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Sentencia CA-986-12 — Registro 2954

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por la parte demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia dictada en segunda instancia y que la Recurrente fundamenta un único motivo manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Interpretación errónea de los Articulas 53 literal b) de la Ley del Servicio Civil relacionado con los Artículos 187, 188 del Reglamento de la misma Ley. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna totalmente la parte dispositiva de la Sentencia Impugnada. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El Sentenciador establece que la autoridad para emitir el acuerdo de cancelación por cesantía del demandante estaba obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento; Que el acto administrativo impugnado no esta ajustado a derecho y por consiguiente es nulo; Mi representado emitido el acto administrativo impugnando conforme a derecho, siguiendo con el procedimiento establecido, en la Ley de Servicio Civil, de conformidad con el articulo 53 literal b) y los artículos 189,190 de su Reglamento; En la Sentencia dictada en segunda instancia, confirma la sentencia de fecha veinticinco de abril del 2012, razón que motiva la interposición del Recurso de Casación”.- “Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes: a) olvida la Impetrante citar el precepto que sustente el motivo; b) en el desarrollo del cargo no establece en que consistió lainterpretación errónea alegada, se limita a repetir el fundamento del Ad-Quem, para declarar procedente la demanda, al noseguirse completamente el procedimiento señalado en ley, para cancelar por cesantía a la demandante y, presenta el mismo alegato de instancia en cuanto a que su representado emitió el acto impugnado conforme a derecho, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley del Servicio Civil, lo cual, para efectos del recurso de casación resulta inapropiado; y, c), cita en su formulación los artículos 187 y 188 del Reglamento del Servicio Civil, sin embargo, en su explicación alude a los artículo 189 y 190 de dicho Reglamento.- “ Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- “ Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de diciembre del dos mil trece, la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, JOSE TOMAS ARITA VALLE y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, representado en juicio por la abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA; y, Recurrido: VICTALIA ZELAYA OLIVA, representada en juicio por el abogado OSMAN TOSTA GUEVARA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda que se contrae a pedir se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular consistente en un acuerdo de cancelación por cesantía de un servidor público, reconocimiento de situación jurídica individualizada y la adopción de medidas necesarias para el pleno reestablecimiento, entre ellas el derecho al reintegro y a titulo de daños y perjuicios los sueldos dejados de percibir, infracción al ordenamiento jurídico; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de octubre del dos mil diez, por la señora VICTALIA ZELAYA OLIVA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante en el escrito de su demanda manifiesta que inició su relación laboral en forma continúa como servidor público en el cargo Delegado de Migración II en la Dirección General de Migración y Extranjería, según Acuerdo No. 136B4008 de fecha 24 de septiembre del dos mil ocho (2008), emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia. Posteriormente mediante acuerdo No. 923-2010 de fecha 31 de agosto del 2010, fue cancelada de su cargo como Delegado de Migración II, a partir del 13 de septiembre del año 2010, notificándole su cancelación en fecha diez de septiembre del dos mil diez. Se alega infracción al ordenamiento jurídico en virtud que la Autoridad Nominadora no siguió el procedimiento establecido en los artículos 53, 54 de la Ley de servicio Civil, y 187, 189, 191 del Reglamento de la misma. Es el caso que no se tomó en cuenta resultado alguno de la Evaluación periódica del desempeño de los servidores porque la misma nunca se realizó, ni se tomó en cuenta los años de servicio prestados en la Administración Pública. Aunado a lo anterior, la cancelación por cesantía de que fue objeto no obedece a las causas y razones del artículo 53 y 187 de la Ley y Reglamento citado, sino que por el contrario obedece a cuestiones de índole político generado por el cambio de gobierno. Asimismo se rechazan los fundamentos legales que sirvieron de base para decretar la cesantía, en virtud de que los artículos del Reglamento citado, como ser los artículos 1, 2, 3, 5 numerales 1), 2), y 6); 6, 29, 30, 303, 304, 306 fueron derogados al emitirse un nuevo Reglamento de la Ley de Servido Civil, mediante Acuerdo Ejecutivo M 4-018-2009 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 32,012 del viernes 11 de septiembre del 2009, siendo los mismos artículos que sirvieron de fundamento para su nombramiento, por lo que queda plenamente demostrado que el despido por cesantía de que fue objeto es completamente ilegal e injusto.- 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretara de Estado en los Despachos del Interior y Población, manifiesta que la parte demandada se opone a la pretensiones de la demandante, en virtud de alegar, entre otras cosas, que el Acto Impugnado por la demandante fue emitido siguiendo los lineamiento establecidos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de aplicación, previa consulta realizada a la Dirección General, sobre la procedencia o no de la cesantía y autorizando el Consejo del Servicio Civil llevar a cabo la cancelación del demandante, siempre que se contara con el financiamiento respectivo; que se dio fiel cumplimiento al procedimiento que señala la Ley de Servicio Civil en su artículo 53 literal b), por lo que se actuó de conformidad a derecho.- 3.- Que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de abril del año dos mil doce, mediante sentencia definitiva declaro PROCEDENTE la acción, en consecuencia se anuló totalmente, reconociendo la situación jurídica individualizada de la demandante y para su pleno restablecimiento se resolvió adoptar el reintegro de la demandante al puesto de DELEGADO DE MIGRACION y condenó al Estado de Honduras, por medio de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION Y JUSTICIA, al pago a favor de la demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que este sea restituida en su cargo, más el pago de los beneficios obtenidos en ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto, bonos y vacaciones, así como otros derechos que le pudiera corresponder decretando, en su caso, la nulidad del Acto Administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto de la demandante, sin costas; bajo el criterio que de la apreciación de los hechos alegados, las pruebas practicadas y los fundamentos de derecho en que las partes apoyan sus pretensiones se ha comprobado que en el presente caso hubo infracción al ordenamiento jurídico, al haberse cancelado a la demandante sin seguirse totalmente el procedimiento legalmente establecido y sin haberse cumplido con el fin de la cesantía.- 4.- Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 27 de septiembre del 2012, mediante sentencia definitiva declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto y CONFIRMÓ la sentencia definitiva dictada por el a quo, sin costas; bajo el criterio de que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo Número 923-2010, de fechas 31 de agosto de 2010, de cancelación por cesantía de la demandante señora VICTALIA ZELAYA OLIVA, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de autos y al no hacerlo violo el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por la demandante, resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA, presentó en fecha 17 de octubre del 2012, escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 27 de septiembre del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 270-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 575-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha 19 de octubre del 2012, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente Recurso de Casación y acordó dar copia del escrito de mérito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte demandante, abogado OSMAN TOSTA GUEVARA, presentó en fecha 14 de noviembre del 2012, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del Recurso de Casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 16 de noviembre del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, siendo notificados personalmente de dicha resolución los abogados GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA y OSMAN TOSTA GUEVARA en fechas 20 y 26 de noviembre del 2012, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA y OSMAN TOSTA GUEVARA, presentaron escritos de personamiento en fechas 26 y 28 de noviembre del 2012, en concepto de parte recurrente y recurrido respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia dictada en segunda instancia y que la Recurrente fundamenta un único motivo manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Interpretación errónea de los Articulas 53 literal b) de la Ley del Servicio Civil relacionado con los Artículos 187, 188 del Reglamento de la misma Ley. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna totalmente la parte dispositiva de la Sentencia Impugnada. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El Sentenciador establece que la autoridad para emitir el acuerdo de cancelación por cesantía del demandante estaba obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento; Que el acto administrativo impugnado no esta ajustado a derecho y por consiguiente es nulo; Mi representado emitido el acto administrativo impugnando conforme a derecho, siguiendo con el procedimiento establecido, en la Ley de Servicio Civil, de conformidad con el articulo 53 literal b) y los artículos 189,190 de su Reglamento; En la Sentencia dictada en segunda instancia, confirma la sentencia de fecha veinticinco de abril del 2012, razón que motiva la interposición del Recurso de Casación”.- II.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes: a) olvida la Impetrante citar el precepto que sustente el motivo; b) en el desarrollo del cargo no establece en que consistió la interpretación errónea alegada, se limita a repetir el fundamento del Ad-Quem, para declarar procedente la demanda, al no seguirse completamente el procedimiento señalado en ley, para cancelar por cesantía a la demandante y, presenta el mismo alegato de instancia en cuanto a que su representado emitió el acto impugnado conforme a derecho, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley del Servicio Civil, lo cual, para efectos del recurso de casación resulta inapropiado; y, c), cita en su formulación los artículos 187 y 188 del Reglamento del Servicio Civil, sin embargo, en su explicación alude a los artículo 189 y 190 de dicho Reglamento.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 199, 721, 723 y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de enero del Dos Mil Catorce; certificación del auto de fecha dos de diciembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 986-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL