Sentencia CA-997-12 — Registro 2940
Resumen
En primera instancia se declara improcedente la acción incoada por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en segunda instancia se revoca la sentencia en cuanto a declarar procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, por lo cual se anula totalmente el mismo, reconoce la situación jurídica individualizada del demandante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“ Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “En el presente motivo se encuentra infringidos los artículos 47 numerales 1 y 3, y 48 de la Ley de Servicio Civil; y 165 numeral 3 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que a la letra dice “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio””.- “El cargo en la forma expuesta no está llamado a prosperar ya que la Impetrante no le indica al Tribunal que tipo de violación considera ha ocurrido, es hasta en la explicación del cargo que habla de formas de violar la ley, sin embargo de igual manera lo hace ineficazmente, ya que en ese apartado alega aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para resolver el fondo del litigio, debiendo haberlo hecho de forma separada e independiente” En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.-“
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 724, Numeral1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta y un días del mes de octubre de dos mil trece, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada ponente la segunda para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), representado en juicio por la abogada JOHANA CRISTINA PONCE; y, Recurrido: ALLAN CELVIN LOPEZ LEIVA, representados en juicio por el abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para que se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo de carácter particular, en consecuencia que se decrete la nulidad del mismo, acto dictado por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas necesarias para su pleno restablecimiento consistente en que se ordene el reintegro a sus funciones de empleado público como oficial de aforo y despacho, el correspondiente pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido ilegal e injusto o en su defecto se le indemnice con el pago total de sus prestaciones laborales, costas, promovida por el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado del señor ALLAN CELVIN LOPEZ LEIVA, mayor de edad, casado, hondureño, Perito Mercantil y Contador Público, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de mayo del año dos mil ocho, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), representado en juicio por la abogada JOHANA CRISTINA PONCE.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que entre los meses de agosto, diciembre, enero a marzo del año 2007, fue sometido a capacitación intensiva para optar al cargo de oficial de aforo y despacho en el servicio aduanero, este proceso inicio en el Instituto José Trinidad Reyes de la ciudad de San Pedro Sula, finalizando en la ciudad de Tegucigalpa; consecuentemente en fecha 05 del mes de marzo del año 2007, se le nombró en el cargo de Oficial de Aforo y Despacho, en la Sección de Aforo y Despacho de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, siendo asignado en la Aduana la Mesa de San Pedro Sula, tomando posesión del cargo en fecha 09 de abril del año 2007; que se desempeñó en su cargo hasta el mes de diciembre del año 2007, luego de tomar algunas políticas de rotación de personal, mediante sorteo fue trasladado a la Aduana de Puerto Cortés a fin de realizar sus funciones de laborales consistente en la revisión física y documental de mercancías importadas y exportadas; que en fecha 24 de abril del año 2008, fue citado y notificado para comparecer a audiencia de descargo de lo cual no tenía conocimiento sobre las razones que lo llamaban a la audiencia referida, misma que se llevó a cabo en la oficina que ocupa el Departamento de Recursos Humanos, siendo interpelando por la Licenciada LESLY LIDENY LAGOS, en presencia de la testigo JENNY MONTES y otra persona de nombre KARLA, asignada al Departamento de Recursos Humanos; en fecha 25 de abril del presente año, estando en día libre recibió una llamada telefónica de parte del Administrador de la Aduana, en la que se le solicitó que se presentara de inmediato a su oficina, ignorando el motivo, al comparecer se pudo percatar que el mismo era para notificarle y entrégale el acuerdo de cancelación número 031/2008, de fecha 03 de abril del año 2008, argumentando como causal de despido el incumplimiento de los procedimientos aduaneros establecidos por la Dirección Ejecutiva de Ingresos de conformidad a la ley, como Oficial de Aforo y Despacho durante su función en la Aduana La Mesa, en la importación definitiva que ampara la DUA C-45115 de fecha 08 de agosto del 2007 y la DUA C-45905 de fecha 13 de agosto del año 2007, donde establecen que en audiencia de descargo el demandante, afirmó que conoce y aplica normativa aduanera, Código Aduanero Uniformes Centroamericano CAUCA y su Reglamento RECAUCA, Reglamento Centroamericano de Valoración Aduanera de las Mercancías, Código Tributario y otros; a saber, un funcionario con las funciones que desempeñaba mi representado en el cargo de oficial de aforo y despacho, tiene obligatoriamente tener el conocimiento de las leyes y reglamentos anteriormente señaladas, saber la clasificación de la mercaderías que se afora, eso debe ser un principio elemental, para cumplir con labores meridianas y recaudar los impuestos con la transparencia debida y consecuentemente cumplir con lo estipulado en la Ley; que en relación a la causal de cancelación del cargo quiere señalar, que en relación a la Declaración Única Aduanera Numero 45905, en donde se establece el incumplimiento con los procedimientos aduaneros, lo rechazó categóricamente, pues la declaración a la que se hace alusión se encuentra en los archivos de la Aduana la Mesa, en la oficina que ocupa la Sub Administración, destacando que el levantamiento de inventario es un proceso aleatorio y selectivo ya que los documentos que sirven para el aforo son los estipulados en la Ley Primaria CAUCA Y RECAUCA; que consciente de no haber cometido falta que ameritara el despido y considerando que es injusto, al afirmar la parte actora inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo, legalmente comprobada, es pertinente que este caso se haga justicia ya que no es posible que se le quiera conculcar estos derechos, por situaciones falsas.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), contestó dicha demanda señalando que se rechaza la afirmación hecha por el señor Allan Celvin López Leiva, en el sentido que conocía perfectamente y aplicaba a su trabajo la normativa aduanera, como ser, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento (RECAUCA), el Reglamento Centroamericano de Valoración Aduanera de las Mercancías, el Código Tributario, ya que siendo así, no se explican las causas o motivos que tuvo el demandante para no aplicarle al importador la Circular DEI-DTA-338-2006, DNLP.0005-99 de fecha 5 de agosto de 1999, la Circular 222-2003 reformada mediante la Circular DEI-DL256-SVA-2007 y la Circular DEI-DTA-033-2007, a fin de obtener el valor correcto en la naturalización de mercancías, y asimismo por qué razón, no le solicitó al importador los documentación con la cual se comprobarían los valores declarados en relación con esa mercancía que ingresó al país, ni determinó la forma de pago exigida por la Circular DEI-DL-256- SVA-2007, y por último por qué razón no aplicó la Circular SNPL-GA-222-200, para verificar en línea la mercadería importada; que rechaza lo manifestado por el señor Allan Celvin López Leiva, en los hechos Cuarto y Quinto de la demanda, por considerar que los medios de prueba existentes le permitirán a la administración demandada, demostrar la legalidad del acto administrativo de despido aplicado al demandante, a quien antes de proceder a imponerle dicha sanción, fue objeto del procedimiento legalmente establecido, como lo prueba lo siguiente: a) que una vez identificadas las faltas en que supuestamente había incurrido el autor de la demanda, se le citó en legal y debida forma para que compareciera a una audiencia de descargo, con el objeto de que en la misma expresara todo lo que le permitiera desvirtuar las faltas que se le atribuían; b) que previo a despedir al demandante se siguió con el procedimiento que ordena ley, respetándose en todo caso sus derechos y en particular su derecho a la defensa; c) que el imputado fue despedido sin ninguna responsabilidad para la institución por inhabilidad manifiesta en el desempeño del cargo legalmente comprobada, en relación con el incumplimiento de lo estipulado en el Artículo 57 del Decreto 212-87 de la Ley de Aduana Vigente y del Artículo 261 numeral 3 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; que rechaza el hecho Sexto de la demanda, por no ser cierto lo expresado por la parte demandante en lo que refiere a que al aplicarle la sanción por despido del cargo de Oficial de Aforo y Despacho se le conculcaron algunos derechos como son el derecho al trabajo y el derecho a mantener una familia como padre responsable que es, ya que no había cometido ninguna falta que ameritase su despedio del cargo en cuestión.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción incoada por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, sin costas. Criterio: Que de la apreciación de los hechos alegados, los fundamentos de derecho en que las partes apoyan sus pretensiones, de las pruebas practicadas y del análisis del expediente administrativo respectivo, quedó demostrado en el presente caso que la parte demandante fue citado a una audiencia de descargo por incumplir los procedimientos aduaneros para la valoración de mercancías variadas procedentes de Estados Unidos y Panamá declaradas en la DUA C-45115 de fecha 08 de agosto del 2007 y la DUA C45905 del 13 de agosto del 2007 por no haber levantado el inventario físico a las mercancía que amparan las DUAS en mención, comprobándosele de esta manera la causal de Inhabilidad e Ineficiencia en el desempeño del Cargo, estipulada en el articulo 57 del decreto 212-87 de la Ley de Aduana y señaladas en el articulo 261 Reglamento de la Ley de Servicio Civil, en virtud de ello el suscrito juez estima que el Titular de la Secretaría de Estado al emitir el Acuerdo de Cancelación numero 031/2008 de fecha 03 de abril del 2008, lo hizo en el marco de la Ley o sea que en el presente caso no hubo infracción al ordenamiento jurídico ya que previo a cancelar de su puesto al demandante, la autoridad nominadora siguió el procedimiento legal establecido en los artículos 45, 46, 47 numerales 1 y 3, y 48 de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento no violentándose con ello el derecho de defensa, trayendo como consecuencia que la acción incoada por el demandante resulte ser improcedente, por ajustarse a derecho el acto impugnado.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintitrés de agosto del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva revocando la proferida por el a-quo en cuanto a declarar procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, por lo cual se anula totalmente el mismo, reconoce la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento y por no ser conveniente el reintegro del demandante se ordena el pago de las prestaciones laborales que en derecho le corresponden y a título de daños y perjuicios el pago e los salarios dejados de percibir desde la fecha de la cancelación hasta la fecha en que el presente fallo adquiera carácter de firme, queda extinguida la relación laboral entre las partes. Criterio: que si bien es cierto, la parte demandada siguió el procedimiento para despedir al demandante de su puesto de trabajo, lo citó a una audiencia de descargos celebrando la misma, así como que realizó la investigación respectiva, no es menos cierto, que, en primer lugar, no se acreditó fehacientemente la falta imputada al demandante, ya que en la audiencia de descargos éste manifiesta el procedimiento que siguió en el caso por el cual se le despidió y no puede considerarse un servidor público inhábil e ineficiente por haber omitido una diligencia en un procedimiento de los cuales hubo de haber realizado muchos durante laboró con la demandada en virtud que el cargo que desempeñaba, ya que un servidor inhábil e ineficiente no podría desempeñar nunca, de manera efectiva su labor y en el presente caso no consta en autos otras faltas cometidas por el demandante en cuanto a que haya incumplido con los procedimientos establecidos durante su función, que acrediten la causal invocada para despedirlo, en consecuencia la sanción aplicada no es congruente con la falta cometida, ya que la Ley del Servicio Civil y su Reglamento establecen medidas disciplinarias con la que será sancionado todo servidor público, las cuales corresponden a la gravedad de la falta, debiendo tener por objeto la enmienda del servidor.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ, en fecha dieciocho de octubre del año dos mil doce, interpuso escrito de interposición y formalización de recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal contra la sentencia dictada en fecha veintitrés de agosto del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.211-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 131-08 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha veintidós de octubre del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandante ALLAN CELVIN LOPEZ LEIVA, representada en juicio por el abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, presentó, en fecha quince de noviembre del año dos mil doce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinte de noviembre del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificada personalmente de dicha resolución en fecha veintiocho de noviembre el año dos mil doce, el abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA y la abogada JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, la Abogada JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ, presentó escrito en fecha cuatro de diciembre del año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrente y el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, presentó escrito en fecha diez de diciembre del año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “En el presente motivo se encuentra infringidos los artículos 47 numerales 1 y 3, y 48 de la Ley de Servicio Civil; y 165 numeral 3 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que a la letra dice “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio””.- II.- El cargo en la forma expuesta no está llamado a prosperar ya que la Impetrante no le indica al Tribunal que tipo de violación considera ha ocurrido, es hasta en la explicación del cargo que habla de formas de violar la ley, sin embargo de igual manera lo hace ineficazmente, ya que en ese apartado alega aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para resolver el fondo del litigio, debiendo haberlo hecho de forma separada e independiente.- III.- En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, profiere el presente AUTO y DECLARA: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la abogada JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ, en su condición de apoderada de la parte demandada, en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de noviembre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha treinta y un días del mes de octubre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 997-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL