uno o más servidores públicos por las siguientes razones: b) reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. Artículo 279 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil: Antes de decretarse la cesantía, es necesario primeramente consultar al Consejo del Servicio Civil, si procede o no, justificándola en las causas establecidas en el artículo 278. Luego se deberá comunicar por escrito a la Dirección General la cancelación de los servidores que serán cesanteados con los nombres, apellidos, direcciones, cargos de estos y demás datos en el respectivo formulario de acción de personal. En el caso que nos ocupa hay una clara infracción a la normas de derecho empleadas donde se demostró por esta representación legal del Estado que el acto de la Cesantía aplicada a la demandante fue realizado siguiendo el procedimiento establecido en la Ley y Reglamento de Servicio Civil, habiéndose presentado al proceso las pruebas que sustentan la cancelación por cesantía de la demandante la cual fue realizada siguiendo los parámetros legales establecidos para ese fin. Mi representado en ningún momento violo el ordenamiento jurídico ya que la cancelación por cesantía se ajusto a derecho pues su fundamento se encuentra regulado en el artículo 53 inciso b) de la Ley del Servicio Civil, en relación a los artículos 278 b), 279 y 284 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil. Habiéndose seguido el procedimiento indicado para cancelar por cesantía a los servidores públicos y el cual se preceptúa en la Ley de Servicio Civil y su reglamento de aplicación, habiéndose comprendido esta cancelación por cesantía en el Artículo 53 numeral b) reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. PARTE DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA PRIMERO: En cuanto a que se declara Sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por esta representación Legal del Estado de Honduras. SEGUNDO: En cuanto a que se confirma la sentencia definitiva de fecha Veintiséis de Agosto del

Dos Mil Once, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes y que corre agregada a folio Noventa y Tres (93) al Noventa y Seis (96).”.- “ Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) indica la Recurrente cómo concepto de la infracción la “violación o falta de aplicación e interpretación de las normas de Derecho empleadas para la solución del fondo del litigio”, siendo dos formas distintas de infringir la Ley que debieron ser expuestas en forma separada e independiente; b) insta en su explicación del motivo la revisión del material probatorio lo cual no es permitido conforme a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y c) realiza alegatos de instancia inapropiados en la formulación del cargo.- 3.-Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cinco días del mes de marzo del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO EDUCACION representado en juicio por la Abogada CLARISSA MARGARITA DOMINGUEZ CHAVEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Que el demandante se contrae a pedir se declare la nulidad absoluta de un acto administrativo de carácter particular consistente en el Acuerdo No. 0852-SE-10 por violentar derechos y garantías fundamentales, se declare no ser conforme a derecho por desconocer legitimo derecho a la defensa y por infracción del ordenamiento jurídico nacional, se reconozca una situación jurídica individualizada; se solicita el reconocimiento y aplicación de medida cautelar necesaria para el pleno restablecimiento de derechos como ser la suspensión del acto administrativo impugnado, reintegro en un cargo, pagos de salarios dejados de percibir y costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dieciocho de mayo del dos mil diez, por la señora RUBENIA HERNANDEZ AGUILAR, contra el Estado de Honduras a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción que comenzó a laborar en la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación en fecha 30 de marzo del 2006 mediante Acuerdo numero 0747-SE-06 en el cargo de Gerente de Negocios Auxiliar, en la Dirección Departamental de Educación del Departamento de Lloro y fue cancelada por cesantía en fecha 28 de abril del dos mil diez, sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.- 2.- La parte demandada el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, contestó señalando que rechaza unos hechos y acepta otros, y en su defensa alega que se ha despedido por cesantía a la demandada siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia definitiva en fecha veintiséis de agosto del dos mil once, que en su parte conducente dice: “FALLA.- PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la acción interpuesta por la ciudadana RUBENIA HERNANDEZ AGUILAR, en virtud de no ajustarse a derecho el Acto Administrativo Impugnado; En consecuencia; ANULA el Acuerdo 0852-SE-10 de fecha 28 de Abril del 2010 emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación mediante el cual se Cancela por Cesantía a la Demandante RUBENIA HERNANDEZ AGUILAR de su cargo de Gerente de Negocios Auxiliar, en la Dirección Departamental de Yoro, dependencia desconcentrada de la secretaria de educación.-,.-SEGUNDO: RECONOCER la situación jurídica individualizada; y como medida para su pleno restablecimiento ORDENA el REINTEGRO inmediato de la ciudadana RUBENIA HERNANDEZ AGUILAR al cargo que esta ostentaba en el momento de su separación o a otro de igual o mejor categoría, y que se le paguen los salarios dejados de percibir hasta el momento que sea reinstalado al mismo cargo que ocupaba o a otro de igual o mejor categoría, reconociéndole el beneficio de aumento de salarios futuros.- TERCERO: Se Decreta la NULIDAD de acto por el cual se hubiere designado al sustituto de la demandante, tal como lo estipula el Articulo 113 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que se analizo el expediente administrativo y los medio probatorios propuestos por las partes de lo cual se concluye que efectivamente la demandante laboraba para la demandada y fue cancelada por cesantía en el cargo que venia desempeñando, se ha violentado el ordenamiento jurídico en vista de que la autoridad nominadora no siguió el procedimiento establecido, por lo que acto administrativo es nulo.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con Jurisdicción a nivel Nacional en fecha nueve de febrero del dos mil doce, falló, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada CLARISSA MARGARITA DOMINGUEZ CHAVEZ, en su condición de apoderada legal sustituta del Estado de Honduras; y CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha veintiséis de agosto del dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Sin costas. Bajo el criterio que del estudio y análisis de los antecedentes se desprende que la sentencia definitiva vista en apelación esta dictada conforme a derecho, esto porque consta en autos que la autoridad nominadora no siguió la totalidad del procedimiento que prescribe el ordenamiento jurídico para cancelar por cesantía a la demandante, en este asunto, los presupuestos ordenados por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogada CLARISSA MARGARITA DOMINGUEZ CHAVEZ, presentó en fecha dos (02) de mayo del dos mil doce (2012), escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación, contra la sentencia de fecha nueve (09) de febrero del dos mil doce (2012), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 030-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 032-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- 6.- Mediante providencia de fecha tres (03) de mayo del dos mil doce (2012), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente Recurso de Casación, y ordenó dar copia del escrito de merito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, el Abogado OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX, presentó en fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil doce (2012), escrito de contestación del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintiocho (28) de mayo del dos mil doce (2012), por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución el Abogado OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX, apoderado de la parte demandante, en fecha cinco (05) de junio del dos mil doce (2012); y mediante tabla de avisos a la Abogada CLARISSA MARGARITA DOMINGUEZ, apoderada de la parte demandada, en fecha seis (06) de junio del dos mil doce (2012).- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX, presentó escrito de personamiento en fecha dieciocho (18) de junio del dos mil doce (2012), en concepto de parte recurrida y la Abogada CLARISSA MARGARITA DOMINGUEZ CHAVEZ, presentó escrito de personamiento en fecha veintisiete (27) de julio del dos mil doce (2012).- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto el Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS EN DICHA SENTENCIA PARA LA SOLUCION DEL FONDO DEL LITIGIO, la cual se hace de la manera siguiente: CAUSALES INVOCADAS. Numeral Dos (2) del artículo 719 del Código Procesal Civil, impugnar la aplicación e interpretación de las normas Derecho empleada para la solución de fondo del litigio. MOTIVO. UNICO MOTIVO: Infracción por violación o falta de aplicación e interpretación de las normas de Derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, en cuanto a la interpretación de los Artículos 53 de la Ley del Servicio Civil, 278 y 279 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil produciéndose la ilegalidad de la resolución por no estar apegada a derecho, al considerar que el acto administrativo impugnado no fue dictado conforme a derecho, ya que la cancelación por cesantía de cual fue objeto la demandante se enmarco dentro de los procedimientos establecidos en la Ley. Por lo que el perjuicio sufrido por el Estado con motivo de la infracción a las normas de derecho imperativas es evidente según se desprende de la lectura del proceso venido a conocimiento a este Honorable Tribunal Superior de Justicia. NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTAN EL MOTIVO El Artículo 53 de la Ley de Servicio Civil establece que se podrá cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General, siempre que el consejo del servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede la Cesantía por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones calificadas que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que a continuación se indica: b) Reducción de Servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. Artículo 278 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil en el cual se establece cuando precede la Cesantía de uno o más servidores públicos por las siguientes razones: b) reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. Artículo 279 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil: Antes de decretarse la cesantía, es necesario primeramente consultar al Consejo del Servicio Civil, si procede o no, justificándola en las causas establecidas en el artículo 278. Luego se deberá comunicar por escrito a la Dirección General la cancelación de los servidores que serán cesanteados con los nombres, apellidos, direcciones, cargos de estos y demás datos en el respectivo formulario de acción de personal. En el caso que nos ocupa hay una clara infracción a la normas de derecho empleadas donde se demostró por esta representación legal del Estado que el acto de la Cesantía aplicada a la demandante fue realizado siguiendo el procedimiento establecido en la Ley y Reglamento de Servicio Civil, habiéndose presentado al proceso las pruebas que sustentan la cancelación por cesantía de la demandante la cual fue realizada siguiendo los parámetros legales establecidos para ese fin. Mi representado en ningún momento violo el ordenamiento jurídico ya que la cancelación por cesantía se ajusto a derecho pues su fundamento se encuentra regulado en el artículo 53 inciso b) de la Ley del Servicio Civil, en relación a los artículos 278 b), 279 y 284 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil. Habiéndose seguido el procedimiento indicado para cancelar por cesantía a los servidores públicos y el cual se preceptúa en la Ley de Servicio Civil y su reglamento de aplicación, habiéndose comprendido esta cancelación por cesantía en el Artículo 53 numeral b) reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. PARTE DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA PRIMERO: En cuanto a que se declara Sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por esta representación Legal del Estado de Honduras. SEGUNDO: En cuanto a que se confirma la sentencia definitiva de fecha Veintiséis de Agosto del

Dos Mil Once, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes y que corre agregada a folio Noventa y Tres (93) al Noventa y Seis (96).”.- 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) indica la Recurrente cómo concepto de la infracción la “violación o falta de aplicación e interpretación de las normas de Derecho empleadas para la solución del fondo del litigio”, siendo dos formas distintas de infringir la Ley que debieron ser expuestas en forma separada e independiente; b) insta en su explicación del motivo la revisión del material probatorio lo cual no es permitido conforme a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y c) realiza alegatos de instancia inapropiados en la formulación del cargo.- 3.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 numeral 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Abogada CLARISSA MARGARITA DOMINGUEZ CHÁVEZ, en su condición de apoderada de la parte demandada en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de Abril del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha cinco de marzo del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 490-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL