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Sentencia CA405-12 — Registro 2380

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia dictada por el juzgado por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación del demandante.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “ Violación por Infracción Directa de los artículos 64 y 65 de la Ley General de la Administración Pública, por aplicación indebida. CAUSAL DEL RECURSO: Este motivo está comprendido en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA ASI: La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en su sentencia definitiva de fecha treinta de noviembre del dos mil once aplica de manera directa los artículos 64 y 65 de la Ley General de la Administración Pública, los que tienen como finalidad que los altos funcionarios de las instituciones autónomas del Estado de Honduras no sean sujetos de los beneficios que gozan los empleados públicos permanentes de tales instituciones; dado que su nombramiento es por tiempo determinado y depende exclusivamente del Poder Ejecutivo, se constituyen en personal de confianza de las autoridades superiores del país; pero en el caso que nos ocupa, el beneficio que se reclama procede del Plan de Asistencia Social que rige en el Banco Central de Honduras y del cual le deducían de su sueldo mensual un porcentaje establecido en el tres por ciento (3%), que aportó durante fungió como miembro del Directorio, por lo que la protección deriva de un derecho adquirido producto de su aportación, jamás en compensación que venga directamente del patrimonio del Estado de Honduras, como es el espíritu de la Ley, evitar la utilización de los recursos públicos e indemnizaciones de carácter laboral para los altos funcionarios; reiterando, que este beneficio no tiene u origen en conceptos de orden laboral, dado que como se ha esgrimido, el nombramiento es realizado por el Poder Ejecutivo, sino de un Plan de Asistencia Social para el cual cotizan, por ende el fondo constituido es también patrocinado con los recursos que cada empleado y funcionario aporta. La resolución 181-3/88 invocada por todos los miembros del Directorio del Banco Central de Honduras para el cobro del beneficio fue aplicada invariable e indefectiblemente a todos los miembros del Directorio, como se probó en juicio, aun y cuando las disposiciones legales invocadas por la parte demandada y aplicadas por este Tribunal ya eran vigentes; si como refiere la sentencia recurrida, la Resolución 181-3/88 no es ley y en tal circunstancia mi poderdante o puede reclamar su derecho, el tribunal sentenciador tampoco dispone que le sean devueltas las cantidades que durante el ejercicio del cargo aportó al Plan de Asistencia Social, y yendo más allá todos los Presidentes, Gerentes o Directores que lo gozaron deberán hacer su devolución, en virtud que nunca debió serles aplicable.”.-“ Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) carece el mismo de claridad y precisión, pues el Recurrente formula el concepto de infracción directa por aplicación indebida, lo cual no resulta procedente ya que la primera causal es propia de la materia laboral, por ende resulta inadecuado invocarla en el presente recurso; además expuesta en combinación con la aplicación indebida no resulta lo mas apropiado; b) insta la revisión del material probatorio, lo cual no es pertinente conforme lo ordenado en el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos de instancia inútiles para los efectos de este recurso extraordinario.- “ Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la Sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en los artículos 721 numeral 2, 723 numeral 2 literal a) y el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido éste en su numeral 1), que contra esteAuto no cabe recurso alguno; todo ello sin que proceda hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de mayo de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado este último como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: OSCAR ARMANDO NUÑEZ SANDOVAL, representado en juicio por el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA y el Recurrido: BANCO CENTRAL DE HONDURAS, representada en juicio por el Abogado EDITH YANNETTE URBINA BURGOS.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria para la nulidad de un acto administrativo particular emitido por el Directorio del Banco Central de Honduras, declarar la ilegalidad del acto y su nulidad, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas para el pleno restablecimiento del derecho subjetivo violado, costas, promovida por el señor OSCAR ARMANDO NUÑEZ SANDOVAL, representado en juicio por el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, contra el BANCO CENTRAL DE HONDURAS representada en juicio por la Abogada EDITH YANNETTE URBINA BURGOS.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que comenzó a laborar por el 5 de marzo del año 2002, mediante acuerdo No.00498, que en fecha 15 de febrero del año 2006 al cesar de su cargo como miembro de Directorio, amparado en la ley y los casos de anteriores miembros a los que se les aplicó el beneficio, presentó solicitud de pago de bonificación por los servicios prestados como miembros de dicho Directorio, sustentado dicha solicitud en lo acordado y en la Resolución del Directorio No.181-3/88 que otorgaba este derecho, el Directorio del Banco Central de Honduras en sesión celebrada el 29 de marzo de 1988 estableció explícitamente que aquellos funcionarios de acuerdo a la Ley del Banco se desempeñaren por tiempo limitado gozarán de los beneficios del Plan de Asistencia Social equivalente a los que aplican para los miembros regulares del Plan, por lo que el demandante en el ejercicio de sus funciones, efectuaron regularmente los aportes correspondientes al PAS, durante la vigencia de dicha resolución Directores y otros profesionales sin ninguna excepción gozaron de los beneficios del mismo, que en fecha 16 de mayo del 2007 emitió resolución No. 201-5/2007 en donde se le negó al demandante la solicitud de pago de bonificación sin ningún fundamento legal, por lo cual se interpuso el recurso de reposición sin fundamento legal alguno, demostrando la ilegalidad del acto administrativo que originó la ilegal resolución por lo que al estar acreditada la ilegalidad del acto administrativo lo cual de pleno derecho se debe declarar procedente la acción anulando totalmente el acto administrativo consistente en la resolución No.229-6/2007 de fecha 7 de junio del 2007 en que declaró sin lugar dicho recurso. Solicita la nulidad de un acto administrativo particular emitido por el Banco Central de Honduras, declarar la ilegalidad del acto y su nulidad, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, costas.- 2.- La parte demandada, el BANCO CENTRAL DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la resolución 181-3/88 legalmente no resulta aplicable, ni resulta aplicable a los directores de la institución, dada su condición de funcionarios públicos nombrados por el Poder Ejecutivo que rinden la promesa de Ley y ejercen funciones de dirección en la institución, cuya relación laboral no está regida por el Régimen Jurídico aplicable a los trabajadores en general, la bonificación por servicios prestados ya no es un beneficio que se otorgue al amparo del Reglamento al Plan de Asistencia Social, ya que esta prestación dio lugar a lo que ahora se conoce como Prima de Antigüedad, beneficio puesto para los ahora miembros del plan, que sin haber alcanzado la edad normal de retiro, cesan en el desempeño del puesto, no se comprende la prestación del servicio por parte de los directores de la institución, que conforme a la Ley vacan al cumplirse el período para el cual fueron nombrados, según el artículo 12 del Reglamento establece que son miembros del plan todos los funcionarios y empleados de carácter permanente, en cuanto al aporte efectuado por el demandante al PAS, es necesario puntualizar y aclarar que el demandante nunca tuvo la condición de miembro de dicho plan, de tal suerte que la cotización correspondiente al 3% de su salario, únicamente daba derecho a que dicho funcionario tuviera derecho a los beneficios del seguro médico, hospitalario, beneficio en caso de muerte y auxilio funerario, mientras laboraba en la institución, razón por la cual no existió, ni existe reserva matemática que actuarialmente viabilice el pago de la bonificación solicitada, el demandante erróneamente argumenta que desde la vigencia de la resolución No.181-3/88, directores y otros profesionales, sin ninguna excepción gozaron del beneficio reclamado, pues dicha resolución resulta tácitamente derogada por disposiciones posteriores y además limitada en su aplicación por preceptos legales vigentes de rango superior.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, en fecha veintiocho de abril del año dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción promovida por el actor por no ajustarse a derecho la resolución No.229-6/2007 de fecha 7 de junio del año 2007, en consecuencia se anula totalmente, reconoce la situación jurídica del demandante para su pleno restablecimiento se adopta: a) condena al Banco Central de Honduras a pagar a favor del demandante la bonificación por servicios prestados al cesar como miembro del Directorio del Banco Central de Honduras, siendo imperativo diferir al período de ejecución, la determinación específica de los valores derivados del derecho aquí declarados. Criterio: queda demostrado con la resolución 181-3/88 de fecha 7 de abril del año 1988 se acredita el derecho que otorga la misma al pago de la bonificación por los servicios prestados como miembro de dicho directorio.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha treinta de noviembre del año dos mil once, dictó sentencia definitiva reformando la proferida por el a-quo en cuanto a declarar con lugar el recurso de apelación, en consecuencia revoca la sentencia de primera instancia, declarando improcedente la acción incoada, por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado. Criterio: se está ante un acto administrativo que no tiene carácter de ley para que le otorgue dicho derecho que habla la Ley General de la Administración Pública, ya que al contrario a través de un acto administrativo concederle el derecho que peticiona, con esto se violenta el principio de reserva de ley que prohíbe la Ley del Procedimiento Administrativo en su artículo 34 letra d) en relación con el 40 del mismo cuerpo legal; por lo que el único que le puede conceder al demandante el beneficio por él reclamado es una ley, y no un acto administrativo de carácter general como lo es el caso que nos ocupa y lo que es improcedente por violentar principios de legalidad como se expuso anteriormente.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, en fecha veintitrés de febrero del año dos mil doce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada, en fecha treinta de noviembre del año dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.258-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 242-2007 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha veintisiete de febrero del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandada, ESTADO DE HONDURAS, representada en juicio por la Abogada EDITH YANNETTE URBINA BURGOS, presentó, en fecha dieciocho de abril del año dos mil doce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diecinueve de abril del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificada personalmente de dicha resolución en fecha veinticinco de abril del año dos mil doce el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA y en fecha ocho de mayo la Abogada EDITH YANNETTE URBINA BURGOS.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, presentó escrito en fecha veintiséis de abril del año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrente.- 9.- Que la Abogada EDITH YANNETTE URBINA BURGOS, presentó escrito en fecha once de mayo del año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “ Violación por Infracción Directa de los artículos 64 y 65 de la Ley General de la Administración Pública, por aplicación indebida. CAUSAL DEL RECURSO: Este motivo está comprendido en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA ASI: La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en su sentencia definitiva de fecha treinta de noviembre del dos mil once aplica de manera directa los artículos 64 y 65 de la Ley General de la Administración Pública, los que tienen como finalidad que los altos funcionarios de las instituciones autónomas del Estado de Honduras no sean sujetos de los beneficios que gozan los empleados públicos permanentes de tales instituciones; dado que su nombramiento es por tiempo determinado y depende exclusivamente del Poder Ejecutivo, se constituyen en personal de confianza de las autoridades superiores del país; pero en el caso que nos ocupa, el beneficio que se reclama procede del Plan de Asistencia Social que rige en el Banco Central de Honduras y del cual le deducían de su sueldo mensual un porcentaje establecido en el tres por ciento (3%), que aportó durante fungió como miembro del Directorio, por lo que la protección deriva de un derecho adquirido producto de su aportación, jamás en compensación que venga directamente del patrimonio del Estado de Honduras, como es el espíritu de la Ley, evitar la utilización de los recursos públicos e indemnizaciones de carácter laboral para los altos funcionarios; reiterando, que este beneficio no tiene u origen en conceptos de orden laboral, dado que como se ha esgrimido, el nombramiento es realizado por el Poder Ejecutivo, sino de un Plan de Asistencia Social para el cual cotizan, por ende el fondo constituido es también patrocinado con los recursos que cada empleado y funcionario aporta. La resolución 181-3/88 invocada por todos los miembros del Directorio del Banco Central de Honduras para el cobro del beneficio fue aplicada invariable e indefectiblemente a todos los miembros del Directorio, como se probó en juicio, aun y cuando las disposiciones legales invocadas por la parte demandada y aplicadas por este Tribunal ya eran vigentes; si como refiere la sentencia recurrida, la Resolución 181-3/88 no es ley y en tal circunstancia mi poderdante o puede reclamar su derecho, el tribunal sentenciador tampoco dispone que le sean devueltas las cantidades que durante el ejercicio del cargo aportó al Plan de Asistencia Social, y yendo más allá todos los Presidentes, Gerentes o Directores que lo gozaron deberán hacer su devolución, en virtud que nunca debió serles aplicable.”.- II.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) carece el mismo de claridad y precisión, pues el Recurrente formula el concepto de infracción directa por aplicación indebida, lo cual no resulta procedente ya que la primera causal es propia de la materia laboral, por ende resulta inadecuado invocarla en el presente recurso; además expuesta en combinación con la aplicación indebida no resulta lo mas apropiado; b) insta la revisión del material probatorio, lo cual no es pertinente conforme lo ordenado en el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos de instancia inútiles para los efectos de este recurso extraordinario.- III.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la Sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en los artículos 721 numeral 2, 723 numeral 2 literal a) y el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido éste en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno; todo ello sin que proceda hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 129, 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 720 numeral 1), 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus representantes procesales constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de Mayo del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha siete de Mayo del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 405-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL