Sentencia CA118-12 — Registro 2340
Resumen
En primera instancia se declara improcedente, la acción incoada por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado y confirma la resolución emitida por la demandada ,bajo el criterio que no se puede determinar el alcance y la operatividad de dicha figura con la insuficiencia probatoria presentada.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente:“MOTIVOS EN QUE SE BASA EL RECURSO DE CASACIÓN MOTIVO: APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO. PRIMERO: Se quebranto el Artículo No.29 A de la Ley del Procedimiento Administrativo, que expresa lo siguiente: “y es deber de todas las personas y autoridades de reconocerlas así.” Ya que corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la Institución de la Afirmativa Ficta, pero tanto el Juez A-quo como el Ad-quem no quisieron reconocer y aplicar la Ley al caso concreto, tal como ha quedado establecido como Jurisprudencia de la Honorable CorteSuprema de Justicia en los fallos siguientes Sentencia de Amparo No.071-06, y 2614-03; Casación SL 463-08. SEGUNDO: Asimismo se quebranto el Artículo No.6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y esté relacionado con el Artículo No.95 de la precitada Ley; ya que teniendo vía legal el SITRABANTRAL para proceder contra la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, la Jurisdicciónde lo Contencioso Administrativo decidió evadir esa Obligación Impuesta por la Ley dela Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y quebranto la Jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia contenida en los fallos siguientes: Sentencia de Amparo No.071-06, y 2614-03; Casación SL 463-08, al declarar en el considerando (6) de la sentencia recurrida, la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, lo siguiente: Que consta en autos que a quien se solicitó la ejecución de dicha Resolución fue a la demandada, quien no emitió la misma, teniendo el recurrente la vía legal respectiva para proceder contra quien no ejecuta una Resolución legalmente emitida.” TERCERO: Asimismo se quebranto el Artículo No.6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y esté relacionado con la Jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia en el fallo de Amparo No.463-08, ya que corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer sobre la Institución de la Afirmativa Ficta así como de su Ejecución, pero la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo decidió evadir esa Obligación impuesta por la Ley, declarando lo siguiente en su considerando (7) de la sentencia recurrida, “Que no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer sobre ejecución de Resoluciones, ya que la Ley de dicha Jurisdicción establece claramente en qué casos sobre ejecución de Resoluciones, puede conocer la misma...” INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA SENTENCIA IMPUGNADA EL MOTIVO DE APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO, DE ESTA MANERA: AL PRIMERO: Incide en el fallo de manera violatoria el que se hayan cumplido a cabalidad las Formalidades exigidas por la Ley de acuerdo a los Artículos 29, 29-A y 29-B de la Ley del Procedimiento Administrativo, pero fueron inobservadas por la Honorable Cortede Apelaciones provocando con ello la violación de los derechos y garantías que establece la Ley, pues la sentencia de fecha 08 de Noviembre de 2011 proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al declarar sin lugar el Recurso de Apelación, contradice lo que ya es Jurisprudencia en la Honorable CorteSuprema de Justicia, a saber: La Sala de lo Constitucional en el Recurso de Amparo No.71-06 en relación a la figura de la Afirmativa Ficta estableció lo siguiente: “” Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 29 reformado de la Ley de Procedimiento Administrativo, la afirmativa ficta es la decisión normativa de carácter administrativo por la cual todas las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si no se contestan en el plazo que marca la ley o las disposiciones administrativas, se consideran aceptadas. “ Que toda autoridad administrativa debe emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo correspondiente, en los términos previstos por el ordenamiento jurídico y que en los casos que no exista término especifico, la resolución deberá dictarse en el plazo de cuarenta días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud respectiva y que de no resolverse, se entenderá que la resolución es en un sentido afirmativo y que ha operado en beneficio del solicitante la afirmativa ficta, en todo lo que le favorezca.”: Que conforme lo dispuesto en los artículos 29-A y 29-B adicionados de la Ley de Procedimiento Administrativo, el interesado en los beneficios de la Afirmativa Ficta deberá obtener la certificación respectiva, para que surta, erqa omnes, todos los efectos jurídicos correspondientes y que, en caso de denegarse por la autoridad administrativa la certificación de estilo, el interesado lo hará constatar en el Acta Notarial que al efecto se levante, de manera que deberá entenderse que la petición ha sido resuelta en un sentido afirmativo al solicitante, lo anterior sin perjuicio de que, todos los actos que realice la citada autoridad con posterioridad al acaecimiento de la afirmativa ficta serán contrarios a derech6 y recurribles ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para la declaratoria de su nulidad, con las consiguientes responsabilidades para el infractor.- “ Que bajo el ordenamiento jurídico existente, este Tribunal estima que la certificación de haber operado la Afirmativa Ficta y/o en su caso, el Acta notarial que así lo evidencia, será atestado legal suficiente que ampare al agraviado respecto de los derechos derivados del silencio administrativo, siempre y cuando lo pretendido en el reclamo formulado esté regulado por el Derecho Administrativo, razón por la que, la inadmisibilidad del amparo reclamado está ajustada a derecho, siendo en consecuencia improcedente la reposición solicitada... )” Asimismo en la sentencia de Casación SL.463-08 de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo se estableció en cuanto a la Afirmativa Ficta lo siguiente: “” Que los actos de la Administración Pública impugnables ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo son los acuerdos, resoluciones, decretos, providencias, así como los actos tácitos y presuntos, no correspondiendo a esa jurisdicción las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral, penal y aquellas relacionadas con la Administración Pública que la Ley les atribuya otra jurisdicción, por lo que, por la importancia del tema, se considera relevante para fines jurisprudenciales, realizar las siguientes valoraciones sobre la institución de la Afirmativa Ficta.- “Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, expresamente en sus artículos 13 y 14, señala quienes están legitimados para poder demandar ante esta jurisdicción la declaración de ilegalidad y la anulación de los actos de carácter particular y general de la administración pública y en sus artículos 33 y 34 también prescribe que el actor podrá pretender la declaración de no ser conforme a derecho y en su caso, la anulación de los actos de carácter particular y general susceptibles de impugnación y, que el debidamente legitimado podrá pretender además de lo descrito anteriormente, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda” Que la afirmativa ficta es una decisión normativa de carácter administrativo, establecida por el Legislador con base en los principios de economía, celeridad y eficacia que deben regir el procedimiento administrativo, como una declaración de voluntad presunta en sentido afirmativo en todo lo que le favorezca a los particulares, sobre las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si habiendo el peticionario cumplido con los requisitos que prescriben lasnormas aplicables, aquella no emite su resolución dentro de los plazos establecidos, decisión que debe ser reconocida por todas las personas y autoridades”Que toda autoridad administrativa debe emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo correspondiente, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico y que en los casos que no exista término específico, la resolución deberá dictarse en el plazo de cuarenta (40) días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud respectiva y que de no resolverse, se entenderá que la resolución es en un sentido afirmativo y que ha operado en beneficio del solicitante la Afirmativa Ficta, en todo lo que le favorezca. “Que para que la Afirmativa Ficta sea eficaz, la petición o solicitud debe cumplir, no sólo con los requisitos formales, sino que también con los de fondo con respecto a la acreditación del derecho subjetivo ó interés legitimo de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, 61, 62 y 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo, siempre y cuando la petición ó reclamo formulado esté regulado en el Derecho Administrativo y no se trate de una disputa ó conflicto entre partes interesadas que debe ser dirimida en la vía administrativa-” (Las negrillas y el subrayado es nuestro) Según antepenúltimo Considerando de la sentencia de amparo No.2614=03, de fecha 23 de Marzo de 2004, la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, establece que: “que del examen de los antecedentes que contiene el expediente administrativo se desprende que la autoridad administrativa no observó la formalidad del debido proceso administrativo al omitir extender una certificación, previa resolución administrativa, por lo cual se configuro el mecanismo de afirmativa ficta adicionado a ello que se produjo una notificación por la tabla de avisos del despacho, no siendo el caso por cuanto, tal notificación sólo procedía hacerla personalmente de conformidad con lo dispone la ley del procedimiento administrativo.” (El subrayado y las negrillas es nuestro). De acuerdo a la Ley de Simplificación Administrativa, en su Artículo No.1, al hablar de los Objetivos de la Ley en su numeral 4) establece que: “Eliminar la arbitrariedad en la toma de decisiones mediante la difusión amplia y oportuna de los procedimientos y trámites administrativos, con la finalidad de evitar la exigencia de requisitos indebidos, alteración de trámites y plazos legalmente establecidos”. Asimismo el Artículo No.29 A, claramente establece como debe ser acreditada la Afirmativa Ficta y deberá observarse como únicos requisitos validos, legales e impuesto por el imperio de la Ley, los siguientes: 1. Cuando por el silencio de la autoridad en términos señalados en el Artículo anterior, el interesado presuma que ha operado en su favor la AFIRMATIVA FICTA, deberá de solicitar para la plena eficacia el acto presunto, en un término de hasta ocho días hábiles la certificación de que ha operado en su favor la Afirmativa Ficta. (Misma que corre agregada a autos en el expediente Administrativo de merito) 2. La certificación que se expida hará una relación sucinta de la solicitud presentada y del procedimiento seguido, de la fecha de iniciación y del vencimiento del plazo con que contó la autoridad competente para dictar su relación y la manifestación de que ha operado la AFIRMATIVA FICTA, producirá todos los efectos legales de la resolución favorable que se pidió; y es deber de todas las personas y autoridades de reconocerlas así. (SI LA EMITE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA) 3. Si la certificación no fuese emitida en el plazo que señala en el artículo anterior, la Afirmativa Ficta será eficaz; y se podrá acreditar mediante la exhibición de la solicitud del trámite respectivo y la petición que se hizo de la certificación ante el superior jerárquico, lo que hará constar mediante Acta Notarial. De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, el Código Civil establece en su Artículo No.5, lo siguiente: “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de transcurridos veinte días de terminada su publicación en el periódico oficial.” Y de igual manera también se establece el en Artículo No.12 del susodicho Código: “La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros.” Esto significa que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, no tiene más facultades que los que la ley le prescribe y todo acto que haga fuera de la Ley es nulo, esto de acuerdo al Artículo No.321 de la Constitución de la República. Noentendemos porque el Tribunal de Alzada exige mas requisitos que los que están impuestos por Ley, ya que el Objeto del Debate claramente se establecido cuando se presento la Demanda de merito, y mi representado no estaba obligado a presentar másque el Acta Notarial que recoge los requisitos ordenados en la Ley del Procedimiento Administrativo, no tenemos nada que probar y por el contrario el Tribunal de Alzadasolo debió observar el debido proceso ordenado en la Constitución de la República en su Artículo No.90, y Artículo No.3 del Código Procesal Civil, los quebranto y violo.En su libro CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO” Tomo II, Volumen 1, “LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA: EL ACTO ADMINISTRATIVO” escrito por el Abogado Edmundo Orellana Mercado, explica de manera clara la Eficacia del Silencio Positivo”, Pagina 95, párrafos segundo y tercero, que dicen lo siguiente:” Si la Certificación no se emite dentro del plazo señalado, la afirmativa ficta tendrá eficacia inmediatamente, es decir, por mandato de la Ley. La forma de acreditar la plena eficacia de esta figura en cualquier caso, es mediante “la exhibición de la solicitud del tramite respectivo y de la petición que se hizo de la certificación ante el superior jerárquico, lo que es hará constar mediante Acta Notarial” (Art. 29-B) La exigencia del Acta Notarial no parece ser un requisito lógico, por eso no se exige en la Ley del Procedimiento mejicana, de donde se tomó la figura y su regulación. En efecto, si lo que se pretende es probar que la afirmativa ficta ya es eficaz, bastaría la exhibición de esos documentos, sin necesidad del Acta Notarial. Pero con esta exigencia, lo que nos indica el legislador es que la afirmativa ficta no será eficaz hasta que se levante el Acta Notarial. En efecto, por la forma en que está redactado el artículo, nadie estará obligado a aceptar sus efectos, si el peticionario no demuestra que se levanto el acta respectiva.” AL SEGUNDO: Por error la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al no aplicar la Ley al Caso concreto, violento el estamento legal y por ende los derechos de mi representado, pues queda claramente establecido que mi representado cumplió con lo que ordena los Artículos 29, 29-A y 29-B la Ley del Procedimiento Administrativo y quien de acuerdo al Artículo No.489 del Código del Trabajo debió ejecutar la Afirmativa Ficta es la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social por razón de Competencia y no el Banco Central de Honduras, tal como lo establece la Ley del Procedimiento Administrativo en su Artículo No.3, que dice: “La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida por Ley.” Tal como lo estableció la Jurisprudencia de La Sala de lo Constitucional en el Recurso de Amparo No.71-06 en relación a la figura de la Afirmativa Ficta lo siguiente: “” Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 29 reformado de la Ley de Procedimiento Administrativo, la afirmativa ficta es la decisión normativa de carácter administrativo por la cual todas las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si no se contestan en el plazo que marca la ley o las disposiciones administrativas, se consideran aceptadas. “ Que toda autoridad administrativa debe emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo correspondiente, en los términos previstos por el ordenamiento jurídico y que en los casos que no exista término especifico, la resolución deberá dictarse en el plazo de cuarenta días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud respectiva y que de no resolverse, se entenderá que la resolución es en un sentido afirmativo y que ha operado en beneficio del solicitante la afirmativa ficta, en todo lo que le favorezca. “: Que conforme lo dispuesto en los artículos 29-A y 29-B adicionados de la Ley de Procedimiento Administrativo, el interesado en los beneficios de la Afirmativa Ficta deberá obtener la certificación respectiva, para que surta, erga omnes, todos los efectos jurídicos correspondientes y que, en caso de denegarse por la autoridad administrativa la certificación de estilo, el interesado lo hará constatar en el Acta Notarial que al efecto se levante, de manera que deberá entenderse que la petición ha sido resuelta en un sentido afirmativo al solicitante; lo anterior sin perjuicio de que, todos los actos que realice la citada autoridad con posterioridad al acaecimiento de la afirmativa ficta; serán contrarios a derecho y recurribles ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para la declaratoria de su nulidad, con las consiguientes responsabilidades para el infractor.-“ Que bajo el ordenamiento jurídico existente, este Tribunal estima que la certificación de haber operado la Afirmativa Ficta y/o en su caso, el Acta notarial que así lo evidencia, será atestado legal suficiente que ampare al agraviado respecto de los derechos derivados del silencio administrativo, siempre y cuando lo pretendido en el reclamo formulado esté regulado por el Derecho Administrativo, razón por la que, la inadmisibilidad del amparo reclamado está ajustada a derecho, siendo en consecuencia improcedente la reposición solicitada... )” AL TERCERO: De acuerdo a la Jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se ha establecido que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer sobre la Institución de la Afirmativa Ficta, tal como lo establece el Recurso de Casación No.463-08 del 23 de Marzo de 2010 de la Sala de lo Laboral — Contencioso Administrativo que estableció: “CONSIDERANDO (3): Que los actos de la Administración Pública impugnables ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo son los acuerdos, resoluciones, decretos, providencias, así como los actos tácitos y presuntos, no correspondiendo a esa jurisdicción las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral, penal y aquellas relacionadas con la Administración Pública que la Ley les atribuya otra jurisdicción, por lo que, por la importancia del tema, se considera relevante para fines jurisprudenciales. realizar las siguientes valoraciones sobre la institución de la Afirmativa Ficta.- CONSIDERANDO (4): Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, expresamente en sus artículos 13 y 14, señala quienes están legitimados para poder demandar ante esta jurisdicción la declaración de ilegalidad y la anulación de los actos de carácter particular y general de la administración pública y en sus artículos 33 y 34 también prescribe que el actor podrá pretender la declaración de no ser conforme a derecho y en su caso, la anulación de los actos de carácter particular y general susceptibles de impugnación y, que el debidamente legitimado podrá pretender además de lo descrito anteriormente, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda.- CONSIDERANDO (5): Que la afirmativa ficta es una decisión normativa de carácter administrativo, establecida por el Legislador con base en los principios de economía, celeridad y eficacia que deben regir el procedimiento administrativo, como una declaración de voluntad presunta en sentido afirmativo en todo lo que le favorezca a los particulares, sobre las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si habiendo el peticionario cumplido con los requisitos que prescriben las normas aplicables, aquella no emite su resolución dentro de los plazos establecidos, decisión que debe ser reconocida por todas las personas y autoridades.- CONSIDERANDO (6): Que toda autoridad administrativa debe emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo correspondiente, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico y que en los casos que no exista término específico, la resolución deberá dictarse en el plazo de cuarenta (40) días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud respectiva y que de no resolverse, se entenderá que la resolución es en un sentido afirmativo y que ha operado en beneficio del solicitante la Afirmativa Ficta, en todo lo que le favorezca. “):Que para que la Afirmativa Ficta sea eficaz, la petición o solicitud debe cumplir, no sólo con los requisitos formales, sino que también con los de fondo con respecto a la acreditación del derecho subjetivo ó interés legitimo de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, 61, 62 y 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo, siempre y cuando la petición ó reclamo formulado esté regulado en el Derecho Administrativo y no se trate de una disputa ó conflicto entre partes interesadas que debe ser dirimida en la vía administrativa. “ Que con base en lo dispuesto en los artículos 29-A y 29-B adicionados a la Ley de Procedimiento Administrativo por la Ley de Simplificación Administrativa, el interesado en los beneficios de la afirmativa ficta deberá obtener la certificación respectiva para que surta, erga omnes, todos los efectos jurídicos correspondientes y que, en caso de denegarse por la autoridad administrativa la certificación de estilo, el interesado lo hará constar en el Acta Notarial que al efecto se levante, siendo en ambos casos necesario que en dichos documentos se haga una relación sucinta de la solicitud presentada y del procedimiento seguido, de la fecha de la iniciación y del vencimiento del plazo con que contó la autoridad competente para dictar su resolución y la manifestación de que ha operado la afirmativa ficta, de manera que deberá entenderse que la petición ha sido resuelta en un sentido afirmativo al solicitante, sin que precise pronunciamiento de juez competente; lo anterior sin perjuicio de que,todos los actos que realice la citada autoridad con posterioridad al acaecimiento de la afirmativa ficta, desconociendo su eficacia, serán contrarios a derecho y recurribles ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para la declaratoria de nulidad de dichos actos, con las consiguientes responsabilidades para el infractor. (Ver Resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional 6 de marzo de 2006, ver Expediente No. 71-06).- “ Que derivado de lo anterior, evacuado el procedimiento para obtener la declaración presunta de la Administración Pública en sentido afirmativo, es decir, la denominada afirmativa ficta, el peticionario podrá solicitar su ejecución ante el órgano administrativo que debió haber dictado la resolución correspondiente y en caso de una resolución negativa de la autoridad pública, se tendrían expeditos los recursos que la Ley le confiere y agotados que sean los mismos sin resolución a su favor, entonces procedería acudir a ejercitar las acciones correspondientes ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a efecto de revisar la legalidad o no de los actos administrativos emitidos en cuanto a su ejecución.-” (Las negrillas y el subrayado es nuestro) La misma Jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia establece que le Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la Institución de la Afirmativa Ficta y de su Ejecución”.- II.- Que en cuanto a los dos motivos expuestos por el Recurrente, los mismos resultan inadmisibles, por las siguientes razones: a) No individualiza los motivos o causales de casación, olvidando que cada cargo debe expresarse en forma separada e independiente; b) omite el precepto autorizante en que se consideran comprendidos los mismos; c) En su explicación realiza alegatos propios de instancia, lo cual no es viable en este recurso extraordinario decasación” Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil”Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de enero del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El SINDICATO DE TRABAJADORES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (SITRABANTRAL), representada en juicio por el Abogado ELVIN RUBEN GÓMEZ BANEGAS y el Recurrido: El ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, representada en juicio por la Abogada CANDIDA VERONICA CANALES MONTOYA.- OBJETO DEL PROCESO: Se declare la ilegalidad y la nulidad de un acto administrativo de carácter particular emitido por Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, la suspensión del acto reclamado e indemnización de daños y perjuicios, devolución de cuotas sindicales, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su pleno restablecimiento, abuso y desviación de poder, costas del juicio; promovida en fecha cinco de enero del dos mil diez, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, mayor de edad, soltero, hondureño y de éste domicilio, en su condición de apoderado del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (SITRABANTRAL), contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, por medio de la Procuradora General de la República, señora ROSA AMERICA MIRANDA DE GALO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifiesta que en fecha 08 de septiembre de 2009, procedió a presentar ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, Acta Notarial de Afirmativa Ficta de fecha 24 de septiembre de 2008, con el objetivo de que dicha Secretaria obligara al Banco Central de Honduras a acatar los puntos contenidos en la señalada Afirmativa Ficta. Alega también el demandante que mediante resolución del 22 de septiembre de 2009, la demandada resuelve que no le corresponde ejecutar u ordenar que se ejecuten resoluciones emanadas de otras entidades de la administración pública. Finalmente señala que dicha resolución transgrede y evita cumplir con el estamento jurídico del país.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, manifiesta que se opone a las pretensiones del demandante, en vista que las competencias citadas en el articulo 29 reformado de la Ley de General de la Administración Publica, no facultan a la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social a ejecutar u ordenar que se ejecuten resoluciones emanadas de otras entidades de la administración pública que no dependen de esa Secretaria de Estado.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 5 de noviembre del 2010, dictó sentencia definitiva declarando improcedente, la acción incoada por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado y confirma la resolución emitida por la demandada en fecha 22 de septiembre de 2009 y que configura el acto administrativo impugnado, sin costas; bajo el criterio que no se puede determinar el alcance y la operatividad de dicha figura con la insuficiencia probatoria presentada. Era de imperiosa necesidad que se acreditaran las actuaciones llevadas a cabo desde la presentación de solicitud original ante el Directorio del Banco Central de Honduras, para entonces con esa gama de documentos proceder con el análisis correspondiente y determinar si en efecto se cumplió con los plazos y procedimientos legalmente establecidos, reiterando que ese Juzgado no puede proceder a ejecutar una Afirmativa Ficta, como si de un titulo con fuerza ejecutiva en esta jurisdicción se tratase.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 8 de noviembre del 2011, dictó sentencia definitiva declarando Sin Lugar el recurso de apelación y confirma la sentencia definitiva, de fecha cinco de noviembre de dos mil diez, dictada por el Tribunal A-Quo, sin costas; bajo el criterio de que no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer sobre ejecución de resoluciones, ya que la Ley de dicha Jurisdicción establece claramente en que casos sobre ejecución de resoluciones puede conocer la misma, como ser, la ejecución de las resoluciones que se adopten en aplicación de la Ley de la Carrera Judicial y que tengan por objeto reintegros o el pago de indemnizaciones, no siendo este el caso de autos; por otro lado, no se acreditó en autos que efectivamente operó a favor del recurrente la misma y que se haya tramitado en legal y debida forma, reuniendo los requisitos exigidos por la Ley para que dicha figura opere y sea ejecutada.- 5.- La representación procesal de la demandante, el Abogado ELVIN RUBEN GÓMEZ BANEGAS, presentó con fecha 9 de diciembre del 2011, escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia de fecha 8 de noviembre del 2011, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 007-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número Exp.001-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha 9 de diciembre del 2011, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto en tiempo y forma el presente recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- Que mediante providencia de fecha 3 de febrero del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, se declaró tener por pronunciado en tiempo y forma sobre la formalización del recurso de casación presentado por la Abogada CANDIDA VERONICA CANALES MONTOYA, en su condición de apoderada recurrida y a la vez ordenó remitir a las partes las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificada dicha resolución a la parte demandada, Abogada CANDIDA VERONICA CANALES MONTOYA, en fecha 9 de febrero de 2012 y a la parte demandante, Abogado ELVIN RUBEN GÓMEZ BANEGAS, en fecha 12 de diciembre del 2011.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado ELVIN RUBEN GOMEZ BANEGAS, en su condición de apoderado parte demandante, presentó escrito de personamiento en fecha 14 de febrero del 2012, en concepto de parte recurrente y la Abogada CANDIDA VERONICA CANALES MONTOYA, personándose en concepto de parte recurrida en fecha 15 de febrero del 2012.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “MOTIVOS EN QUE SE BASA EL RECURSO DE CASACIÓN MOTIVO: APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO. PRIMERO: Se quebranto el Artículo No.29 A de la Ley del Procedimiento Administrativo, que expresa lo siguiente: “y es deber de todas las personas y autoridades de reconocerlas así.” Ya que corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la Institución de la Afirmativa Ficta, pero tanto el Juez A-quo como el Ad-quem no quisieron reconocer y aplicar la Ley al caso concreto, tal como ha quedado establecido como Jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia en los fallos siguientes Sentencia de Amparo No.071-06, y 2614-03; Casación SL 463-08. SEGUNDO: Asimismo se quebranto el Artículo No.6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y esté relacionado con el Artículo No.95 de la precitada Ley; ya que teniendo vía legal el SITRABANTRAL para proceder contra la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo decidió evadir esa Obligación Impuesta por la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y quebranto la Jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia contenida en los fallos siguientes: Sentencia de Amparo No.071-06, y 2614-03; Casación SL 463-08, al declarar en el considerando (6) de la sentencia recurrida, la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, lo siguiente: Que consta en autos que a quien se solicitó la ejecución de dicha Resolución fue a la demandada, quien no emitió la misma, teniendo el recurrente la vía legal respectiva para proceder contra quien no ejecuta una Resolución legalmente emitida.” TERCERO: Asimismo se quebranto el Artículo No.6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y esté relacionado con la Jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia en el fallo de Amparo No.463-08, ya que corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer sobre la Institución de la Afirmativa Ficta así como de su Ejecución, pero la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo decidió evadir esa Obligación impuesta por la Ley, declarando lo siguiente en su considerando (7) de la sentencia recurrida, “Que no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer sobre ejecución de Resoluciones, ya que la Ley de dicha Jurisdicción establece claramente en qué casos sobre ejecución de Resoluciones, puede conocer la misma...” INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA SENTENCIA IMPUGNADA EL MOTIVO DE APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO, DE ESTA MANERA: AL PRIMERO: Incide en el fallo de manera violatoria el que se hayan cumplido a cabalidad las Formalidades exigidas por la Ley de acuerdo a los Artículos 29, 29-A y 29-B de la Ley del Procedimiento Administrativo, pero fueron inobservadas por la Honorable Corte de Apelaciones provocando con ello la violación de los derechos y garantías que establece la Ley, pues la sentencia de fecha 08 de Noviembre de 2011 proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al declarar sin lugar el Recurso de Apelación, contradice lo que ya es Jurisprudencia en la Honorable Corte Suprema de Justicia, a saber: La Sala de lo Constitucional en el Recurso de Amparo No.71-06 en relación a la figura de la Afirmativa Ficta estableció lo siguiente: “CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 29 reformado de la Ley de Procedimiento Administrativo, la afirmativa ficta es la decisión normativa de carácter administrativo por la cual todas las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si no se contestan en el plazo que marca la ley o las disposiciones administrativas, se consideran aceptadas. CONSIDERANDO: Que toda autoridad administrativa debe emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo correspondiente, en los términos previstos por el ordenamiento jurídico y que en los casos que no exista término especifico, la resolución deberá dictarse en el plazo de cuarenta días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud respectiva y que de no resolverse, se entenderá que la resolución es en un sentido afirmativo y que ha operado en beneficio del solicitante la afirmativa ficta, en todo lo que le favorezca. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispuesto en los artículos 29-A y 29-B adicionados de la Ley de Procedimiento Administrativo, el interesado en los beneficios de la Afirmativa Ficta deberá obtener la certificación respectiva, para que surta, erqa omnes, todos los efectos jurídicos correspondientes y que, en caso de denegarse por la autoridad administrativa la certificación de estilo, el interesado lo hará constatar en el Acta Notarial que al efecto se levante, de manera que deberá entenderse que la petición ha sido resuelta en un sentido afirmativo al solicitante, lo anterior sin perjuicio de que, todos los actos que realice la citada autoridad con posterioridad al acaecimiento de la afirmativa ficta serán contrarios a derech6 y recurribles ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para la declaratoria de su nulidad, con las consiguientes responsabilidades para el infractor.- CONSIDERANDO: Que bajo el ordenamiento jurídico existente, este Tribunal estima que la certificación de haber operado la Afirmativa Ficta y/o en su caso, el Acta notarial que así lo evidencia, será atestado legal suficiente que ampare al agraviado respecto de los derechos derivados del silencio administrativo, siempre y cuando lo pretendido en el reclamo formulado esté regulado por el Derecho Administrativo, razón por la que, la inadmisibilidad del amparo reclamado está ajustada a derecho, siendo en consecuencia improcedente la reposición solicitada... )” Asimismo en la sentencia de Casación SL.463-08 de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo se estableció en cuanto a la Afirmativa Ficta lo siguiente: “CONSIDERANDO (3): Que los actos de la Administración Pública impugnables ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo son los acuerdos, resoluciones, decretos, providencias, así como los actos tácitos y presuntos, no correspondiendo a esa jurisdicción las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral, penal y aquellas relacionadas con la Administración Pública que la Ley les atribuya otra jurisdicción, por lo que, por la importancia del tema, se considera relevante para fines jurisprudenciales, realizar las siguientes valoraciones sobre la institución de la Afirmativa Ficta.- CONSIDERANDO (4): Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, expresamente en sus artículos 13 y 14, señala quienes están legitimados para poder demandar ante esta jurisdicción la declaración de ilegalidad y la anulación de los actos de carácter particular y general de la administración pública y en sus artículos 33 y 34 también prescribe que el actor podrá pretender la declaración de no ser conforme a derecho y en su caso, la anulación de los actos de carácter particular y general susceptibles de impugnación y, que el debidamente legitimado podrá pretender además de lo descrito anteriormente, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda.- CONSIDERANDO (5): Que la afirmativa ficta es una decisión normativa de carácter administrativo, establecida por el Legislador con base en los principios de economía, celeridad y eficacia que deben regir el procedimiento administrativo, como una declaración de voluntad presunta en sentido afirmativo en todo lo que le favorezca a los particulares, sobre las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si habiendo el peticionario cumplido con los requisitos que prescriben las normas aplicables, aquella no emite su resolución dentro de los plazos establecidos, decisión que debe ser reconocida por todas las personas y autoridades. CONSIDERANDO (6): Que toda autoridad administrativa debe emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo correspondiente, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico y que en los casos que no exista término específico, la resolución deberá dictarse en el plazo de cuarenta (40) días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud respectiva y que de no resolverse, se entenderá que la resolución es en un sentido afirmativo y que ha operado en beneficio del solicitante la Afirmativa Ficta, en todo lo que le favorezca. CONSIDERANDO (7): Que para que la Afirmativa Ficta sea eficaz, la petición o solicitud debe cumplir, no sólo con los requisitos formales, sino que también con los de fondo con respecto a la acreditación del derecho subjetivo ó interés legitimo de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, 61, 62 y 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo, siempre y cuando la petición ó reclamo formulado esté regulado en el Derecho Administrativo y no se trate de una disputa ó conflicto entre partes interesadas que debe ser dirimida en la vía administrativa-” (Las negrillas y el subrayado es nuestro) Según antepenúltimo Considerando de la sentencia de amparo No.2614=03, de fecha 23 de Marzo de 2004, la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, establece que: “que del examen de los antecedentes que contiene el expediente administrativo se desprende que la autoridad administrativa no observó la formalidad del debido proceso administrativo al omitir extender una certificación, previa resolución administrativa, por lo cual se configuro el mecanismo de afirmativa ficta adicionado a ello que se produjo una notificación por la tabla de avisos del despacho, no siendo el caso por cuanto, tal notificación sólo procedía hacerla personalmente de conformidad con lo dispone la ley del procedimiento administrativo.” (El subrayado y las negrillas es nuestro). De acuerdo a la Ley de Simplificación Administrativa, en su Artículo No.1, al hablar de los Objetivos de la Ley en su numeral 4) establece que: “Eliminar la arbitrariedad en la toma de decisiones mediante la difusión amplia y oportuna de los procedimientos y trámites administrativos, con la finalidad de evitar la exigencia de requisitos indebidos, alteración de trámites y plazos legalmente establecidos”. Asimismo el Artículo No.29 A, claramente establece como debe ser acreditada la Afirmativa Ficta y deberá observarse como únicos requisitos validos, legales e impuesto por el imperio de la Ley, los siguientes: 1. Cuando por el silencio de la autoridad en términos señalados en el Artículo anterior, el interesado presuma que ha operado en su favor la AFIRMATIVA FICTA, deberá de solicitar para la plena eficacia el acto presunto, en un término de hasta ocho días hábiles la certificación de que ha operado en su favor la Afirmativa Ficta. (Misma que corre agregada a autos en el expediente Administrativo de merito) 2. La certificación que se expida hará una relación sucinta de la solicitud presentada y del procedimiento seguido, de la fecha de iniciación y del vencimiento del plazo con que contó la autoridad competente para dictar su relación y la manifestación de que ha operado la AFIRMATIVA FICTA, producirá todos los efectos legales de la resolución favorable que se pidió; y es deber de todas las personas y autoridades de reconocerlas así. (SI LA EMITE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA) 3. Si la certificación no fuese emitida en el plazo que señala en el artículo anterior, la Afirmativa Ficta será eficaz; y se podrá acreditar mediante la exhibición de la solicitud del trámite respectivo y la petición que se hizo de la certificación ante el superior jerárquico, lo que hará constar mediante Acta Notarial. De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, el Código Civil establece en su Artículo No.5, lo siguiente: “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de transcurridos veinte días de terminada su publicación en el periódico oficial.” Y de igual manera también se establece el en Artículo No.12 del susodicho Código: “La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros.” Esto significa que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, no tiene más facultades que los que la ley le prescribe y todo acto que haga fuera de la Ley es nulo, esto de acuerdo al Artículo No.321 de la Constitución de la República. No entendemos porque el Tribunal de Alzada exige mas requisitos que los que están impuestos por Ley, ya que el Objeto del Debate claramente se establecido cuando se presento la Demanda de merito, y mi representado no estaba obligado a presentar más que el Acta Notarial que recoge los requisitos ordenados en la Ley del Procedimiento Administrativo, no tenemos nada que probar y por el contrario el Tribunal de Alzada solo debió observar el debido proceso ordenado en la Constitución de la República en su Artículo No.90, y Artículo No.3 del Código Procesal Civil, los quebranto y violo. En su libro CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO” Tomo II, Volumen 1, “LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA: EL ACTO ADMINISTRATIVO” escrito por el Abogado Edmundo Orellana Mercado, explica de manera clara la Eficacia del Silencio Positivo”, Pagina 95, párrafos segundo y tercero, que dicen lo siguiente:” Si la Certificación no se emite dentro del plazo señalado, la afirmativa ficta tendrá eficacia inmediatamente, es decir, por mandato de la Ley. La forma de acreditar la plena eficacia de esta figura en cualquier caso, es mediante “la exhibición de la solicitud del tramite respectivo y de la petición que se hizo de la certificación ante el superior jerárquico, lo que es hará constar mediante Acta Notarial” (Art. 29-B) La exigencia del Acta Notarial no parece ser un requisito lógico, por eso no se exige en la Ley del Procedimiento mejicana, de donde se tomó la figura y su regulación. En efecto, si lo que se pretende es probar que la afirmativa ficta ya es eficaz, bastaría la exhibición de esos documentos, sin necesidad del Acta Notarial. Pero con esta exigencia, lo que nos indica el legislador es que la afirmativa ficta no será eficaz hasta que se levante el Acta Notarial. En efecto, por la forma en que está redactado el artículo, nadie estará obligado a aceptar sus efectos, si el peticionario no demuestra que se levanto el acta respectiva.” AL SEGUNDO: Por error la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al no aplicar la Ley al Caso concreto, violento el estamento legal y por ende los derechos de mi representado, pues queda claramente establecido que mi representado cumplió con lo que ordena los Artículos 29, 29-A y 29-B la Ley del Procedimiento Administrativo y quien de acuerdo al Artículo No.489 del Código del Trabajo debió ejecutar la Afirmativa Ficta es la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social por razón de Competencia y no el Banco Central de Honduras, tal como lo establece la Ley del Procedimiento Administrativo en su Artículo No.3, que dice: “La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida por Ley.” Tal como lo estableció la Jurisprudencia de La Sala de lo Constitucional en el Recurso de Amparo No.71-06 en relación a la figura de la Afirmativa Ficta lo siguiente: “CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 29 reformado de la Ley de Procedimiento Administrativo, la afirmativa ficta es la decisión normativa de carácter administrativo por la cual todas las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si no se contestan en el plazo que marca la ley o las disposiciones administrativas, se consideran aceptadas. CONSIDERANDO: Que toda autoridad administrativa debe emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo correspondiente, en los términos previstos por el ordenamiento jurídico y que en los casos que no exista término especifico, la resolución deberá dictarse en el plazo de cuarenta días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud respectiva y que de no resolverse, se entenderá que la resolución es en un sentido afirmativo y que ha operado en beneficio del solicitante la afirmativa ficta, en todo lo que le favorezca. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispuesto en los artículos 29-A y 29-B adicionados de la Ley de Procedimiento Administrativo, el interesado en los beneficios de la Afirmativa Ficta deberá obtener la certificación respectiva, para que surta, erga omnes, todos los efectos jurídicos correspondientes y que, en caso de denegarse por la autoridad administrativa la certificación de estilo, el interesado lo hará constatar en el Acta Notarial que al efecto se levante, de manera que deberá entenderse que la petición ha sido resuelta en un sentido afirmativo al solicitante; lo anterior sin perjuicio de que, todos los actos que realice la citada autoridad con posterioridad al acaecimiento de la afirmativa ficta; serán contrarios a derecho y recurribles ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para la declaratoria de su nulidad, con las consiguientes responsabilidades para el infractor.- CONSIDERANDO: Que bajo el ordenamiento jurídico existente, este Tribunal estima que la certificación de haber operado la Afirmativa Ficta y/o en su caso, el Acta notarial que así lo evidencia, será atestado legal suficiente que ampare al agraviado respecto de los derechos derivados del silencio administrativo, siempre y cuando lo pretendido en el reclamo formulado esté regulado por el Derecho Administrativo, razón por la que, la inadmisibilidad del amparo reclamado está ajustada a derecho, siendo en consecuencia improcedente la reposición solicitada... )” AL TERCERO: De acuerdo a la Jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se ha establecido que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer sobre la Institución de la Afirmativa Ficta, tal como lo establece el Recurso de Casación No.463-08 del 23 de Marzo de 2010 de la Sala de lo Laboral — Contencioso Administrativo que estableció: “CONSIDERANDO (3): Que los actos de la Administración Pública impugnables ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo son los acuerdos, resoluciones, decretos, providencias, así como los actos tácitos y presuntos, no correspondiendo a esa jurisdicción las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral, penal y aquellas relacionadas con la Administración Pública que la Ley les atribuya otra jurisdicción, por lo que, por la importancia del tema, se considera relevante para fines jurisprudenciales. realizar las siguientes valoraciones sobre la institución de la Afirmativa Ficta.- CONSIDERANDO (4): Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, expresamente en sus artículos 13 y 14, señala quienes están legitimados para poder demandar ante esta jurisdicción la declaración de ilegalidad y la anulación de los actos de carácter particular y general de la administración pública y en sus artículos 33 y 34 también prescribe que el actor podrá pretender la declaración de no ser conforme a derecho y en su caso, la anulación de los actos de carácter particular y general susceptibles de impugnación y, que el debidamente legitimado podrá pretender además de lo descrito anteriormente, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda.- CONSIDERANDO (5): Que la afirmativa ficta es una decisión normativa de carácter administrativo, establecida por el Legislador con base en los principios de economía, celeridad y eficacia que deben regir el procedimiento administrativo, como una declaración de voluntad presunta en sentido afirmativo en todo lo que le favorezca a los particulares, sobre las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si habiendo el peticionario cumplido con los requisitos que prescriben las normas aplicables, aquella no emite su resolución dentro de los plazos establecidos, decisión que debe ser reconocida por todas las personas y autoridades.- CONSIDERANDO (6): Que toda autoridad administrativa debe emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo correspondiente, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico y que en los casos que no exista término específico, la resolución deberá dictarse en el plazo de cuarenta (40) días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud respectiva y que de no resolverse, se entenderá que la resolución es en un sentido afirmativo y que ha operado en beneficio del solicitante la Afirmativa Ficta, en todo lo que le favorezca. CONSIDERANDO (7): Que para que la Afirmativa Ficta sea eficaz, la petición o solicitud debe cumplir, no sólo con los requisitos formales, sino que también con los de fondo con respecto a la acreditación del derecho subjetivo ó interés legitimo de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, 61, 62 y 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo, siempre y cuando la petición ó reclamo formulado esté regulado en el Derecho Administrativo y no se trate de una disputa ó conflicto entre partes interesadas que debe ser dirimida en la vía administrativa. CONSIDERANDO (8): Que con base en lo dispuesto en los artículos 29-A y 29-B adicionados a la Ley de Procedimiento Administrativo por la Ley de Simplificación Administrativa, el interesado en los beneficios de la afirmativa ficta deberá obtener la certificación respectiva para que surta, erga omnes, todos los efectos jurídicos correspondientes y que, en caso de denegarse por la autoridad administrativa la certificación de estilo, el interesado lo hará constar en el Acta Notarial que al efecto se levante, siendo en ambos casos necesario que en dichos documentos se haga una relación sucinta de la solicitud presentada y del procedimiento seguido, de la fecha de la iniciación y del vencimiento del plazo con que contó la autoridad competente para dictar su resolución y la manifestación de que ha operado la afirmativa ficta, de manera que deberá entenderse que la petición ha sido resuelta en un sentido afirmativo al solicitante, sin que precise pronunciamiento de juez competente; lo anterior sin perjuicio de que, todos los actos que realice la citada autoridad con posterioridad al acaecimiento de la afirmativa ficta, desconociendo su eficacia, serán contrarios a derecho y recurribles ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para la declaratoria de nulidad de dichos actos, con las consiguientes responsabilidades para el infractor. (Ver Resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional 6 de marzo de 2006, ver Expediente No. 71-06).- CONSIDERANDO (9): Que derivado de lo anterior, evacuado el procedimiento para obtener la declaración presunta de la Administración Pública en sentido afirmativo, es decir, la denominada afirmativa ficta, el peticionario podrá solicitar su ejecución ante el órgano administrativo que debió haber dictado la resolución correspondiente y en caso de una resolución negativa de la autoridad pública, se tendrían expeditos los recursos que la Ley le confiere y agotados que sean los mismos sin resolución a su favor, entonces procedería acudir a ejercitar las acciones correspondientes ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a efecto de revisar la legalidad o no de los actos administrativos emitidos en cuanto a su ejecución.-” (Las negrillas y el subrayado es nuestro) La misma Jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia establece que le Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la Institución de la Afirmativa Ficta y de su Ejecución”.- II.- Que en cuanto a los dos motivos expuestos por el Recurrente, los mismos resultan inadmisibles, por las siguientes razones: a) No individualiza los motivos o causales de casación, olvidando que cada cargo debe expresarse en forma separada e independiente; b) omite el precepto autorizante en que se consideran comprendidos los mismos; c) En su explicación realiza alegatos propios de instancia, lo cual no es viable en este recurso extraordinario de casación.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra b), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACION en sus dos motivos. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de Febrero del Dos Mil Trece; Certificación del auto de fecha veintidós de Enero del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 118-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL