Sentencia CA474-11 — Registro 2343
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción promovida por los demandantes, por no ajustarse a derecho los actos administrativos impugnados, consistentes en los acuerdos de cancelación en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: Acuso a la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el día veinticinco de mayo del dos mil once, violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción directa de el articulo 47 letra c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al no haber aplicado la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso para solucionar el fondo del litigio, relacionado con el artículo 287 numeral 1) del Código Procesal Civil que exige que con la demanda se presente la Certificación o copia autorizada del acto impugnado, lo cual las demandantes no lo hicieron y ni el Tribunal de Primera Instancia lo exigió. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el articulo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION: La Honorable Cortede Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdicción en su sentencia definitiva de fecha veinticinco de mayo del dos mil once, en el Recurso de Apelación interpuesto y formalizado ente el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sostiene en su considerando número cinco que la acción interpuesta por los demandantes resulta ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto impugnado, por lo que, los acuerdos emitidos 11 y 12 del 2009 son nulos y tampoco se cumplió con la finalidad de la cesantía. A lo anterior, exponemos que la violación al artículo 47 en su letra c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cuanto a la demanda interpuesta ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el trece de febrero del dos mil nueve, en la suma los señores MAYRA CAROLINA LAGOS RIVERA y HEFER ESTUARDO MORATAVA ARRIAGA, sostienen que se decrete la nulidad de un acto administrativo de carácter particular por no ser conforme a derecho, igualmente lo repiten en la parte petitoria de su demanda. Hemos dicho que la infracción directa a la ley se produce cuando el texto de la norma legal es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con el; al no habérsele aplicado la norma legal pertinente, es decir, la parte actora estaba impedida legalmente a impugnar un acto administrativo que no fu demostrado por los demandantes, me refiero a los acuerdos de finalización de la relación de trabajo con el pago de los derechos laborales, por lo tanto no se puede impugnar algo que no se tiene documentado, porque así fue la voluntad de los actores no recibirlo, a pesar de que les fue notificado por escrito a la parte demandante, y siendo clara y preciso el articulo 47 literal c), al no haber acompañada con la demanda el documento ORIGINAL de la finalización de la relación de trabajo, que conforma el acto impugnado (ver folio 28 y 29 del expediente de Primera Instancia); fe de lo anterior son los documentas de la solicitud que obran a folio 30 y 31 del expediente de primera instancia, cuando los demandantes solicitaron se les entregara el Acuerdo original el trece de febrero de el dos mil nueve, fecha misma que fu presentada la demanda, por lo que afirmamos que no acompañaron los documento originales para impugnar un acto inexistente en el presente juicio; por tercera vez probamos según lo expuesto en la demanda, los demandantes en su hecho número nueve acreditaron lo siguiente: Al no haber recibido el 27 de enero de 2009 los Acuerdos originales de cesantía, el 13 de febrero de 2009 acudimos ante las autoridades de DINADERS para solicitar los originales de los Acuerdos No.012—2009 y 011—2009, dicha solicitud la hicimos en forma verbal y escrita, pero los mismos no nos fueron entregados, razón por la cual a esta demanda acompañamos las copias de los Acuerdos y las notas en las que solicitamos dichos originales.— Por lo que al dictar la sentencia el Tribunal de Primera Instancia en el considerando número dos. el Juzgado de Letras de lo Contencioso nos di la razón de que los demandantes no aceptaron los acuerdos de cancelación: no obstante, al momento de dictar el fallo el Tribunal antes indicado y la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, hicieron caso omiso, despreciando lo ordenado por el articulo 47 literal c) de la Leyde la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que obliga que al momento de presentar la demanda se deberá acompañar la certificación o copia autorizada del acto impugnado, lo cual los demandantes no lo hicieron y así dicho juicio continuó su procedimiento violando las normas sustantivas al trasgredir además el articulo 287 numeral 1) que obliga que los documentos en los que las partes fundamenten un derecho deben presentarse acompañado a la demanda, concluyendo que ambas sentencias son violatorias del articulo 3 en cuanto al debido proceso, ambas normas legales citadas son del Código Procesal Civil, por tanto dicho motivo deberá CASAR en sentencia definitiva. SEGUNDO MOTIVO: Se acusa la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por haber fundamentado su fallo en los Acuerdos que nunca recibieron los demandantes y que no presentaron con su demanda el original, con lo cual se violó el artículo 49 de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cuanto que no producirán efectos legales las notificaciones que no reúnen los requisitos legales al presentar en tiempo y forma la demanda; asimismo el artículo 3 del Código Procesal Civil se violentó porque no se cumplió con el debido proceso al no respetarse los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad por el órgano jurisdiccional competente, produciendo indefensión a mi representado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION. En el presente proceso gravita una nulidad que tanto el Tribunal de Primera Instancia como la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, debió decidir el presente juicio tomando en consideración el artículo 287 del Código Procesal Civil, que en su numeral 1) exige presentar los documentos con la demanda y así declarar ipso facto la nulidad de las actuaciones de la parte demandante, fundamentado en el articulo 426 numeral 2) y el 212 numeral 4) del Código Procesal Civil, al prescindirse de normas esenciales del procedimiento producen indefensión y se deberá decretar la nulidad absoluta de actuaciones, porque los demandantes no aceptaron sus acuerdos de cancelación, y que en la exposición de su demanda aducen que son injusto porque no tienen ninguna causal lo cual es totalmente falso, porque en dichos documentos se les ofrecía el pago de sus derechos laborales; no obstante lo antes expuesto. Si los seores MAYRA CAROLINA LAGOS RIVERA y HEFER ESTUARDO MORATAYA ARRIAGA consideraban según sus conocimientos que la cesantía no se encontraba comprendida en el Articulo 53 de la Ley del Servicio Civil, estaban obligados a recurrir al Consejo del Servicio Civil dentro del término de diez días a partir de la fecha de notificación del supuesto Acuerdo de Cancelación, éstos no lo ejecutaron porque tenían pleno conocimiento de no habían aceptado dichos acuerdos, y así lo sostuvo la Señora Procuradora General de la República al contestar la demanda, Abogada ROSA AMERICA MIRANDA RIVERA, en su hecho segundo se expuso que los demandantes NO ACEPTARON LOS REFERIDOS ACUERDOS DE CANCELACION, no aceptando tampoco el pago de sus prestaciones, pues la cancelación se había determinado por cesantía tomando como fundamento el artículo 278 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, y que en virtud de no haberse aplicado dicha norma, se cita textualmente: Procede la cesantía de uno o mas servidores públicos sólo por las siguientes razones: a) Reducción forzosa de servicios ó de personal por razones de órdenes presupuestarias; y b) Reducción forzosa de servicios ó de personal para obtener una mas eficaz y económica organización administrativa. El último literal de dicho artículo la sentencia dictada por el Tribunal recurrido no se apegó estrictamente a derecho, pues la señora MAYRA CAROLINA LAGOS RIVERA tal como lo expresa su demanda solamente era Perito Mercantil, y estaba desempeñando el puesto de Jefe de Presupuesto, lo cual producía la ineficacia en el desempeño de sus funciones en vista de no tener la capacidad académica según el expediente que se encuentra agregado al presente juicio. El señor HEFER ESTUARDO MORATAYA ARRIAGA, extranjero de origen guatemalteco, según su profesión la cual no se encuentra acreditada., se encontraba desempeñando el puesto de Gerente Administrativo, siendo supuestamente un Comunicador, y que para referencia en el expediente personal presentado ante el Tribunal de Primera Instancia no existe ningún título universitario y que éste haya sido autorizado a través de una equivalencia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por lo que también se violó en forma directa el articulo 278 literal a) y b) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, por la falta de aplicación, partiendo que el Tribunal de Segunda Instancia mantiene fundamentada su sentencia en los supuestos acuerdos que existen originales, y además que el puesto desempeñado por el señor Morataya Arriaqa antes desempeñó el puesto de Comunicador e Imagen Institucional y a partir del 13 de febrero del 2006 como Gerente Administrativo, lo cual existe una gran brecha de conocimientos entre ambos puestos académicamente hablando, por lo que el acuerdo de finalización con el pago de sus prestaciones laborales estaban sustentados conforme a derecho, si los demandantes los hubieran aceptado, el Tribunal de Primera y Segunda Instancia estaban obligados a aplicar el artículo 278 de la Ley y Reglamento del Servicio Civil, aún cuando se contrató personal en dichos cargos, se hizo con salarios más bajos que devengaban los demandantes y además con un pensum académico de acuerdo con el puesto, por lo que este motivo debidamente sustentado jurídicamente se deberá considerar en la sentencia definitiva que dicte la Honorable Corte Suprema de Justicia.”.- “ Que en relación a los motivos que anteceden, con base en el estudio realizado se puede apreciar que los mismos no resultan admisibles, en virtud de lo siguiente: a) la causal invocada y contenida en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil está orientada a la aplicación e interpretación de normas de Derecho empleadas para la solución del fondo del litigio y en el presente caso, las normas citadas como violadas en ambos cargos y en la explicación de los mismos, están orientadas a los actos y garantías procesales, causales que se encuentran comprendidas en el articulo 719 numeral 1) letra b) del mismo Código, lo cual constituye otra causal que debió alegarse con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; b) falta de relación de las normas de Derecho citadas como infringidas con las cuestiones debatidas; y c) formula señalamientos y alegatos de instancia, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario.- “ Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- “.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince días del mes de enero del dos mil trece, la SALA LABORAL- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS) representado en juicio por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ. Recurridos: Los señores MAYRA CAROLINA LAGOS RIVERA y HEFER ESTUARDO MORATAYA, representados por la Abogada Liana Rodríguez Valladares.- OBJETO DEL PROCESO: Los demandantes se contraen a pedir se decrete la nulidad de un acto administrativo de carácter particular por no ser conforme a Derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, la adopción de medidas para su pleno restablecimiento, entre ellas se ordene al reintegro al trabajo en iguales o mejores de condiciones, con el reconocimiento de los beneficios que los demás empleados reciban en nuestra ausencia y a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir, salarios adeudados, indemnización por daño y perjuicio derivado del pago de honorarios profesionales, costas del juicio, se alega notificación defectuosa, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de febrero del dos mil nueve (2009) por los señores MAYRA CAROLINA LAGOS RIVERA y HEFER ESTUARDO MORATAYA, contra EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que iniciaron su relación de trabajo así: MAYRA CAROLINA LAGOS RIVERA, en fecha 15 de julio del 2004, en el cargo de Presupuestadora, convirtiéndose la relación en permanente mediante acuerdo de nombramiento numero 009-05 del 20 de agosto del 2005 en el puesto de Asistente de Presupuesto; HEFER ESTUARDO MORATAYA ARRIAGA, mediante contrato de Servicios Profesionales de fecha 01 de mayo y 01 de septiembre de 2006 como Asesor en Comunicación, convirtiéndose la relación en permanente mediante Acuerdo de Nombramiento No. 004-07 del 13 de febrero del 2007 en el puesto Gerente Administrativo, fueron cancelados por cesantía mediante acuerdos números 012-2009 y 011-2009 ambos de 27 de enero de 2009.- 2.- La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE (DINADERS), contestó dicha demanda señalando que se opone a las pretensiones de los demandantes en virtud de alegar entre otras cosas, que no existe ningún documento denominado ademdun que contenga compromisos a favor de los demandantes para no ser separado de sus cargos; que los actos administrativos están dictados conforme a derecho, ordenándose pagar las indemnizaciones laborales a que tiene derecho cada uno; que los actos administrativos impugnados fueron dictados conforme a Derecho.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha dieciséis de noviembre del dos mil diez, dictó sentencia definitiva que en su parte conducente dice: FALLA: PRIMERO: Declarar procedente la acción promovida por los señores MAYRA CAROLINA LAGOS RIVERA Y HEFER ESTUARDO MORATAYA ARRIAGA, por no ajustarse a Derecho los actos administrativos impugnados, consistentes en los acuerdos de cancelación números 011-2009 y 012-2009, ambos de fecha 27 de enero del 2009, emitidos por la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS), por medio del cual se canceló por cesantía a los demandantes, en consecuencia los anula totalmente.- SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada de los demandantes, en iguales o mejores condiciones de la demandante Mayra Carolina Lagos Rivera, al cargo de Jefe de Presupuesto y al Demandante Heder Estuardo Morataya Arriaga, al cargo de Gerente Administrativo, ambos de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS), por ser los cargos de los cuales fueron cancelados.- TERCERO: Condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, Dirección Nacional de Desarrollo Sostenible (DINADERS), al pago a favor de los demandantes, en concepto de daños y perjuicios de los salarios dejados de percibir, desde la fecha de efectividad de los Acuerdos de Cancelación de los demandantes, 27 de Enero de 2009, hasta la fecha en que el presente fallo adquiera el carácter de firme, y demás derechos que les pudieren corresponde; así como el reconocimiento de los beneficios que los demás empleados reciban en su ausencia y el pago a la demandante Mayra Carolina Lagos Rivera de ocho días y medio de vacaciones que le adeuda, tal como lo reconoció la demandada en la inspección respectiva.- CUARTO: Se decreta, en su caso, la nulidad de los actos administrativos por los cuales se hayan nombrado a los sustitutos de los demandantes.- QUINTO: Se declara sin lugar la indemnización por daño y perjuicio derivado del pago de honorarios profesionales y el reembolso de gastos médicos quirúrgico, farmacológico y de laboratorio solicitados por improcedentes. SIN COSTAS”. Bajo el criterio que de la apreciación de los hechos alegados, las pruebas practicadas y los fundamentos de Derecho en que las partes apoyan sus pretensiones, se ha comprobado que en el presente caso hubo infracción al ordenamiento jurídico aplicable al haberse cancelado a los demandantes sin seguirse el procedimiento legalmente establecido y no habiéndose cumplido con el fin de la cesantía, en tal sentido se declara procedente la acción cuando no se ajustare a Derecho el acto al cual se refiere.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinticinco de mayo de dos mil once, dictó sentencia definitiva mediante el cual Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en su condición de Apoderado Legal del Estado de Honduras a través de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS), Dirección dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha dieciséis de noviembre del dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.- Sin costas. Bajo el mismo criterio del Juez A-quo.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, presentó en fecha treinta (30) de junio del dos mil once (2011), escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia de fecha veinticinco (25) de mayo del dos mil once (2011), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 131-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 066-2009 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha veinte (20) de julio del dos mil once (2011), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma recurso de casación y ordenó dar copia del escrito de mérito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, la Abogada LIANA RODRIGUEZ VALLADARES, presentó en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil once (2011), escrito de contestación del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil once (2011), por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, apoderado de la parte demandada, en fecha veinticuatro (24) de agosto del dos mil once (2011) y la Abogada LIANA RODRIGUEZ VALLADARES, apoderada de la parte demandante en fecha veinticinco (25) de agosto de dos mil once (2011).- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, la Abogada LIANA RODRIGUEZ VALLADARES, presentó escrito de personamiento en fecha treinta (30) de agosto del dos mil once (2011), en concepto de parte recurrida y el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ en fecha treinta y uno (31) de agosto del dos mil once (2011), personándose en concepto de parte recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: Acuso a la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el día veinticinco de mayo del dos mil once, violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción directa de el articulo 47 letra c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al no haber aplicado la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso para solucionar el fondo del litigio, relacionado con el artículo 287 numeral 1) del Código Procesal Civil que exige que con la demanda se presente la Certificación o copia autorizada del acto impugnado, lo cual las demandantes no lo hicieron y ni el Tribunal de Primera Instancia lo exigió. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el articulo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION: La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdicción en su sentencia definitiva de fecha veinticinco de mayo del dos mil once, en el Recurso de Apelación interpuesto y formalizado ente el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sostiene en su considerando número cinco que la acción interpuesta por los demandantes resulta ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto impugnado, por lo que, los acuerdos emitidos 11 y 12 del 2009 son nulos y tampoco se cumplió con la finalidad de la cesantía. A lo anterior, exponemos que la violación al artículo 47 en su letra c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cuanto a la demanda interpuesta ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el trece de febrero del dos mil nueve, en la suma los señores MAYRA CAROLINA LAGOS RIVERA y HEFER ESTUARDO MORATAVA ARRIAGA, sostienen que se decrete la nulidad de un acto administrativo de carácter particular por no ser conforme a derecho, igualmente lo repiten en la parte petitoria de su demanda. Hemos dicho que la infracción directa a la ley se produce cuando el texto de la norma legal es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con el; al no habérsele aplicado la norma legal pertinente, es decir, la parte actora estaba impedida legalmente a impugnar un acto administrativo que no fu demostrado por los demandantes, me refiero a los acuerdos de finalización de la relación de trabajo con el pago de los derechos laborales, por lo tanto no se puede impugnar algo que no se tiene documentado, porque así fue la voluntad de los actores no recibirlo, a pesar de que les fue notificado por escrito a la parte demandante, y siendo clara y preciso el articulo 47 literal c), al no haber acompañada con la demanda el documento ORIGINAL de la finalización de la relación de trabajo, que conforma el acto impugnado (ver folio 28 y 29 del expediente de Primera Instancia); fe de lo anterior son los documentas de la solicitud que obran a folio 30 y 31 del expediente de primera instancia, cuando los demandantes solicitaron se les entregara el Acuerdo original el trece de febrero de el dos mil nueve, fecha misma que fu presentada la demanda, por lo que afirmamos que no acompañaron los documento originales para impugnar un acto inexistente en el presente juicio; por tercera vez probamos según lo expuesto en la demanda, los demandantes en su hecho número nueve acreditaron lo siguiente: Al no haber recibido el 27 de enero de 2009 los Acuerdos originales de cesantía, el 13 de febrero de 2009 acudimos ante las autoridades de DINADERS para solicitar los originales de los Acuerdos No.012—2009 y 011—2009, dicha solicitud la hicimos en forma verbal y escrita, pero los mismos no nos fueron entregados, razón por la cual a esta demanda acompañamos las copias de los Acuerdos y las notas en las que solicitamos dichos originales.— Por lo que al dictar la sentencia el Tribunal de Primera Instancia en el considerando número dos. el Juzgado de Letras de lo Contencioso nos di la razón de que los demandantes no aceptaron los acuerdos de cancelación: no obstante, al momento de dictar el fallo el Tribunal antes indicado y la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, hicieron caso omiso, despreciando lo ordenado por el articulo 47 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que obliga que al momento de presentar la demanda se deberá acompañar la certificación o copia autorizada del acto impugnado, lo cual los demandantes no lo hicieron y así dicho juicio continuó su procedimiento violando las normas sustantivas al trasgredir además el articulo 287 numeral 1) que obliga que los documentos en los que las partes fundamenten un derecho deben presentarse acompañado a la demanda, concluyendo que ambas sentencias son violatorias del articulo 3 en cuanto al debido proceso, ambas normas legales citadas son del Código Procesal Civil, por tanto dicho motivo deberá CASAR en sentencia definitiva. SEGUNDO MOTIVO: Se acusa la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por haber fundamentado su fallo en los Acuerdos que nunca recibieron los demandantes y que no presentaron con su demanda el original, con lo cual se violó el artículo 49 de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cuanto que no producirán efectos legales las notificaciones que no reúnen los requisitos legales al presentar en tiempo y forma la demanda; asimismo el artículo 3 del Código Procesal Civil se violentó porque no se cumplió con el debido proceso al no respetarse los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad por el órgano jurisdiccional competente, produciendo indefensión a mi representado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION. En el presente proceso gravita una nulidad que tanto el Tribunal de Primera Instancia como la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, debió decidir el presente juicio tomando en consideración el artículo 287 del Código Procesal Civil, que en su numeral 1) exige presentar los documentos con la demanda y así declarar ipso facto la nulidad de las actuaciones de la parte demandante, fundamentado en el articulo 426 numeral 2) y el 212 numeral 4) del Código Procesal Civil, al prescindirse de normas esenciales del procedimiento producen indefensión y se deberá decretar la nulidad absoluta de actuaciones, porque los demandantes no aceptaron sus acuerdos de cancelación, y que en la exposición de su demanda aducen que son injusto porque no tienen ninguna causal lo cual es totalmente falso, porque en dichos documentos se les ofrecía el pago de sus derechos laborales; no obstante lo antes expuesto. Si los seores MAYRA CAROLINA LAGOS RIVERA y HEFER ESTUARDO MORATAYA ARRIAGA consideraban según sus conocimientos que la cesantía no se encontraba comprendida en el Articulo 53 de la Ley del Servicio Civil, estaban obligados a recurrir al Consejo del Servicio Civil dentro del término de diez días a partir de la fecha de notificación del supuesto Acuerdo de Cancelación, éstos no lo ejecutaron porque tenían pleno conocimiento de no habían aceptado dichos acuerdos, y así lo sostuvo la Señora Procuradora General de la República al contestar la demanda, Abogada ROSA AMERICA MIRANDA RIVERA, en su hecho segundo se expuso que los demandantes NO ACEPTARON LOS REFERIDOS ACUERDOS DE CANCELACION, no aceptando tampoco el pago de sus prestaciones, pues la cancelación se había determinado por cesantía tomando como fundamento el artículo 278 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, y que en virtud de no haberse aplicado dicha norma, se cita textualmente: Procede la cesantía de uno o mas servidores públicos sólo por las siguientes razones: a) Reducción forzosa de servicios ó de personal por razones de órdenes presupuestarias; y b) Reducción forzosa de servicios ó de personal para obtener una mas eficaz y económica organización administrativa. El último literal de dicho artículo la sentencia dictada por el Tribunal recurrido no se apegó estrictamente a derecho, pues la señora MAYRA CAROLINA LAGOS RIVERA tal como lo expresa su demanda solamente era Perito Mercantil, y estaba desempeñando el puesto de Jefe de Presupuesto, lo cual producía la ineficacia en el desempeño de sus funciones en vista de no tener la capacidad académica según el expediente que se encuentra agregado al presente juicio. El señor HEFER ESTUARDO MORATAYA ARRIAGA, extranjero de origen guatemalteco, según su profesión la cual no se encuentra acreditada., se encontraba desempeñando el puesto de Gerente Administrativo, siendo supuestamente un Comunicador, y que para referencia en el expediente personal presentado ante el Tribunal de Primera Instancia no existe ningún título universitario y que éste haya sido autorizado a través de una equivalencia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por lo que también se violó en forma directa el articulo 278 literal a) y b) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, por la falta de aplicación, partiendo que el Tribunal de Segunda Instancia mantiene fundamentada su sentencia en los supuestos acuerdos que existen originales, y además que el puesto desempeñado por el señor Morataya Arriaqa antes desempeñó el puesto de Comunicador e Imagen Institucional y a partir del 13 de febrero del 2006 como Gerente Administrativo, lo cual existe una gran brecha de conocimientos entre ambos puestos académicamente hablando, por lo que el acuerdo de finalización con el pago de sus prestaciones laborales estaban sustentados conforme a derecho, si los demandantes los hubieran aceptado, el Tribunal de Primera y Segunda Instancia estaban obligados a aplicar el artículo 278 de la Ley y Reglamento del Servicio Civil, aún cuando se contrató personal en dichos cargos, se hizo con salarios más bajos que devengaban los demandantes y además con un pensum académico de acuerdo con el puesto, por lo que este motivo debidamente sustentado jurídicamente se deberá considerar en la sentencia definitiva que dicte la Honorable Corte Suprema de Justicia.”.- II.- Que en relación a los motivos que anteceden, con base en el estudio realizado se puede apreciar que los mismos no resultan admisibles, en virtud de lo siguiente: a) la causal invocada y contenida en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil está orientada a la aplicación e interpretación de normas de Derecho empleadas para la solución del fondo del litigio y en el presente caso, las normas citadas como violadas en ambos cargos y en la explicación de los mismos, están orientadas a los actos y garantías procesales, causales que se encuentran comprendidas en el articulo 719 numeral 1) letra b) del mismo Código, lo cual constituye otra causal que debió alegarse con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; b) falta de relación de las normas de Derecho citadas como infringidas con las cuestiones debatidas; y c) formula señalamientos y alegatos de instancia, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 200, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a), 724 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en su condición de apoderado de la parte demandada, en sus dos motivos. 2º) DECLARAR FIRME la resolución recurrida y dictada, con fecha 25 de mayo de 2011, por la por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de Enero del Dos Mil Trece; Certificación del auto de fecha quince de enero del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 474-11.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL