Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CA463-12 — Registro 2382

Resumen

En primera instancia se declara con lugar la demanda interpuesta por el demandante para declarar la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia personal por no estar dictado el mismo conforme a Derecho, consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la setencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta sus motivos manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que la Honorable Magistrada ponente en el considerando número seis (6) arguye que la denuncia e investigación de Inspectoría y todas las pruebas documentales aportadas en autos y que constan en el expediente administrativo no son motivos suficientes para cancelar al señor Obed Alejandro Rivera López, de la Falta Grave al haber calificado como inscribible propiedades sobre las cuales existe una prohibición de efectuar mas inscripciones en el lugar denominado AGUA SALADA, de conformidad con los artículos 59 numerales 1 y 2 de las OBLIGACIONES DEL PERSONAL y artículo 60 numerales 6 y 7 de las prohibiciones, del Reglamento del Instituto de la Propiedad.- SEGUNDO: Que de todo lo alegado en dicho juicio en el considerando número 9 establece que no se llevo a cabo el debido proceso, no tomo en consideración, ninguna prueba aportada como es la denuncia Número 007-2010 IG, que corre agregada a folio 111 al 121 de la pieza principal de autos. TERCERO: Que todas las pruebas aportadas constan en el expediente administrativo y los Honorables magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo se dice que no consta prueba alguna de las denuncias presentadas en contra del señor OBED RIVERA la cual se deriva de la denuncia número 038/2008, por el cual se dicto acuerdo de cancelación de fecha uno (1) de marzo de 2010 en donde se acuerda CANCELAR POR DESPIDO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD en el cargo que se desempeñaba.- RECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c), del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma contenido de la sentencia”. CUARTO: Esta Establecido en nuestra legislación Honorables Magistrados en su Artículo 68 DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO DELA PROPIEDAD establece que: “Cometer fraude o deslealtad o abuso de confianza en las gestiones o servicios asignados, que perjudiquen al IP, o los terceros con quienes este tiene relación; 7.- Ejecutar actos quien perjudique el prestigio y decoro de la institución.- Tal inobservancia de los Honorables Magistrados, que en todo caso, es inaceptable que se siga dando la inobservancia del señor A-quo conjuntamente con los señores magistrados de la segunda instancia”.- “” Que el Censor en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica del recurso de casación, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado. Además tanto en los numerales primero, segundo y tercero hace referencia al material probatorio, lo cual resulta improcedente de conformidad a lo dispuesto en el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. Y por último en ninguno de los numerales señala que norma fue infringida faltándole claridad y precisión por tal omisión.- “” El Recurrente subsidiariamente solicita nulidad alegando lo siguiente: “NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA TANTO DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ASÍ COMO TAMBIÉN DE LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Honorable Corte Suprema de Justicia. 1.- que la Honorable Corte de Apelaciones Violento el procedimiento según su considerandos que contiene dicha sentencia por no estar ajustada a derecho por LA FORMA Y CONTENIDO de acuerdo al Artículo 719 inciso c), del Código Procesal Civil, por no ser ciertas ni congruentes sus argumentaciones. 2.- Que el Nuevo Código Procesal Civil establece en su Artículo 206 de los Requisitos internos de la sentencia deben contener: CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD en el numeral 1).- las sentencias deben ser claras precisas y exhaustivas; asimismo establece en el Artículo 207 numeral 2) la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. En el Artículo 208 del Código Procesal Civil: CONGRUENCIA: 1) Las Sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. De todo lo anterior Honorables Magistrados, se concluye que la “DEMANDA QUE SE SOLICITA QUE SE RECONOZCA UNA SITUACIÓN JURÍDICA INDIVIDUALIZADA Y LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS PARA EL PLENO RESTABLECIMIENTO DE LA MISMA; MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA LA FECHA EN QUE CONFORME A LAS NORMAS PROCESALES VIGENTES QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA RESPECTIVA; Promovida por el Señor OBED RIVERA, y que dictara Sentencia el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el día 18 de NOVIEMBRE del año dos mil ONCE (2011), asimismo EN LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO dicto sentencia de fecha 23 de FEBRERO de dos mil doce (2012), debe ser declarada LA NULIDAD ABSOLUTA, ya que por su contenido esta fuera y completamente de apegarse a derecho, puesto que en nuestra legislación no cabe dicha figura, en donde se reconoce salarios dejados de percibir después de muerto un empleado, por lo que dicha sentencia lo que demuestra es un total desconocimiento de la ley por parte de los Honorables Magistrados y total inobservancia del contenido de la demanda y lo que se pretende de la misma.- La Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha 23 de febrero de dos mil doce (2012), Honorables Magistrado, tiene que ser anulada, ya que la misma carece de veracidad y adolece de contradicción en su contenido en relación a los hechos establecidos en la demanda y comprobados que constan en el expediente de merito.PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el Artículo 194 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil; Artículos 206, 207, 208, 719 literal c), del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA”.- “” En vista que los alegatos de nulidad del Censor (forma y contenido de la sentencia) se encuentran circunscritos a las causales del recurso de casación, es por ende esa la senda correcta para atacar dicha resolución; además, del estudio de los fallos dictados en primera y segunda instancia no se aprecia ninguna situación en que se haya vulnerado el derecho de defensa y al debido proceso que pudieran dar lugar a la nulidad alegada, en consecuencia es procedente desestimar la nulidad”” En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes de mayo del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO y el Recurrido: OBED ALEJANDRO RIVERA LOPEZ, representado en juicio por el Abogado LUIS HUMBERTO RIVERA LICONA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda contraída a pedir que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia personal por no estar dictado el mismo conforme a Derecho reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas necesarias para el restablecimiento de su derecho como ser el reintegro al cargo que ocupaba y a título de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su despido hasta la fecha que se ejecute la sentencia, mas el pago de los demás derechos que se produzcan en la secuela del juicio, pago de las costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de abril del dos mil diez, por el señor OBED ALEJANDRO RIVERA LOPEZ, mayor de edad, casado, Licenciado en Derecho, hondureño y de este domicilio contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante en el escrito de su demanda manifiesta que se le nombró mediante Acuerdo número 125-2005 como Calificador III del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, nombramiento efectivo a partir del 1 de junio del 2005, devengando un salario mensual; posteriormente el 14 de septiembre del año 2009, fue victima de un choque por un vehículo ocasionándole daños físicos imposibilitándole trabajar, debido a esto le extendieron incapacidades médicas por el Seguro Social del 16 de septiembre al 16 de Octubre del 2009, refrendada la incapacidad mediante certificado número 463353 y la incapacidad del 16 de octubre del 2009 al 27 de septiembre del 2009 refrendada por el IHSS según certificado número 463953. Luego se presentó a sus labores después de estar incapacitado, el 1 de Diciembre del año 2009, donde se le notifica del punto de acta de la sesión número 286-2009 celebrada el 21 de octubre del 2009, en la cual el Consejo Directivo le suspende en forma indefinida y hasta segunda orden de su cargo estando incapacitado, esa decisión ilegal le ocasionó perjuicios tales como: a) el INJUPEMP por no recibir las cuotas correspondientes aplicaron todas las aportaciones al préstamo y perdido los beneficios lo cual acarrea inconvenientes para una jubilación futura. Que se le informó de los memorandum SGRH-050, 059 Y 065-2010 de fechas 17, 23 y 25 de Febrero del 2010 respectivamente, pero no se le notificó y emplazó en legal y debida forma para la celebración de audiencia de descargo, por una supuesta denuncia que se le dio ingreso bajo el número 038/2008, en lo que respecta a las inscripciones de propiedades en el lugar denominado AGUA SALADA, informe que impugnó administrativamente por no tener ninguna responsabilidad en esas inscripciones, pues no tuvo ninguna comunicación que existía una prohibición para no inscribir en el predio indicado, celebrada la audiencia de descargo se le destituye o se le cancela ilegalmente mediante acuerdo 009-2010 de fecha 1 de marzo del 2010, pero recibido por el demandante hasta el 5 de abril del 2010.- 2.- La parte demandada, el Estado de Honduras, manifiesta que se rechazan las pretensiones del demandante, que si bien efectivamente el actor presentó una certificación médica de fecha dieciséis de septiembre al dieciséis de octubre de dos mil nueve, pero la argumentación del demandante de otra certificación médica en ningún momento concuerda con la fecha que se establece y en efecto que por una falta grave fue suspendido de su cargo, pero cabe señalar que quedó sin valor ni efecto la misma.- 3.- Que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de noviembre del 2011, mediante sentencia definitiva declaró procedente la acción, reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y para el pleno restablecimiento se resuelve: Adoptar el reintegro del demandante, Calificador III del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, por ser el cargo en el cual fue nombrado y del cual fue cancelado, también condenar al Instituto de la Propiedad al pago a favor del demandante, en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectividad del Acuerdo de Cancelación hasta la fecha en que sea restituido en su cargo, mas los incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto mes y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, decreta en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante, con costas; bajo el criterio que en el presente caso hubo infracción al ordenamiento jurídico al haberse cancelado al demandante sin seguirse el procedimiento legalmente establecido, ya que dicha cancelación se materializó sin prueba alguna o causa válida legal y fáctica y sin observar las normas y procedimientos establecidos en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, dicho Reglamento de Personal especifica en sus artículos 68 y 69 los casos en que el Instituto de la Propiedad podrá dar por cancelado el respectivo acuerdo de nombramiento sin responsabilidad alguna de su parte o en su defecto las sanciones aplicables a los servidores públicos en las formas ya establecidas, misma que no fue realizada, violándose así su legitimo derecho de presentar cuantas pruebas sirvieren en su descargo y violando la Garantía Constitucional de estabilidad en el trabajo.- 4.- Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 23 de febrero del 2012, mediante sentencia definitiva declaró SIN LUGAR el recurso de apelación y confirma la sentencia venida en apelación, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación del demandante, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, así como en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad para dictar esta clase de actos administrativos, por lo que violó el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado por lo consiguiente es nulo.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, El INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representada en juicio por la Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA, presentó en fecha 28 de marzo del 2012 escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia de fecha 23 de febrero del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 041-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 204-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha 9 de abril del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso de casación y acordó dar copia del escrito de mérito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado LUIS HUMBERTO RIVERA LICONA, quién actúa como apoderado del señor OBED ALEJANDRO RIVERA LOPEZ, presentó en fecha 25 de abril del 2012 escrito de contestación del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 11 de mayo del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución el Abogado LUIS HUMBERTO RIVERA LICONA, como parte demandante, en fecha 18 de mayo del 2012 y la Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA, apoderada de la parte demandada, en fecha 22 de mayo del 2012.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado LUIS HUMBERTO RIVERA LICONA, como parte demandante, presentó escrito de personamiento en fecha 21 de mayo del 2012, en concepto de parte recurrida y por precluído el término concedido y dejado de utilizar por la Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA, en su condición de representante procesal del Instituto de la Propiedad.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta sus motivos manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que la Honorable Magistrada ponente en el considerando número seis (6) arguye que la denuncia e investigación de Inspectoría y todas las pruebas documentales aportadas en autos y que constan en el expediente administrativo no son motivos suficientes para cancelar al señor Obed Alejandro Rivera López, de la Falta Grave al haber calificado como inscribible propiedades sobre las cuales existe una prohibición de efectuar mas inscripciones en el lugar denominado AGUA SALADA, de conformidad con los artículos 59 numerales 1 y 2 de las OBLIGACIONES DEL PERSONAL y artículo 60 numerales 6 y 7 de las prohibiciones, del Reglamento del Instituto de la Propiedad.- SEGUNDO: Que de todo lo alegado en dicho juicio en el considerando número 9 establece que no se llevo a cabo el debido proceso, no tomo en consideración, ninguna prueba aportada como es la denuncia Número 007-2010 IG, que corre agregada a folio 111 al 121 de la pieza principal de autos. TERCERO: Que todas las pruebas aportadas constan en el expediente administrativo y los Honorables magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo se dice que no consta prueba alguna de las denuncias presentadas en contra del señor OBED RIVERA la cual se deriva de la denuncia número 038/2008, por el cual se dicto acuerdo de cancelación de fecha uno (1) de marzo de 2010 en donde se acuerda CANCELAR POR DESPIDO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD en el cargo que se desempeñaba.- RECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c), del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma contenido de la sentencia”. CUARTO: Esta Establecido en nuestra legislación Honorables Magistrados en su Artículo 68 DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD establece que: “Cometer fraude o deslealtad o abuso de confianza en las gestiones o servicios asignados, que perjudiquen al IP, o los terceros con quienes este tiene relación; 7.- Ejecutar actos quien perjudique el prestigio y decoro de la institución.- Tal inobservancia de los Honorables Magistrados, que en todo caso, es inaceptable que se siga dando la inobservancia del señor A-quo conjuntamente con los señores magistrados de la segunda instancia”.- II.- Que el Censor en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica del recurso de casación, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado. Además tanto en los numerales primero, segundo y tercero hace referencia al material probatorio, lo cual resulta improcedente de conformidad a lo dispuesto en el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. Y por último en ninguno de los numerales señala que norma fue infringida faltándole claridad y precisión por tal omisión.- III.- El Recurrente subsidiariamente solicita nulidad alegando lo siguiente: “NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA TANTO DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ASÍ COMO TAMBIÉN DE LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Honorable Corte Suprema de Justicia. 1.- que la Honorable Corte de Apelaciones Violento el procedimiento según su considerandos que contiene dicha sentencia por no estar ajustada a derecho por LA FORMA Y CONTENIDO de acuerdo al Artículo 719 inciso c), del Código Procesal Civil, por no ser ciertas ni congruentes sus argumentaciones. 2.- Que el Nuevo Código Procesal Civil establece en su Artículo 206 de los Requisitos internos de la sentencia deben contener: CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD en el numeral 1).- las sentencias deben ser claras precisas y exhaustivas; asimismo establece en el Artículo 207 numeral 2) la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. En el Artículo 208 del Código Procesal Civil: CONGRUENCIA: 1) Las Sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. De todo lo anterior Honorables Magistrados, se concluye que la “DEMANDA QUE SE SOLICITA QUE SE RECONOZCA UNA SITUACIÓN JURÍDICA INDIVIDUALIZADA Y LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS PARA EL PLENO RESTABLECIMIENTO DE LA MISMA; MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA LA FECHA EN QUE CONFORME A LAS NORMAS PROCESALES VIGENTES QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA RESPECTIVA; Promovida por el Señor OBED RIVERA, y que dictara Sentencia el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el día 18 de NOVIEMBRE del año dos mil ONCE (2011), asimismo EN LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO dicto sentencia de fecha 23 de FEBRERO de dos mil doce (2012), debe ser declarada LA NULIDAD ABSOLUTA, ya que por su contenido esta fuera y completamente de apegarse a derecho, puesto que en nuestra legislación no cabe dicha figura, en donde se reconoce salarios dejados de percibir después de muerto un empleado, por lo que dicha sentencia lo que demuestra es un total desconocimiento de la ley por parte de los Honorables Magistrados y total inobservancia del contenido de la demanda y lo que se pretende de la misma.- La Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha 23 de febrero de dos mil doce (2012), Honorables Magistrado, tiene que ser anulada, ya que la misma carece de veracidad y adolece de contradicción en su contenido en relación a los hechos establecidos en la demanda y comprobados que constan en el expediente de merito. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el Artículo 194 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil; Artículos 206, 207, 208, 719 literal c), del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA”.- IV.- En vista que los alegatos de nulidad del Censor (forma y contenido de la sentencia) se encuentran circunscritos a las causales del recurso de casación, es por ende esa la senda correcta para atacar dicha resolución; además, del estudio de los fallos dictados en primera y segunda instancia no se aprecia ninguna situación en que se haya vulnerado el derecho de defensa y al debido proceso que pudieran dar lugar a la nulidad alegada, en consecuencia es procedente desestimar la nulidad.- V.- En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Abogado RUBEN DARIO PONCE AMAYA, en su condición de apoderado de la parte demandada. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) DECLARAR SIN LUGAR la nulidad solicitada. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días del mes de Mayo del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha catorce de Mayo del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 463-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL